Entrevista a Néstor Busso*: “La comunicación es un bien social”

Jorge Vilas
A partir del disgusto oficial con la cobertura periodística de los principales medios de comunicación sobre el conflicto agrario se disparó la posibilidad de discutir en el seno del poder político una nueva ley de radiodifusión. Desde los sectores que impulsan la democratización informativa se califica al momento como una oportunidad para avanzar en una regulación que preserve los derechos de los desplazados de la comunicación. Protagonista de esa lucha en los últimos años, la Coalición por una Radiodifusión Democrática hizo llegar su propuesta, resumida en los 21 Puntos Básicos para el Derecho a la Comunicación, Néstor Busso es uno de los referentes del agrupamiento. [size=xx-small][b]Artículos relacionados:[/b] .Medios de Comunicación: La información en un mundo globalizado / Carlos Gabetta* .El derecho humano a la información / RedCom* .Carta Abierta II. Por una nueva redistribución del espacio de las comunicaciones [/size]

Protagonista de esa lucha en los últimos años, la Coalición por una Radiodifusión Democrática –nucleamiento que reúne a entidades sociales, de derechos humanos, sindicales, organizaciones de radios comunitarias y cooperativas, entre ellas, el Instituto Movilizador– hizo llegar su propuesta, resumida en los 21 Puntos Básicos para el Derecho a la Comunicación, a la Presidenta de la Nación y a la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, para que sea tenida en cuenta a la hora de elaborar lo que será el proyecto oficial en la materia.

Néstor Busso es uno de los referentes del agrupamiento y tuvo la responsabilidad de explicar la propuesta en la reunión mantenida con la mandataria en la Casa Rosada. Vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y secretario del Foro Argentina de Radios Comunitarias (FARCO), Busso advierte que “parece haber decisión política y, sobre todo, fuerza social para conseguir una nueva ley de radiodifusión”.

–¿Cuáles son los objetivos de la Coalición?

–Hace cuatro años cuando nos plateábamos cómo conseguir respaldo para cambiar la ley, con la premisa de que la regulación es siempre producto de una correlación de fuerzas, nos propusimos la construcción de la coalición. Está integrada por todos los organismos de derechos humanos, los gremios de trabajadores de la comunicación, tanto de la CGT como de la CTA, las universidades nacionales, las carreras de comunicación, movimientos sociales, radios comunitarias, radios universitarias, cooperativas, pequeñas radiodifusoras privadas, entre otros. Es una fuerza importante que ha sido capaz no sólo de reclamar una nueva ley, sino de presentar una propuesta, los 21 puntos. Pero además de eso, creo que en el conjunto de la población está instalada la necesidad de expresarse, de hacer real eso que es un derecho escrito, legislado, pero que está poco vigente, la libertad de expresión. Hoy rige la libertad de prensa para unos pocos, pero las mayorías están silenciadas.

–Sin embargo la libertad de prensa es la bandera que levantan las empresas de la comunicación para oponerse a todo intento de regulación por parte del Estado, como si sólo se tratara de asuntos privados o de interés comercial.

–Es que la libertad de prensa sólo es un aspecto muy pequeño, parcial, respecto a derechos más amplios como la libertad de expresión y el derecho a la comunicación.
Si pensamos desde la perspectiva de la libertad de prensa, ¿cuál es la función del Estado? No actuar, porque cualquier cosa que haga el Estado en materia de comunicación sería coartar la libertad. Es el discurso empresario. Nosotros planteamos el derecho a la comunicación. ¿Quién es el sujeto de ese derecho? Todas las personas. El Estado debe garantizar que todos puedan expresarse, por eso hay que ponerle límites al poder económico. No límites en cuanto a las opiniones que puedan emitir, sino límites en cuanto a que no pueden acaparar todo. Hay que tener en cuenta que se está usando el espectro de frecuencias, es un recurso natural limitado y hay que distribuirlo con criterios democráticos, garantizando que todos tengan la posibilidad de expresarse. Si esas frecuencias son apropiadas por quienes tienen poder económico, las grandes mayorías quedan silenciadas. Entonces, libertad de prensa sí, libertad de prensa total, pero por encima de eso, libertad de expresión, derecho a la comunicación, derecho a la información. Que no sea la libertad del zorro en el gallinero, sino el derecho de todos a tener voz.

