La fiebre del oro verde

Tomás Eliaschev
Lo que sucede en la triple frontera entre Santiago del Estero, Salta y Chaco no suele salir en los noticieros. Salvo cuando ocurre alguna muerte, como la semana pasada, cuando fue asesinado Miguel Galván, de 38 años. En los últimos tiempos esta zona rural ha sido escenario de una guerra silenciosa, en la cual empresarios voraces se aprovechan de gente que habitó toda su vida en el mismo lugar, pero sin un título de propiedad que lo acredite. Cada vez queda menos bosque, y hay distintas visiones sobre el desmonte. Para algunos, conviene desmontar y plantar oro verde, o sea, soja.

Los campesinos e indígenas organizados tienen otra opinión, mientras se profundiza la expansión sojera, crece también la presencia de bandas armadas que actúan al servicio de quienes buscan quedarse cada vez con más tierras. Pese a las reiteradas denuncias y a las numerosas movilizaciones que repudian la violencia contra los hombres y mujeres de la tierra, la situación es grave y no se tranquilizó.

Veintitrés se dirigió campo adentro para conocer de cerca el choque que se produce entre dos lógicas diametralmente opuestas: la de familias campesinas que quieren defender la propiedad comunitaria de sus territorios y respetar el medio ambiente, y la visión de progreso de empresarios ávidos de mayores extensiones de tierras para plantar soja y que, aprovechándose de argucias legales y de matones, buscan intimidar y dividir a las comunidades.

El 10 de octubre pasado, Miguel Galván fue asesinado de una puñalada en la yugular. Estaba enfrente de la casa donde nacieron sus padres, el llamado Paraje Simbol, en la parte salteña, a cien metros de la frontera con Santiago del Estero. Había venido de Mendoza, donde se había instalado con su mujer, con la que tuvo una hija, Martina, de 3 años. Es el segundo caso en la zona en menos de un año. El 11 de noviembre pasado, en la comunidad de San Antonio, cerca de Monte Quemado, la ciudad santiagueña más próxima, asesinaron a Cristian Ferreyra. Este nuevo caso sucede luego de que se produjeran más amenazas, dos de ellas consumadas y con balas de fuego pero sin víctimas fatales. Y después de que comenzara el relevamiento oficial de las familias de la zona, el 15 de septiembre pasado, lo que inhabilita aún más a los empresarios que quieren quedarse con las tierras.

Según los vecinos, al campesino Miguel Galván lo asesinó un vecino, que conocía desde bebé, Paulino Heriberto Risso Patrón, de 20 años, otro campesino de la zona. A diferencia de los Galván, los Risso Patrón le abrieron la puerta de su casa a un emisario de los empresarios agroganaderos. Según la denuncia del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, integrante del Movimiento Nacional Campesino e Indígena-Vía Campesina (Mocase-VC), Risso Patrón estaba cumpliendo el mandato de Facundo León Suárez Figueroa, un veterinario de Rosario de la Frontera, Salta, que presta servicios para la empresa agrícola La Paz S.A.: amenazar a quienes no aceptaban dejar las tierras para poder apropiárselas.

“Este Figueroa apareció hace un mes, diciendo que era dueño, cuando nosotros hemos nacido y nos hemos criado aquí. Y mostraba un papel sin ninguna validez. Hablaron con las familias diciéndoles que les dejen alambrar y ellos los iban a ayudar. La familia de Risso Patrón aceptó. El chico quería la plata fácil”, trata de explicarse Rafael Galván, el mayor de los ocho hermanos Galván y el más activo en la organización. Parado frente a su casa, trata de mantenerse entero. Es que el atacante, que tenía una 38 cargada además del cuchillo con el que asesinó a Galván, se crió muy cerca de su familia, lo que genera más dolor. Además hay preocupación: Gabriel Galván, de 35, otro de sus hermanos, está en problemas. Es que al ver a Miguel desangrándose, en defensa propia según declara, se tiró sobre Risso Patrón, que amenazaba con su cuchillo y su 38, y le pegó un garrotazo para evitar que cometiera otro homicidio. Ahora, sus compañeros y familiares temen que cuando se presente ante la Justicia de Metán, en Salta, quede detenido. “Sería el colmo de la injusticia”, dicen sus hermanas. Tampoco se sabe a ciencia cierta dónde está detenido el homicida, ya que fue hospitalizado sin que se precise el lugar. Y en la casa de los Risso Patrón se instaló la banda de Tala Aranda, un hombre que según denuncian los campesinos es un profesional de la violencia y actuó en muchas otras acciones de matonaje.

