El costo de vida

Horacio Rovelli
En la teoría económica, el principal componente del costo de la vida son los alimentos, es más, los economistas llamados clásicos (Adam Smith, David Ricardo, James Stuart Mill, y otros) hablaban de la ley de bronce del salario que es el valor de los alimentos, por eso, por ejemplo, David Ricardo igualaba al salario al costo del trigo, e infería que si se bajaba el costo del trigo (alimento) podrían bajar los salarios, que era la base para hacer un país industrial transfiriendo recursos de la tierra y del trabajo. Pero para la Argentina la situación fue distinta. En primer lugar no somos un país pobre, al contrario, pero sí se tiene una injusta distribución y apropiación de lo que se produce, eso explica, por ejemplo, que produciendo granos por más de 100 millones de toneladas por año, capaz de alimentar más de 400 millones de personas, siendo un poco más de 40 millones de habitantes, tenemos parte de la población que no consume los alimentos necesarios para vivir.

Esto nace por la injusta apropiación de la tierra, donde grandes estancias (obtenidas con la matanza y expulsión de los indios) entroncaban con el negocio inglés de proveerse de alimentos y materias primas del resto del mundo a bajos precios, y la Argentina de los Mitre y de los Roca conformaron una colonia más en el imperio británico. Y así se formó nuestro país, donde la principal fuente de ingresos de divisas es el sector agropecuario, y eso hace que dicho sector cumpla un rol estratégico y, por ende, determinante en el crecimiento argentino.

Históricamente “el campo”, como les gusta llamarse, ha sido quién usando la propiedad de las tierras más fértiles del mundo, condicionan al trabajo y a la producción nacional, dado que ante los serios problemas de estructura (claro ejemplo es el nivel y el estado de nuestros ferrocarriles) y de producción industrial, donde se depende de las importaciones, de manera tal que por cada punto que aumenta nuestra manufactura se deben importar tres, de allí que crecemos, crece el nivel de actividad, las fuentes de trabajo, pero se incrementa más que proporcionalmente las compras de insumos, máquinas, tecnología y energía del exterior.

Esa tendencia intrínseca a nuestro crecimiento de importar más que proporcionalmente de lo que producimos sólo puede ser pagada con exportaciones que crezcan en similar magnitud, y la principal fuente de exportación son los alimentos. Paradójicamente para acrecentar los saldos exportables, o bien debe incrementarse la productividad y/o disminuir el consumo interno, de allí que el ajuste económico no es otra cosa que afectar la demanda agregada, para que haya mayor saldo exportable y menores importaciones.

No es tan fácil revertir la situación, máxime en una economía abierta a los flujos de capitales y al comercio internacional como es la de la Argentina, donde permanentemente debe asociarse los precios internos a los externo, sino basta recordar cuando el hoy senador por el PRO, Alfredo De Angeli, era presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, en julio de 2008 en pleno conflicto por las retenciones a las ventas de granos, y dijo que se debía pagar el lomo a $ 80 en nuestro país (para que consuman unos pocos) para garantizar su venta al exterior.

Entonces tenemos un sector que gracias a la fertilidad de la tierra y a importantes inversiones puede vender su producción al mundo. Ese sector toma a los trabajadores y a la producción nacional como un costo, por ende va a tratar por todos los medios de que el valor de las divisas (dólar) sea el mayor posible.

Si a esa característica estructural e histórica le sumamos que grandes empresas como Monsanto, Syngenta, Bayer, BASF, Dow y Dupont son las encargadas de generar las semillas híbridas, plaguicidas, fertilizantes, etc., por un lado, y por otra parte, la existencia de grandes empresas productoras y comercializadoras en el mercado interno (Arcor, Molinos Río de la Plata, San Miguel SA, Ledesma, La Serenísima, Sancor, Aceitera General Deheza, Aceitera Vincentini, etc.), y de grandes cadenas de supermercados, que en conjunto, fijan precios muy por encima de sus costos, así como también está concentrada la comercialización externa por Louis Dreyfus, Cargill, Nidera, Bunge Cerval, Noble Grains, y no muchas más, conformando todas juntas situaciones monopólicas de fijación de precios.

La existencia de un mercado cautivo, muy concentrado, y la falta de regulación por parte de los distintos estamentos del Estado, provocan una apropiación indebida del excedente que además de generar súper ganancias, hace que el costo de la vida de la población se encarezca sin límite produciendo una transferencia de los ingresos de los trabajadores y consumidores en general a favor de los fijadores de precios.

