Los impuestos inmobiliarios provinciales, los urbanos más los rurales, han ido perdiendo peso desde hace años en el país y hoy aportan una recaudación de sólo 0,4% del PIB. Si se le suman los ingresos por los impuestos provinciales a los automotores (del orden del 0,3%) y el tributo nacional “a los bienes personales” (0,3% del PIB) se totaliza una recaudación patrimonial anual del 1% del PIB.

15 de mayo de 2012 — El anunció que hizo el pasado viernes 11 de mayo Jamie Dimon, director ejecutivo (CEO) del banco JPMorgan Chase, cuando admitió que el banco había perdido 2 mil millones de dólares en apuestas en derivados especulativos en su filial de Londres, dio pábulo a una andanada mayor de llamados en respaldo a las peticiones ya existente para restablecer la ley Glass-Steagall. Una cantidad cada vez mayor de voces se suman a esa demanda, y hay quienes piden que Jamie Damon no solo renuncie a su cargo del JPMC, sino que lo saquen del consejo directivo del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

En un artículo publicado en la revista electrónica de negocios Slate, titulado "Flawed Dimon" (Dimon defectuoso) el ex gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer exigió que se reinstituya la Glass-Steagall y que Dimon renuncie a su puesto en la Reserva Federal de Nueva York. Del mismo modo se pronunció Joe Klein en un artículo de la revista Time titulado "Jamie Dimon's Worst Nightmare" (La peor pesadilla de Jamie Dimon). Klein se refiere a un esquema enrevesado para reglamentar a los bancos elaborado por el ex precandidato presidencial republicano Jon Huntsman (quien ha planteado también la reinstitución de la Glass-Steagall) y luego agrega que el "ex senador de Delaware Ted Kaufman y otros están a favor de un enfoque más directo: una versión actualizada de la ley Glass-Steagall que separa la banca comercial de la banca especulativa, y que mantuvo bajo control las pasiones animales de Wall Street desde la Gran Depresión hasta finales de los 1990, cuando fue sustituida por la desafortunada desregulación de Bill Clinton".

Ni dictaduras industrializadoras, ni flexibilización laboral al extremo. La receta asiática para el desarrollo se encuentra en la capacidad de esos Estados para disciplinar a las elites capitalistas y condicionar su comportamiento para garantizar que promuevan el cambio tecnológico, reinviertan, exporten más, innoven, aumenten el empleo y mejoren las condiciones laborales. A diferencia de la experiencia pasada y presente en Asia, el economista de la Universidad de Cambridge Gabriel Palma advierte la incapacidad de los Estados de América latina para, además de ofrecer subsidios y otros beneficios, exigirles a los sectores empresarios dominantes la reinversión de sus ingresos.

En Argentina hay 568 entidades que brindan medicina prepaga , que cuentan con 11,9 millones de beneficiarios , de los cuales casi la mitad son jóvenes, menores de 36 años. Las cifras son del Registro de la Superintendencia de Servicios de Salud, creado con la nueva ley de medicina privada aprobada el año pasado. Incluye sociedades comerciales, mutuales, fundaciones, asociaciones civiles, obras sociales del personal de dirección y las que tienen planes de adherentes, complementarios o superadores.

De estos números oficiales se desprende que funcionan en todo el país más entidades de medicina prepaga que las que se creía o esperaba. Pero eso no impide que el sistema esté muy concentrado : ocho entidades tienen más de 500 mil beneficiarios y 338, menos de 5 mil usuarios. Por lejos, OSDE encabeza el ranking con 1,7 millón de usuarios.

Después de demorar su decisión, India, Brasil y China están dispuestas a proporcionar dinero al fondo anticrisis del Fondo Monetario Internacional. A cambio esperan que se cumplan los acuerdos que les otorgarían un mayor poder de decisión en la organización.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial disponen: el G20, el club de los mayores accionistas del FMI, ha prometido aumentar el fondo de rescate en 430 mil millones de dólares y duplicar así el volumen para posibles rescates financieros para los países en quiebra de Europa, así como otros aspirantes al puesto. El FMI se convierte así en un bombero equipado con más de un billón de dólares para sofocar fuegos.

