El anuncio del Gobierno nacional sobre la creación de un “Gemelo Digital Social” puso en circulación una expresión tan sofisticada como inquietante. La fórmula suena futurista, limpia, casi inevitable: inteligencia artificial, datos integrados, predicción de escenarios, políticas públicas en tiempo real. Pero detrás de esa promesa tecnológica aparecen preguntas mucho menos prolijas: qué datos se van a usar, quién los va a administrar, qué empresas podrían intervenir, qué controles existirán, cómo se protegerá la privacidad y qué podrá hacer una persona si una decisión automatizada afecta sus derechos.

Para abordar el tema sin caer en el rechazo automático a la tecnología ni en el entusiasmo ciego por cualquier novedad digital, Nueva Data R4 dialogó con Marcelo Ruiz, trabajador docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto y director de la Diplomatura Superior en Tópicos de Datos y de la Maestría en Matemática Aplicada de la UNRC.

Ruiz parte de una premisa clave: la discusión no es técnica en sentido estrecho, porque hablar de inteligencia artificial estatal, de datos sociales y de modelos predictivos obliga a hablar también de poder, soberanía, desigualdad, corporaciones tecnológicas y democracia.

“Voy a ser un poco esquemático, pero nos va a simplificar una primera comprensión del problema y evitar las posiciones extremas a favor o en contra de la tecnología, tecnofobia o tecnofilia, sacadas de contexto”, planteó.

Desde esa advertencia inicial, el especialista propone mirar el anuncio en el marco de sociedades cada vez más desiguales, atravesadas por grandes grupos económicos, corporaciones tecnológicas transnacionales y Estados cada vez más permeables a esos intereses. Allí, los datos no son simples archivos administrativos, sino son una forma de poder.

“Cuando hablamos de datos y de inteligencia artificial, necesariamente tenemos que abordar la relación entre Estado, poder, tecnología y soberanía”, sostuvo Ruiz.

¿Qué es un gemelo digital?

La expresión “gemelo digital” no nació en el campo de las políticas sociales. Su desarrollo está asociado a la llamada cuarta revolución industrial y a la posibilidad de crear representaciones virtuales de procesos físicos, productivos o urbanos para simular escenarios antes de intervenir sobre ellos.

Ruiz toma como referencia el trabajo de Louise Amoore, que estudia la política de los gemelos digitales y advierte que el gemelo no debe ser entendido como una simple copia. En una fábrica, por ejemplo, puede construirse una representación virtual alimentada por sensores, imágenes, movimientos de robots, recorridos de trabajadores y datos de producción; ese modelo permite probar cambios antes de aplicarlos en el mundo físico.

El ejemplo citado por Ruiz es el de la planta de BMW en Regensburg, Alemania. Allí, el gemelo digital recoge datos de distinto tipo, desde texto y videos hasta imágenes y sensores robóticos, para simular procesos productivos y anticipar posibles resultados.

“Más que una copia, es la generación de un dispositivo que busca precisión para la toma de decisiones y la realización de acciones”, explicó.

El salto problemático aparece cuando esa lógica se traslada desde una fábrica, un motor o una ciudad hacia la sociedad. Modelar una línea de producción no es lo mismo que modelar poblaciones. Una cosa es anticipar cómo se moverá una máquina. Otra muy distinta es procesar información sobre ingresos, salud, educación, trabajo, territorio, consumos, programas sociales, trayectorias familiares o condiciones de vida de millones de personas.

Allí el gemelo digital deja de ser sólo una herramienta de planificación y se convierte en una tecnología política. Una forma de mirar, clasificar y eventualmente intervenir sobre la vida social.

Una herramienta que puede planificar, pero también controlar

Ruiz no niega que estas tecnologías puedan tener usos públicos valiosos, teniendo en cuenta que los gemelos digitales ya se aplican o se proyectan en ámbitos como el clima, la salud, la cardiología, la salud mental o la planificación urbana. También hay experiencias vinculadas a ciudades, como Barcelona, donde el Barcelona Supercomputing Center trabaja en modelos digitales urbanos.

