Desde los años ’70, el discurso ético y políticamente correcto de la ecología recorre el mundo. Su línea de largada fue el informe realizado por un grupo de científicos, políticos y empresarios a instancias del Club de Roma, en el que se anunciaba una gradual debacle humana en el lapso de cien años. Se concluía allí que el nivel de recursos remanentes del planeta era incompatibles con el crecimiento económico mundial. El modelo presentado no consideraba, por ejemplo, la posibilidad futura de saltos tecnológicos. Tampoco la enorme capacidad adaptativa de la sociedad humana. El debate resultante posterior configuró un verdadero decálogo del antidesarrollismo para los países periféricos. No sorprende por ello la rápida acusación de “economicismo” a todo el que hable de crecimiento económico, aun en una discusión que tiene como centro evitar la restricción estructural de divisas de un país, una de las condiciones necesarias para el desarrollo.

En el peculiar universo ecologista se argumentan escenarios futuros de catástrofes hollywoodenses, se reproduce con nostalgia la idea de que “todo tiempo pasado fue mejor” y se exaltan las civilizaciones antiguas como poseedoras de saberes ambientales inmanentes. Figuras públicas, académicos y ONG reproducen un sentido común de ser “ciudadanos del mundo”. Pero tan noble preocupación por el planeta suele no ser retribuida cuando una crisis económica jaquea al espacio nacional en el que viven. El ecologismo parece habitar un mundo donde no existe la cuestión nacional, donde no hay Estados en competencia.

Esta ideología es rescatada tanto por la izquierda (para la que los límites de la naturaleza parecen haber reemplazado en el relato de la barbarie capitalista al embate revolucionario de los trabajadores) como por la derecha (a través del paradigma neoliberal de la escasez). Desde allí se exageran, sin pruebas científicas definitivas o sin datos específicos, los perjuicios que ocasionaría el crecimiento económico nacional, al que se prefiere sacrificar en beneficio tácito de los países centrales ya desarrollados. Paradójicamente, es la pobreza por no desarrollo la que representa el peor riesgo contaminante del ambiente.

En el caso de la explotación de hidrocarburos por medio de la tecnología del fracking, no se dice que su riesgo ambiental es similar al de un pozo convencional. En formaciones como Vaca Muerta o Los Molles, en la provincia de Neuquén, la roca madre sobre la que se provocarán las fracturas masivas cuando lleguen las inversiones se encuentran a profundidades de entre 2000 y 3000 metros y en capas de entre 100 y 300 metros de espesor. Nunca se detalla, por ejemplo, que los acuíferos a más de 1000 metros no son potables por su altísima salinidad, de hasta diez veces el promedio marino. Por lo general, los pozos de agua dulce no superan los 100 metros. En consecuencia, no es factible conectar por fracking los dos niveles subterráneos y contaminar el agua, más si se considera que las fracturas hidráulicas alcanzan alrededor de 50 metros.

Seguramente la económica no es la única perspectiva para la compleja relación entre desarrollo económico y tecnologías aplicadas. Pero cualquiera sea el plano de análisis, debería existir alguna recomendación, un curso de acción preciso para solucionar el problema específico. Sin embargo, es sintomático que ante la falta de ideas claras para el desarrollo se apele a cualquier argumento sin que aparezca ninguna alternativa. Por ejemplo, se proponen opciones tecnológicas “no neutrales” que muestren lo complejo del tema acometido, dando un curso de acción hacia una discusión “sin incongruencias epistemológicas” y “hacia un sistema de organización política, social y económica diferente”. La tarea, por supuesto, escapa a cualquier cronograma gubernamental.