Para llegar al paraje Simbol desde la localidad más cercana, que es Taco Pozo, en la provincia de Chaco, hay que transitar por la ruta 16, plena de baches, más parecidos a cráteres. Cuando se llega al límite con Salta, se dobla por un camino de tierra. Al adentrarse, se ven vacas famélicas. Al avanzar las alambradas, los animales, que son criados por familias campesinas, ya casi no tienen dónde pastar. Son los efectos de la decisión de empresarios sojeros de apropiarse de territorios donde desde tiempos inmemoriales viven campesinos e indígenas. Los alambrados fueron progresando en la zona, en desmedro de los habitantes originarios. Con sangre, fuego y estafas. Pero también se puede ver cómo los campesinos e indígenas del pueblo Lule Vilela se fueron organizando. Así nació la Central Triple Frontera del Mocase-VC, en el Paraje Lorena, fundada en 2006. Allí se referencian 30 familias del departamento de Copo, de Santiago; Almirante Brown, de Chaco, y Anta, de Salta. Luego de una hora de trayecto, esquivando pozos cada vez más pronunciados, y bordeando el Canal de Dios, se llega al lugar donde fue asesinado Miguel Galván. Este hilo de agua artificial fue construido en el ’78 e implicó un cambio de fronteras. Salta creció unos metros hacia el sur, situación que nunca fue muy clara para los habitantes del lugar.

“Habíamos hecho la denuncia por las amenazas que nos vinieron haciendo los Risso Patrón ante el juzgado de Torrelli, en Monte Quemado. Las tierras que Figueroa quiere alambrar, que son 1.662 hectáreas, quedan en la provincia de Santiago del Estero. Estamos domiciliados en esa provincia y hasta soy vacunador reconocido por el Senasa. Las vacunas nos las dan en Santiago del Estero”, cuenta el mayor de los Galván para graficar por qué las alertas las hicieron ante la Justicia santiagueña, pero ahora actúa la de Salta, ya que el crimen se produjo en esa provincia.

Pero más allá de la denuncia, los Galván no salen de su dolor. Hace cuatro meses murió la madre y ahora Miguel. “Conoció a su señora, que es mendocina, cuando vivía en la Villa 31 de Retiro. Se hicieron evangelistas, ahora estaban yendo a la iglesia en Taco Pozo. Para el velorio vino un pastor desde Mendoza. Nada le va a devolver la vida, el chico que lo mató es una pobre persona que se arruinó la vida por unos pesos. No queremos venganza, sino justicia. Mi hermano era pacífico, laburador, siempre dispuesto a ayudar en todo y a todos, incansable”.

Según recuerda Rafael, el desembarco de empresarios que se aprovechan de gente humilde no es algo nuevo. Lo que es nuevo es la lucha. “En el ’74, un empresario llamado Carlos Pagola compró tierras con gente adentro, que se tuvo que ir. Alambró un terreno fiscal. Todos obedecieron porque venia con papel pero nadie ha leído qué decía. Los viejos de antes eran así, se iban cuando alguien les decía, porque lo que valía era la palabra, pero ahora empezamos a conocer nuestros derechos, en contacto con la organización tomamos conciencia”. En el presente otro Pagola, de 59 años, sigue haciendo negocios en la zona: se trata de Rolando Enrique Pagola, domiciliado en Metán y dedicado a la venta de carne y cría de ganado bovino.

Ramón Villalba, otro de los dirigentes del Mocase-VC en la zona, cuenta que las “bandas armadas son contratadas por distintos empresarios”. Y cita “la banda de Tala Aranda que ahora está parando en la casa de los Risso Patrón”. El campesino explica qué le pasa a la gente del lugar que trabaja para los sojeros: “Creen que 10 mil pesos es mucha plata, pero sólo les alcanza para comprar una moto, después no tienen ni para pagar la nafta”, se lamenta.

En la casa de los Galván se forma una ronda, y entre mates dulces se suman más testimonios. Alicia López, militante del Mocase-VC, explica su enojo. “Hacemos las denuncias por las amenazas y las cajonean, no hacen nada. En las comisarías ni toman la denuncia. No hacen nada por los que defendemos los territorios. ¿Qué hace el Estado? Tienen conocimiento de que hay bandas armadas pero miran para otro lado, estos tipos que vienen a robarnos nuestras tierras y sacarnos los montes, a hacer matar gente, son sicarios con complicidad del Estado. Ellos saben lo que pasa. Lo que pasó con Miguel es lo mismo que pasó con Cristian. Ciccioli y los Juárez están presos por presión de comunidades y el movimiento, por intermedio de las marchas”, dice, en referencia a Jorge Eduardo Ciccioli, el empresario cultivador de soja de Armstrong, Santa Fe, y Javier y Arturo Juárez, campesinos comprados para disparar contra sus vecinos, todos detenidos por el homicidio de Cristian Ferreyra.

