Juan José Aranguren asumió el Ministerio de Energía en diciembre de 2015. Renunció a la presidencia de Shell-Argentina en junio del mismo año, pero mantuvo su participación accionaria (Clase A; Royal Dutch Shell) hasta septiembre de 2016.

Desde que asumió el gobierno de Cambiemos se ha propuesto ocultar sus intenciones y políticas antipopulares aludiendo a “la pesada herencia” que le habrían dejado los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

1.Vivimos en una escena contemporánea donde suele ponerse en duda la objetividad de los hechos sociales y se nos llama a un festejo irresponsable de la “creación de realidades”, de la “construcción de la noticia” y en último extremo, de la “apología de la falsedad”, en vistas del éxito que tienen las campañas que buscan capturar aspectos pulsionales de las corrientes de creencias colectivas, muchas veces tan oscuras como volátiles.

Por dos decretos de este año, el Ejecutivo habilitó a que las riquezas y recursos naturales puedan ser considerados como garantía del pago de la deuda externa. Tres letrados denunciaron al Presidente por defraudación y abuso de autoridad.

El ministro de Finanzas Luis Andrés Caputo expresó, según Marcelo Bonelli, que “queremos ganar las elecciones para profundizar nuestro programa económico” y agregó que “si atacamos el déficit ahora, habrá más piquetes y la vida será imposible en Argentina”. Norberto Alayón sostiene en sentidoopuesto a Caputo, que es vital que la Alianza Cambiemos no gane las elecciones de medio término.

Durante la campaña presidencial, el entonces candidato a presidente Mauricio Macri lanzó el Plan Belgrano. Una excelente idea destinada a encender las expectativas y esperanzas del Norte, bajo la impronta de una figura relevante históricamente vinculada a la región.

Hace un año, este colectivo se pronunció de manera crítica ante los primeros esbozos de un programa económico neoliberal en lo económico y conservador en lo político.

A continuación compartimos el fallo completo que firma la magistrada Dora Eva Temis, el cual sostiene que la Ley de Educación Nacional ordena al Gobierno a implementar la partida presupuestaria para cumplir con el objetivo de la educación pública y convocar así a una paritaria nacional al quinto día de la presente orden judicial.