Es la represión a los trabajadores de PepsiCo. El ex juez Carlos Rozanski comenta en el Facebook que la señora atacada en la foto lleva un bolso de compras al hombro y otro señala que tiene un celular abierto en la mano. La imagen dice muchas cosas. Dice por ejemplo que el ninja atacó a la mujer para evitar que le sacara una foto, el poder de las redes. Pero había otra persona, evidente, sacándole otra en el momento que trataba de impedirlo. A veces la tecnología da una mano. La imagen de la mujer reprimida por ese robocop recuerda que la mayoría de los despedidos de PepsiCo, de los trabajadores sin trabajo, de los nuevos parias del universo Cambiemos, son mujeres. Esa especie de blindado con patas, atiborrado de armamento específico como el rociador de gas revela también la inversión del Gobierno en equipo y entrenamiento de las fuerzas represivas. El retrato brutal de la represión a los despedidos que ocuparon la planta cerrada donde solían trabajar muestra que esa inversión es equivalente a la que antes se destinaba a los subsidios para el empleo en situaciones de crisis. Son dos formas de encarar un problema. La represión del jueves ratifica que el gobierno es insensible al cierre de empresas provocado por sus políticas y que su estrategia para afrontarlos será el despliegue de violencia masiva.

Fue la más fuerte del jueves, pero no la única señal de la devastación que se extiende como la peste bubónica. Ese mismo día, marchaban por la ciudad los médicos bonaerenses, los empleados públicos liderados por ATE y los trabajadores del subte. En Zárate, desde hace una semana más de mil trabajadores despedidos de distintas empresas mantienen una protesta con cortes intermitentes de tránsito. Desde el primero de julio cesaron 637 contratos de trabajadores de la construcción y mantenimiento en el complejo nuclear de Atucha porque el Gobierno pospuso las obras del proyecto Carem-25 y de la cuarta central nuclear. A este conflicto se suman el cierre de la química Atanor, los despidos en Ingredion y en Quipro y Carboclor, ambas en Campana, y los recortes en Germaiz, Dontos y BRF, de Baradero. Por otro lado, unos 170 trabajadores de la empresa Lanxess (ex Bayer) están en alerta porque ya les anunciaron que perderán sus puestos a fin de año. En la localidad de San Martín cerró la fábrica Envamap y la fábrica de Tulipán, que trabajaba 24 horas, pasó a hacerlo sólo dos turnos. Decenas de talleres de tres o cuatro operarios han debido cerrar sus puertas.

Las imágenes de la represión fueron impactantes, las declaraciones de las familias de los despedidos conmovedoras, algunos de ellos trabajan hace 30 años en la empresa, el despliegue de violencia hizo que los chicos de un jardín de infantes cercano tuvieran que refugiarse bajo los pupitres por los escopetazos y fueron afectados por el gas. La indignación que provocaban estas escenas tuvo un efecto catarata en las redes, llovieron condenas a la gobernadora María Eugenia Vidal que estuvo detrás de la represión, al sindicato de la alimentación y también a la CGT, que finalmente convocó a una movilización contra el gobierno para el próximo 22 de agosto. Y un efecto irracional: desbordados por esa indignación, algunos muros de izquierda se llenaron de ataques al kirchnerismo y muros kirchneristas hicieron lo mismo contra el trotskismo en una discusión inútil porque militantes gremiales y trabajadores de uno y otro lado son agredidos por igual por las políticas del gobierno. En ese aspecto, la derecha no hace diferencias y resulta una estupidez que sí las hagan los afectados.

El miércoles, el día anterior a la represión en PepsiCo, se había producido otro hecho que conmovió profundamente el mundo del trabajo, con la condena a Lula en Brasil. En una semana fatídica para los trabajadores, el día anterior a esa condena, el martes, el Congreso golpista de ese país había aprobado una ley de flexibilización laboral que lleva de 8 a 12 las horas diarias de trabajo, permite dividir en tres períodos a las vacaciones, facilita los despidos sin causa y contiene otra cantidad de exigencias planteadas por las cámaras empresarias. No solamente existe una relación cronológica. También hay una relación causal. Y lo mismo sucede en la Argentina, donde el bloque hegemónico que expresa el gobierno reprime a los trabajadores y cierra fuentes de trabajo y al mismo tiempo desencadena una campaña de persecución judicial y desprestigio contra Cristina Kirchner. Seguramente muchas de las medidas que tomaron en sus gobiernos Cristina Kirchner o Lula fueron insuficientes e incluso erróneas. El kirchnerismo y el PT se pueden equivocar. Pero los que nunca se equivocan son la derecha ni los grandes capitales que visualizan esas dos fuerzas como obstáculos concretos para sus intereses.  