Pero la pregunta no es si la tecnología puede servir. La pregunta es quién la gobierna.

“Estos desarrollos pueden traer mejoras a nuestras vidas como pueblo, pero en la medida en que estén inmersos en una dinámica de participación popular, con criterios de transparencia algorítmica y con el control de la ciudadanía de las propias instancias de auditoría”, señaló Ruiz.

 

Esa condición cambia todo, porque una herramienta estatal basada en inteligencia artificial puede ayudar a detectar necesidades sanitarias, anticipar demandas educativas, mejorar la distribución de recursos o planificar infraestructura, pero también puede convertirse en un dispositivo de vigilancia, clasificación o exclusión si opera como caja negra, sin control ciudadano y sin límites legales claros.

Y en esa línea, la diferencia no está en el brillo de la tecnología sino en el proyecto político que la usa.

El anuncio de Milei y la sospecha sobre el momento político

El Gobierno de Javier Milei presentó en mayo de este año, el Gemelo Digital Social como una base unificada de datos sobre la población argentina. Según lo informado públicamente, el sistema incorporaría información de organismos públicos y también de actores privados, con el objetivo de entrenar modelos predictivos y optimizar decisiones públicas en tiempo real.

Ruiz observa allí una primera alarma: el Gobierno promete una herramienta de enorme complejidad técnica mientras recorta o debilita las instituciones que podrían desarrollarla, auditarla y discutirla desde una perspectiva pública.

“Considero que el anuncio es muy preocupante, dado que el gobierno de Milei, Sturzenegger, Menem, Caputo y Bullrich ha desfinanciado a la educación superior y al sistema nacional de ciencia y tecnología a niveles inéditos en el país, incluso desmantelando áreas cruciales de planificación nacional”, afirmó.

La pregunta que deja abierta es directa: si el Estado nacional desfinancia a las universidades, al sistema científico y a las áreas públicas de planificación, ¿con qué capacidades propias piensa desarrollar una herramienta tan sofisticada?

“¿Con qué sectores va a desarrollar tan complejo dispositivo si son estas instituciones las que tienen los mejores grupos, a nivel nacional y con alta inserción internacional, con todas las capacidades para desarrollar en áreas como las ciencias de datos e inteligencia artificial?”, planteó.

La crítica dialoga con el análisis de Hernán Borisonik, investigador de la UNSAM, quien en Revista Anfibia advirtió que cuando un Estado anuncia que la inteligencia artificial puede reemplazar a la política real, muchas veces lo que aparece detrás es el desfinanciamiento de lo público y la compra de tecnologías hipermercantilizadas presentadas como salvación.

Ruiz retoma esa lectura y agrega un dato revelador del propio lanzamiento: en el video oficial, el Gobierno escribió que el sistema ayudaría a “predicir” el futuro. El error ortográfico, en un anuncio sobre tecnología avanzada, funcionó casi como síntoma.

Según Borisonik, citado por Ruiz, ese tropiezo exhibe la improvisación de una gestión que busca “hacer real una ficción que todavía no saben ni escribir”.

El detalle podría parecer menor y hasta jocoso, pero no lo es, porque cuando se promete predecir escenarios sociales con inteligencia artificial, pero no se explica con precisión qué datos se usarán, bajo qué normas, con qué actores y con qué controles, la falta de claridad deja de ser un error de comunicación para volverse un problema democrático.

Datos: lo nuevo no es que el Estado los tenga, sino cómo pretende cruzarlos

Ruiz aclara que no hay nada novedoso en que los Estados registren información sobre la población, teniendo en cuenta por ejemplo que los censos existen desde hace siglos, y que la estadística moderna nació, entre otras cosas, vinculada a las necesidades estatales de medir riesgos, enfermedades, muertes, seguros, producción, población y recursos.

Argentina cuenta desde hace décadas con organismos y sistemas de información que almacenan datos sensibles o estratégicos: el Registro Nacional de las Personas, la AFIP, el INDEC, el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, los registros educativos, previsionales, sociales, tributarios y territoriales. A eso se suman las bases provinciales y municipales. En Córdoba, por ejemplo, Ciudadano Digital concentra múltiples trámites e información de la vida cotidiana.

