El mundo atraviesa una coyuntura crítica y todas las miradas están puestas en las múltiples crisis sanitaria, económica y ambiental, que estamos atravesando.

La situación es muy distinta a la de hace seis años, cuando se establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y, desafortunadamente, los datos (SOFI 2021) indican que no hemos avanzado hacia el cumplimiento de las metas dirigidas a poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año, así como erradicar todas las formas de malnutrición.

Se estima, de hecho, que la inseguridad alimentaria moderada o grave lleva creciendo lentamente desde 2014, pero, lo más alarmante es que el aumento estimado para 2020 equivalió a la suma de los cinco años anteriores y el peor dato tal vez sea que ninguna región del mundo se ha librado.

Según nuestros cálculos, entre 720 y 811 millones de personas padecieron hambre en 2020, 118[i] millones más que en 2019, unos 46 millones de personas más en África, 57 millones más en Asia y unos 14 millones más en América Latina y el Caribe.

Datos estremecedores, sobre los cuales penden muchas amenazas: por un lado, la variabilidad climática y los fenómenos meteorológicos extremos que socavan los resultados, así como los conflictos en varias regiones del planeta, a lo que se ha sumado la pandemia de COVID‑19, con un efecto devastador en la economía mundial, al desencadenar una recesión sin precedentes que no se conocía desde la Segunda Guerra Mundial.

Los precios mundiales de los alimentos se han disparado varias veces en las últimas décadas, sobre todo en 2007-2008 y nuevamente en 2010-2011. Ahora, el índice de precios de los alimentos de la FAO ha ido subiendo a lo largo de los últimos dos años, ubicándose en octubre en su nivel más elevado desde julio de 2011. El último aumento intermensual se debió principalmente a la continua fortaleza de los precios mundiales de los aceites vegetales y los cereales pero el incremento de los precios de fertilizantes desde noviembre por la escasez de gas natural en Europa, y la reducción de gas en el Golfo de U.S.A, conjuntamente con nuevas medidas de restricción a la exportación impuestas por Rusia y China, están también poniendo en riesgo la producción futura y ergo la seguridad alimentaria mundial.

La persistencia de los altos niveles de desigualdad de ingresos, sumada al elevado costo de las dietas saludables, hizo que en 2019 estas fueran inasequibles para cerca de 3 000 millones de personas en todas las regiones del mundo. Asimismo, la obesidad en adultos sigue aumentando, sin que se observen indicios de inversión de la tendencia a escala mundial o regional.

El aumento más elevado del número de personas que no podían permitirse una dieta saludable se registró en América Latina y el Caribe (8,4%), lo que se debe en gran medida al aumento registrado en América del Sur (14,3%), atribuible a su vez en gran parte a la Argentina, que registró un aumento del 49% en el costo de una dieta saludable entre 2017 y 2019.

Un fuerte y repentino aumento en los precios, especialmente en cereales como el maíz, el trigo y el arroz, suele tener consecuencias dramáticas para las familias de bajos ingresos y puede desencadenar o exacerbar conflictos en las regiones más vulnerables. Además, no hemos de olvidar que los países que intentan proteger a su población de los efectos de un aumento repentino del precio de los alimentos, a través de restricciones comerciales como prohibiciones de exportación o algún tipo de control de precios, a menudo terminan agravando la crisis alimentaria.

La situación podría haber sido peor sin las respuestas de numerosos gobiernos y sin las impresionantes medidas de protección social que han implantado durante la crisis desencadenada por la COVID-19, pero es evidente que urge una transformación de los sistemas agro-alimentarios mundiales.

Además, el año en curso ha sido fundamental para que la seguridad alimentaria y la sostenibilidad marquen la agenda internacional, gracias a la Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento de Tokio en diciembre 2020, la Cumbre sobre los Sistemas Agro-Alimentarios de Nueva York en septiembre de 2021 y la COP26 sobre Cambio Climático de Glasgow en noviembre de 2021. Está claro que los resultados de estos acontecimientos están ahora determinando las medidas que se adopten durante los próximos años para lograr la sostenibilidad de los sistemas agro-alimentarios locales, regionales y mundiales. Es central que todas estas cumbres se vean como partes del sistema agro-alimentario y no como silos independientes, esa es la única forma en la que podremos progresar, de lo contrario caeremos en lo acostumbrado de diseñar medidas de forma aislada sin tomar en cuenta los efectos que estas pueden tener en otros sectores.

