Con una base territorial y la capacidad de movilizar a sus fieles, líderes cristianos se alinearon detrás del Presidente argentino. El avance del sector religioso en la política no es nuevo, pero cobró relevancia y tomó cargos con la llegada de Javier LLA al poder. Una construcción más amplia y preparada de lo que se cree.

Un informe de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), al que accedió PERFIL, analizó 23 expedientes judiciales iniciados en 14 jurisdicciones de todo el país. En promedio, las mujeres denunciantes tenían 27 años. El 54% pertenecía a las fuerzas armadas y el 46% restante, a las fuerzas de seguridad. La Policía Federal encabeza las denuncias. El 74% hizo una presentación interna antes de la denuncia penal.

Entre los apuntados en el fallo figuran Javier González Fraga, expresidente de la entidad, su vice, Lucas Llach, y otros 18 directivos, además de los empresarios a cargo de la empresa.

Bioceres S.A. informó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) que inició un proceso de concurso de acreedores, en el marco de una situación de incumplimiento de obligaciones financieras. La novedad surge de una presentación regulatoria vinculada a la estructura societaria del grupo y se da en un contexto de fuerte tensión financiera, con deudas impagas y procesos de reestructuración en curso.

El DNU 941/25 abre un profundo cambio epistemológico en los servicios de Inteligencia de Argentina: todas las actividades serán encubiertas, justificadas en nombre del “riesgo estratégico nacional” e incorporando la lógica de la “sospecha preventiva”. Formarán una red que se extiende sobre ministerios, registros, fuerzas armadas y de seguridad y podrá detener personas. Así, inteligencia, seguridad y coerción estatal vuelven a superponerse como en tiempos de la última dictadura. ¿Quién puede ponerle límite a este cambio profundo?

Un decreto inconstitucional