“El Estado nacional y los estados provinciales cuentan con repositorios de datos, registros administrativos o sistemas de información con múltiples bases subyacentes con datos muy completos sobre la población”, explicó Ruiz.

 

En ese sentido, contar con datos no es el problema. Al contrario: toda planificación pública seria necesita información. No se puede diseñar una política sanitaria, educativa, habitacional o laboral sin saber qué ocurre en los territorios.

“El problema es qué relación tiene el uso de los datos con la ley de protección de datos, qué área del Estado va a auditar ese uso y de qué modo la población va a participar de ese control”, remarcó.

La diferencia está entre usar datos para ampliar derechos o usarlos para restringirlos; entre planificar políticas públicas o clasificar poblaciones; o detectar necesidades, versus construir perfiles de riesgo social; entre fortalecer el Estado o entregarle la infraestructura de datos a actores privados.

Parecería una diferencia obvia - pero nada en esta Argentina es obvio- y la historia contemporánea demuestra que lo obvio necesita ley, auditoría y vigilancia ciudadana, porque los poderes concentrados no suelen autorregularse.

Privacidad: una defensa colectiva frente al abuso de poder

Uno de los puntos más profundos del planteo de Ruiz aparece cuando desplaza la privacidad del terreno individual al terreno político: la privacidad no es sólo “mi dato”, “mi trámite” o “mi historia clínica”, porque en sociedades desiguales, la privacidad es una barrera colectiva frente al abuso de poder.

Ruiz recupera allí los aportes de Carissa Véliz, filósofa e investigadora de la Universidad de Oxford, quien ha insistido en que la democracia necesita que la ciudadanía conserve control sobre sus datos. Para Véliz, la privacidad no protege únicamente secretos individuales: protege la posibilidad misma de vivir sin ser permanentemente observados, perfilados, manipulados o castigados.

“Desde un punto de vista ciudadano, la preservación de la privacidad no debería ser solamente un derecho individual sino también una obligación colectiva”, sostuvo Ruiz.

En esa línea, la pregunta por el Gemelo Digital Social no es solamente qué información entregaría cada persona. Es qué puede hacer el Estado, o una empresa asociada al Estado, cuando cruza millones de datos sobre salud, ingresos, educación, trabajo, geolocalización, consumos, planes sociales, discapacidad, deudas, jubilaciones, niñez o trayectoria familiar.

Véliz advierte que muchas grandes empresas tecnológicas no obtienen sus mayores ganancias por vender dispositivos, sino por extraer datos a través de ellos. Así, teléfonos, computadoras, plataformas, correos, redes y aplicaciones son también máquinas de captura, mientras la economía digital dominante convirtió la vida cotidiana en materia prima.

Ruiz lo resume con claridad: las plataformas producen la narrativa de que entregar datos es voluntario, cuando muchas veces no lo es. En la práctica, quedar afuera de ciertos sistemas digitales significa perder acceso a trámites, servicios, comunicación, trabajo, educación o derechos.

Por eso la privacidad no puede quedar reducida al “aceptar términos y condiciones” que nadie lee, ese pequeño rito de rendición civilizatoria que hacemos todos los días con cara de nada.

Arsat, soberanía y extractivismo de datos

El debate se vuelve todavía más sensible cuando aparece la posible infraestructura donde se alojaría el Gemelo Digital Social, y para responder a ello, Ruiz retoma el análisis de Alfredo Moreno, publicado en Esfera Comunicacional, sobre el rol estratégico de Arsat.

Arsat no es una empresa cualquiera. Se trata de una infraestructura pública clave en telecomunicaciones, conectividad, satélites y procesamiento de datos que en 2014 puso en funcionamiento el Centro Nacional de Datos, que implicó un salto cuantitativo y cualitativo para el almacenamiento y procesamiento de información en Argentina.

“Arsat es la empresa pública de telecomunicaciones y procesamiento de datos más importante de nuestro país”, recordó Ruiz.

