Ensimismados en su burbuja y desconectados de la realidad, el gobierno chileno y la élite política y económica no vislumbraron la catastrófica derrota infligida en las urnas, la semana pasada, en la elección de los 155 delegados de la Convención Constituyente que redactará una nueva Constitución. Los partidos de derecha agrupados en la lista “Vamos por Chile” no alcanzaron ni siquiera el tercio de votos, que les hubiera permitido ejercer el veto a los contenidos del texto. Apenas obtuvieron 37 escaños que representan el 23% de los votos. De nada le sirvió a esta agrupación concentrar el 63% del financiamiento a las campañas para delegados constituyentes.

La configuración política de los 155 delegados elegidos implica el entierro del modelo neoliberal, instaurado bajo la dictadura del general Pinochet e institucionalizado en la Constitución de 1980. Así, cuando se instale la Convención Constituyente, Chile escribirá una nueva Carta Magna, en la que el rol subsidiario del Estado será reemplazado por uno más protagónico, que permita reducir las desigualdades que un imperfecto libre mercado profundizó y fue incapaz de mitigar.

Las múltiples reformas hechas al texto de la Constitución desde el retorno de la democracia en 1990 no fueron suficientes para responder a los anhelos –sobre todo en materia de justicia social– de gran parte de la sociedad chilena. Los primeros resquebrajamientos del modelo se hicieron visibles en 2005 con la denominada revolución de los pingüinos y luego en 2011 con las manifestaciones universitarias. Pero el que daría lugar al golpe final del modelo económico fue el estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019 que cegó 36 vidas.

Su persistencia y gravedad dieron lugar a que la vía constituyente se convirtiera en la única salida para canalizar los reclamos sociales y preservar la democracia. En el acuerdo logrado para cambiar la Constitución, previa consulta popular, se establecieron algunos criterios mínimos como la definición de república democrática, la validez de las sentencias judiciales, la intangibilidad de los tratados internacionales y un quórum de 2/3 para la aprobación de sus normas.

En el referéndum de octubre de 2020, casi 80% de los chilenos no sólo votó a favor de redactar una nueva Constitución sino también por hacerlo mediante una Convención Constituyente, cuyos delegados fueron elegidos la semana pasada. Esta se instalará el 15 de junio y tendrá un plazo máximo de un año para culminarla. Luego deberá ser ratificada en referéndum con voto obligatorio.

Las expectativas son enormes. Se debatirán temas fundamentales como el régimen político y el sistema de gobierno, la descentralización, la plurinacionalidad, el funcionamiento de entidades del Estado como el Tribunal Constitucional y el modelo de desarrollo económico. En este ámbito se abordaría la autonomía del Banco Central, el fin a las privatizaciones, la implementación de un sistema de salud universal y el retiro de este sector y del de la educación de la esfera del mercado, el fin al sistema privado de fondos de pensiones (AFP), entre otros. Asimismo, se buscará replantear las formas de producción de tal manera de darle un mayor valor agregado para dejar de ser sólo una economía extractivista, recuperar los recursos naturales y desprivatizar el agua.

Rodrigo Mundaca, gobernador electo de Valparaíso, señala que en la Constitución se establece un sistema jurídico del agua que ha dado lugar a su privatización y mercantilización, lo cual viola el derecho humano a ese bien común, que jamás debió ser privatizado. Advierte que el mercado del agua está en manos de las mineras, los proyectos inmobiliarios, los grandes cultivos de paltas, lo que determina que los pequeños agricultores carezcan de agua, igual que un porcentaje importante de la población chilena.

El rechazo a los partidos tradicionales

No sólo los partidos de derecha agrupados en “Vamos por Chile” obtuvieron magros resultados. Peor le fue a la centroizquierda (ex-Concertación y otros pequeños) agrupada en la lista “Apruebo” que obtuvo apenas 25 escaños (16% de votos). Esta fue sobrepasada por la lista “Apruebo con Dignidad”, que conformaron el Partido Comunista, el Frente Amplio –un grupo de partidos que nació de las protestas universitarias de 2011– y otros de menor envergadura. La lista obtuvo 28 escaños (18%). Esta alianza representa la primera fuerza de la oposición en la Constituyente.

La reducida votación por las listas “Vamos por Chile” y “Apruebo”, que corresponden a los partidos que gobernaron Chile desde 1990, fue contrarrestada por el voto de los independientes que obtuvieron 48 escaños (31%). Si a los 48 representantes elegidos en las listas sin militancia política se añaden los 40 que se presentaron con cupos cedidos por partidos, en su gran mayoría de izquierda, los independientes representan el 56,8% del órgano que redactará la nueva Constitución.

Para el historiador Gabriel Salazar, la importante participación de independientes significa un “terremoto histórico”, más allá de los resultados. En esta elección, afirma, se entrecruzaron dos conflictos: primero, entre el gobierno y la oposición, lo que él denomina “conflicto convencional”. Y en segundo lugar, el conflicto entre ciudadanía o soberanía popular y el derecho escrito y la clase política que está articulada dentro de ese derecho. Los independientes representan la soberanía popular y expresan el rechazo al sistema político actual y a toda la élite tradicional. Según una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de abril de 2021, sólo el 2% de la ciudadanía tiene confianza en los partidos políticos.

