En el mes de diciembre se han aprobado tres leyes muy significativas si se las aprecia como pasos decisivos en torno del proceso de consolidación y profundización del desarrollo con inclusión social. Estas leyes no han tenido la repercusión que se merecen, tapadas en los medios masivos de comunicación por noticias relativas al deseo de sus emisores de ocultar los cambios trascendentales que suponen los avances legislativos de nuestro Congreso nacional.

Creemos, entonces, necesario otorgar su justo relieve a estas nuevas normas vinculadas con actividades clave del país e intentar, con este modesto aporte, que se conozcan en su real esencia y en su importante aspecto hacia el futuro.

La legislación que pasó en forma airosa el escrutinio de nuestros legisladores fue iniciativa, en los tres casos, tanto de proyectos del Poder Ejecutivo como de propuestas de legisladores del Frente para la Victoria y su implementación permitirá ampliar los derechos sociales y económicos de los sectores sociales de menor nivel económico y de más bajo ingreso.

La mayoría de los datos de la economía nacional indican que 2014 ha sido un año de amesetamiento de la producción, con sectores que han evidenciado aumentos y otros, disminuciones; en muchos casos las producciones sectoriales crecieron durante algunos meses y se redujeron en otros. Estos comportamientos no han permitido identificar una tendencia clara para la economía, y de allí la designación de esta evolución como "amesetamiento". De hecho, el PBI para todo el año 2014 arrojaría una variación cercana al 0% comparado con el año anterior.

El modelo kirchnerista original crecía en base al mercado interno (con trabajo y producción nacional) y se financiaba con el superávit comercial, a la vez que los dos canjes de deudas realizados en el año 2005 y 2010 lograron hacer que disminuyera considerablemente el capital adeudado y estirar los plazos, con lo cual los servicios de la deuda (pago de los vencimientos de capital y de los intereses) representaban solo el 1,3% del PIB en el año 2012, cuando era por año de tres veces y media más en el período 1980-2001.

La mejora del perfil de deuda y las ventas al exterior donde prevalecen los acuerdos con China, demás países miembros del Brics y en la Unasur, logró frenar la restricción externa que implica para la producción en general y la industria en particular, dependiente de insumos y de energía importada, restricción que fatídicamente tiene su ciclo que se preveía pero que fue desencadenándose en forma más violenta ante la suba del precio del petróleo y el fin del dólar “barato” tras la crisis del año 2009.

El artículo se propone rendir homenaje a la obra del recientemente fallecido Ernesto Laclau, en especial se reivindica su compromiso político con los gobiernos nacional-populares latinoamericanos, particularmente el de su natal Argentina. Se pondera su teorización del populismo por haber convertido este fenómeno en un objeto conceptual complejo y digno de respeto.

El 10 de diciembre se cumplen 31 años desde la restitución de la democracia en nuestro país, al tiempo que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) celebramos estos acontecimientos como ciudadanos y empresarios comprometidos con el destino de nuestra Nación.

Al cierre de esta nota, el Senado de la Nación aprobó el pliego de Miguel Palazzani y lo dejó a un paso de ser el nuevo fiscal federal ante los Tribunales Orales de la Capital Federal, trámite al que sólo resta la rúbrica de la presidenta de la Nación. El visto bueno de los senadores de los distintos bloques políticos fue el único unánime otorgado a un pliego en la jornada.

Palazzani se crió en la región pampeana profunda, entre Bahía Blanca, Villa Iris y Guatraché. Se graduó en La Plata y antes de ser fiscal de Derechos Humanos bahiense, fue abogado querellante en juicios de lesa humanidad en Santa Rosa.

Los firmantes somos entidades representativas del empresariado nacional que venimos actuando con ejes comunes en el marco de la Convocatoria Económica y Social por la Argentina.

Hoy nos constituimos ante la sociedad como un espacio común conformado por un conjunto de organizaciones que abarcan una gran multiplicidad de actividades en ámbitos urbanos y rurales, con ideales comunes y una fuerte inserción en todo el territorio nacional, donde se desempeñan centenares de miles de unidades productivas que viven de su trabajo y sus esfuerzos cotidianos.

Convocados en la Universidad Católica Argentina, los mayores grupos económicos del país y los principales dirigentes de la oposición se dieron cita, el jueves pasado, para articular lo que uno de los participantes –Clarín– tituló como “inédito consenso” entre 900 líderes del gran mundo de los negocios corporativos. Se sugiere repasar la cobertura de Página/12, basada en fotos del acontecimiento que lo simbolizan por completo.

Argentina actual es un país que cuenta con 9.300.000 de trabajadores registrados que realizan mes a mes sus aportes previsionales y sociales, y según el Ministerio de Trabajo de la Nación infiere que existe un 34,5% más de trabajadores no registrados, que en conjunto conforman un significativo número que a su vez poseen cierta disciplina laboral y determinado nivel de capacitación, y lo más importante, con facultades de asimilar mayor conocimiento, que implica un potencial productivo mayor todavía.

Si a ello le sumamos la potestad de la tierra más fértil del mundo, con reservas ciertas de petróleo y gas en las piedras, con dotación significativa de agua potable, sin considerables conflictos internos ni externos, con cierta armonía y paz social, podemos considerar que, como diría un famoso jugador y técnico de futbol, “la base está”.

A partir de los años noventa, la corrupción se ha convertido en una cuestión socialmente problematizada en la Argentina. En efecto, el tema concita interés no solo en los medios de comunicación y en la ciudadanía, sino también en el propio ámbito científico. El presente trabajo analiza la vinculación entre neoliberalismo y corrupción. La hipótesis central es que la instalación de la corrupción en la agenda pública, así como la concepción particular que predomina sobre ella (centrada en la corrupción pública en desmedro de la corrupción privada), se encuentran motorizadas por el neoliberalismo.