Según el análisis que recupera el docente de la UNRC, Arsat estaría en la mira de sectores vinculados a las grandes corporaciones tecnológicas. Y allí aparece otro actor central en la trama: Peter Thiel.

Thiel, fundador de Palantir Technologies, es una de las figuras más influyentes del poder tecnodigital global, y en esa línea, Enzo Girardi, también desde Revista Anfibia, lo ubica dentro de una nueva élite de empresarios tecnológicos con injerencia en energía, comunicaciones, defensa, seguridad e inteligencia.

Ruiz retoma esa caracterización y advierte que Palantir “vende” productos directamente asociados a estructuras de gemelos digitales. Girardi, incluso, define a la empresa como la nave nodriza del nuevo complejo militar industrial digital.

“Thiel encabeza a un grupo de CEOs de corporaciones tecnológicas gigantescas que constituyen un nuevo tipo de élite mundial con injerencia en energía, comunicaciones y defensa”, señaló Ruiz.

El problema no es mencionar a Thiel como si fuera un villano de serie futurista, sino mirar el mapa real de intereses. Si un gobierno anuncia una base unificada de datos sociales, al mismo tiempo que se vincula con actores globales del negocio del análisis masivo de información, la pregunta por la soberanía deja de ser abstracta.

Ruiz propone leer ese movimiento como parte de un posible extractivismo basado en datos: así como existen formas de extractivismo sobre la tierra, el agua, los minerales o la energía, también existe una economía política centrada en capturar, procesar y valorizar datos sociales.

“Este anuncio puede estar asociado a una decisión del gobierno nacional de impulsar un extractivismo basado en datos”, advirtió.

La pregunta que deja flotando es incómoda: ¿qué relación puede existir entre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el llamado Súper RIGI, la infraestructura pública de datos y el interés de las megaempresas tecnológicas?

Inteligencia artificial: una técnica que no es neutral

Ruiz insiste en que la inteligencia artificial no debe pensarse como una herramienta neutral: en tanto técnica de reconocimiento de patrones, sus usos, objetivos y resultados están atravesados por los intereses que la diseñan, financian e implementan.

Para reforzar esa idea, cita a Matteo Pasquinelli, autor de El ojo del amo, quien sostiene que la división del trabajo influye en el diseño mismo de la máquina. Es decir, las tecnologías no nacen en el vacío: condensan relaciones sociales, económicas y políticas.

Un ejemplo que Ruiz menciona es el desarrollo de inteligencia artificial para vehículos no tripulados, ya que esos sistemas estudian decisiones, trayectorias y patrones de conducción de trabajadores humanos, como camioneros, con el objetivo de reemplazar en el futuro ese trabajo por trabajo automatizado.

La tecnología aprende del trabajador para volverlo prescindible. Una joya del progreso, si uno consigue ignorar a la gente que queda debajo de las ruedas.

La pregunta, entonces, no es sólo qué puede hacer la IA. Es para qué fue construida, quién se beneficia, quién queda expuesto y qué consecuencias sociales produce.

“Si el desarrollo de una IA tiene como objetivo encontrar patrones para mejorar las prestaciones de salud en los dispensarios de Río Cuarto es una cosa; muy distinto sería desarrollar una IA que discrimine asignaciones sociales universales según género o etnia para profundizar la discriminación social o generar odio”, ejemplificó Ruiz.

Sin embargo, advierte que incluso esa distinción puede ser reduccionista porque hay sistemas que no fueron diseñados explícitamente para dañar, pero producen daños porque optimizan otros objetivos. El caso de los algoritmos de recomendación de YouTube, analizado por Justin Joque, muestra cómo una herramienta pensada para retener usuarios y vender publicidad puede terminar empujando hacia contenidos conspirativos, reaccionarios, misóginos o supremacistas.

El algoritmo no necesita “querer” radicalizar, le alcanza con descubrir que la radicalización retiene atención, y si retiene atención, produce valor.

Ahí aparece una dimensión más profunda: la inteligencia artificial puede funcionar como una tecnología de extracción no sólo de datos, sino también de conducta, tiempo, deseo, miedo y atención.