Los partidos de derecha no sólo tuvieron una gran derrota en la Convención Constituyente sino también en las elecciones de gobiernos regionales –realizadas por primera vez–, municipales y de concejales. Perdieron más de cincuenta de las 345 alcaldías y bajó el número de concejales. Tampoco ganaron en primera vuelta alguno de los 16 gobiernos regionales. En el de la Región Metropolitana de Santiago, donde viven siete de los 18 millones de habitantes del país, su candidata Catalina Parot quedó tercera. El puesto será disputado entre Claudio Orrego, de la Democracia Cristiana (25% de votos) y Karina Oliva, del Frente Amplio (22.6%).

De los 16 gobiernos regionales, sólo dos se definieron en primera vuelta y ambos quedaron en manos de candidatos independientes: Rodrigo Mundaca, por el Frente Amplio, se impuso en Valparaíso, y Jorge Flies Añón en Magallanes. El resto de las gobernaciones serán definidas durante la segunda vuelta el 13 de junio. Los partidos de derecha no aparecen como parte importante de esta disputa.

Por el contrario, el Partido Comunista y el Frente Amplio lograron victorias en importantes municipios como Maipú, Viña del Mar, Ñuñoa y Santiago, que lo ganó Irací Hassler, del Partido Comunista. Nunca antes los comunistas habían liderado ese municipio, ni siquiera en el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende (1970-1973), del que fueron parte.

La centroizquierda de Chile fue superada por ambos partidos no sólo en la Convención Constituyente sino en gobernaciones y municipios. Ante este panorama, Heraldo Muñoz, uno de los candidatos presidenciales de esa agrupación, dijo que la ex Concertación había muerto, se había enterrado hacía tiempo y que eso ha quedado muy claro en esta elección.

Pero no solo Muñoz hizo un mea culpa. Sebastián Piñera dijo que la ciudadanía “nos ha dado un claro y fuerte mensaje al gobierno y también a las fuerzas políticas tradicionales: no estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y los anhelos de la ciudadanía, y estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y nuevos liderazgos”. En la misma línea, dijo que sería deber del Ejecutivo “escuchar con humildad y atención el mensaje de la gente y esforzarnos y hacer todo lo que sea necesario para interpretar y responder mejor a las necesidades, anhelos y esperanzas de los chilenos”.

Puro verso. Al día siguiente, su agrupación política votó en contra del “impuesto a los super ricos”, propuesta que consiste en gravar con una tasa del 2,5%, por una sola vez a aquellos patrimonios superiores a 22 millones de dólares. También rechazó el aumento del impuesto de un 3% adicional a las grandes empresas. Se estimaba que esos recursos serían parte del financiamiento de una Renta Universal de Emergencia que habilitaría a las familias más pobres del país a cumplir con las medidas sanitarias restrictivas de movilidad por la pandemia.

Una señal para Perú y Colombia

Lo acontecido en Chile será el espejo en el que inevitablemente se mirarán varios gobiernos de nuestra región, especialmente los de Colombia y Perú, que durante años vieron en ese modelo el oasis del vecindario y el ejemplo a seguir. La redacción de una nueva Constitución mediante una Convención Constituyente, que será paritaria entre hombres y mujeres, que cuenta con 17 escaños reservados para los pueblos indígenas y que buscará justicia social mediante el reemplazo del rol subsidiario del Estado por uno más protagónico, será una señal que no pasará desapercibida.

Con el récord de ser la segunda economía con mayor desigualdad de la región –y un nivel de pobreza monetaria de 42%–, Colombia se desangra con las interminables protestas sociales que estallaron el 28 de abril y que ya han dejado más de 50 muertes, centenares de heridos y detenidos, sin que se haya llegado a un acuerdo con el gobierno de Iván Duque. A un año de las elecciones presidenciales, el precandidato presidencial Gustavo Petro, del izquierdista Colombia Humana, tiene grandes posibilidades de triunfar.

En Perú, la disconformidad con el modelo neoliberal se hizo tangible el 11 de abril con el inesperado triunfo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, del maestro Pedro Castillo, candidato por Perú Libre, de la izquierda más radical. Su contrincante en segunda vuelta, Keiko Fujimori –respaldada por el poder mediático y económico– no logra superarlo. La última encuesta publicada por Datum lo ubica 5 puntos por encima de Fujimori. El modelo económico y el cambio de la Constitución son aspectos centrales del debate presidencial que se definirá el 6 de junio.

En Chile, cuando faltan seis meses para las elecciones presidenciales y congresales, y menos de dos para las primarias, los resultados electorales de la semana pasada perfilan la tendencia política a la que pertenecerá el próximo presidente. De acuerdo con la última encuesta del (CEP), el Presidente Piñera cuenta sólo con un 9% de aprobación entre los chilenos, el nivel más bajo durante su segundo mandato. En cambio, los resultados de las recientes elecciones han impulsado las candidaturas presidenciales de Daniel Jadue, del Partido Comunista, y de Gabriel Boric, del Frente Amplio, quienes se enfrentarán en una elección primaria el 18 de julio. Independientemente de los resultados de las elecciones presidenciales en estos países, el modelo neoliberal parecería no dar para más.

^{El Cohete a la Luna - 23 de mayo de 2021}