Tampoco queda claro cuáles serían esas opciones económicas, sociales y políticas de un sistema de organización diferente, literalmente ideal. En la economía capitalista (hoy sin rupturas y tendencias observables a formaciones socialistas) existen procesos de histéresis tecnológica, es decir, de continuidad y complementariedad de la estructura productiva en el tiempo. Son los Estados los que al impulsar el desarrollo modifican las condiciones productivas, aunque no por ello sin ninguna estimación de costo ambiental. En la tarea deben considerar la base tecnológica real sobre la que se asienta su economía junto a los costos de oportunidad de las modificaciones técnicas a incorporar. Una visión pro desarrollo está obligada a pararse en la realidad efectiva desde el Estado nacional de acuerdo con parámetros internacionales de menor contaminación relativa, dadas las tecnologías a emplear y los costos de oportunidad. ¿No crecer es una alternativa? Sería bueno que los ecologistas lo digan claramente. También deberían ser más claros respecto de a qué se refieren cuando demandan una tecnología “no colonial”. Parece difícil operar coyunturalmente con recomendaciones tan genéricas.

Creer en “otros mundos” no produce daño alguno, siempre que el creyente se fije atentamente en la vida... y ésta, en sociedades tecnológicas y de hábitos, es regulada normalmente por la persistencia y complementariedad de los procesos. Y el capitalismo sigue siendo el que era: una creación estatal de disputa sin tregua y que no da muchas opciones para los más débiles. La ecología como discurso “ético” es otro campo de batalla interestatal en contra del desarrollo periférico

En muy poco tiempo se instaló con sorprendente virulencia un discurso anti-fracking basado en tres ejes principales: 1) Aumentará el riesgo de que se produzcan terremotos; 2) Va a consumir el agua dulce dejando sin abastecimiento a las poblaciones u otras actividades económicas; y 3) Puede contaminar el agua dulce de los acuíferos o napas. Tres mitos que se desnudan a la luz de los hechos: 1) La energía utilizada para generar las fracturas previas a la estimulación hidráulica se puede sentir en la superficie sólo mediante instrumentos extremadamente sensibles.

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Un fenómeno nuevo recorre la economía argentina, el pensamiento ecologista se disemina rápidamente por todos lados. Su potencia es tal, que llega a grupos muy disímiles, desde la derecha política y multimediática a los trotskismos más libertarios. El enemigo de la hora es el “fracking”, palabra malsonante que ayuda a presuponer el mal oculto. Antes, el foco se concentró en la megaminería y, en el principio, en los transgénicos y los “agrotóxicos” (por agroquímicos).

Al final de los 35 años que dura el proyecto de YPF y Chevron sobre la formación Vaca Muerta, ambas empresas habrán obtenido 22 mil millones de dólares de ganancia neta, que se repartirán en partes iguales. Así consta en el plan de trabajo que la petrolera que conduce Miguel Galuccio presentó a la provincia de Neuquén para pedir la extensión de la concesión del área Loma Campana, donde se radicará la inversión. Con el visto bueno del gobernador Jorge Sapag, el plan espera ahora por el aval de la Legislatura. Por lo pronto, el miércoles, la Comisión de Hidrocarburos dio dictamen favorable y ahora resta el debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Hacienda, donde el oficialismo tiene mayoría. El proyecto sería tratado en el recinto el próximo miércoles 28 de agosto.

Para los críticos, el sistema de fracking que aplicará YPF en Vaca Muerta contaminará las napas acuíferas. Los especialistas aseguran que no hay riesgo. Sin embargo, el cuestionamiento que intenta detener el desarrollo del área continúa.

En la última semana, la preocupación por las consecuencias medioambientales de la búsqueda de hidrocarburos por métodos no convencionales volvió a levantar presión. El tratamiento legislativo en Neuquén de una modificación al contrato de concesión a YPF de un área en la formación Vaca Muerta (en cuya explotación participará la norteamericana Chevron asociada) dio lugar a reclamos y demandas de ambientalistas y políticos, pero también a explicaciones de especialistas que buscaron echar cierta luz sobre una cuestión habitualmente tratada en las sombras.

“Resulta notable en la presentación efectuada por YPF ante el Ministerio de Energía, Medio Ambiente y Servicios Públicos de Neuquén, la ausencia de toda consideración ambiental. Las veces que se repite la palabra ambiente, es en relación a las formaciones geológicas del cretácico y jurásico, donde están alojados los hidrocarburos de Vaca Muerta. Pero nada dice en relación con las superficies donde está alojada la vida humana, animal y vegetal. Lo cual resulta altamente objetable, al provenir de empresas altamente cuestionadas ambientalmente.”