De la gobernanza algorítmica al gobierno de las personas

Las referencias de Ruiz también permiten pensar este fenómeno desde la idea de “gobernanza algorítmica”, trabajada por Antoinette Rouvroy y Thomas Berns, y luego por Rouvroy junto a Bernard Stiegler. Ese enfoque plantea que los algoritmos no sólo ordenan información: también producen formas de gobierno sobre la vida social.

En lugar de intervenir sobre sujetos reconocidos como ciudadanos, la gobernanza algorítmica trabaja sobre huellas, perfiles, correlaciones y predicciones.  De este modo ya no necesita preguntarle a una persona qué piensa, qué necesita o qué desea, le alcanza con inferirlo a partir de sus rastros digitales.

Ese desplazamiento es decisivo, y si el Estado comienza a tomar decisiones a partir de modelos que clasifican poblaciones según probabilidades, el riesgo es que las personas dejen de ser tratadas como sujetos de derecho y pasen a ser tratadas como perfiles de riesgo, de consumo, de asistencia, de fraude o de amenaza.

Ruiz lo formula desde otra entrada, pero con la misma preocupación: “La línea roja es el tipo de proceso de democratización que logremos protagonizar”.

Para el docente de la UNRC, no alcanza con reclamar transparencia técnica. Hace falta discutir qué democracia puede controlar estas herramientas y qué ciudadanía puede participar de sus decisiones.

“Hay que lograr salir de esta actual democracia que ya casi ni es delegativa, con niveles alarmantes de pauperización y de exclusión de la mayoría de la población en términos de acceso a derechos elementales como educación, salud y vivienda, para ingresar en un ciclo de real profundización democrática, de recuperación de soberanía que no sólo sea nacional sino también ciudadana y popular”, afirmó.

Transparencia algorítmica, en criollo

Uno de los conceptos centrales del debate es la transparencia algorítmica, es decir: si un sistema automatizado ayuda a tomar decisiones que pueden afectar derechos, la ciudadanía tiene que saber cómo funciona.

Eso implica conocer quién lo diseñó, quién lo entrenó, con qué datos, bajo qué criterios, qué empresa intervino, qué área del Estado lo controla, qué margen de error tiene, qué sesgos fueron detectados, qué auditorías se hicieron y cómo puede reclamar una persona si el sistema la perjudica.

Ruiz plantea que comprender qué es un algoritmo no puede ser tarea exclusiva de matemáticos, programadores o especialistas en computación. También debe ser parte de las ciencias sociales, las humanidades, la escuela, las universidades, el periodismo y las organizaciones sociales.

“La comprensión de lo que un algoritmo es y especialmente del aprendizaje estadístico orientado al reconocimiento de patrones no es sólo un problema de la computación y de la matemática; también lo es de las ciencias sociales y de las humanidades”, sostuvo.

En este punto, vuelve a aparecer Carissa Véliz. La investigadora advierte que muchas grandes compañías y gobiernos tienen interés en que no se conozca cómo se generan, procesan y utilizan los datos. Ruiz coincide, pero evita trasladar toda la carga a la ciudadanía individual.

“Véliz aclara que no hay que incurrir en el error de poner la responsabilidad sobre el pueblo, que está sobrepasado por el nivel de burocracia y de trabajo”, señaló.

Por eso, el debate debe entrar en sindicatos, movimientos sociales, universidades, escuelas, organizaciones territoriales, medios de comunicación y ámbitos legislativos. Si los algoritmos van a intervenir sobre la vida colectiva, la discusión también tiene que ser colectiva.

La experiencia internacional y las advertencias de los Estados predictivos

El Gemelo Digital Social argentino no aparece en un vacío. Borisonik analiza experiencias de Estados predictivos en India, Países Bajos y Gran Bretaña, y para este último caso, se implementó un sistema automatizado para detectar fraudes en programas de beneficios sociales universales. El resultado fue alarmante: miles de personas fueron señaladas como sospechosas, y una investigación posterior mostró que los modelos de clasificación estaban sesgados por factores como discapacidad, edad y nacionalidad.