El mundo se enfrenta a importantes desafíos para garantizar las condiciones de vida del planeta, cuyo futuro está marcado por la intensidad y velocidad de la evolución del proceso de calentamiento global. Según la comunidad científica internacional, los riesgos para la seguridad alimentaria subyacentes al proceso de cambios climáticos son muy fuertes. En este caso, biodiversidad, tierra y agua asumen significados cada vez más estratégicos para el futuro de la humanidad.

Los países de América Latina beneficiados por la naturaleza con la abundancia de esos recursos (además de la riqueza mineral) tienen el deber de protegerlos en beneficio de sus generaciones presentes y futuras y, por supuesto, para acciones solidarias, vía comercio, o no, con el resto del mundo.

Es el clamor patrio que ha emergido de las mismas entrañas de la caverna y de sus portavoces instalados en su buque insignia: el Gobierno español. Amenazan casi con invadir Argentina por el expolio al que han sometido a la España de sus amores, como dice la copla. ¿Los españoles expoliados? ¿Son los españoles los propietarios legítimos del petróleo argentino? ¿Repsol no es acaso una multinacional que poco tiene que ver con la vida de los ciudadanos de acá? ¿Los más de 13.000 millones de dólares que la empresa pseudoespañola ha repartido entre sus accionistas en la última década han beneficiado a nuestros ciudadanos? ¿Los objetivos empresariales y los ingresos multimillonarios de sus directivos han sido fijados por el Gobierno español en tanto que representante de la España que ahora reacciona como madre de Repsol a pesar de que se trata de una empresa privada controlada por el capital financiero internacional y que solo persigue beneficios máximos en tiempos mínimos?

La reacción del gobierno español, los límites de las represalias comerciales anunciadas por Madrid y los oscuros antecedentes de Repsol. Claves para entender una conducta predatoria.

La agresiva respuesta –cargada de amenazas– que dio inicialmente el gobierno español y sus principales partidos –el PP y el Psoe– al anuncio de expropiación de la participación de Repsol en YPF, parece haberse aplacado, al menos temporalmente. De llenar durante días las portadas de todos los periódicos y las aperturas de informativos y programas de debates en radios y canales de televisión, el tema se ha ido replegando a páginas interiores como un tema menor.
A las primeras reacciones viscerales y exabruptos, tanto Repsol como el gobierno –que por momentos parecieran ser la misma cosa– parecieran haber decidido controlar su incontinencia oral para pasar a pensar fríamente en las acciones de respuesta a adoptar.
El viernes, tras la rueda de prensa semanal al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya de Santamaría anunció la primera, aunque de poco calado: el freno a las importaciones de biodiesel argentino, que suponían una factura de cerca de 750 millones de euros y que en realidad ya había sido decidida en 2010 por Zapatero tras la presión de los productores españoles de biodiesel. Si no se llegó a implementar hasta ahora fue porque salía más barato importarlo de la Argentina.
Y en cuanto a la Unión Europea, como gran defensora tradicional de las transnacionales europeas, ha anunciado la suspensión de alguna reunión prevista con empresarios argentinos y analiza la posibilidad de quitar a la Argentina ciertas rebajas arancelarias para la entrada de sus productos en Europa.
Las medidas son en realidad poco más que simbólicas, dado que la balanza comercial es totalmente desigual, la Argentina coloca en el mercado europeo un volumen infinitamente menor de productos a los que importa de Europa y el biodiesel que deje de vender a España lo puede absorber el mercado interno. En definitiva, la medida será negativa para la economía española.
Nada que ver con lo que puede representar para Repsol –que ya ha quitado YPF de su nombre– la pérdida de sus inversiones en la Argentina, que tantos beneficios le venía reportando desde hace años.
El gobierno de Rajoy tampoco ha logrado más que vagos gestos de solidaridad de parte de Estados Unidos y del G-20.

