El abogado ambientalista Enrique Viale se refirió de manera crítica al decreto que modifica la Ley de Residuos Peligrosos y dejó abierta la puerta para hacer una presentación judicial ya que se trata de una medida “cuestionable” que calificó como "inconstitucional".

En los casi cuatro años que pasaron desde que asumió Mauricio Macri como Presidente de Argentina, las declaraciones de distintos funcionarios en el transcurso de la gestión de su gobierno parecen estar referidas a un país muy distinto al que se percibe.

El poder económico condiciona a los gobiernos y orienta en su propio beneficio el accionar del Estado, que pierde autonomía a la hora de formular e implementar políticas públicas.

Hacer diagnósticos de lo que sucede en la actualidad con nuestra industria ya no tiene demasiado sentido. El desastre productivo, económico y social que ha dejado el Gobierno de Cambiemos es evidente con el cierre de 20 mil pymes y la pérdida de más de 300 mil puestos de trabajo. Dos cosas quedan claras, una es que ningún Gobierno hizo tanto daño en un periodo tan corto, la otra es que jamás hubiera podido hacerlo sin la complicidad de algunos espacios de la oposición política y de una parte del empresariado local.

Reindustrializar el país es indispensable para crear empleo, agregar valor y distribuir equitativamente la riqueza.

En la semana que pasó asistimos de manera definitiva e indiscutible a un nuevo fracaso del neoliberalismo en el país. Las medidas de estos días marcaron un punto de no retorno para el macrismo: default selectivo, cepo para los giros de utilidades bancarias y riesgo país por encima de los 2500 puntos.

Frente a la desregulación macrista se plantea qué papel juega en la economía nacional el transporte aéreo o qué hacer con Aerolíneas Argentinas. El plan de una política de inversión que integre a los diversos actores directos e indirectos del transporte aéreo.

Existe un reacomodamiento de las distintas fracciones de capital en pugna por la hegemonía del bloque dominante. El proyecto de Juntos por el Cambio se trata de uno altamente conflictivo. Al de Frente de Todos, los sectores populares le demandarán recomposición de ingresos.

En un principio asociada al movimiento de derechos humanos, la agenda anticorrupción fue virando, a través de denuncias periodísticas escandalosas, a un enjuiciamiento de los políticos y de la intervención estatal, favorable a los objetivos neoliberales.

La existencia del fallo Arriola no logró la modificación de la legislación vigente, y eso es un problema. Primero, porque se vulneran derechos que el mismo fallo había reconocido con respecto a la cuestión de la tenencia para consumo personal; y segundo, porque implica un esfuerzo policial y penal que no tiene real impacto en la lucha contra el narcotráfico.