En el presente trabajo se busca introducir el debate alrededor de los conceptos de espacio, territorio, territorialidad, lugar y sus posibles incumbencias para el análisis de sujetos políticos, centrado en un caso de movimiento de desocupados en Argentina: la CTD Aníbal Verón. En primer lugar, se aborda la discusión acerca de si el espacio puede ser pensado como dimensión constitutiva de lo político o si basta pensarlo como manifestación del conflicto, demarcación de un límite y control del acceso, entendiendo el espacio construido en tanto territorio. En segundo lugar, se desarrolla el análisis de la relación de los sujetos con el espacio, su apropiación y dotación de sentido, involucrando relaciones identitarias que a menudo son analizadas a través de la categoría de lugar.

Los Tratados Bilaterales de Inversión fueron promocionados durante la década del ’90 como instrumentos para una mayor cooperación económica entre los países desarrollados con las naciones en desarrollo. La prédica asociada al Consenso de Washington afirmaba que esos tratados prometían “estimular la iniciativa económica privada”, “el flujo de capitales”, “mantener un marco estable para las inversiones” y un “trato justo y equitativo” a las inversiones. Las condiciones de la “seguridad jurídica”. Sin embargo, en la práctica se constituyeron en la privatización de la soberanía económica. Con la adhesión al Ciadi, el Estado argentino quedó subordinado a ese tribunal arbitral internacional, dependiente del Banco Mundial.

La decisión política de recuperar YPF a partir de un proceso de expropiación colocó en el centro del debate los problemas derivados de la vigencia de los TBI y la pertenencia al Ciadi. Economistas, abogados y funcionarios locales e internacionales recomiendan denunciar esos tratados y construir una nueva estructura jurídica en el marco de la Unasur. Como antecedente aparece la experiencia de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Sudáfrica.

Los impuestos inmobiliarios provinciales, los urbanos más los rurales, han ido perdiendo peso desde hace años en el país y hoy aportan una recaudación de sólo 0,4% del PIB. Si se le suman los ingresos por los impuestos provinciales a los automotores (del orden del 0,3%) y el tributo nacional “a los bienes personales” (0,3% del PIB) se totaliza una recaudación patrimonial anual del 1% del PIB.

15 de mayo de 2012 — El anunció que hizo el pasado viernes 11 de mayo Jamie Dimon, director ejecutivo (CEO) del banco JPMorgan Chase, cuando admitió que el banco había perdido 2 mil millones de dólares en apuestas en derivados especulativos en su filial de Londres, dio pábulo a una andanada mayor de llamados en respaldo a las peticiones ya existente para restablecer la ley Glass-Steagall. Una cantidad cada vez mayor de voces se suman a esa demanda, y hay quienes piden que Jamie Damon no solo renuncie a su cargo del JPMC, sino que lo saquen del consejo directivo del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

En un artículo publicado en la revista electrónica de negocios Slate, titulado "Flawed Dimon" (Dimon defectuoso) el ex gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer exigió que se reinstituya la Glass-Steagall y que Dimon renuncie a su puesto en la Reserva Federal de Nueva York. Del mismo modo se pronunció Joe Klein en un artículo de la revista Time titulado "Jamie Dimon's Worst Nightmare" (La peor pesadilla de Jamie Dimon). Klein se refiere a un esquema enrevesado para reglamentar a los bancos elaborado por el ex precandidato presidencial republicano Jon Huntsman (quien ha planteado también la reinstitución de la Glass-Steagall) y luego agrega que el "ex senador de Delaware Ted Kaufman y otros están a favor de un enfoque más directo: una versión actualizada de la ley Glass-Steagall que separa la banca comercial de la banca especulativa, y que mantuvo bajo control las pasiones animales de Wall Street desde la Gran Depresión hasta finales de los 1990, cuando fue sustituida por la desafortunada desregulación de Bill Clinton".

