Francisco Rosario, especialista brasileño en economía industrial, dialogó con TSS sobre el papel de las grandes empresas, las pymes y el sector académico en el esfuerzo por vincular la política de ciencia y tecnología con la política industrial en Brasil.

Agencia TSS – Durante los últimos años, Brasil ha comenzado a implementar medidas específicas que pretenden vincular el desarrollo de innovaciones científicas y tecnológicas con ciertos sectores fuertes de su economía, como los de alimentos, bioenergía, petróleo y gas, explica Francisco Rosario, especialista del Grupo de Estudios en Tecnología, Innovación y Competitividad de la Facultad de Economía, Administración y Contabilidad (FEAC) de la Universidad Federal de Alagoas (UFAL), en Brasil.

El pasado miércoles fue presentado el libro Argentina en la posconvertibilidad: ¿desarrollo o crecimiento industrial?, sobre las características del proceso del sector, sus logros y desafíos desde el fin de la etapa neoliberal de los 80 y los 90.

La crisis internacional en las potencias no ha precipitado en una debacle financiera global, aunque alcanzó una resolución conocida en Argentina en otro contexto histórico, marco político e institucional: estatización de deuda privada y reducción abrupta de derechos sociales y laborales. No son comparables en condiciones ni en protagonistas políticos y sociales, pero el saldo es llamativamente similar. Bancos y grupos económicos rescatados de la quiebra por el Estado ante un brusco cambio financiero, absorbiendo el sector público pasivos privados y, bajo el manto supuestamente neutral de la austeridad, arremetiendo sobre la estructura del Estado de Bienestar disminuyendo la cobertura social y la protección laboral.

La ciencia económica ofrece diferentes corrientes teóricas que abordan el problema de los monopolios, oligopolios y el abuso de la posición dominante. Distintos paradigmas del pensamiento económico han estudiado el funcionamiento de los mercados y el papel del Estado como regulador con el objetivo del beneficio social. Existe acuerdo del efecto negativo en términos económicos y sociales de ese tipo de mercados en el extenso territorio teórico de la ciencia económica.

La Comisión Nacional de Valores es una entidad autárquica con jurisdicción en toda la República Argentina. Fue creada por la Ley de Oferta Pública No. 17.811 (en 1968 durante la dictadura del Gral. Onganía) y su objetivo ha sido el de regular en la oferta pública, observando la transparencia de los mercados de valores y la formación de precios en los mismos, así como también la protección de los inversores. Sin embargo, su historia ha sido objeto de algunas observaciones y cuestionamientos por parte de inversores y empresarios, durante el período de la última dictadura militar; y por parte de la justicia durante el período democrático, a partir de la derogación de las leyes de impunidad en la Argentina.

El empresariado local goza de un capital económico, influencia política y prestigio social impensados en Chile tres décadas atrás. A comienzos del régimen de Pinochet (1973-1990), los empresarios eran un sector desarticulado, debilitado por el embate del Estado y de los actores sindicales, y traumatizado por las expropiaciones y el alzamiento de la Unidad Popular de Allende (1970 – 1973).

En su artículo “La presente crisis. Una oportunidad para una economía política renovada”, Robert Boyer presenta un análisis de la crisis global y de las condiciones que la originaron. De este desarrollo surge que las reformas financieras en curso en Estados Unidos y Europa no serán suficientes para evitar la aparición de nuevos traumas: el problema básico no reside en la falta o debilidad de la regulación, en el despliegue de las pasiones especulativas o de la codicia, sino en las características de organización y funcionamiento del capitalismo contemporáneo.

El modelo de negocios de las grandes empresas que ofrecen generosamente servicios a cambio de husmear en nuestras vidas, el espionaje informático revelado por Edward Snowden y demás gracias digitales, se cruzan en la cara oscura de la red de redes; invaden y utilizan en forma permanente nuestra intimidad digital. Pero también existe una faz más luminosa, un vaso medio lleno (o tal vez un cuarto lleno). Es que la red de redes permite también organizar acciones concretas a escala masiva que pueden escapar a esos mismos controles. Ríos de bits han corrido sobre el rol de Internet en la construcción de alternativas sociales, pero vale la pena detenerse a analizar uno de los modernos fenómenos que la tecnología ha permitido: el periodismo de datos, es decir, la capacidad de gestionar ingentes cantidades de información que estaba dispersa en Internet para darle sentido y presentarla de forma coherente.

La entidad industrial exhibió cifras que confirman el repunte de la industria, y recibió de forma favorable la convocatoria de la Presidenta. Pero marcó distancia con algunos aspectos de la economía, y sostuvo sus guiños a Sergio Massa.

Distintos informes producidos en ámbitos lejanos al Gobierno, admiten niveles de crecimiento e inclusión social en el primer semestre del año.

La Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad Católica son dos de las universidades privadas más exclusivas del país. En sus áreas de economía, revisten docentes extremadamente críticos con la intervención del Gobierno en la economía. Sin embargo, durante las últimas semanas, ambas debieron admitir diferentes avances en el país en lo que respecta a la economía y algunos aspectos sociales. Así, la Universidad Torcuato Di Tella difundió el pasado 23 de julio que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que realiza su Centro de Investigación en Finanzas, registró un aumento interanual del 8,9%, así como de un 6,7% mensual para el mes de julio, es decir, un valor similar al que se había manifestado en junio, de 6,8%. Y el pasado 7 de agosto, este mismo Centro señaló que su Índice Líder (IL), relativo a la actividad económica, había arrojado como conclusión que a partir del mes de junio, “la probabilidad de ingresar en una fase expansiva se ubica en 97%”.