La aprobación fue unánime y la sesión especial en la Cámara de Diputados apenas un trámite. El kirchnerismo y las bancadas opositoras acordaron aglutinar en un mismo paquete una serie de proyectos que convirtieron en ley en una única votación. De esta manera, la Cámara baja le dio la puntada final a la ratificación parlamentaria de Argentina a la conformación del Banco del Sur, una entidad crediticia impulsada junto a otros seis países de la Unasur (Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Paraguay) que servirá para promover con recursos propios el desarrollo económico y obras de infraestructura para la región. El convenio había sido rubricado por estos siete países en septiembre de 2009 en la caribeña Isla Margarita, pero también podrán adherir posteriormente y con los mismos derechos el resto de las naciones de América del Sur que no fueron parte del núcleo fundante.

Con la aprobación de ayer, la Argentina es el cuarto país en ratificar el convenio por su Parlamento. Antes lo habían hecho Venezuela, Ecuador y Bolivia, mientras que Uruguay y Brasil están próximos a cumplir con la disposición. Eso aceleraría la puesta en marcha del organismo de crédito regional.

El otro paso será el de la composición accionaria y aporte económico que harán todos los países miembros del Banco del Sur. Argentina, Brasil y Venezuela serán sus mayores aportantes y suscribirán acciones por seis mil millones de dólares –dos mil millones cada uno–, que deberán completarse en un plazo de cinco años. Ecuador y Uruguay lo harán en una proporción menor: 400 millones de dólares. Bolivia y Paraguay aportarán 100 millones cada uno y podrán integrar el capital accionario en un plazo mayor.

Un extenso tramo del convenio también detalla los proyectos que serán objeto de crédito. Entre ellos, los que apunten al “logro de la soberanía alimentaria, energética, de la salud, de los recursos naturales y del conocimiento”. Así como temas claves de la economía, como “mejorar la competitividad, el desarrollo tecnológico, la infraestructura, generación y provisión de servicios, la complementariedad productiva intra-regional y la maximización del valor agregado a las materias primas”.

Acuerdo previo

La ratificación del convenio del Banco del Sur fue el eje de la sesión espacial de ayer en la Cámara baja. Pero, en el mismo trámite, los diputados también sancionaron la ley de la extensión de la prescripción de delitos de abuso sexual a menores de edad y la transferencia de la competencias judiciales a la ciudad de Buenos Aires (ver aparte).

Además de darle media sanción al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otorgarle rango constitucional a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En una misma votación, todas estas propuestas recibieron el respaldo de 210 diputados y solo seis se abstuvieron.

El mecanismo se acordó de antemano entre oficialismo y oposición para no correr el riesgo de que alguna de las iniciativas trabajosamente consensuadas quedara sin sanción si las intervenciones en el recinto se dilataban. Los diputados primero votaron el paquete y luego se abrió paso a las exposiciones de los legisladores.

El primero en tomar la palabra fue el diputado oficialista por Salta Fernando Yarade, quien dio detalles del convenio y sostuvo que la creación del Banco del Sur también busca “fortalecer el desarrollo científico y tecnológico” de la región.

“Este bloque ve con beneplácito la constitución del organismo”, dijo Alfonso Prat Gay en nombre de la Coalición Cívica, quien consideró al Banco del Sur como “un instrumento adecuado para obras de infraestructura y desarrollo”. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Finanzas afirmó que “no es un vehículo para mitigar la crisis internacional”. El radical jujeño Miguel Giubergia también respaldó la iniciativa y hasta el PRO se sumó a los elogios: “Vamos a ganar prestigio y liderazgo político en la unificación de la integración sudamericana”, sostuvo el jefe de la bancada macrista, Federico Pinedo.

“Es un hecho excepcional, producto del nuevo estilo de integración que se está gestando en la región, que busca fortalecer conceptos de soberanía política y económica y recrea escenarios de mayor participación”, sostuvo el diputado de Nuevo Encuentro Carlos Heller. “Estamos convencidos de que es necesario que nuestra región avance en la construcción de alternativas instrumentales que permitan a los países de nuestra Suramérica contar con una institución financiera sobre bases diferentes, entroncadas con nuestro destino común”, agregó el socialista Lisandro Viale. Con la aprobación previa, las exposiciones a favor del convenio fueron decayendo, algunos insertaron sus discursos y el recinto se fue vaciando hasta quedar casi desierto. El debate se dio por concluido.