–¿Por qué considera que es fundamental debatir y sancionar una ley democrática pare regular la comunicación?

–Porque de alguna manera define el modelo de país que queremos. La actual es producto de la dictadura genocida y de la dictadura del mercado. La 22.285 original nació de la Doctrina de Seguridad Nacional, de un país donde podían hablar pocos, amigos y controlados. Eso fue modificado por decreto por Menem, que adecuó la ley al mercado, posibilitando los multimedios, promoviendo la concentración en la propiedad, liberalizando la publicidad para que todo sea mercancía en los medios. Necesitamos un país con inclusión, donde se escuchen todas las voces, y eso requiere una nueva comunicación, una nueva radio, una nueva televisión, por eso es necesaria una nueva ley si se quiere cambiar algo en este país.

–¿Es importante la decisión gubernamental en cuanto a impulsar un nuevo proyecto de ley?

–Por supuesto. Es un gobierno que dice querer trabajar dos ejes: la inclusión y la redistribución de la riqueza. Si eso es real, se necesita otra comunicación. Es indispensable posibilitar la palabra pública para los sectores silenciados, los empobrecidos, los saqueados. Lo primero que se le roba a un pueblo es su saber, luego su facultad de decir, y a partir de eso se le roban las posibilidades de tener y poder. La comunicación es sustancial, desde ahí se construye el relato social.

–Pero más allá de esa construcción de relato, los actuales multimedios tienen actuación en otros campos económicos y juegan periodísticamente en defensa de intereses concretos, tangibles.

–Exactamente. Los grandes grupos no son empresas periodísticas, son empresas que tienen diversas actividades en múltiples sectores, responden a intereses propios, corporativos. La palabra clave es concentración, en la propiedad, en la pauta publicitaria... Porque en una economía concentrada son pocas las empresas que acaparan la mayor cantidad de pauta publicitaria y que condicionan a los medios. Además hay concentración geográfica en Buenos Aires en desmedro del interior. Y concentración en lo que tiene que ver con la convergencia tecnológica, quienes son dueños de las nuevas tecnologías y al mismo tiempo producen contenido. La nueva ley debe crear las condiciones para evitar la concentración, para que se escuchen nuevas voces, que haya pluralidad y diversidad. Esto significa promover los medios en el interior del país, que cada localidad pueda hacer su propio relato de la realidad y no sólo escuchar las señales de Buenos Aires.

–¿Cuáles son los ejes de la propuesta que presentaron en abril a la Presidenta?

–La base es pensar la comunicación, la información, como un bien social. La radio y la televisión como el ejercicio de la libertad de expresión. Es absolutamente diferente de lo que pasa hoy, la comunicación es un bien comercial. A partir de esto, deben coexistir tres modelos de radiodifusión: el privado comercial que tenemos hoy, equilibrado con el social comunitario –radios y canales de TV gestionados por organizaciones libres del pueblo u organizaciones de la sociedad civil como se dice ahora–, y un tercer sector, los medios públicos no gubernamentales. Serían las tres patas de un sistema realmente plural.

–¿Los tres modelos distribuidos equitativamente?

–Claro, proponemos que el sector social debe disponer del 33% de las frecuencias en todas las bandas y en todas las regiones.

–Eso sólo se logra avanzando sobre la concentración actual, es decir, quitando medios a algunas corporaciones.

–Evidentemente.

–En ese caso hará falta una férrea voluntad política del Gobierno y los legisladores para implementarlo.

–Sin dudas. Eso requiere que la ley lo establezca con toda claridad, y que después se haga cumplir.

–En las reuniones que mantuvieron con la Presidenta, funcionarios del Ejecutivo y legisladores, ¿encontraron eco positivo para esta propuesta?

–Sí, incluso la Presidenta mencionó el esquema de los tres sectores. Está en el discurso oficial, vamos a ver si está en el proyecto de ley.

–¿La digitalización juega a favor de la desconcentración al generar más espacios disponibles?

–Es una gran oportunidad o un gran peligro, puede ser más concentración o democratización. Dependerá de la participación del Estado en el momento en que se haga el cambio de tecnología.

*Vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y secretario del Foro Argentina de Radios Comunitarias (FARCO).

Jorge Vilas. Periodista.

Fuente: [color=336600]Acción – segunda quincena de mayo 2008[/color]

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