A punto de cumplir 36 años, edad que lo habilita para sentarse en el Palacio de La Moneda a partir del 11 de marzo, Gabriel Boric Font fuma un cigarrillo tras otro a pocas horas de dar a conocer su gabinete.

En su departamento ubicado en el centro de la capital chilena, el nuevo presidente sabía que daría un golpe a la cátedra.

Después del golpe de Estado contra el socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, Chile se convirtió en el laboratorio del neoliberalismo. Ahora, el país intenta liberarse de ese legado y avanzar hacia un nuevo tipo de Estado de Bienestar.

El gobierno de derecha de Sebastián Piñera vive una crisis masiva e inédita, con una abrupta paralización de la economía en el marco de una sociedad caracterizada por la precariedad de las condiciones de vida y del trabajo. Encabeza además el ranking de decesos por millón de habitantes en América latina provocados por el coronavirus.

Con más de 250.000 casos confirmados y 4.505 fallecidos, según datos de la Universidad Jonhs Hopkins, el país sudamericano atraviesa una crisis sanitaria e institucional con fuertes cuestionamientos al gobierno de Sebastián Piñera por falta de transparencia en las cifras de fallecidos informadas tras la reciente salida del ministro de salud. 

La rebelión chilena desapareció de los medios y de las redes, aunque su desenlace per-manece abierto. En el horizonte se vislumbra la elección Constituyente de abril, mientras en el camino asoma una reacción conservadora que está agazapada y espera su oportunidad. El cansancio crece, la unidad se agrieta, la represión no mengua, pero las iluminaciones simbólicas y la fuerza descubierta por la sociedad durante el estallido siguen alimentando la ilusión de un cambio real. ¿Qué está pasando allende la cordillera?

¿Cómo pudo un alza de 3% del precio del metro, estremecer el fundamento de un país supuestamente estable y próspero y convertirse en una verdadera revolución constitucional?

La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad manifiesta su solidaridad con el pueblo de Chile, con sus estudiantes secundarios, y los trabajadores y trabajadoras en el ejercicio de su legítimo derecho a la protesta social y la desobediencia civil frente a una democracia cada vez más deslegitimada y una sociedad extremadamente desigual.