Este Convenio tiene por objeto constituir una entidad financiera de derecho internacional público con personalidad jurídica propia denominada "Banco del Sur", la cual tendrá por objeto financiar el desarrollo económico, social y ambiental de sus países miembros, en forma equilibrada y estable, haciendo uso del ahorro intra y extrarregional así como fortalecer la integración, reducir las asimetrías y promover la equitativa distribución de las inversiones entre sus países miembros.

El Banco del Sur tendrá su sede principal en la ciudad de Caracas, y dos subsedes en las ciudades de Buenos Aires y La Paz, pudiendo establecer en el futuro las dependencias que fueran necesarias para el desarrollo de sus funciones. Para el cumplimiento de su objeto, el Banco tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo ejercer las funciones y realizar los actos que hagan a su objeto o estén relacionados con el mismo. En este sentido, cabe resaltar que el Banco prestará asistencia crediticia únicamente en los países miembros, para la ejecución de proyectos en el ámbito territorial de UNASUR.

La economía es la disciplina ineludible de los tiempos modernos. Tiene que ver con nuestras vidas de manera hasta abrumadora. Sin embargo, es habitual que apliquemos conceptos parciales, llenos de prejuicios, con información sesgada o equivocada. Esto necesita una cuidadosa explicación.

En realidad, la economía es una ciencia social, donde los valores no están ni pueden estar ausentes, pero a la cual varias generaciones de economistas conservadores han tratado de convertir en una ciencia exacta, revestida por lo tanto de un andamiaje analítico donde las relaciones causa efecto son matemáticas y en consecuencia indiscutibles. O solo modificables si se advierten errores en tales relaciones matemáticas.

En tal intento, los conservadores no pretenden negar los valores y su importancia. Simplemente, toman como dogma la idea que sustenta el trabajo de Adam Smith en el siglo 18. En La Riqueza de las Naciones se sostiene que cada individuo busca su interés personal, pero en el mercado esos intereses se confrontan y equilibran, consiguiendo así la mejor situación general.

Es decir: la economía está por encima de las personas aisladas. Incluso de sus valores y metas, a las cuales subordina. Por lo tanto, podríamos agregar, sería interesante si los seres humanos fuéramos altruistas. Pero si no lo somos, la economía se encarga de condicionarnos, para construir el mejor escenario posible.

A partir de la noción de economía emergente se analizan las transformaciones del modelo de desarrollo de las dos más grandes economías emergentes. En el caso de China, se examina los principales cambios económicos ocurridos desde finales de los años setenta hasta el presente, en que dicho país se manifiesta como una potencia mundial de primer orden. En cuanto a la India, se analiza la transición del socialismo hindú, instaurado en 1947, a un nuevo modelo inicialmente proempresa y posteriormente promercado.

El Tercer Mundo, término creado en 1952 por el demógrafo francés Alfred Sauvy, caracterizaba la emergencia de una tercera fuerza y de una tercera vía con relación al capitalismo y al socialismo. En efecto, la expresión, desconocida hasta entonces, surge el 14 de agosto en un artículo de L’observateur titulado “Trois mondes, une planète”.

NUEVA YORK.- ¿La agitación del mercado lo ha llevado a sentir miedo? Está bien. Es claro que la crisis económica que empezó en 2008 no ha terminado en lo absoluto. Pero usted debería sentir también otra emoción: enojo. Porque lo que hoy vemos es lo que ocurre cuando las personas influyentes se dedican a explotar una crisis en vez de resolverla.

Durante más de un año y medio -desde que el presidente Barack Obama eligió crear déficits, no empleos, el tema central del discurso sobre el Estado de la Unión de 2010-, hemos tenido una conversación pública dominada por preocupaciones presupuestarias, que ignoraba casi por completo el tema desempleo.

