Durante el segundo año de gobierno libertario, la política represiva conducida por Patricia Bullrich consolidó su carácter ilegal y criminalizante frente al derecho a la protesta. El registro de 672 personas heridas en la represión a jubilados, jubiladas e hinchas de clubes de fútbol del último 12 de marzo (12M) alimentó una estadística que ilustra la tendencia cada vez mayor a la brutalidad de las fuerzas de seguridad: el relevamiento de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) indica que durante el primer semestre de 2025 se contabilizaron al menos 1.251 personas heridas, mientras que en todo 2024 se habían registrado 1.216.

El uso de detenciones como método de disciplinamiento político a manifestantes y trabajadores y trabajadoras de prensa también marcó un punto cúlmine: ese día se produjeron 114 de las 130 detenciones en contextos de protesta del primer semestre, mientras que en todo el año anterior se habían contabilizado 93. La premeditación para acumular detenidos se pudo identificar en las declaraciones amenazantes de Bullrich antes y después de la manifestación, pero fundamentalmente en tres rasgos del accionar policial organizado por la cúpula del Ministerio de Seguridad: participación deliberada de miembros de fuerzas no capacitados para intervención en manifestaciones públicas; reiteración de detenciones coordinadas a grupos seleccionados arbitrariamente; e irregularidades sistemáticas de procedimiento cometidas por los agentes durante y después de las detenciones.

¿Cómo actuaron las fuerzas en las represiones más brutales? ¿Qué continuó y qué cambió durante ese tiempo? ¿Qué aprendizajes y herramientas se reunieron frente a la violencia estatal? ¿Y qué mecanismos de poder facilitan que otros responsables en la cadena de mando sigan impunes?

Jugar a los soldaditos

El 12M las fuerzas de seguridad federales actuaron una vez más bajo el esquema del Comando Unificado Urbano, dispositivo policial que desde diciembre de 2023 aplica el “protocolo antipiquetes”. Según la reglamentación publicada en el Boletín Oficial, el jefe de la Policía Federal, Comisario General Luis Alejandro Rollé (o un funcionario delegado por él) debe coordinar el operativo junto a Gendarmería Nacional (GNA), Prefectura Naval (PNA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Policía Federal (PFA) y la Policía de la Ciudad. La conducción de las fuerzas en la calle ese día estuvo a cargo del comisario de la PFA Gerardo Ariel Perillo Scampini, quien ya había comandado otros operativos desproporcionados alrededor del Congreso. En uno de ellos —el del 11 de septiembre de 2024— Fabrizia, de 9 años, y su mamá fueron rociadas con gas pimienta en el rostro por el efectivo Cristian Rivaldi, de la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (DOUCAD), identificado gracias al registro audiovisual colectivo.

La disposición jerárquica de Perillo durante el 12M se manifiesta en las modulaciones radiales entre las fuerzas, a las que tuvo acceso el Mapa de la Policía. Asimismo, a partir de estas comunicaciones entre los jefes operativos de las fuerzas y la conducción centralizada se pudo determinar que la presencia de agentes no capacitados para detenciones fue una decisión premeditada y explícita y no producto de descoordinación, imprevistos o desbordes frente a las concentraciones.

La manifestación estaba convocada para las 17:00. Alrededor de las 14:00, el Comando fijó la base de las fuerzas en el ala suroeste del Congreso, sobre Combate de los Pozos e Yrigoyen, a metros de una sede conjunta del Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD) de CABA. En ese edificio se dispusieron dos celdas a las que más tarde serían trasladados al menos 21 manifestantes en móviles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) para permanecer ahí por más de 10 horas. Tras establecer la sede de operación se informó al Comandante Mayor de Gendarmería, Pablo Eduardo Morales, qué brigadas de civil lo acompañarían en las detenciones, pero Morales afirmó no contar con el personal y replicó que agentes de procedimientos judiciales de GNA serían capacitados en ese momento para la tarea. A continuación, el Comando ordenó al jefe de PSA acompañar los camiones celulares del SPF y coordinar el “accionar respecto de detenidos” con móviles de Prefectura.

