En nombre del Gobierno de la República Argentina le hago llegar las siguientes consideraciones. La Argentina ve con preocupación las divergencias de su gobierno y el Estado e Israel sobre las negociaciones para concluir un acuerdo que reduzca las tensiones sobre temas nucleares entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania y la República Islámica de Irán.

Sobre este lema sólo puedo reiterar la postura de mi gobierno de apoyar la resolución pacifica de los conflictos en base a negociaciones entre las partes involucradas. La Argentina, cabe recordar, lamenta que su gobierno no haya aceptado nuestro pedido que la causa del atentado terrorista a la sede de la Mundial Judía (AMIA) sea incluido en las negociaciones con la República Islámica de Irán, tal como se lo solicitáramos por escrito el mismo día que se hicieron públicas las negociaciones que hasta entonces hablan sido mantenidas en secreto.

Me contaban que en los últimos días, cuando terminaba de hablar en algún acto oficial, TN, el cable del monopolio Clarín, titulaba: "No mencionó a Nisman", "No habló de la marcha del 18F".

Es cierto que cuando hablo por cadena nacional se les dificulta apenas un poquito la tarea destructiva y depredadora de lo institucional. Pero la libertad de prensa, por suerte, no sufre mella. La cadena nacional del desánimo y el odio, comandada por Clarín, goza del privilegio de la libre expresión los 365 días del año durante las 24 horas.

Pero volviendo al reproche que se me hacía por mi "silencio", resulta curioso que cuando hablo de lo que algunos no quieren, un fiscal me exige que me calle, y cuando no hablo de lo que ellos quieren, me reclaman que hable. En síntesis: la palabra y el silencio parecen tener dueños en la Argentina.

Monte Castro se está movilizando ante el desembarco de un emprendimiento grandote que toma una fábrica catalogada y destruye la escala del lugar. La búsqueda de negocios, el impacto ambiental y la resistencia.

Los especuladores inmobiliarios y sus empleados arquitectos y urbanistas sueñan con una Buenos Aires de al menos cinco millones de habitantes, General Paz para adentro. Los empleados ponen cara de serios, de haber meditado el tema y ponderado estudios profundísimos para llegar a la conclusión de que esta ciudad de avenidas estrechas, mala infraestructura, caños centenarios y verde escaso debería duplicar su población. Es una curiosa convicción que no incluye detalles como dónde poner los coches, cómo pagar las instalaciones necesarias y crear alguito de verde para tanta gente. Pero los urbanistas y arquitectos a sueldo de los especuladores ponen cara de “eso es cosa del gobierno” y siguen hablando en abstracto, ese lugar tan conveniente.

I

Un hecho de profunda e inusitada gravedad ha alterado la vida política del país que, en su sustancia última, puede revelar el modo en que los llamados Servicios de Información afectan todas las instancias de la institucionalidad democrática de la Nación, sus estructuras jurídicas y políticas republicanas y el complejo comunicacional globalizado. Servicios de Informaciones, que además, se ligan ostensiblemente –hasta lo que la simple mirada pública puede conjeturar– con las agencias de Inteligencia de los Estados Unidos y sus países asociados. No influyen sólo por el poder de su clandestinidad en la esfera pública, sino porque toda una manera de emplear el lenguaje y los conceptos políticos –en medios de comunicación, círculos financieros, partidos políticos– toma su impulso de la idea de “fuente”, “operación”, “filtración”, “apriete”, “rumor”, “seguimiento”, “pinchadura”, etc. El propio concepto de información recubre todo esto, tanto desde una operación de amígdalas hasta tomar cuerpo humano como indicador de una semiología del terror.

La Asociación Argentina de Juristas -Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas, organización no gubernamental, con estatuto consultivo en la ONU- entre cuyos objetivos se encuentran la lucha por la autodeterminación de los pueblos, la promoción de los derechos humanos y su efectiva vigencia, y la defensa del estado democrático y social de derecho; expresa su profunda preocupación por la súbita aparición en nuestro país, de un conjunto de hechos típicos de los procesos de desestabilización institucional. Su característica enmarca a la perfección en la nueva metodología de los llamados "golpes blandos", contra los gobiernos que no se someten al dominio imperial y promueven la integración regional de América Latina y el Caribe, a través del Mercosur, la Unasur, la Celac y el Alba, para enfrentarlo. Se trata de construir en el imaginario social la imputación de responsabilidad en hechos repudiables, de la Presidenta de la República, sus funcionarios de mayor jerarquía, y de los sectores del partido de gobierno más avanzados en su discurso.

Una vez más se demostró que en la Argentina la verdad es más extraña que la ficción. Lo que parecía una teoría conspirativa tomó forma real; quién sabe qué está tramando el monstruo. Vuelven fuerzas oscuras del pasado, deseosas de cobrar venganza de la familia Kirchner porque el fallecido presidente Néstor Kirchner, esposo de su sucesora Cristina Fernández de Kirchner, los llevó a juicio por crímenes contra la humanidad.

La ley de inteligencia nacional N°25.520 fue promulgada el 3 de diciembre del 2001, 17 días antes de los 39 asesinatos. Fue reglamentada el 5 de junio de 2002, 21 días antes de la represión que se cobró la vida de Kosteki y Santillán. El Estatuto para el personal de inteligencia salió por decreto de Duhalde el día 6 de mayo de 2003, 19 días antes de que asumiera la presidencia Néstor Kirchner. La Ley 25.520 establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Inteligencia de la Nación, el cual está compuesto por: la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE, a cargo de Oscar Parrilli), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (a cargo de Sebastián Ciatti; lo llevó Berni, depende del Ministerio de Seguridad) y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (depende del Ministerio de Defensa y en la que manda el General Milani). Según el artículo 7 de la mencionada ley, “la Secretaría de Inteligencia dependiente de la Presidencia de la Nación será el organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional y tendrá como misión general la dirección del mismo”.

La muerte del fiscal Alberto Nisman constituye un suceso trágico y conmocionante que la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) deplora, al tiempo que repudia, los intentos de ciertos sectores políticos y grupos de poder económico y mediático por utilizarlo con fines ajenos al imprescindible esclarecimiento del hecho.

La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad denuncia la campaña de desestabilización de los medios hegemónicos internacionales, en conjunción con las fuerzas de la derecha autóctona, contra el gobierno legítimo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a partir de la muerte del fiscal Nisman, que la justicia argentina investiga. Esta campaña se complementa con el ataque sufrido contra la soberanía nacional por parte de los fondos buitre y se inserta en la ofensiva de Washington contra los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe.

Muy buenas tardes a todos y a todas, este es un lugar de posición un tanto inusual para comunicarme con ustedes, pero bueno contingencias de la salud y de prescripciones médicas me obligan a hacerlo de esta manera.

Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, en el día de la fecha, especialmente desde los comienzos de nuestro gobierno, de nuestros gobiernos, diría – año 2003 – el 25 de mayo del año 2003, el Presidente Néstor Kirchner, cuando asumía ante la Asamblea Legislativa, habló de algo nuevo, en la Argentina, que era necesario cambiar y que este cambio era en nombre del futuro, dijo que lo hacíamos, además, "por voluntad popular, por comprensión histórica y por voluntad política, por decisión política". Y creo que una de las características precisamente de aquellos tiempos fue abordar el tema de la impunidad en la Argentina como uno de los estigmas que arrastrábamos desde los inicios de la democracia, allá por el año 1983, combatir la impunidad se convirtió en uno de los pilares fundamentales de nuestro gobierno.