El recorrido de la crisis económica de Estados Unidos y de la Eurozona provoca cierta incredulidad desde la mirada de la experiencia argentina de haber transitado un proceso similar. La debilidad de los liderazgos políticos no se origina simplemente por deficiencias en la gestión, en ingenuidad o negación de los responsables de la gestión. Están subordinados a los intereses de las corporaciones financieras, se asemeja a como aquí los gobiernos adquirían a libro cerrado planes económicos confiando el Ministerio de Economía a Bunge&Born, a Domingo Cavallo con la Fundación Mediterránea, a Roque Fernández con el CEMA o a Ricardo López Murphy con FIEL. El saldo fue la peor crisis de la historia económica argentina. Esos economistas con sus respectivos equipos eran asesores del sector privado, y luego de pasar por la función pública volvieron a sus conchabos originales o a revistar en la plantilla de organismos internacionales. Ese trayecto se conoce como la “puerta giratoria” de representantes de los intereses del poder económico, de quienes no habría que esperar otra cosa que medidas que beneficiaran a su grupo de pertenencia. En Estados Unidos se exhibe con mayor transparencia ese estrecho vínculo de funcionarios en áreas claves de la economía con el sistema financiero. Por eso es una ironía que los mismos que provocaron la crisis sean los que se presenten como los portadores de la solución para superarla.

La desregulación del sistema financiero estadounidense fue instrumentada por funcionarios que previamente trabajaron en instituciones bancarias, y ahora son los responsables de administrar la crisis precipitada por esa medida. Larry Summer, secretario del Tesoro de la administración Clinton, ocupó la presidencia del Consejo Nacional Económico de Obama. Fue el promotor de esa desregulación que incluyó la eliminación de la separación entre bancos comerciales y bancos de inversión. Esa medida había sido establecida en 1932 por la ley Glass-Steagall Act, como consecuencia del crac del ’29, y fue suprimida mediante la ley Gramm-Leach-Billey de 1999. En el siguiente cuadro se observa que esa red “puerta giratoria” tiene una continuidad en gobiernos demócratas y republicanos.

George W. Bush tuvo como secretario del Tesoro a Henry Paulson, quien trabajó en Goldman Sachs desde 1974, y era su director cuando ingresó en ese gobierno. En un esclarecedor documento del economista Julio Sevares publicado en la revista Realidad Económica (Nº 260), se explica que dos años antes de convertirse en funcionario Paulson encabezó un grupo de bancos de inversión que presionó por la reducción de los requerimientos de capital propio a las entidades. “La influencia de las finanzas sobre las regulaciones financieras se canalizó a través de los hombres del sector que participaron o participan en los gobiernos”, señala Sevares en “El poder financiero en la desregulación y liberalización de las finanzas”.

Las instituciones financieras tuvieron un papel central en promover la desregulación del sistema con sus ejecutivos convertidos en funcionarios, para luego también ejercer una impresionante capacidad de lobby para obtener el rescate por la crisis que provocaron. Después de la caída del banco de inversión Bear Sterns, las seis entidades más grandes de Estados Unidos (Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan-Chase, Citigroup, Morgan Stanley y Wells Fargo) ejercieron un activo lobby para influenciar en el Congreso y en el gobierno. Sevares revela que ese grupo ha contratado más de 240 ex funcionarios de gobiernos como lobbystas y gastaron centenares de millones de dólares en esa misión. Muchos de ellos “fueron arquitectos del régimen bancario que llevó a la crisis, cuando eran empleados en el Congreso o en puestos del gobierno federal”, afirma Sevares en base a la investigación de Kevin Connor Big bank takeover. How too-big-to-fail’s army of lobbyists has captured Washington, publicada por el Institute for America’s Future. El saldo que ofrece ese documento es impactante: en el conjunto de lobbystas de los seis grandes bancos y sus asociaciones, 243 trabajaron en el gobierno federal, 202 en el Congreso y el resto en la Casa Blanca, el Tesoro o en agencias gubernamentales de relevancia.

Sevares informa que, según la investigación de una organización de defensa y educación del consumidor de los Estados Unidos, en la última década las organizaciones financieras invirtieron 5100 millones de dólares en comprar influencia política. De ese monto, 1700 millones fueron “contribuciones de campaña” a congresistas y candidatos presidenciales, y el resto como pago a los lobbystas del sector financiero en el Congreso y en otras instancias del Estado. “Los congresistas que apoyaron las medidas favorables al sistema financiero recibieron mucho más dinero que los que no las apoyaron”, revela Sevares. Bajo esas normas institucionales, esa práctica no se la denomina corrupción sólo porque está legalizado ese tráfico de influencias y dinero.

