Cuando el debate de la orientación de la política económica del próximo gobierno comienza a tomar cada vez más relevancia, la opinión del Fondo Monetario Internacional sobre lo que se tiene que hacer es un oportuno recordatorio. Es una guía para estar atentos de economistas de candidatos a presidente que replican esos mismos consejos. Esta observación no es sólo una cuestión ideológica sobre un organismo multilateral cuyo objetivo principal es el de ser auditor de los acreedores.

Frente a la última postura del FMI, el Gobierno defiende su política de defensa del trabajo y los ingresos. Persisten igualmente diversos desequilibrios en la economía.

Los bancos comerciales en Argentina, de acuerdo con la Ley de Entidades Financieras 21.526, de 1977, pueden realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios que no les sean prohibidas expresamente. Detalles del proyecto de ley para incrementar los controles.

A continuación, editamos los artículos publicados por Alfredo T. García y Magdalena Rua.

"Se debate en todo el mundo la contradicción entre mercado y Estado. Es decir, si los problemas se resuelven liberando la economía para que los agentes económicos hagan lo que crean más conveniente, o si el Estado marca la cancha y fija las reglas. Todas las políticas públicas tienen que ver con cómo se acumula y cómo se distribuye. Un ejemplo: la propia Secretaría de Finanzas de los Estados Unidos está preocupada por la evasión de las multinacionales. Decían en una nota que los 2 billones de dólares desviados a paraísos fiscales significan menos empleo, menos actividad económica, peores condiciones de vida para los estadounidenses, etcétera. Cuando uno mira que en un mundo en crisis hay cada vez más ricos que son más ricos, y del otro lado, más pobres que son más pobres, parece que la discusión Estado versus mercado debería estar saldada."

Como si se encontraran en un banquete de la era neoliberal, en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) un grupo de representantes intelectuales de las grandes corporaciones realizó un ataque desembozado al proyecto de desarrollo nacional con inclusión social que llevó a potenciar la producción local y el empleo. Desde el Empresariado Nacional (ENac), representantes de más del 90 por ciento de las empresas existentes en el país, tenemos el deber de explicar a la población que cuando estos sectores atacan el “gasto público”, en verdad están arremetiendo contra el fomento del mercado interno, y cuando reniegan de la “limitación a las ganancias por exportación” en realidad están impugnado la defensa de la soberanía económica”, como lo han hecho históricamente.

El encuentro fue el pasado miércoles en el Hotel Alvear. La organización corrió por cuenta del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, una entidad integrada por varias cámaras empresarias y presidida por Eduardo Eurnekian. Sus luminarias fueron Miguel Angel Broda, Carlos Melconian y el tosco José Luis Espert. A ninguno de los tres se lo conoce por sus aportes al pensamiento económico.

Hace unos días, el diario La Nación publicó en su tapa un titular que señalaba: “La herencia para 2016: deudas por U$S 25.000 millones”. En la nota se indicaba que “desde las instancias más altas del poder se ha dicho muchísimas veces que el problema de la deuda externa estaba solucionado”, sin embargo “Cristina Kirchner termina su segundo mandato sin haber podido solucionar el conflicto con los holdouts y con vencimientos en 2016 que podrían ascender a 25.000 millones de dólares, que deberá afrontar el próximo gobierno”.

Tras las brumas que tratan de instalar los principales medios hegemónicos, los candidatos de la oposición comienzan a definir sus planes con vistas a cerrar alianzas con el poder empresario y lograr su apoyo para llegar al gobierno. Como reflejo cabal de la sociedad que anhelan, sus apariciones se expresan en discursos poco sinceros y –en algunos casos– recurren a la famosa máxima de Menem: "Si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie." La estrategia opositora contrasta con la gestión de un gobierno que ha ampliado notablemente los márgenes de soberanía nacional y el horizonte de derechos sociales y culturales.

La “calle”, como espacio de expresión de las luchas sociales, puede ser también una radiografía de cada época. “En los ’70 peléabamos contra la explotación patronal, hoy peleamos por ser explotados, por la inclusión”, refería un dirigente piquetero de fines de los ’90 e inicios del 2000, con ironía pero con verdad. Ayer la pelea fue por la incidencia del Impuesto a las Ganancias sobre salarios de 20 o 30 mil pesos. Es una etapa diferente, que también requiere la adaptación de los instrumentos de política.

El Impuesto a las Ganancias “de la cuarta categoría” es uno de esos instrumentos que quedaron desencuadrados, fuera de época y, a veces, con resultados perversos en su aplicación. Emparchado varias veces durante los ’90 con fines recaudatorios (la tablita de Machinea es sólo un ejemplo, Cavallo las hizo peores), los retoques con fines más loables de épocas recientes terminaron por deformarlo más, hasta hacerlo incomprensible. El desconocimiento sobre cómo opera no es un problema menor para la búsqueda de un encuentro entre quienes lo critican y los otros que defienden su “carácter progresivo”.

–¿Dónde debería estar el foco en la discusión de una potencial reforma tributaria?

–Desde cualquier punto de vista, debería ser una reforma estructural que apunte a un sistema con estabilidad en el tiempo, algo pendiente en todo el período democrático.