Ni dictaduras industrializadoras, ni flexibilización laboral al extremo. La receta asiática para el desarrollo se encuentra en la capacidad de esos Estados para disciplinar a las elites capitalistas y condicionar su comportamiento para garantizar que promuevan el cambio tecnológico, reinviertan, exporten más, innoven, aumenten el empleo y mejoren las condiciones laborales. A diferencia de la experiencia pasada y presente en Asia, el economista de la Universidad de Cambridge Gabriel Palma advierte la incapacidad de los Estados de América latina para, además de ofrecer subsidios y otros beneficios, exigirles a los sectores empresarios dominantes la reinversión de sus ingresos.

En Argentina hay 568 entidades que brindan medicina prepaga , que cuentan con 11,9 millones de beneficiarios , de los cuales casi la mitad son jóvenes, menores de 36 años. Las cifras son del Registro de la Superintendencia de Servicios de Salud, creado con la nueva ley de medicina privada aprobada el año pasado. Incluye sociedades comerciales, mutuales, fundaciones, asociaciones civiles, obras sociales del personal de dirección y las que tienen planes de adherentes, complementarios o superadores.

De estos números oficiales se desprende que funcionan en todo el país más entidades de medicina prepaga que las que se creía o esperaba. Pero eso no impide que el sistema esté muy concentrado : ocho entidades tienen más de 500 mil beneficiarios y 338, menos de 5 mil usuarios. Por lejos, OSDE encabeza el ranking con 1,7 millón de usuarios.

Después de demorar su decisión, India, Brasil y China están dispuestas a proporcionar dinero al fondo anticrisis del Fondo Monetario Internacional. A cambio esperan que se cumplan los acuerdos que les otorgarían un mayor poder de decisión en la organización.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial disponen: el G20, el club de los mayores accionistas del FMI, ha prometido aumentar el fondo de rescate en 430 mil millones de dólares y duplicar así el volumen para posibles rescates financieros para los países en quiebra de Europa, así como otros aspirantes al puesto. El FMI se convierte así en un bombero equipado con más de un billón de dólares para sofocar fuegos.

El mundo se enfrenta a importantes desafíos para garantizar las condiciones de vida del planeta, cuyo futuro está marcado por la intensidad y velocidad de la evolución del proceso de calentamiento global. Según la comunidad científica internacional, los riesgos para la seguridad alimentaria subyacentes al proceso de cambios climáticos son muy fuertes. En este caso, biodiversidad, tierra y agua asumen significados cada vez más estratégicos para el futuro de la humanidad.

Los países de América Latina beneficiados por la naturaleza con la abundancia de esos recursos (además de la riqueza mineral) tienen el deber de protegerlos en beneficio de sus generaciones presentes y futuras y, por supuesto, para acciones solidarias, vía comercio, o no, con el resto del mundo.

Es el clamor patrio que ha emergido de las mismas entrañas de la caverna y de sus portavoces instalados en su buque insignia: el Gobierno español. Amenazan casi con invadir Argentina por el expolio al que han sometido a la España de sus amores, como dice la copla. ¿Los españoles expoliados? ¿Son los españoles los propietarios legítimos del petróleo argentino? ¿Repsol no es acaso una multinacional que poco tiene que ver con la vida de los ciudadanos de acá? ¿Los más de 13.000 millones de dólares que la empresa pseudoespañola ha repartido entre sus accionistas en la última década han beneficiado a nuestros ciudadanos? ¿Los objetivos empresariales y los ingresos multimillonarios de sus directivos han sido fijados por el Gobierno español en tanto que representante de la España que ahora reacciona como madre de Repsol a pesar de que se trata de una empresa privada controlada por el capital financiero internacional y que solo persigue beneficios máximos en tiempos mínimos?

La reacción del gobierno español, los límites de las represalias comerciales anunciadas por Madrid y los oscuros antecedentes de Repsol. Claves para entender una conducta predatoria.

