La Ley de Radiodifusión, dictada por la última dictadura militar, lleva ya casi 30 años de vigencia. Una norma que fue funcional a la Doctrina de la Seguridad Nacional y también a las sucesivas políticas neoliberales. No fueron pocas las voces que se alzaron en su contra en todos estos años, desde 1983 a esta parte se presentaron numerosos proyectos de ley que, en la mayor parte de los casos, no prosperaron. A partir de algunas reformas, durante el período 1989-1999, en el que se desarrollaron los dos mandatos presidenciales de Carlos Menem, se realizaron modificaciones a la norma que reconfiguraron el mapa mediático. El alto grado de concentración, el poder casi monopólico de los multimedios y la marginación de las organizaciones sin fines de lucro fueron sus principales características.

En el marco de un prolongado conflicto gremial, el 4 de abril de 2007, docentes nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) se movilizaron con el propósito de realizar un corte en la intersección de las rutas nacionales 22 y 237. El gobierno provincial, que en los días previos había anunciado que no permitiría el corte, montó un fuerte operativo de seguridad. Los docentes fueran reprimidos con balas de goma, gases lacrimógenos y agua. Carlos Alberto Fuentealba se encontraba huyendo del lugar en el asiento trasero de un automóvil cuando recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno lanzado a corta distancia. Falleció al día siguiente.

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A un año de la muerte de Carlos Fuentealba, Osvaldo Bayer nos invita a la reflexión. Apunta y dice: “Fuentealba fue a reclamar por algo que tiene que ser la base de todo respeto en nuestra sociedad: la dignidad de los que enseñan a las nuevas generaciones. La bella gente: los docentes. Una sociedad que humilla a sus docentes es una sociedad hipócrita, sórdida, usurera” Su mirada apenas unos días después del suceso no pierde vigencia y suma relevancia, elementos para una sociedad desmemoriada.

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La “gesta” de las Malvinas se había convertido en un hecho “objetivo”, que mirábamos desde afuera como algo triste acontecido allá lejos. Un día aciago, los argentinos perdieron otra batalla: las Malvinas. Todavía seguimos pagando el botín de esa guerra. Esa mayoría, sin cuyo apoyo unánime no hubiera habido guerra, esa muchedumbre ahora más silenciosa que nunca, ¿puede pensar siquiera que por su adhesión activa vivimos este presente en el que estamos ahora?

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Los Héroes que en realidad fueron Víctimas. Sí, los de abajo, no los con jinetas que siguieron cobrando sueldos, pensiones y retiros. Ya en democracia tendría que haberse dicho la verdad y no encubrirla. Publicar oficialmente el Informe Rattenbach, la verdad sobre los hechos. Acusar con la verdad al crimen irresponsable de Galtieri y sus generales. Un documento que sirve para demostrar todo el interior obsceno de los militares del “proceso” de desaparición de personas. Un documento para que sea conocido por todas las generaciones que sufrieron el régimen y para las venideras.

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La guerra de Malvinas es una parte de la historia reciente argentina de la que poco se habla. Los datos y testimonios reunidos a lo largo de un cuarto de siglo han logrado quebrar el silencio oficial y poner al descubierto un hecho espeluznante: durante la guerra los soldados argentinos no sólo tuvieron que combatir al enemigo, sino al hambre, el frío y la inaudita incompetencia, cobardía y crueldad de sus propios jefes militares.

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La sociedad empezó a construir el imaginario del desaparecido en 1983. En ese marco, nació despolitizado y deshistorizado. Se lo invocaba mil veces, pero estaba vaciado de sentido. La democracia no se propuso indagar la complejidad de la violencia política que había producido esas desapariciones sino rescatar a la República Perdida. Tenía sus razones: el cuerpo y alma del desaparecido era contradictorio con el ideal democrático que cubría la ilusión de la sociedad.

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En los últimos años se han escrito en la Argentina una serie de trabajos que tienden a explicar la recuperación de la hegemonía por parte de la burguesía -entendiendo su pérdida en el sentido gramsciano de crisis de autoridad o crisis del Estado en su conjunto-, a partir de la política desarrollada por la dictadura militar instaurada en 1976. No es mi intención analizar críticamente estos enfoques, sí destacar que tienen la característica común de profundizar el análisis acerca del significado del Proceso abierto por los militares en el ‘76 y señalar su éxito al cerrar la crisis de hegemonía abierta en el ‘55. Por mi parte pretendo poner el acento en el rol jugado por el poder del trabajo en el período previo a la irrupción militar.

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La creciente demanda nacional y las nuevas demandas que generan los acuerdos internacionales firmados por el Gobierno Nacional con países latinoamericanos (como con las Repúblicas de Venezuela, Ecuador y Perú, a los que seguirán otros países) sustentó la necesidad de buscar un instrumento que sea eficaz para atender esa demanda. Nació así la idea de crear en el INTI un Centro de Transferencia del Conocimiento Productivo, desde el cual el Instituto se posiciona como el interlocutor gubernamental con los Ministerios de Producción y de Ciencia y Tecnología de esos países.

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Los progresos en los acuerdos logrados durante la visita de una delegación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina a Venezuela fueron puestos en conocimiento personal del Presidente Hugo Chávez en una reunión de gabinete en la que estuvo acompañado por siete ministros. La audiencia fue promovida por la Embajada Argentina en Venezuela y participaron el equipo completo del INTI, encabezado por su titular, Ing. Enrique M. Martínez, y la titular de dicha representación diplomática, Alicia Castro. En este mes de marzo comenzará a trabajar en Venezuela una comisión permanente del INTI.

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