El informe elaborado por especialistas privados en colaboración con altos directivos de petroleras que operan en Vaca Muerta, comentado en la nota principal, señalaba como justificación para la resignación de políticas económicas y de normas regulatorias y medioambientales, que la producción no convencional (shale), sólo “en la primera etapa de exploración y desarrollo del plan piloto, requiere una inversión hoy estimada entre 1000 y 1500 millones de dólares, para la ejecución de aproximadamente 100 a 150 pozos durante un plazo de tres a cinco años”.

El acuerdo que firmó YPF con Chevron compromete a esta última a participar del plan piloto en el área General Mosconi, para la perforación de 90 a 100 pozos en 12 a 18 meses, con una inversión conjunta de 1500 millones de dólares, de los cuales 1240 van por cuenta de Chevron. Una coincidencia casi absoluta con las proyecciones del informe privado, salvo en dos puntos: el acuerdo de YPF señala un plazo mucho más corto del plan piloto y, además, se alcanzó sin conceder ni una sola de las pretensiones que el informe privado de hace cuatro meses sugería como “imprescindibles para atraer capitales”.

Chevron es la segunda petrolera del mundo. No viene a la Argentina para sacar ventaja con la supuesta disponibilidad del 20 por ciento de la producción, como critican algunos sin conocer el tema. Para Chevron, eso no es nada. Su interés es conocer si Vaca Muerta tiene el potencial que le asigna el Departamento de Energía de Estados Unidos, que lo coloca como el cuarto yacimiento del mundo en petróleo no convencional. Arriesga 1240 millones de dólares para saber, dentro de 18 meses, si hay indicios de una explotación importante. Y en cinco años si hay resultados de extracción a través de la perforación de 900 pozos. El desarrollo total del área General Mosconi demanda 26.500 millones de dólares a lo largo de 35 años. A eso apunta Chevron, a estar presente en ese desarrollo si el área le interesa.

La desastrosa gestión de Repsol al frente de YPF y las carencias energéticas impulsaron con ritmo inusual la exploración de un nuevo horizonte para el gas y el petróleo.

En octubre de 2011, en un escenario energético que ya mostraba preocupantes signos de vulnerabilidad, el director de Exploración de YPF, Tomás García Blanco, sorprendía –en el evento Argentina Oil & Gas Expo 2011– con un anuncio sobre “el enorme potencial de los hidrocarburos no convencionales en la formación geológica neuquina Vaca Muerta”. El directivo de YPF, en ese momento con mayoría accionaria de Repsol, afirmaba que el yacimiento constituía la posibilidad de ser “el primer desarrollo masivo de shale oil fuera de Estados Unidos” y agregaba que a la fecha ya se encontraban operando 15 pozos en producción en Loma La Lata, Bajada de Añelo y Loma Campana.

“Decir que este contrato es una cesión de soberanía o una estafa es desconocer el sentido de la operación y los compromisos asumidos”, aseguró Ricardo De Dicco, director del Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas (Clicet), en referencia al acuerdo recientemente firmado por YPF con la norteamericana Chevron para la explotación del área General Mosconi en la formación Vaca Muerta y la concesión por esa misma área otorgada por la provincia de Neuquén. De Dicco, que cuenta con vasta experiencia profesional en distintos organismos del Estado y en la actividad privada, en temas en los que se especializa –infraestructura y planificación energética y en tecnología nuclear–, analizó la información disponible con respecto al acuerdo entre las empresas y la concesión del área, enfatizando que el punto clave es que “la titular de la concesión es YPF, la responsable de la administración de las inversiones y de la operación del área es YPF, hasta la comercialización de lo que se extraiga seguirá en manos de YPF; Chevron se asocia para compartir a riesgo, en partes iguales, las inversiones y también compartirá las ganancias obtenidas por la comercialización, pero no comparte el control de la gestión ni del recurso”.

