El 4 de julio se cumplen 3 años de la sanción de la Ley “Brisa” 27.452, que establece una reparación económica para lxs menores de 21 años cuando algunx de sus progenitores resulte víctima fatal de violencia intrafamiliar y/o de género. El monto mensual es equivalente a un haber jubilatorio y compatible con otras prestaciones sociales, como la Asignación Universal por Hijx (AUH). 

El graph de un canal de noticias dice: “Otro jugador denunciado por violencia de género”. Son casi las 8 de la mañana de un martes feriado. Otro jugador, no es el primero. Esta vez se trata de Enzo Fragoza, del club Olimpo de Bahía Blanca. La víctima, entrevistada por los conductores, cuenta a través del teléfono que sistemáticamente la amenazaba con acuchillarla y que padecía violencia desde hace un año, mientras la tele muestra en loop los chats intimidatorios y fotos de su cuerpo golpeado. Arriba, en el margen derecho de la pantalla, hay un cartel negro angosto con letras rojas que dice: “Si sufrís violencia de género, llama al 144”. A esa misma hora, en otro canal de noticias, la misma placa: están hablando del caso de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada por su ex novio, el policía Matías Martínez, en la ciudad bonaerense de Rojas.

Las experiencias de las mujeres en las fronteras vienen generando un interés creciente, alentado por los enfoques críticos en las ciencias sociales y el activismo feminista. En ese marco, es posible echar luz sobre las dinámicas circulatorias fronterizas, la violencia de género y el imperativo de marcar el cuerpo de las mujeres en las áreas limítrofes latinoamericanas. Pero también sobre los contradictorios procesos de sobrecarga productiva y reproductiva femenina, y su vinculación con la articulación de una agencia transfronteriza.

I

Nosotras paramos.

Contra los que nos quieren parar. Mientras transcurría el 31 Encuentro Nacional de Mujeres, violaban y asesinaban a Lucía en Mar del Plata. Un año antes, habíamos sido reprimidas en esa ciudad, como este año en Rosario.

Ya pasó más de un año desde que se inició la campaña Ni Una Menos. Hoy volvemos a reclamar, porque no vemos que haya políticas públicas para evitar los femicidios. Además tenemos que lamentar el cierre de programas nacionales de asistencia a las víctimas de violencia de género y que no haya planes ni acciones en ese sentido a nivel provincial.

La Argentina tiene hoy un presidente que no solo está vinculado con personajes como Raúl Martins, dueño de prostíbulos y acusado de trata de personas, sino también casado con una mujer denunciada por trabajar con talleres clandestinos que explotaban a niños y mujeres para abaratar los costos de sus prendas y continuar enriqueciéndose a costa del sufrimiento de los más vulnerables.

En América Latina persisten altísimos niveles de desigualdad de género, de violencia y femicidio, procesos de discriminación y exclusión que tienen como principales destinatarias a las mujeres de todas las edades.