¿Habrá más represalias? Una pista para entender el por qué de tanto silencio puede encontrarse en lo editorializado el jueves pasado por el portavoz por excelencia de la City londinense y del mundillo empresarial y financiero europeo, el periódico Financial Times. Tras tildar en anteriores editoriales a la presidenta Cristina Fernández de “lunática populista”, dijo el jueves: “No está claro qué precio pagará la Argentina por las acciones pero, dado que un tribunal del Estado lo fijará, Repsol probablemente obtendrá un acuerdo injusto. En todo caso, no se pagará nada durante años. Mientras tanto, la pérdida de la mayoría de su producción de petróleo y gas es un duro golpe para la compañía.
“España ha lanzado fuego, pero su espacio para maniobrar es limitado. Aparte de hacer sentir vergüenza, tiene poco con qué golpear a la Argentina. Mientras, la acción multilateral podría no ser más efectiva, Buenos Aires tiene una historia de no hacer caso de la opinión internacional no deseada”.
Todos los analistas parecen coincidir en eso, que a pesar de su inmenso poderío, Brufau parece tener perdida su batalla para conseguir que la Agentina pague sus acciones al desorbitado precio que reclama.

El precedente de Bolivia. El conflicto actual no es el único de este tipo que ha tenido Repsol en América latina. El 1º de Mayo de 2006, el presidente Evo Morales anunciaba también la nacionalización de los hidrocarburos y, mientras lo hacía, tropas del Ejército ocupaban las decenas de plantas de petróleo y gas existentes en el país.
La medida, aunque ya había sido anunciada durante la campaña electoral de Morales, se precipitó a partir de enero de ese año. Cuando el gobierno boliviano anunció que registraría sus reservas de petróleo y gas en la Bolsa de Nueva York, Brufau anunció rápidamente una rebaja del 25% de las reservas petroleras y gasísticas de Repsol-YPF. ¿La razón? Que Brufau había declarado como propias reservas que en realidad pertenecían al Estado boliviano, lo que le supuso querellas por fraude en Estados Unidos.
Poco después, la aduana boliviana acusó también a la empresa de un delito de contrabando de 230.399 barriles de crudo, allanó su sede y detuvo a su presidente y a su gerente.
Un año antes, en junio de 2005. ya había habido otro incidente con Repsol, en el campo de Surubi, cuando unos campesinos que se encontraban pescando murieron abrasados por las llamas que provocó la explosión en un vertedero ilegal de Repsol.
En otra ocasión se descubrió una planta de gas suya no declarada. Después de llevar a cabo la nacionalización, Bolivia reclamó también al banco español BBVA y al Zürich, que devolvieran las acciones que tenían en la petrolera, y que constituían hasta ese momento parte de los fondos de pensiones privados que estas gestionaban y que pasaron a estar bajo control del Estado.
En aquel momento también el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero salió en una defensa a ultranza de Repsol-YPF, contando con el respaldo del PP y de prácticamente todos los medios de comunicación. Estos se ensañaron con Evo, con un trato despectivo hacia el indiecito y diarios como El País llegaron a editorializar que la medida sería “altamente perjudicial para el pueblo boliviano”.

¿Música conocida? Las amenazas que también hubo en aquel momento quedaron en la nada y Repsol-YPF, como otras nueve petroleras, terminaron por aceptar el nuevo rol que les asignó el gobierno boliviano, como socios minoritarios y bajo reglas muy distintas. Pocos años después ya Bolivia veía como las arcas del Estado se beneficiaban significativamente por el cambio de modelo, en el que el Estado pasó a detentar la mayoría de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (Ypfb).
En noviembre de 2008, Rafael Correa anunció por su parte la decisión de que Repsol-IPF se fuera de Ecuador. “Repsol se va del país porque nos ha hecho perder el tiempo, además de que ha bajado la producción y las inversiones, y no ha aceptado renegociar el contrato.” Correa advirtió en aquel momento, que “las compañías transnacionales deben entender que las condiciones no las van a poner ellos, las va a poner el país”.

