En términos económicos, los primeros 100 días del Gobierno de Mauricio Macri serán recordados por su abrupta contracción de la demanda interna. Para lograrla echó mano tanto a las políticas cambiaria (devaluación) y monetaria (menor emisión, suba de tasas de interés) como fiscal (echando trabajadores del Estado, avalando despidos en el sector privado y recortando subsidios). Estos ajustes se deben en parte a los desbalances acumulados en los últimos años del kirchnerismo (dólar y tarifas atrasadas, inflación elevada, crecimiento y empleo estancados) pero en buena medida se originan en una concepción ideológica de lo que el Estado “debe hacer”.

El acuerdo para el pago a los fondos buitre no es una acción de gobierno aislada, sino la consolidación de un cambio de régimen económico que conduce a un nuevo ciclo largo de endeudamiento y de pérdida de grados de libertad de la política económica. Funcionarios, economistas, legisladores y gobernadores repitieron a coro que la nueva maravilla, gracias a la entrada de capitales y nuevo endeudamiento, permitirá morigerar el ajuste fiscal al que obligaría la pesada herencia recibida.

La historia de un país, como ninguna otra historia, no puede resumirse en una serie de imágenes fijas y repetitivas. Pero en el caso de la deuda externa argentina hay una genealogía, si podemos emplear este término, que puede seguirse desde el siglo XIX hasta hoy. Hay una gran bibliografía al respecto, de todas las corrientes historiográficas, hay sentencias de muchos jueces, hay una conciencia pública mayoritariamente condenatoria, cuya historia también es posible hacer.

Compartimos la exposición que Jorge Gaggero hizo en la comisión de presupuesto y finanzas sobre el pago a los fondos buitres y el endeudamiento.

El trámite de ingreso al pabellón femenino 3 de la Unidad Penal de Alto Comedero, en las afueras de San Salvador, es engorroso: hay que sortear dos mesas de entradas, donde se controlan los documentos de los visitantes y se cotejan con unas tarjetas de cartulina donde constan los nombres de las personas que cada detenida ha autorizado. O donde deberían constar, porque a menudo faltan nombres que fueron consignados y el excluido debe volverse a casa. Luego es el turno de la requisa, que puede ser humillante o formal según el humor de quien la realice y la condición social y racial del requisado.

El martes 1 de marzo, el contador público Gerardo Morales accedió a discutir acerca de la situación de la dirigente indígena Milagro Sala, detenida por orden de su gobierno. Su franqueza es tan ostensible como la escasez de argumentos jurídicos para explicar un hecho tan escandaloso. Este es el diálogo grabado al regreso de Morales a Jujuy, luego de la Asamblea Legislativa en la que el presidente Maurizio Macrì inauguró el periodo de sesiones ordinarias del Congreso:

En el contexto de la temática Energética, según el Consejo Mundial de Energía(WEC) para medir el Índice del “Trilema Energético en Argentina” y atendiendo uno de sus tres objetivos; en la dimensión de la Equidad Energética para la Sostenibilidad, se trata de enfocar y analizar el indicador de Accesibilidad a la Energía Eléctrica Domiciliaria, que implica el 12,5 % del puntaje total para medir el Índice del Trilema Energético y mejorar el posicionamiento Mundial de Argentina, que viene desde hace ya varios años en franco descenso, y que según la evaluación de WEC (Consejo Mundial de Energía ), desde 2012 a 2014 pasó del lugar 23 al 96 en la escala mundial.

Este gobierno maneja la crisis solo con una visión de mercado de la energía, o sea una visión de la energía solo como una mercancía o un commodity para hacer negocios para un grupo de empresarios amigos; y no como un servicio público o un derecho social e individual, o como un objetivo económico, tecnológico y político para el bienestar de toda la población. ..se soslaya una premisa estratégica justicialista, peronista, kirchnerista o socialista.

En el informe de diciembre de 2015 del BCRA titulado “Objetivos y planes del desarrollo de la política monetaria y cambiaria, financiera y crediticia para el año 2016” se realiza un juicio sobre la Ley de la Carta Orgánica del Banco Central, a partir del cual las actuales autoridades construyen la política de la institución y las prioridades de la misma.

La Secretaría de Agricultura Familiar quedó diezmada. El ministro Ricardo Buryaile ordenó, por pedido del área de Modernización que conduce Andrés Ibarra, la eliminación de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional que garantizaba la participación de todas las organizaciones campesinas y agricultores familiares en la implementación de las distintas políticas del área. En Jujuy ya echaron a 23 personas, sumado a una campaña a través de grandes medios de comunicación para desprestigiar el trabajo territorial de dicha área.