“Este Figueroa también fue a mi casa –sigue López–, en su camioneta 4x4. Nos dijo que habían comprado. Le dije que no había comprado una propiedad, sino un problema, por que acá hay gente que vive desde hace muchísimos años. Los empresarios presentan papeles truchos, vienen con una camioneta de la policía y con gente armada a atemorizar a la gente. Nos dijo que va a hablar con la gente, que quiere venir a producir, a traer desarrollo, te mandan la frasecita linda, te dicen que van a colaborar en lo queramos plantar, en la escuela. Pero nosotros no queremos nada de las empresas, trabajamos comunitariamente. Lo único que necesitamos de las empresas sojeras es que se vayan y que nos dejen en paz”.

Según informa Alicia López, en Salta, todo cambió para peor en la zona desde que llegó LIAG argentina, la empresa primero algodonera y ahora sojera de la familia australiana Kahlbetzer. “Primero dieron trabajo pero ya casi no. Desde que llegaron han nacido niños con problemas de labio leporino y algunos mayores fallecieron por problemas pulmonares”, detalla. Presumiblemente, todos afectados por glifosato.

Felipe Santiago Palma vivió 35 de sus 70 años en la misma casa. Sigue resistiendo, pero tuvo que lidiar con Marcos Lopreti, hijo de un poderoso contador que trabaja con municipalidades salteñas. “Me encerraron con alambre, ni portón me dejaron. Tuve que vivir cuatro años rodeado de alambre. Tenía que sacar el caballo arrastrándolo. Fui a juicio pero el abogado me estafó. La gente de Lopreti envenenó a mis animales. Llamé a la policía para que venga a ver, tengo los huesos de mis animales guardados en una bolsa para que hagan los análisis, pero nunca vinieron. Lo que hace la policía es custodiar a los que desmontan. Estoy con la organización hasta la muerte y ahora las cosas están un poco mejor”. “No vamos a dejar que lo desalojen, vivió toda la vida acá”, reafirma Alicia López.

A la hora de citar empresas, brotan más nombres. “La empresa porteña El Romeral compró 40 mil hectáreas. Está Carlos Raúl Micoli, la empresa El Alba, la Agropecuaria La Paz que es en la que está Figueroa”, cuenta Villalba.

Según denuncian los campesinos, en 2008 desembarcaron las empresas El Romeral y El Alba de Salta, provocando allanamientos de la infantería contra las comunidades. Dos años después, el empresario Carlos Raúl Micoli fue responsable de quema de montes y matanza de animales. Se trata de un empresario oriundo de Colonia Caroya, Córdoba. Es director de Transportes El Águila, empresa a través de la cual exporta soja. También en 2010 llegó la empresa Agropecuaria La Paz S.A., cuyo encargado es Facundo León Suárez Figueroa, quien se hizo presente hace un mes en la zona.

Antes del asesinato de Ferreyra se produjeron otras agresiones. El 14 de julio de ese año 2011, un grupo vinculado al empresario santiagueño Gustavo Saad baleó a Sixto Ruiz en el paraje Vinalito. Ruiz es sobrino de Rafael Galván. Había ido a decirles que no alambraran las tierras, que eran comunitarias. Y después del asesinato de Cristian Ferreyra, en diciembre de 2011, el hijo de un funcionario del gobierno santiagueño (Geremías y Alonso Santillán, comisionado de Villa Matoque) baleó en el pecho a Néstor Palacios, un campesino que luchaba contra el avance de la empresa tucumana Servicios y Negocios S.A. Ante esto, el Mocase-VC hizo decenas de denuncias y presentaciones judiciales. Pero pese a la solidaridad que recibieron, que se cristaliza en el proyecto en la Cámara de Diputados de una ley que prohíba los desalojos, las agresiones continúan. Pero también sigue la lucha por la tierra, algo que los campesinos e indígenas prometen llevar hasta el final, pese a las amenazas, las estafas y los tiros.

Veintitres - 17 de octubre de 2012