Con todas las críticas que se les puedan hacer al PT y al kirchnerismo, desde el otro lado es la misma reacción de la derecha la que está diciendo  que es imposible disociar una cosa de la otra, o sea: pensar que los gobiernos de derecha son buenos cuando persiguen a líderes o ex presidentes populares, pero son malos cuando reprimen a los trabajadores. Sobre esa disociación irracional también trabaja el sentido común de la derecha. En los gobiernos del PT y en los del kirchnerismo seguramente hubo chorros, pero aunque la gran mayoría de sus políticos y militantes fueran honestos, la derecha necesita convencer de que el único objetivo de estos gobiernos era la corrupción. Por eso acusan a Cristina Kirchner de jefa de una asociación ilícita, porque esa figura legal tiene un mensaje simbólico donde decir eso es lo mismo que decir jefa de un gobierno popular, peronista, izquierdista, o populista o reformista o bonapartista o como se le quiera decir, pero es ese gobierno, con el nombre que se le quiera poner, al que odia la derecha.  

La reacción restauradora necesita minimizar todas las medidas transformadoras de los gobiernos populares y presentarlas bajo las formas de fraudes y latrocinios, desde las nacionalizaciones de YPF y Aerolíneas, hasta la reestatización de las jubilaciones y el fin de las AFJP o el plan Qunita y Fútbol para Todos más la Asignación Universal por Hijo. Por eso tienen que forzar los números para decir que cuando se fue el gobierno kirchnerista había más pobres que antes. El arsenal mediático y la complicidad de periodistas, jueces y fiscales tiene un rol estratégico en esa función. Tienen que presentar todo como un sistema de corrupción porque su objetivo no es solamente ganarle al kirchnerismo, sino desarraigar para siempre cualquier reclamo de ese tipo. Tienen que matarlo en el corazón de la sociedad, hacer que los mismos que se favorecieron con esas medidas, las aborrezcan y abjuren de ellas. Hay personas que en la actualidad estarían pidiendo limosna en la puerta de las iglesias y que se jubilaron gracias a las moratorias, que fueron ganadas por esa campaña de confusión. Hay trabajadores que ahora están siendo despedidos, que votaron a Macri o saludaron su llegada al gobierno. El mensaje de los medios oficialistas busca asimilar la idea de gobierno progresista o popular, etc, a la de una asociación ilícita. Y lo mismo ocurre con las medidas de transformación, de nacionalización, de justicia social o de inclusión, a las que se reemplazan con la idea del atraco y la rapiña. Que vayan presos o no Lula o Cristina Kirchner, dependerá de la situación política. Pero desde el punto de vista ideológico necesitan una construcción donde la sociedad escuche la palabra justicia social y le suene a corrupción. Todo el que realice medidas de inclusión o distribución de la riqueza pasa así a la categoría de corrupto. Esa agenda fue creada por la derecha, porque no tienen nada que ofrecer en lo económico, en lo social, en salud, en educación o en lo cultural.

Los centenares de trabajadores en lucha en Zárate y Campana, el ninja acorazado que atacó a una trabajadora despedida por PepsiCo y la condena a Lula en Brasil que rebotó sobre Agentina, todo viene en el mismo paquete neoliberal de Cambiemos. El mismo paquete económico del gobierno por el cual a PepsiCo le resulta más fácil y rentable cerrar su fábrica en Argentina, comprar la materia prima en Argentina, pero elaborar sus productos en una fábrica en Chile para después importarlos y venderlos en Argentina. Es el plan económico de Cambiemos. Para hacer eso tiene que echar a los trabajadores y reprimir con dureza a los que resistan. Nada desentona, solamente los que caen en el engaño.

Página/12 - 15 de julio de 2017