Estas dos decisiones involucraron en las detenciones a agentes no capacitados para ese procedimiento en espacios urbanos. Puestas en perspectiva, se enmarcan en una tendencia a involucrar fuerzas militarizadas e integrantes del Sistema de Defensa Nacional que ha acompañado la escalada de violencia y criminalización: GNA y PNA estuvieron en 12 de las 13 movilizaciones en las que hubo represión; por su parte, las participaciones de la PSA en estos operativos se incrementaron casi un tercio en relación a 2024, pasando del 10% de las marchas a más del 30%.

El día anterior a la manifestación, el Ministerio de Seguridad había intentado desalentar la protesta con la amenaza de prohibir el ingreso a eventos deportivos a personas “identificadas y detenidas” en situaciones violentas. Lo mismo hizo Bullrich al advertir que las fuerzas aplicarían el protocolo antipiquetes contra supuestos barrabravas -los hinchas de varios clubes se habían autoconvocado para apoyar el reclamo de los jubilados-. Horas antes de que los manifestantes llegaran a la plaza, el dispositivo de detenciones estaba preparado para trasladar personas hacia adentro del vallado colindante al edificio del Congreso y la sede del MPF y, a la vez, avanzar con cuerpos motorizados y de Infantería más allá de los cordones que impedían acercarse a la plaza por los accesos desde Rivadavia, Callao, Entre Ríos, Solís e Hipólito Yrigoyen, así como hacia las avenidas y calles al este, bloqueadas parcialmente por los cortes policiales sobre la Avenida 9 de Julio.

Con un despliegue de más de 1.000 efectivos de las cinco fuerzas, el operativo buscaría repetir la escena de criminalización coordinada con despachos de la Justicia Federal del 12 de junio del 2024 en la protesta contra la Ley Bases. Aquella vez, el Gobierno había encontrado en Comodoro Py el correlato perfecto para completar su plan de criminalización de la protesta. Hubo 23 detenciones en el ámbito porteño y 10 en el federal, pero el juez de CABA Pablo Casas se declaró incompetente y la totalidad de los casos fue a parar al fiscal Carlos Stornelli, quien pidió prisión preventiva para todos y les imputó -sin precisiones ni sustento probatorio- 15 delitos, incluyendo figuras contra el orden constitucional.

Quién las hace

Las escenas de violencia del 12M empezaron cerca de las 15:00, cuando la sesión parlamentaria aún no había empezado. A esa hora, el Comando pidió a los cuerpos motorizados que recorrieran la Av. 9 de Julio desde Constitución hasta Rivadavia y en dirección a Av. Jujuy en busca de micros con manifestantes. Mientras tanto, los primeros grupos que se acercaban al Congreso desde Entre Ríos eran dispersados con pimienta en aerosol por personal de la PFA que avanzaba sobre las veredas y el perímetro de la plaza. Media hora más tarde, tanto estos efectivos como los de GNA advertían al Comando que no podrían contener a la gente que llegaba desde Rivadavia. Ante el pedido de refuerzos, se les envía más personal de PNA, GNA y cuerpos de policía montada a las esquinas de Rivadavia e Yrigoyen, replicando la orden a todas las células ubicadas sobre la plaza. Esta saturación ya impedía el tránsito por Entre Ríos a las 16:10, momento en que un agente de la PFA empujó a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que sufrió un traumatismo craneoencefálico por el impacto de su cabeza contra el asfalto.

Pasadas las 16:30, mientras las imágenes de la violencia contra Beatriz recorrían canales televisivos y redes sociales, la cantidad de manifestantes crecía. Frente a esto, el Comando decidió enfocar los esfuerzos en liberar las esquinas con camiones hidrantes y efectivos de PNA sobre Rivadavia y GNA sobre Solís, y células de Infantería de PFA y PSA reforzando ambas líneas. A partir de entonces, las directivas de Perillo serían determinantes para la cadena de acciones que llevó a los disparos que hirieron a Pablo Grillo y Jonathan Navarro, separados por un lapso de apenas 3 minutos.