Ruiz retoma ese antecedente para advertir que el error algorítmico no es una abstracción sino que puede afectar ingresos, tratamientos, becas, medicamentos, alimentos, jubilaciones, ayudas sociales o acceso a derechos básicos.

“En Argentina la utilización de este tipo de dispositivos puede ser muy grave dado que no contamos con organismos de control sobre estrategias estatales ni privadas vinculadas con la utilización de este tipo de estrategias algorítmicas de predicción”, advirtió.

La ausencia de una regulación específica sobre inteligencia artificial agrava el escenario, porque si bien existen normas de protección de datos personales, pero no alcanzan por sí solas para ordenar sistemas complejos de IA estatal, integración de bases, modelos predictivos, intervención privada y toma de decisiones automatizadas.

En ese sentido, Ruiz menciona la importancia de discutir estándares internacionales como la ISO/IEC 42001, la primera norma internacional sobre sistemas de gestión de inteligencia artificial. Ese tipo de marcos puede aportar criterios sobre gestión de riesgos, transparencia, gobernanza, monitoreo y mejora continua. Pero una norma técnica no reemplaza una ley democrática ni organismos públicos con poder real de auditoría.

Antes de implementar un sistema de estas características, deberían exigirse reglas claras: ley específica, auditorías independientes, control parlamentario, participación ciudadana, evaluación de impacto en derechos humanos, protección de datos sensibles, prohibición de usos discriminatorios, trazabilidad de decisiones, publicación de proveedores tecnológicos, mecanismos de reclamo y revisión humana obligatoria cuando una decisión automatizada afecte derechos.

Sin eso, la promesa de eficiencia puede convertirse en una burocracia más opaca, más rápida y más difícil de apelar. 

No es cuestión de buenas intenciones

Ruiz es categórico en este punto. Para él no alcanza con confiar en que un gobierno utilizará bien los datos porque la historia institucional enseña que los derechos no pueden descansar en promesas, menos todavía cuando se trata de tecnologías difíciles de auditar para la ciudadanía común.

“No es un problema de buena intención sino de la construcción de normativas que regulen el uso de los datos por parte de los Estados y del gran capital tecnodigital”, afirmó.

La frase apunta al corazón del asunto: el uso masivo de celulares, redes sociales, plataformas, correos electrónicos y trámites digitales ya ocurre en un contexto de enorme opacidad y la vida cotidiana se digitalizó más rápido que los mecanismos democráticos para controlarla.

Ruiz diferencia entre uso tecnológico y democratización tecnológica, ya que es necesario tener presente que millones de personas usen celulares no significa que tengan poder sobre la tecnología. Muchas veces significa lo contrario, y dependen de infraestructuras, plataformas y reglas que no conocen, no deciden y no pueden modificar.

“Hoy hay un uso masivo de este tipo de tecnologías de extracción de datos, pero como caja negra, lo que es muy distinto de una democratización tecnológica”, sostuvo.

Por eso insiste en fortalecer organismos de control con acceso popular real y en recuperar instituciones debilitadas, como la Defensoría del Público. También ubica un rol central en el periodismo de investigación, la educación pública y las universidades.

“Hoy es muy importante sostener el periodismo de investigación; sin este sector una buena parte de los negociados que he mencionado no se conocerían”, señaló.

Morozov, Baum y la pregunta por el modelo de país

El debate también dialoga con Evgeny Morozov y sus discusiones sobre “socialismo digital”, donde plantea que las tecnologías digitales no tienen por qué quedar subordinadas al capitalismo de plataformas. Pueden pensarse como infraestructuras públicas, democráticas y orientadas a necesidades sociales, siempre que exista otra arquitectura política.

Esa perspectiva permite correr la pregunta: el problema no es la inteligencia artificial en sí, sino el modelo bajo el cual se desarrolla. Una IA estatal podría ayudar a planificar mejor, reducir desigualdades, mejorar servicios públicos o fortalecer capacidades soberanas, pero también puede servir para administrar pobreza, vigilar conflictividad social o hacer más eficiente el ajuste.

