Las calificadoras de riesgo son empresas que sigue operando en el mercado pese a protagonizar fiascos estruendosos. Pueden hacerlo porque son funcionales al mantenimiento de la hegemonía de las finanzas globales. Si no fuera porque su institucionalidad es preservada por el poder económico, sus reportes y notas a bonos de deuda de empresas y de países serían el hazmerreír por falta de rigurosidad técnica y disparates analíticos.

Desde 2003, la economía argentina experimentó una fase de crecimiento acelerado sin precedentes, donde el crecimiento coexistió con una significativa acumulación de reservas y un persistente (aunque decreciente) superávit de cuenta corriente externa. Uno de los factores decisivos del crecimiento fue la vigorosa expansión del consumo privado, que creció a una tasa media anual del 7,75% entre 2003-2011.

Una parte significativa de este crecimiento del consumo privado estuvo vinculada a la mejora de los salarios reales y a la reducción del desempleo. El otro factor de impulso autónomo al consumo privado fueron, sin dudas, las significativas transferencias sociales que el gobierno implementó desde 2007 en adelante.

Un estudio sobre los paraísos fiscales que publicó en semanas recientes el Tax Justice Network –TJN- revela la gravedad de la fuga de capitales y de la evasión tributaria, que alcanza dimensiones mucho mayores de lo que antes se había estimado. Estos datos confirman, además, que constituye uno de los problemas económicos más graves que enfrentan los países en desarrollo, y por ende contribuye a agudizar la pobreza.

El estudio hace un estimado –que considera conservador– de que para 2010, el monto de fondos de la riqueza privada que se encuentra invertido en más de 80 jurisdicciones offshore (extraterritoriales) -donde las cuentas se manejan bajo reserva y prácticamente libre de impuestos-, fluctúa entre 21 y 32 billones de dólares (o sea, millones de millones).

La relación comercial con China, que se incrementó en la última década, está impulsada por la necesidad creciente del gigante asiático por mejorar la calidad de la alimentación de la población. Eso estimuló el crecimiento acelerado de su demanda de productos primarios o manufacturas basadas en recursos naturales que, sumado al petróleo, explican más del 82% de las exportaciones argentinas a Beijing en la última década. La contrapartida es que no se le venden productos con más tecnificación, lo que define un vínculo que “juega en detrimento del anhelo de una matriz productiva más diversificada y una creciente industrialización”, señaló el economista Ariel Slipak, especializado en la relación sinoargentina.

Aleluya, el semanario The Economist, admite que la desigualdad alcanzó un nivel que puede entrabar el crecimiento, una conclusión a la que muchos llegaron hace largo tiempo, como señala la columnista canadiense Carol Goar (Venerable Economist sounds alarm over growing inequality, Toronto Star del 18 de octubre).

Se cumplen ya cuatro décadas desde que, en 1972, el viaje a China del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, marcó un hito en las relaciones entre ambos países. China era muy atractiva para los empresarios capitalistas debido a su enormidad como mercado y a sus oportunidades de inversión y, desde un punto de vista geopolítico, por la conveniencia de ahondar sus contradicciones con la Unión Soviética.

Mouffe plantea la necesidad de aceptar distintos modelos de democracia en un mundo multipolar y destaca las recientes experiencias en América latina “que muestran que es posible luchar contra el neoliberalismo”. También defiende la idea de alternativa por sobre la de alternancia.

"Estamos creando un Estado social, garantista de los derechos. Hoy en Bolivia la definición de la riqueza del Estado está definida por el trabajador asalariado, los cooperativitas y las comunidades", sostuvo el vicepresidente de esta nación andina, Álvaro García Linera, en desarrollo de su conferencia "Propiedad privada, Estado y Comunidad", con la cual se clausuró el VI Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos, organizado por la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo que tuvo lugar en Buenos Aires entre el 4 y 6 de octubre.

Lo que sucede en la triple frontera entre Santiago del Estero, Salta y Chaco no suele salir en los noticieros. Salvo cuando ocurre alguna muerte, como la semana pasada, cuando fue asesinado Miguel Galván, de 38 años. En los últimos tiempos esta zona rural ha sido escenario de una guerra silenciosa, en la cual empresarios voraces se aprovechan de gente que habitó toda su vida en el mismo lugar, pero sin un título de propiedad que lo acredite. Cada vez queda menos bosque, y hay distintas visiones sobre el desmonte. Para algunos, conviene desmontar y plantar oro verde, o sea, soja.

Mercedes Marcó del Pont es la presidenta del Banco Central y Arturo O’Connell uno de sus directores. Aldo Ferrer es el embajador en Francia y Eduardo Basualdo uno de los directores por el Estado en YPF. Alejandro Vanoli es el titular de la Comisión Nacional de Valores y José Sbattella el titular de la Unidad de Investigación Financiera. Todos esos funcionarios públicos son miembros desde hace años del Plan Fénix, un conjunto de economista nucleados por la Facultad de Ciencias Económicas en donde también figuran varios académicos de prestigio que, sin ser funcionarios ni oficialistas, apoyan muchos de los grandes lineamientos de la política económica del kirchnerismo, como por ejemplo Abraham Gak, Jorge Gaggero, Alberto Muller, Héctor Valle, Salvador Treber y Ricardo Aronskind.