Filmaciones que registraron los movimientos de las fuerzas desde las 17:00 muestran que el jefe de la Federal comandó esa etapa del operativo como parte de la tropa organizada sobre Yrigoyen y Solís. Como respuesta a las agresiones de algunos manifestantes que arrojaban piedras, Perillo pidió refuerzos y habilitó el avance de un hidrante de GNA para dispersar los grupos que se acercaban desde la avenida y la plaza. Usó la consigna "Hacerse fuertes". A las 17:07, mientras el cuerpo de Gendarmería y PFA apostado sobre Yrigoyen avanzaba por Solís, el cabo Guerrero ya disparaba su arma lanza gases en sentido horizontal y en dirección a la estructura incendiada que, minutos después, desviaría apenas la trayectoria del cartucho que impactó en la cabeza de Pablo Grillo.

La línea de Infantería y un hidrante ya habían ganado la peatonal de Solís a las 17:17 cuando llegó el segundo camión, también autorizado por Perillo. Posicionado a la izquierda de ese vehículo, Guerrero disparó otra vez de manera horizontal e hirió al fotógrafo. Durante ese lapso, las modulaciones desde el otro lado de la plaza le informaron al Comando que el panorama en Rivadavia era “muy tranquilo”. Sin embargo, Perillo ordenó que la división de la Agrupación Albatros de Prefectura, comandada por el Prefecto Mayor Héctor Cabrera, avance desde Entre Ríos “por lo menos hasta la reja”, es decir, pasando Rodríguez Peña, en dirección a la concentración donde estaba Jonathan. Cumplida esta directiva, el cordón de PNA sobre Rivadavia quedaba alineado con el de GNA. En ese momento, el Comando ordenó a esta segunda línea avanzar hacia Sáenz Peña e Yrigoyen; y segundos después, desde el otro lado de la plaza, es Perillo quien ordena un nuevo avance de PNA, cuya línea quedaría enfrentada a pocos metros de los manifestantes, como se observa en la toma de la cámara de monitoreo urbano “Domo Entre Ríos” obtenida por el Mapa de la Policía. El mismo registro muestra cómo, antes del avance, efectivos de PNA forman una ronda táctica detrás de la línea que cortaba la calle; a continuación el prefecto Martínez se ubica en la fila, se pone en puntas de pie, apunta su rifle Byrna TCR y efectúa el disparo que impactó en el ojo izquierdo de Jonathan Navarro. Según la guía de uso de este arma que PNA entregó para la investigación del hecho, el tirador designado puede usarla únicamente “bajo estricta orden del jefe del grupo”. Esto deja claro que el oficial auxiliar Martínez actuó bajo autorización del Prefecto Mayor Cabrera, o bien por encima de la no impartición de ese mando.

Segundos después del disparo contra Jonathan, personal del SAME atendía a Pablo sobre el asfalto entre gases, disparos de balas de goma y el chorro de uno de los hidrantes. Al mismo tiempo, una cámara de Indymedia registraba el movimiento de algunos gendarmes ubicados sobre Yrigoyen. La toma de las 17:22 muestra una ronda de diálogo entre efectivos de la Sección de Empleo Inmediato (SEI) -entre los que se puede identificar a Guerrero- varios metros detrás de la línea dispuesta a avanzar. Luego de un minuto de deliberación, uno de ellos se dirigió al trote en sentido contrario, hacia la zona de la base de operación conformada en Combate de los Pozos. Otros dos gendarmes hicieron lo mismo dos minutos después. A las 17:25, el Director Nacional de Gendarmería, Comandante Claudio Miguel Brilloni, entró en escena caminando apurado hacia la línea de Infantería, acompañado por un agente de PFA, y se detuvo en la zona donde Guerrero le había disparado a Pablo. Ahí Brilloni habló con uno de los efectivos. El gesto de sus manos hacia abajo fue repetitivo e inequívoco: había que bajar la intensidad de la represión. Sin embargo, minutos después, Guerrero volvió a cargar su arma lanza gases. Las filas de ambos lados de la plaza avanzaron para terminar de despejarla. Perillo ya había ordenado que cuerpos motorizados e Infantería de GNA avanzaran hasta Avenida de Mayo.

