El uso de la capacidad instalada mostró en diciembre un derrumbe de características históricas. Según el INDEC, el entramado productivo local produjo a apenas un 54% de sus potencialidades cuando, un año atrás, lo había hecho en un 63,8%. En noviembre el indicador se había ubicado en el 66,4% resignando 12 puntos porcentuales en apenas un mes. El promedio de los 24 meses anteriores había sido del 66,6%. Para encontrar un uso de la capacidad instalada tan bajo es necesario recalar en los meses que van de marzo a junio de 2020, en los que osciló entre un 42% y un 53,3%. Se trata de los registros del peor momento de la pandemia y las restricciones a la producción que, además, tenían alcance global. Por fuera de este período, es necesario retroceder a la crisis de 2001 para encontrar niveles de recesión industrial semejantes. Estos niveles de producción adelantan una caída del empleo. 

Milei lo expresó con toda claridad: la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. Y como remataría el vocero Adorni: fin. Lo cierto es que todo ese mantra monetarista, confrontado con la realidad de la evolución de los precios locales, empezó a hacer agua.

Más del 60 por ciento. Es lo que aumentó el precio de los alimentos en solo tres meses. Y la decisión de Javier Milei es abrir las importaciones, una receta que ya fracasó en reiteradas oportunidades. El rol especulador de las grandes cadenas de supermercados y las multinacionales de bebidas y lácteos. La mirada de cooperativas, Pymes y campesinos que producen alimentos.

Los conflictos laborales y sociales se han incrementado considerablemente. En particular los relacionados con la estabilidad en el empleo público, con demandas salariales y con cierres de obras públicas. Se observa gran conflictividad en el sector de transporte público por retiro de subsidios por parte del Gobierno nacional.

La décima segunda medición de la actualización jubilatoria derivada de la ley de movilidad aprobada en 2020, aplicable desde marzo 2024 alcanzaría 29,8%.