El hambre no se erradicará para 2030 a no ser que se adopten medidas audaces para acelerar el progreso, en particular para hacer frente a la desigualdad en el acceso a los alimentos, tanto que, de mantenerse constante todo lo demás, unas 660 millones de personas podrían seguir padeciendo hambre en 2030. Por todo ello, desde FAO estamos firmemente decididos a aprovechar la oportunidad sin precedentes que ofrecen estos acontecimientos para impulsar compromisos para erradicar la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas y ofrecer dietas asequibles y saludables para todos, así como a construir un futuro mejor con posterioridad a la pandemia de la COVID-19.

Así, en la Cumbre sobre los Sistemas Agro-Alimentarios, el pasado 23 de septiembre, se establecieron más de 200 compromisos de acción por parte de la sociedad civil, agricultores, jóvenes y pueblos indígenas, gracias a un proceso inclusivo de máxima participación, y más de 85 compromisos de jefes de estado de todo el mundo.

Cabe destacar que, en un estudio reciente publicado por la revista Food Policy, hemos constatado que una combinación de varias intervenciones de bajo costo puede tener enormes impactos, especialmente invirtiendo ahora en aquellas que requieren más tiempo para dar sus frutos. De esta manera, acabar con el hambre no sería prohibitivo, como se suele pensar.

Las estimaciones indican que entre aproximadamente 39.000 y 50.000 millones de dólares estadounidenses adicionales anuales hasta 2030 a nivel mundial permitirían alcanzar el objetivo “hambre cero”. Pero el acceso a alimentos nutritivos y dietas saludables no es solo cuestión de costo y asequibilidad. Muchos elementos del entorno alimentario determinan los hábitos alimentarios, pues la cultura, el idioma, las prácticas culinarias, los conocimientos y los hábitos de consumo, las preferencias alimentarias, las creencias y los valores están relacionados con la forma en que se obtienen, generan, producen y consumen los alimentos. Los hábitos alimentarios han cambiado y han tenido efectos tanto positivos como negativos en la salud humana y el medio ambiente. Se desconocen los costos ocultos para la salud humana y el medio ambiente que caracterizan a la mayoría de los sistemas agro-alimentarios actuales. Dado que en su mayoría no se miden, tampoco se abordan ni se tienen en cuenta en los precios de los alimentos, lo cual pone en peligro, en última instancia, la sostenibilidad de los sistemas agro-alimentarios.

Por tanto, en función del contexto específico de cada país y de los hábitos de consumo imperantes, se necesitan políticas, leyes e inversiones que permitan crear entornos alimentarios más saludables y empoderar a los consumidores para que sigan hábitos alimentarios nutritivos, saludables e inocuos que tengan menor repercusión en el medio ambiente.

La coherencia en la formulación y la aplicación de políticas e inversiones entre los sistemas agro-alimentarios, sanitarios, ambientales y de protección social será esencial para aprovechar las sinergias con miras a encontrar soluciones más eficientes y efectivas a fin de que los sistemas agro-alimentarios aporten dietas asequibles y saludables de forma sostenible e inclusiva.

Se necesitan enfoques de sistemas para conformar carteras coherentes de políticas, inversiones y leyes, y facilitar soluciones que beneficien a todos, al tiempo que se gestionan las compensaciones, incluidos los enfoques territoriales, ecosistémicos y basados en los sistemas agro-alimentarios de las poblaciones indígenas, así como las intervenciones que aborden de forma sistémica las condiciones de crisis prolongada.

Los mecanismos e instituciones de gobernanza eficaces e inclusivos, sumados al acceso a tecnología, datos e innovación, deberían funcionar como importantes aceleradores en las carteras integrales de políticas, inversiones y leyes dirigidas a transformar los sistemas agro-alimentarios.

El ámbito de la innovación no solo está relacionado con los avances científicos o técnicos. Por ejemplo, las grandes inversiones necesarias para la transformación de los sistemas agro-alimentarios requerirán mecanismos de financiación nuevos e innovadores, además de marcos jurídicos y reglamentarios propicios, mientras que los componentes innovadores de los programas de protección social pueden incrementar su eficacia y mejorar su sostenibilidad y sus efectos positivos en la facilitación del acceso de las personas más vulnerables a dietas saludables.