No se trata ya sólo de que la aplicación de teorías económicas incorrectas conduce a políticas incorrectas, como se demostró con el neoliberalismo en la década del noventa en Latinoamérica y ahora en Estados Unidos y Europa. Más aún, esas políticas han fomentado las crisis y exacerbaron su profundidad y duración. Ese resultado no es un “accidente”, como sostiene el mundo de las finanzas y sus propagandistas, sino que se explica en que los protagonistas principales de la actual fase del capitalismo dominado por las finanzas globales tratan de preservar y ampliar su poder sin importar los costos que ello implica. Para esa tarea cuentan con la suficiente capacidad de influir en las áreas sensibles de los gobiernos que les permiten mantener sus privilegios, sin importar que al mismo tiempo se desmorone lo poco o mucho de la estructura social de esos países que aún mantienen la categoría de potencias mundiales.

La aparición de un libro de Carlos Vilas constituye siempre un acontecimiento para celebrar. Cuando lo leemos comprobamos una vez más que defiende el interés nacional y las conquistas populares, y que lo hace con seriedad, rigor técnico y muy buena prosa.

Jean Touchard, legendario director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Paris, solía recordar en su cátedra, que a escala internacional existían dos grandes escuelas de ciencias políticas: la norteamericana y la francesa. El rasgo distintivo de cada una -sostenía- era que la norteamericana estudiaba a fondo, exhaustivamente y con gran rigor en el método, problemas irrelevantes, que importaban a muy pocos. En cambio, la escuela francesa estudiaba con superficialidad temas fundamentales.

Europa está intentando sortear una crisis financiera derivada de la alta exposición de sus bancos a las deudas soberanas de los países de la región. Los problemas se desencadenaron en Grecia, Irlanda y Portugal, pero también se extienden sobre España e Italia, que tienen un peso específico mucho mayor.

Y en este entorno, debe lidiar con muchos problemas para evitar el mal más temido: el contagio de un país al resto de la región. Tarea difícil por partida doble, por un lado, por la acendrada concepción neoliberal que impera en los dirigentes de la UE, y por otro, por las decisiones indiscutidas del sector privado financiero, y dentro de éste, de las calificadoras de riesgo, que acentúan los riesgos sistémicos.
El ajuste es un callejón sin salida, puesto que además de sus altísimos costos sociales, lleva a una caída del producto y de los ingresos fiscales, intensificando aún más los déficits presupuestarios.

La atención de la opinión pública internacional está centrada en el acuerdo pírrico firmado entre Barack Obama y el Congreso mediante el cual el presidente se compromete a aplicar un duro programa de ajuste fiscal, centrado en el recorte de gastos sociales (salud, educación, alimentación) e infraestructura por 2,5 billones de dólares (2.500.000 millones de dólares) pero preservando, como lo exige el Tea Party, el nivel actual del gasto militar y su eventual expansión. A cambio de esto, la Casa Blanca recibió la autorización para elevar el endeudamiento de Estados Unidos hasta 16,4 billones de dólares (es decir, 16.400.000 millones de dólares), cifra superior en unos dos billones al PIB de ese país. Con esto se espera –confiando en la “magia de los mercados”– superar la crisis de la deuda pública y reactivar la languideciente economía norteamericana. Esta receta ya fue implementada a sangre y fuego en América latina y no funcionó; y tampoco lo hizo en la convulsionada Europa de estos días. Con este acuerdo, lo único seguro será el agravamiento de la crisis y, de su mano, la acentuación de la belicosidad norteamericana en el escenario mundial.

El acuerdo para elevar el techo de la deuda federal está a punto de ser aprobado. Si esto sucede, muchos comentaristas anunciarán que se ha evitado la catástrofe. Se estarán equivocando.

Porque el acuerdo en sí, según la información disponible, es una catástrofe, y no sólo para el presidente Barack Obama y su partido. El acuerdo perjudicará a una economía que ya está en recesión, probablemente agrave aún más el eterno problema del déficit norteamericano y, lo que es más importante todavía, al demostrar que la extorsión descarada funciona y no tiene costo político, arrastrará a Estados Unidos por el camino de las repúblicas bananeras.