La debacle de 2001 por décadas de políticas de ajuste dictadas por la ortodoxia provocó una profunda crisis de representatividad de los políticos. Elevados niveles de desempleo y exclusión social en un escenario recesivo terminaron cuestionando la legitimidad de liderazgos políticos que quedó resumida en la consigna “Que se vayan todos”. La reversión de ese rechazo no fue producto de una campaña de marketing, sino que fue lograda a partir de iniciativas que reconciliaron a una parte de la sociedad con la esencia de la política. Durante el período en que la política descendía en la consideración de la población quedaba disimulada la crisis de representatividad de otros actores sociales, como la de las cámaras empresarias.

Las últimas décadas en la Argentina se han caracterizado por cambios muy bruscos y muy frecuentes de la política económica que muestran una oscilación pendular entre dos corrientes antagónicas: la corriente expansionista o popular y la ortodoxia o el liberalismo económico.

La corriente popular refleja las aspiraciones de las grandes masas de la población. Sus ideas en materia económica reconocen la influencia del modelo keynesiano y del nacionalismo económico. Sus principales objetivos son la distribución progresiva del ingreso y el pleno empleo.

Libro publicado en 1985

En la teoría económica, el principal componente del costo de la vida son los alimentos, es más, los economistas llamados clásicos (Adam Smith, David Ricardo, James Stuart Mill, y otros) hablaban de la ley de bronce del salario que es el valor de los alimentos, por eso, por ejemplo, David Ricardo igualaba al salario al costo del trigo, e infería que si se bajaba el costo del trigo (alimento) podrían bajar los salarios, que era la base para hacer un país industrial transfiriendo recursos de la tierra y del trabajo.

Pero para la Argentina la situación fue distinta. En primer lugar no somos un país pobre, al contrario, pero sí se tiene una injusta distribución y apropiación de lo que se produce, eso explica, por ejemplo, que produciendo granos por más de 100 millones de toneladas por año, capaz de alimentar más de 400 millones de personas, siendo un poco más de 40 millones de habitantes, tenemos parte de la población que no consume los alimentos necesarios para vivir.

La discusión de la nueva ley de hidrocarburos pone en primer plano, una vez más, las tensiones sempiternas entre la nación y las provincias. Sin embargo, el problema es más profundo y pareciera que no se lo está discutiendo en su dimensión más importante. Hasta ahora, los puntos conflictivos tienen que ver con el reparto de la renta petrolera y con la reivindicación que hacen las provincias de su derecho a decidir respecto de estos recursos.

Dos planos deben abordarse para comprender la herencia recibida por el kirchnerismo: el local y el global. El local, signado por una catástrofe social, y una estructura productiva afectada por la desindustrialización, la extranjerización y el endeudamiento.

Un grupo de entidades que representan a pequeñas y medianas empresas defendieron ayer los proyectos del Gobierno para regular las relaciones de consumo y producción a partir de las reformas a la Ley de Abastecimiento, la creación de un observatorio de precios y la puesta en marcha del fuero del consumidor. También indicaron que los grupos concentrados de la economía local hacen abuso de su posición dominante, por lo que los controles del sector público se vuelven una herramienta “de vital importancia”. A su vez, se pronunciaron a favor de la defensa de la soberanía nacional en la disputa judicial contra los fondos buitre, al tiempo que aseguraron que el desafío central del país es potenciar el proceso de industrialización con desarrollo económico a través de la inclusión social. “Existen agresores externos e internos, todos ellos bien calificados como buitres, que acosan a nuestra Nación con el fin de llevarla una vez más a una situación de crisis”, afirmaron.

Asociaciones que reúnen a pequeñas y medianas empresas celebraron ayer el Día de la Industria con un acto en el Cabildo. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), la Asociación Pyme, la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), la Confederación General Empresaria (CGE), la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) y Fedecámaras fueron los organizadores centrales del evento. Las entidades difundieron un documento conjunto para criticar a especuladores internacionales y del mercado interno que intentan generar un clima de incertidumbre en la población, mientras que llamaron a proteger las “conquistas” sociales y económicas de los últimos años.

“Estamos transitando un momento histórico, sin antecedentes, con buitres de afuera y de adentro, por lo cual hay que profundizar este modelo de inclusión con más mercado interno y más actividad. Las herramientas de política (económica) del Estado tienen que intervenir para defender a los consumidores y las pymes, para que se siga distribuyendo el ingreso de manera equitativa”, aseguró Rubén Manusovich, titular de Fedecámaras, que agrupa a los centros comerciales.