La concesión del área General Mosconi ya fue resuelta por decreto del gobierno de Neuquén, aunque falta la aprobación de la Legislatura provincial, que la votaría la semana próxima. El titular de la concesión de esta área de 395 km2 es YPF. Dentro de ella, hay en ejecución un programa piloto en una subárea de 20 km2, en la cual YPF viene trabajando y que requeriría, para su desarrollo, de una inversión de 1500 millones de dólares en un período de 12 a 18 meses. Aquí es donde intervendrá Chevron, por el acuerdo firmado con YPF, con un aporte de 1240 millones de dólares.

–¿En qué medida el acuerdo representa cesión o reparto de soberanía entre YPF y Chevron?
–No hay cesión ni reparto de soberanía. YPF será el titular del área concesionada por Neuquén. Estará a cargo de la dirección del proyecto, de la administración de las inversiones, de la operación técnica de los pozos y de la comercialización de los hidrocarburos, tanto en los mercados internos como en los destinados a la exportación.

–¿–¿Pero Chevron no podrá disponer de su parte para exportarla a partir del quinto año?
–El beneficiario del decreto 929 de promoción de las inversiones es YPF, no Chevron, porque es el titular de la concesión y el único operador. Es el único responsable del cumplimiento de las inversiones frente a la provincia de Neuquén, es el que debe pagar las regalías (porcentaje del valor de la producción que recibe la provincia). YPF podrá exportar el 20 por ciento de la producción después del quinto año si se cumplen todos los requisitos previos, y disponer de las divisas en el exterior. Ahí sí Chevron podrá recibir su parte, como participación en las ganancias, y decidir si las reinvierte en el país o las deja afuera. E YPF tomará su propia decisión sobre su parte. Pero si el desarrollo del área a esa altura es exitoso, yo no dudaría de que esa plata se reinvierte en Vaca Muerta.

–¿La asociación con Chevron deja atada a YPF la tecnología y equipamiento que traiga la empresa norteamericana?
–Tampoco. Ambas empresas compartirán experiencias y conocimiento en el desarrollo de formaciones geológicas de explotación no convencional. Además, YPF puede adquirir equipamiento con transferencia tecnológica en el mercado internacional sin necesidad de establecer en esta cuestión una relación de dependencia con Chevron. La reducción de aranceles para la importación de determinados bienes de capital, por el decreto 927, es un beneficio para YPF.

–Así planteado, no se ve cuál sería el atractivo para Chevron de hacer semejante inversión...
–Chevron es la segunda petrolera del mundo. No viene a la Argentina para sacar ventaja con la supuesta disponibilidad del 20 por ciento de la producción, como critican algunos sin conocer el tema. Para Chevron, eso no es nada. Su interés es conocer si Vaca Muerta tiene el potencial que le asigna el Departamento de Energía de Estados Unidos, que lo coloca como el cuarto yacimiento del mundo en petróleo no convencional. Arriesga 1240 millones de dólares para saber, dentro de 18 meses, si hay indicios de una explotación importante. Y en cinco años si hay resultados de extracción a través de la perforación de 900 pozos. El desarrollo total del área General Mosconi demanda 26.500 millones de dólares a lo largo de 35 años. A eso apunta Chevron, a estar presente en ese desarrollo si el área le interesa.

Bajo el título “¿Desarrollo o Semicolonia? Acuerdo YPF - Chevron”, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel escribió un artículo de opinión sobre las consecuencias que para la soberanía nacional tiene el reciente contrato que YPF Argentina firmó con la petrolera estadounidense Chevron. Dado el prestigio adquirido por el autor de la nota, es probable que su reflexión sea del agrado de un vasto espectro de lectores. Sin embargo, por la importancia del tema, debatido a izquierda y derecha –y por la cantidad de elementos erróneos que contiene–, vale la pena rebatir varios aspectos, en tanto su prestigiosa trayectoria nada tiene que ver con el conocimiento del sector energético, a la vez que no contribuye a ningún debate fundado siquiera sobre temas calientes como soberanía, medio ambiente o desarrollo.