Graves acusaciones. La presencia de la multinacional española en 14 países de América latina y el Caribe, seis europeos, cuatro asiáticos y ocho africanos, ha estado a menudo salpicada de graves escándalos y acusaciones por parte de representantes de comunidades indígenas y campesinas, de organismos ecologistas como Attac y Ecologistas en Acción, de defensores de los derechos humanos como Amnistía Internacional y de más de 200 ONG de distintos ámbitos y países.
El Tribunal Permanente de los Pueblos condenó en 2007 a Repsol por “violación de derechos humanos y atentado contra el planeta”. Entre los numerosos testimonios que se expusieron en su contra y confirmando el informe de A.I. “Un laboratorio de guerra, represión y violencia en Arauca”, de 2004, se denunció la connivencia de la empresa estadounidense Oxy –de la que Repsol es socia– con los paramilitares ultraderechistas colombianos para explotar con toda impunidad el petróleo en esa región colombiana. La Brigada XVIII de los paramilitares, a la que Estados Unidos habría aportado 90 millones de dólares dentro del Plan Colombia, para proteger a Oxy y el oleoducto del norte del país, aplastar cualquier intento de formar sindicatos a los trabajadores y para forzar el abandono de la tierra de la población local, es autora de numerosas masacres en la zona.
A Repsol se la ha llegado a acusar de blanquear dinero del narcotráfico y de poner como condición para invertir en muchos países que el gobierno de turno controlara –léase, reprima– cualquier tipo de conflictividad social.
No sólo importantes poblaciones de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y la misma población mapuche argentina tienen denuncias contra Repsol, sino que en el propio territorio español, en las islas Canarias, se ha lanzado la campaña ciudadana “Canarias dice no a Repsol”, ante el intento de la compañía por explotar petróleo a 20 millas de las costas de Fuerteventura y Lanzarote, en un área de 616.000 hectáreas, que pondría en peligro diez espacios naturales protegidos.
Esta es la compañía “ejemplar” y “víctima” por la que el gobierno de Rajoy, con el apoyo del Psoe y de prácticamente todos los grandes medios de comunicación españoles pretenden lanzar una cruzada nacional en su defensa.

La crisis financiera europea no terminó, acaba de comenzar. En el largo plazo, la tragedia griega aparecerá como un episodio menor. No es difícil para los argentinos comprender el origen de la crisis, aunque es sorpresivo por qué una de las regiones más ricas del mundo y una referencia global para el crecimiento con equidad social se está suicidando al adoptar medidas de austeridad que profundizan la crisis.

La Unión Monetaria Europea (EMU, por sus siglas en inglés) nació de un diseño político francés que pretendía atar para siempre el destino de la Alemania post-unificación a Europa occidental. De otro modo, la nueva Alemania hubiera mirado hacia el este, como lo hizo de todas formas al convertirse en el eje manufacturero de Europa del este, hacia donde descentralizó sus producciones de menor valor agregado. Al participar de la EMU, Italia y otros países apuntaron a importar la disciplina fiscal, monetaria y laboral alemana.

Los economistas de Estados Unidos alertaron a los europeos que la EMU no era un “área monetaria óptima”, ya que era muy heterogénea en términos económicos, culturales y lingüísticos. Las elites europeas lo vieron como una conspiración norteamericana para impedir el nacimiento de una nueva divisa internacional. Sea lo que fuera, lo que sucedió entre 1999 y 2008 es una historia conocida para los argentinos. La liberalización financiera y la fijación del tipo de cambio generaron enormes flujos financieros desde el “núcleo” europeo –Alemania, Holanda, Austria y Finlandia– hacia la “periferia” –fundamentalmente, España, Grecia e Irlanda–. Estrictamente, Francia e Italia no pertenecen a ninguno de los grupos, la industria manufacturera italiana se ubica segunda sólo por detrás de Alemania y esto evidencia las diferencias entre Italia y España. Los flujos de capitales condujeron a un boom de la construcción en Irlanda y España e impulsaron el despilfarro del gobierno en Grecia. Esto condujo a un efímero crecimiento en esos países, acompañado por una inflación relativamente elevada y la consecuente pérdida de competitividad. Las cuentas externas se volvieron negativas y acumularon un enorme caudal de deuda, principalmente con Alemania.

Asimétricamente, desde fines de la década del 90, bajo el gobierno social- demócrata del canciller Schroeder, Alemania adoptó una política mercantilista de moderación salarial y fiscal junto con flexibilización laboral. Por un lado, comprimía la demanda doméstica y la inflación y, por el otro lado, financiaba la demanda agregada en la periferia. Esto se convirtió en la desembocadura del modelo de crecimiento alemán basado en las exportaciones.