En la situación en la que nos encontramos, reflejada en la suba constante del dólar marginal, paralelo, o blue, como quieran llamarlo, la escalada de precios se justifica en que los que fijan los importes acuerdan los suyos con el valor del mercado negro de divisas, razón por la cual los que tenemos ingresos fijos trasladamos parte de lo que percibimos a su favor, y esto es así porque están permanentemente asemejando sus ganancias a ese tipo de cambio marginal, por eso en la Argentina existe una relación inversamente proporcional entre el tipo de cambio y los salarios, cuando el dólar sube, el poder adquisitivo desciende.

Es más; llevada a última instancia, los intereses de los exportadores y los que poseen divisas (lo demuestran los US$ 217.500 millones que estima el Indec como activos de residentes argentinos en el exterior) buscan el derrape cambiario, como hicieron en 1989 o en el 2001, donde esos sectores se enriquecieron a costa del país, de la desvalorización del trabajo y de los activos nacionales, condenando a la pobreza y a la miseria a parte de nuestro pueblo.

En ese sentido es bueno recordar que la Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), que fuera creada en 1975 en los estertores del gobierno de Isabel Perón, y principal impulsora del Apege, que fue el nucleamiento empresarial que realizó el lockout patronal en febrero de 1976 e impulsor del golpe militar, presidida ahora por el abogado laboralista (de la patronal) Daniel Funes de Rioja (y en la dictadura representante de los empresarios argentinos en la OIT), y que reúne a los principales productores de granos, carne, azúcar, pescados, bebidas gaseosas, alcohólicas, aceiteras, etc. del país, supo tener como presidente a Jorge Zorreguieta (padre de Máxima, la reina de Holanda), quien fue secretario de Agricultura de Videla, como también fue presidente de esa entidad Alberto Álvarez Gaiani, de la Cámara de Chacinados y Afines, que fue reelecto en dos oportunidades y que también presidió a la UIA (Unión Industrial Argentina), y también fue presidente de la Copal, en 1978, Enrique Eskenazi, que era en esa época miembro del grupo Bunge y Born. En octubre de 1978, el salón de la Sociedad Rural se encontraba repleto, José Alfredo Martínez de Hoz se sentía como en su casa, aunque esta vez estaba ahí como ministro de Economía y dijo en un largo discurso:

“Quiero expresar mi satisfacción por estar en este tercer aniversario de la Copal muy cerca de lo que será el tercer aniversario de nuestro gobierno. Y la Copal ha mostrado desde un principio su voluntad de colaborar con el proceso, de aportar ideas nuevas. Este es el espíritu empresario que queremos ver concretado en todos los ambientes.”

Con nuestra penosa historia a cuesta, es realmente estúpido pensar que la Copal puede en serio hacer algo por la población o apoyar al Gobierno, han cambiado las caras (y no todas y más por razón de edad que por otras, dado que en el 2007 nombran a Zorreguieta presidente), pero no sus intereses que son la antípoda de nuestro pueblo. Por lo tanto con los empresarios del sector lo que se necesita es un Estado capaz de disciplinarlo.

En la Argentina existe la Ley 20.680 de Abastecimiento, que incluso se aggiorna a los tiempos modernos con el proyecto que cuenta con la sanción del Senado de la Nación y pasó a la Cámara baja, sumados al de la creación de un Observatorio de Precios y un nuevo fuero en la Justicia nacional, los tres conforman un sistema de intervención del Estado ante el abuso de los grandes productores y comerciantes, todos instrumentos que deben ser aplicados en forma tajante, así como todos sabemos que ninguna empresa de esas que conforman la Copal resisten una auditoría impositiva (sino preguntémonos quiénes pueden fugar dólares si no son los que los obtienen).

Así como existe una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es necesario una ley que desmonopolice la producción de alimentos, tomando como guía y ejemplo a la ley que está generando la desconcentración de los medios de comunicación y la reapropiación del debate público. Que se discuta abiertamente, que todos tomemos conciencia de quién es quién en la formación de los precios, con lo que no sólo vamos a parar la inflación, sino que y principalmente vamos a recuperar definitivamente la soberanía alimentaria, punto de partida para hacer un país en serio.

Miradas al Sur - 7 de septiembre de 2014