En primer lugar, la Argentina recién comienza a incursionar en el área de los recursos no convencionales. La cuantificación efectuada por el Departamento de Energía de los Estados Unidos y por la Sociedad de Ingenieros en Petróleo (SPE por sus siglas en inglés) es precisamente eso, una cuantificación de recursos. Como tales, potenciales. Los recursos deben ser convertidos en reservas comprobadas. En Argentina sólo se ha certificado el uno por mil de esos recursos no convencionales. Por lo tanto, el primer error muy grueso es llamar reservas a lo que sólo son recursos.

La conversión de recursos en reservas requiere de un largo proceso que implica no sólo cuantiosas inversiones, sino además de un tiempo de maduración del conocimiento que, según se estima, puede rondar los cinco años o más, dado que las etapas de concepto, pruebas piloto, determinación de la curva de aprendizaje y finalmente la explotación comercial no pueden llevar menos que eso. Adicionalmente, mientras ello ocurre se debe disponer de la infraestructura y logística de agentes de sostén y suministro de agua. Una sola fractura hoy implica transportar alrededor de 50 camiones cisterna al pozo donde se realizará la fractura. Cada pozo puede requerir varias fracturas en el tiempo. La etapa de aprendizaje requiere de la perforación de un número considerable de pozos por año. Para producir hidrocarburos en forma comercial e inyectar el agua se requiere construir una red de suministro de agua, infraestructura de producción y almacenamiento de agentes de sostén (proppants), productos químicos para tratar las aguas e instalaciones, abastecerse de múltiples equipos de presión y obtener los de perforación de pozos en cantidades muy significativas. Estos últimos son provistos por empresas de servicios petroleros, todas multinacionales. Muy pocas empresas petroleras integran en su cadena estos servicios a pesar de que con los actuales precios del petróleo podría convenirles y algunas piensan en ello.

Toda esta logística es muy distinta en cantidad –y a veces en tipo– de la requerida para la explotación convencional. Del mismo modo, el uso posible de aproximadamente el 30 por ciento del agua utilizada, que es de reflujo, debe ser tratada y el sobrante depositado de modo seguro para cumplir las normas ambientales vigentes, todo lo cual debe analizarse experimentalmente, precisamente para que la explotación sea sustentable.

Ninguna empresa de servicios traería la cantidad de equipos necesarios antes de terminar la etapa de piloto y ramp-up. La Argentina hoy se halla entre la etapa de concepto y la de piloto y debe poder conocer el potencial de explotación y la forma de hacer la explotación viable en términos económicos y ambientales. El acuerdo firmado entre YPF y Chevron sólo afecta al 1,3 por ciento de la superficie de la formación Vaca Muerta.

El país requiere de forma urgente despejar la incógnita y sobre todo poder incrementar la producción de petróleo y gas. Un aspecto que también hace a la soberanía es el autoabastecimiento, dado lo degradado del término en tiempos de un mundo global. Los yacimientos de hidrocarburos comerciales conocidos en Argentina entraron en declinación en 1998 y los de gas en 2004. Puede ser que algo de esta declinación se desacelere con mayores inversiones, pero la tendencia es clara y podría afirmarse irreversible. La búsqueda de recursos convencionales deberá continuar, pero ello es una apuesta a más de diez años, pues la actividad exploratoria declinó desde las privatizaciones. Esta realidad enfrenta al país con importaciones crecientes de gas y derivados, lo que a su vez tiene tal importancia macroeconómica que nadie puede desconocer, dado que afecta directamente la sostenibilidad del crecimiento y del empleo y, por consiguiente el tema de la posibilidad de combatir la pobreza. Resta la cuestión implícita de un estilo de desarrollo alternativo, pero eso transita un andarivel de pensamiento y prácticas complejas en un mundo global. Nadie quema su casa en pos de mudarse a un palacio imaginario a menos que desee vivir en la calle o bien las circunstancias lo obliguen. Siendo así, la alternativa real es ser importador –lo que implica, en el caso argentino, disminuir en puntos poco imaginables el PBI– o bien luchar por recuperar el autoabastecimiento.