La agresiva respuesta –cargada de amenazas– que dio inicialmente el gobierno español y sus principales partidos –el PP y el Psoe– al anuncio de expropiación de la participación de Repsol en YPF, parece haberse aplacado, al menos temporalmente. De llenar durante días las portadas de todos los periódicos y las aperturas de informativos y programas de debates en radios y canales de televisión, el tema se ha ido replegando a páginas interiores como un tema menor.
A las primeras reacciones viscerales y exabruptos, tanto Repsol como el gobierno –que por momentos parecieran ser la misma cosa– parecieran haber decidido controlar su incontinencia oral para pasar a pensar fríamente en las acciones de respuesta a adoptar.
El viernes, tras la rueda de prensa semanal al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya de Santamaría anunció la primera, aunque de poco calado: el freno a las importaciones de biodiesel argentino, que suponían una factura de cerca de 750 millones de euros y que en realidad ya había sido decidida en 2010 por Zapatero tras la presión de los productores españoles de biodiesel. Si no se llegó a implementar hasta ahora fue porque salía más barato importarlo de la Argentina.
Y en cuanto a la Unión Europea, como gran defensora tradicional de las transnacionales europeas, ha anunciado la suspensión de alguna reunión prevista con empresarios argentinos y analiza la posibilidad de quitar a la Argentina ciertas rebajas arancelarias para la entrada de sus productos en Europa.
Las medidas son en realidad poco más que simbólicas, dado que la balanza comercial es totalmente desigual, la Argentina coloca en el mercado europeo un volumen infinitamente menor de productos a los que importa de Europa y el biodiesel que deje de vender a España lo puede absorber el mercado interno. En definitiva, la medida será negativa para la economía española.
Nada que ver con lo que puede representar para Repsol –que ya ha quitado YPF de su nombre– la pérdida de sus inversiones en la Argentina, que tantos beneficios le venía reportando desde hace años.
El gobierno de Rajoy tampoco ha logrado más que vagos gestos de solidaridad de parte de Estados Unidos y del G-20.

¿Habrá más represalias? Una pista para entender el por qué de tanto silencio puede encontrarse en lo editorializado el jueves pasado por el portavoz por excelencia de la City londinense y del mundillo empresarial y financiero europeo, el periódico Financial Times. Tras tildar en anteriores editoriales a la presidenta Cristina Fernández de “lunática populista”, dijo el jueves: “No está claro qué precio pagará la Argentina por las acciones pero, dado que un tribunal del Estado lo fijará, Repsol probablemente obtendrá un acuerdo injusto. En todo caso, no se pagará nada durante años. Mientras tanto, la pérdida de la mayoría de su producción de petróleo y gas es un duro golpe para la compañía.
“España ha lanzado fuego, pero su espacio para maniobrar es limitado. Aparte de hacer sentir vergüenza, tiene poco con qué golpear a la Argentina. Mientras, la acción multilateral podría no ser más efectiva, Buenos Aires tiene una historia de no hacer caso de la opinión internacional no deseada”.
Todos los analistas parecen coincidir en eso, que a pesar de su inmenso poderío, Brufau parece tener perdida su batalla para conseguir que la Agentina pague sus acciones al desorbitado precio que reclama.

El precedente de Bolivia. El conflicto actual no es el único de este tipo que ha tenido Repsol en América latina. El 1º de Mayo de 2006, el presidente Evo Morales anunciaba también la nacionalización de los hidrocarburos y, mientras lo hacía, tropas del Ejército ocupaban las decenas de plantas de petróleo y gas existentes en el país.
La medida, aunque ya había sido anunciada durante la campaña electoral de Morales, se precipitó a partir de enero de ese año. Cuando el gobierno boliviano anunció que registraría sus reservas de petróleo y gas en la Bolsa de Nueva York, Brufau anunció rápidamente una rebaja del 25% de las reservas petroleras y gasísticas de Repsol-YPF. ¿La razón? Que Brufau había declarado como propias reservas que en realidad pertenecían al Estado boliviano, lo que le supuso querellas por fraude en Estados Unidos.
Poco después, la aduana boliviana acusó también a la empresa de un delito de contrabando de 230.399 barriles de crudo, allanó su sede y detuvo a su presidente y a su gerente.
Un año antes, en junio de 2005. ya había habido otro incidente con Repsol, en el campo de Surubi, cuando unos campesinos que se encontraban pescando murieron abrasados por las llamas que provocó la explosión en un vertedero ilegal de Repsol.
En otra ocasión se descubrió una planta de gas suya no declarada. Después de llevar a cabo la nacionalización, Bolivia reclamó también al banco español BBVA y al Zürich, que devolvieran las acciones que tenían en la petrolera, y que constituían hasta ese momento parte de los fondos de pensiones privados que estas gestionaban y que pasaron a estar bajo control del Estado.
En aquel momento también el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero salió en una defensa a ultranza de Repsol-YPF, contando con el respaldo del PP y de prácticamente todos los medios de comunicación. Estos se ensañaron con Evo, con un trato despectivo hacia el indiecito y diarios como El País llegaron a editorializar que la medida sería “altamente perjudicial para el pueblo boliviano”.