El único problema es que la periferia acumuló enormes cantidades de deuda externa sin tener la capacidad para, eventualmente, terminar con los desbalances devaluando sus monedas, como hizo Argentina en 2002 o Italia en 1992, luego de los desequilibrios creados por el Sistema Monetario Europeo en los 80. A fines de 2009, los mercados financieros comenzaron a dudar de la solvencia de las economías periféricas. La crisis golpeó a Grecia, Irlanda, Portugal en 2010 y a la tercera y cuarta economía de la EMU, España e Italia en 2011. Como consecuencia de la caída en los ingresos fiscales y el rescate público del sector bancario en países como Irlanda y España, los problemas de deuda privada se convirtieron en un problema de deuda pública.

La respuesta europea ha sido caracterizada históricamente por ser sistemáticamente “muy chica, muy tarde”. Los fondos de emergencia europeos fueron concebidos para evitar el default de los gobiernos periféricos. Sin embargo, hay un inconveniente: una parte significativa de esos recursos viene de los mismos países que necesitan el financiamiento, un círculo vicioso. Contra el deseo de Alemania, el Banco Central Europeo (BCE) tuvo una tímida intervención para sostener las deudas soberanas periféricas, pero sólo lo suficiente para evitar el colapso de la EMU y no para mantener en niveles sostenibles las tasas de interés sobre esas deudas (los dos miembros alemanes del directorio del BCE renunciaron en protesta durante 2011).

Los alemanes se oponen a que el BCE actúe como prestamista de última instancia para los países y bancos, la principal razón por la cual fueron creados los bancos centrales. La idea de un banco central que coopere democráticamente con la política fiscal fue parte de la reciente reforma del Banco Central argentino. Pero los líderes alemanes, los gobernantes demócratascristianos y la oposición socialdemocrata, comparten, consciente o inconscientemente, un diagnóstico errado de la crisis europea. En nombre de un inexistente peligro inflacionario, rechazan el accionar firme del BCE para calmar a los mercados al actuar como el máximo garante/protector de las deudas periféricas. Es más, Alemania impuso medidas de austeridad fiscal sobre la periferia argumentando que el derroche fiscal es el responsable de la crisis.

El resultado es una situación económica y social en deterioro. Alemania espera sobrevivir, a pesar de la caída de los mercados periféricos europeos, mirando hacia las economías emergentes. La única acción efectiva fue tomada en diciembre pasado por el titular del BCE, Mario Draghi, nuevamente con la oposición alemana, al prestarle a los bancos europeos un billón de euros por tres años a una tasa de uno por ciento con la expectativa de que una parte se utilice para sostener las deudas soberanas. Esa operación sirvió como alivio de corto plazo, pero ahora los bancos tienen más bonos de deuda, una situación nada tranquilizadora dado que las causas que generaron la crisis siguen presentes.

Los países europeos están en un escenario kafkiano: locos si se quedan, locos si se van. Por un lado, el quiebre de la Eurozona devastará al sistema financiero global, dado que cualquier país endeudado entrará en default al mismo tiempo. Por otro lado, Alemania se opone a la solución más razonable: permitir que el BCE sostenga la deuda europea, impulsar la demanda interna alemana permitiendo que los salarios y el gasto fiscal aumenten, implementar un enorme Plan Marshall europeo para la periferia emitiendo eurobonos.

Este es el triste final de una linda historia europea de construcción de una sociedad justa y eficiente. Tal vez, cuando las cosas empeoren, incluso para los alemanes, el fracaso de la austeridad lleve a medidas más progresivas. Sin embargo, eso no compensará el sufrimiento innecesario que imponen las políticas vigentes sobre millones de europeos. La presión de Estados Unidos y las economías emergentes para que Alemania asuma un liderazgo regional y global y no se comporte como Suiza serían de gran ayuda.

El propósito de este trabajo es presentar los aspectos más relevantes de la explicación neoinstitucionalista del desarrollo económico y sus críticas. A tal fin, se da cuenta de las principales argumentaciones de la “Nueva economía política del desarrollo” y de la “Economía política de la colonización”. A continuación se exponen las reflexiones de analistas vinculados a los estudios poscoloniales, que ponen en duda la validez de los esquemas de análisis político que subyacen a las interpretaciones del conflicto en el África poscolonial, y las realizadas por los teóricos latinoamericanos ligadas al rechazo a la occidentalización. El estudio finaliza con unas reflexiones críticas sobre la reconstrucción histórica del proceso de desarrollo realizada por la economía ortodoxa y su excesivo énfasis en la relación entre instituciones y desarrollo.