La segunda falacia se refiere a las empresas estatales latinoamericanas, lo que textualmente deviene de esta frase de la nota en cuestión: “¿Es tan difícil pensar en una YPF ciento por ciento pública y nacional que haga convenios estratégicos de unidad latinoamericana con las petroleras Pdvsa (Venezuela), Petrobras (Brasil), YPFB (Bolivia) y Ancap (Uruguay)? ¿Es tan difícil pensar que los recursos naturales de los latinoamericanos sean de los latinoamericanos? (http://www.adolfoperezesquivel.org/?p=3278).

Dado que el término demagogia suele aplicarse supuestamente a los políticos y gobernantes populistas de un modo despectivo, varios aspectos aquí merecen ser aclarados, porque la anterior afirmación no condice con ninguna realidad concreta: a) Pdvsa se asocia con grandes multinacionales (BP, Chevron-Texaco, Total, Lukoil y CNPC) para la explotación de un tipo particular de recursos no convencionales: los crudos extrapesados de la Faja Petrolífera del Orinoco, cuya certificación de reservas como comprobadas, a partir de la iniciativa Magna Reserva lanzada en 2005, colocó a Venezuela en 2012 como el país de mayor cantidad de reservas comprobadas, superando a Arabia Saudita, lo que no significa que esas reservas estén en producción; b) Petrobras, empresa estatal capitalizada, líder en tecnologías para la exploración y explotación en aguas ultraprofundas, busca socios externos para desarrollar tanto recursos convencionales como no convencionales, en este último caso el PreSal, a pesar de que para su explotación ha creado un marco legal específico que se deriva de su absoluto liderazgo en el descubrimiento y pruebas iniciales de este potencial megayacimiento; c) YPFB se halla condicionada en su accionar, porque al igual que en Argentina, las privatizaciones dejaron en manos de transnacionales y de la propia Petrobras (una “Translatina”), el desarrollo de reservas comprobadas en forma previa y difícil de revertir y d) Ancap no tiene experiencia alguna en la producción de hidrocarburos, dado que Uruguay es un importador absoluto de petróleo, gas y algunos derivados. Es más, en este último caso la propia Ancap estudiaba cómo crear un marco atractivo para atraer capitales extranjeros privados a la exploración, dado que deseaba incursionar en el upstream petrolero. Recordemos además que Petrobras opera en Argentina como importante operador privado y en Bolivia opera los bloques San Alberto y San Antonio, que albergan las mayores reservas de gas natural del país.

Aunque existen más aspectos de la nota que son erróneos y falaces –entre ellos una mala lectura de los aspectos tributarios–, el espacio no permite extenderse pormenorizadamente sobre ellos.

Tal vez lo que este tipo de mensajes no le dice al público lector es qué le sucedería al país si tuviera que afrontar importaciones adicionales de 30 ó 40 mil millones de dólares por año y qué clase de vida deberían vivir los argentinos si ello ocurriese, como así también qué se le ocurre al autor para evitar enfrentar la demanda de combustibles, siendo que la Argentina presenta un indicador de consumo de energía por habitante que supera al de China y al promedio mundial (pero es cerca de la mitad del de los países desarrollados como Alemania y Japón, y cerca de un cuarto del de los de los Estados Unidos), siendo que a la vez el número de automóviles por habitante se halla en un valor que es 40 por ciento del de países como Alemania, España, Japón y Francia, bastante inferior al de casos como los de México, Hungría e Israel, pero aún supera al de China en cerca de cuatro veces.

Por eso, si la discusión es en torno de si “los argentinos debemos debatir para qué queremos nuestra energía y al servicio de quiénes, sin olvidar que no somos los dueños de la Madre Tierra, simplemente somos sus hijos y debemos cuidarla y honrarla”, ello no puede ser llevado a cabo de modo honesto sin proponer una profunda discusión acerca de qué estilo tecnológico, de consumo, de producción y organización social política y económica se propone y con qué países debería la Argentina aliarse para poder lograrlo. Ello claro está, si es que alguno de ellos ha logrado resolver el equilibrio entre las diversas dimensiones del desarrollo sustentable en alguna parte del planeta o bien si un país puede, debe y desea aislarse totalmente del resto del mundo.