¿Música conocida? Las amenazas que también hubo en aquel momento quedaron en la nada y Repsol-YPF, como otras nueve petroleras, terminaron por aceptar el nuevo rol que les asignó el gobierno boliviano, como socios minoritarios y bajo reglas muy distintas. Pocos años después ya Bolivia veía como las arcas del Estado se beneficiaban significativamente por el cambio de modelo, en el que el Estado pasó a detentar la mayoría de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (Ypfb).
En noviembre de 2008, Rafael Correa anunció por su parte la decisión de que Repsol-IPF se fuera de Ecuador. “Repsol se va del país porque nos ha hecho perder el tiempo, además de que ha bajado la producción y las inversiones, y no ha aceptado renegociar el contrato.” Correa advirtió en aquel momento, que “las compañías transnacionales deben entender que las condiciones no las van a poner ellos, las va a poner el país”.

Graves acusaciones. La presencia de la multinacional española en 14 países de América latina y el Caribe, seis europeos, cuatro asiáticos y ocho africanos, ha estado a menudo salpicada de graves escándalos y acusaciones por parte de representantes de comunidades indígenas y campesinas, de organismos ecologistas como Attac y Ecologistas en Acción, de defensores de los derechos humanos como Amnistía Internacional y de más de 200 ONG de distintos ámbitos y países.
El Tribunal Permanente de los Pueblos condenó en 2007 a Repsol por “violación de derechos humanos y atentado contra el planeta”. Entre los numerosos testimonios que se expusieron en su contra y confirmando el informe de A.I. “Un laboratorio de guerra, represión y violencia en Arauca”, de 2004, se denunció la connivencia de la empresa estadounidense Oxy –de la que Repsol es socia– con los paramilitares ultraderechistas colombianos para explotar con toda impunidad el petróleo en esa región colombiana. La Brigada XVIII de los paramilitares, a la que Estados Unidos habría aportado 90 millones de dólares dentro del Plan Colombia, para proteger a Oxy y el oleoducto del norte del país, aplastar cualquier intento de formar sindicatos a los trabajadores y para forzar el abandono de la tierra de la población local, es autora de numerosas masacres en la zona.
A Repsol se la ha llegado a acusar de blanquear dinero del narcotráfico y de poner como condición para invertir en muchos países que el gobierno de turno controlara –léase, reprima– cualquier tipo de conflictividad social.
No sólo importantes poblaciones de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y la misma población mapuche argentina tienen denuncias contra Repsol, sino que en el propio territorio español, en las islas Canarias, se ha lanzado la campaña ciudadana “Canarias dice no a Repsol”, ante el intento de la compañía por explotar petróleo a 20 millas de las costas de Fuerteventura y Lanzarote, en un área de 616.000 hectáreas, que pondría en peligro diez espacios naturales protegidos.
Esta es la compañía “ejemplar” y “víctima” por la que el gobierno de Rajoy, con el apoyo del Psoe y de prácticamente todos los grandes medios de comunicación españoles pretenden lanzar una cruzada nacional en su defensa.