Los pequeños y medianos empresarios defendieron los proyectos legislativos que lanzó el Gobierno en los últimos meses. “La Ley de Pago Soberano permitirá al país cumplir (con sus compromisos financieros) sin la interferencia de actores que no tienen nada que ver con los acreedores”, mencionaron a través del documento titulado “El empresariado nacional rechaza a los buitres de afuera y de adentro”. A su vez, se mostraron a favor de las iniciativas que apuntan a regular las relaciones de producción y consumo del mercado interno. “La modificación a Ley de Abastecimiento, la creación del fuero de consumidores y la construcción de un observatorio de precios son medidas ‘coherentes’, porque apuntan a proteger a los consumidores y a las pymes frente a la posición dominante (de los grupos concentrados)”, precisaron.

Las asociaciones pymes subrayaron las transformaciones de la economía en la última década y aseguraron que el principal de-safío será fortalecer este proyecto de industrialización con inclusión social. “En este día de la industria tenemos mucho para festejar”, indicaron, mientras que al mismo tiempo el presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, decía que la entidad no había organizado ningún festejo porque la situación del país no lo permite.

“Llevamos once años que las pequeñas y medianas empresas registramos un desarrollo sostenido y lo vamos a seguir haciendo. No vamos a dar ni un paso atrás”, dijo Daniel Moreira, de Asociación Pyme. Los firmantes reclamaron no volver al esquema de reducción del Estado de los años ’90. “Algunos que quieren ser presidentes dicen que eliminarían algunos gastos. ¿Cuáles? ¿Ciencia y educación? ¿Qué es lo que quieren rebajar? Nos quieren volver a someter a las reglas de los organismos internacionales de crédito y las exigencias son no tener industria, no tener trabajadores. Nosotros decimos que no y ponemos el hombro a un proyecto nacional que nos incluye a todos”, cerró Eduardo Fernández, titular de Apyme.

A diferencia de otros países de América Latina, la historia económica argentina presenta como uno de sus rasgos más distintivos la periódica aparición de restricciones en el sector externo ocasionadas por la escasez de dólares para sostener las necesidades de la importación y, en mucho menor medida, el ahorro de las capas medias.

El programa Facultad Abierta realiza desde el año 2002 relevamientos generales de las empresas recuperadas por los trabajadores en todo el país, que permiten hacer un seguimiento del desarrollo de este proceso de autogestión del trabajo desde ese año hasta la actualidad. En este artículo se adelanta la primera parte del informe del cuarto elevamiento de empresas recuperadas en Argentina, realizado en 2013. El mismo muestra que el movimiento no solo no se ha estancado en aquellos casos provenientes de la crisis del 2001, sino que se ha consolidado y sigue creciendo, al punto que en los últimos tres años se han recuperado 63 nuevas empresas.

Primero se sancionó; después se derogó parcialmente; más tarde se modificó; luego se aplicó, y finalmente la Justicia decidió no sustentar sus fallos en la norma.

Éste es el derrotero que tuvo en los últimos 40 años la ley cuya modificación empezará a tratarse hoy en el Congreso. Se trata de una de las normas sobre las que menos coincidencia hay respecto de su vigencia o no. Bajo el número 24.680, fue sancionada en 1974, poco antes de la muerte del entonces presidente Juan Perón, con el nombre de "ley de abastecimiento y represión del agro". El artículo 12 prevé que los funcionarios podrán allanar comercios o empresas y requerir el apoyo policial si fuera necesario; secuestrar documentación; intervenir la mercadería en infracción; clausurar establecimientos, y citar a los ejecutivos de una empresa.

La última actualización del mínimo no imponible (MNI), que se realizó en 2013, llevó su valor a $15.000 brutos ($12.450 netos), uno de los valores más elevados de la posconvertibilidad. Considerándolo en términos reales a pesos de 2013, el MNI del soltero sin hijos a cargo arribó a su nivel más alto desde la crisis de la convertibilidad, en tanto que el del casado con 2 hijos permitió recuperar el valor previo a 2012 (año en el que no se había actualizado el tributo) y se posicionó por encima del valor promedio del período 2001-2006 y muy cercano a los del trienio 2009-2011. Solo fue superado en 2007-2008 cuando por las actualizaciones implementadas por el impuesto en ese bienio.