Ruiz conecta esa discusión con una advertencia que Gabriel Baum, de la Universidad Nacional de La Plata, hizo durante el debate por la Ley de Economía del Conocimiento: Argentina no debe mirar sólo las demandas de las cadenas globales, sino discutir qué modelo integral de desarrollo tecnológico necesita.

“¡Cuánta razón tenía!”, expresó.

 

La pregunta sigue vigente. ¿Queremos tecnología para integrarnos subordinadamente a las necesidades de las grandes corporaciones globales o tecnología para fortalecer capacidades públicas, federales, científicas y democráticas? ¿Queremos vender datos, alojar negocios ajenos y resignar soberanía, o construir infraestructura propia con control ciudadano?

La respuesta no está en un laboratorio sino en la/s política/s.

2073, posdemocracia y el riesgo de naturalizar la distopía

La conversación también derivó - casi necesariamente- hacia la reciente  docuficción 2073, protagonizada por Naomi Ackie, que imagina un futuro distópico marcado por el colapso democrático, la vigilancia y la pérdida de libertades. La pregunta era inevitable: ¿pensar estos escenarios es conspiranoico o estamos más cerca de lo que creemos?

Nuestro especialista no lo minimiza. “Estamos asistiendo tal vez a una posdemocracia”, afirmó.

El concepto permite pensar un régimen donde las formas democráticas pueden seguir existiendo, pero las decisiones sustantivas se desplazan hacia élites económicas, tecnológicas y financieras que no rinden cuentas ante la ciudadanía. Girardi, citado por Ruiz, describe ese mundo como liberal tecnocrático, jerárquico y elitista.

En ese marco, Milei aparece como una figura política que no sólo reduce el Estado, sino que asume la vocería de un régimen que promete reemplazar deliberación pública por gestión algorítmica, derechos por eficiencia y política por administración técnica.

“Recordemos cómo Milei llega al gobierno, asumiendo la vocería de este régimen y anunciando ser el topo que viene a destruir el Estado”, remarcó Ruiz.

La frase es potente porque permite comprender la paradoja: un gobierno que dice querer destruir el Estado anuncia, al mismo tiempo, una herramienta estatal capaz de integrar datos masivos de la población. Menos Estado para garantizar derechos, más Estado para mirar, cruzar, predecir y eventualmente clasificar.

La distopía no llega necesariamente con robots caminando por la calle, sino que a veces llega con formularios, convenios, servidores, proveedores privados y una presentación institucional con faltas de ortografía.

Pese a la gravedad del diagnóstico, Ruiz no clausura el horizonte. Para él, Argentina todavía tiene posibilidades de construir una agenda democrática futura. Eso implica recuperar el proceso de democratización tantas veces interrumpido por los bloques de poder, pero también actualizarlo frente a las nuevas formas de dominación digital.

“Creo que todavía en nuestro país hay chances de contar con una agenda democrática futura; esto es, hay posibilidades de recuperar el proceso de democratización interrumpido tantas veces”, sostuvo.

Esa agenda debería incluir defensa de la universidad pública, fortalecimiento del sistema científico, soberanía sobre infraestructuras estratégicas como Arsat, regulación democrática de la inteligencia artificial, control ciudadano sobre los datos, transparencia algorítmica, participación de organizaciones sociales y periodismo de investigación.

También debería recuperar una idea básica: las personas no son bases de datos. No son perfiles predictivos. No son probabilidades de fraude, consumo, riesgo o asistencia. Son sujetos de derecho.

El Gemelo Digital Social puede presentarse como una herramienta para mejorar políticas públicas, pero en ausencia de explicaciones claras, auditorías independientes, participación ciudadana y límites legales robustos, también puede convertirse en una tecnología de vigilancia y clasificación social.

Por eso el debate no debería reducirse a si la inteligencia artificial es buena o mala - esa pregunta es demasiado pobre para un problema tan grande-. La pregunta real es quién la controla, con qué datos se alimenta, qué intereses la orientan, qué derechos puede afectar y qué democracia será capaz de ponerle límites.

Porque cuando el Estado dice que quiere predecir el futuro, la ciudadanía tiene derecho a preguntar qué piensa hacer con el presente.

 

^{Fuente: Nueva Data R4 - Junio 2026}