Cárcel o bala

“A las 16:40 ya estaba detenido”. Alejandro Todaro es médico psiquiatra del Hospital Bonaparte y fue uno de los primeros aprehendidos por efectivos de la PFA el 12M. Según su testimonio, a las 16:36 subió una historia a redes sociales para mostrar cómo un camión hidrante se le venía encima mientras protestaba en la esquina de Rivadavia y Entre Ríos. Después de golpear el vehículo con la mano, fue gaseado y tomado por un grupo. Un policía lo redujo al piso mientras otro le colocaba un arma larga sobre la cabeza. A continuación, siguiendo la orden del Comando, lo llevaron a la base operativa de Yrigoyen y Combate de los Pozos, donde permaneció unos 15 minutos esposado junto a otra detenida. Una de las modulaciones de PSA minutos después de las 17:00 indica que efectivos de esa fuerza fueron los encargados de custodiar a los detenidos ahí. Luego subieron a Alejandro y a la mujer a un camión celular del SPF que circuló durante media hora hasta dejarlos en la sede del Ministerio Público Fiscal, es decir, a menos de media cuadra. Los oficiales no aclararon en ningún momento adónde los estaban llevando.

El diálogo entre el Comando y las distintas fuerzas indica que este tipo de detenciones, efectuadas por efectivos de PFA y GNA y coordinadas con PSA, se produjeron hasta cerca de las 21:00. El total fue de 21 personas capturadas en su mayoría individualmente, o como máximo en grupos de tres, y acusadas bajo las figuras delictivas de atentado y resistencia a la autoridad o daños. Todas aparecerían más tarde en el listado de 39 supuestos barrabravas publicado en el Boletín Oficial por orden de Patricia Bullrich. La falta de pruebas, motivos e identificación del personal de las fuerzas involucrado en las detenciones demuestra el objetivo del amedrentamiento político y la criminalización de la protesta por parte del Poder Ejecutivo. Además de las imprecisiones de los lugares donde se produjeron y las demoras para informar a la fiscalía, como comprobarían tanto la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15 de CABA, como su par del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1, María Servini, durante el control jurisdiccional. De acuerdo a los testimonios de detenidos relevados por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la incertidumbre sobre los motivos de la detención y el lugar donde estaban fueron prácticas deliberadas y recurrentes.

“Todavía quedan curiosos dando vueltas”. Así respondía Perillo al Comando pasadas las 18:00 para negarse a mover cuerpos de Infantería de las inmediaciones de Avenida de Mayo hacia la Plaza del Congreso, ya despejada. Su objetivo era que Infantería de GNA y motorizados de PFA avanzaran barriendo esa arteria hasta Casa Rosada, donde el Comando había ubicado una concentración de unas 200 personas. La ilegalidad de las detenciones se profundizó a partir de esa hora en escenas que involucraron también a la Policía de la Ciudad, cuyos efectivos realizaron 99 aprehensiones durante la jornada. Registros fílmicos reunidos por el Mapa de la Policía e información de las actuaciones judiciales y testimonios a disposición de la CNPT evidencian que el despliegue policial buscaba dispersar con violencia y detener a la mayor cantidad posible de personas, lo que llevó a la captura de decenas que desconcentraban o ni siquiera habían participado de la protesta.

En este marco se identificó una modalidad de detención que alcanzó a grupos de entre 15 y 30 personas por medio de columnas cerrojo y lanzamiento de gases y disparos de balas de goma. A las 18:30, dos filas de agentes encerraron a unas 30 personas que transitaban por Av. de Mayo, entre Piedras y Maipú. Les arrojaron gas pimienta y las retuvieron en el piso de una de las veredas, impidiéndoles moverse durante más de una hora sin informarles por qué se las detenía. Hubo detenciones colectivas sobre las Avenidas Yrigoyen y 9 de Julio que mostraron signos similares de planificación: mientras células de una fuerza avanzaban por la avenida principal, otros grupos de uniformados lo hacían por las intersecciones, acorralando a sus objetivos. Otras sedes de detención además de la lindante al Congreso fueron el centro de monitoreo urbano de la Policía de la Ciudad, frente al Obelisco, donde se montaron corralitos sin sanitarios ni instalaciones de atención médica, y la Comisaría Comunal 4. Antes de que la jueza Andrade ordenara las liberaciones, agentes de la policía redactaron actas con contenido genérico que les hicieron firmar a las personas. Algunos testigos afirmaron que incluso les hicieron firmar actas en blanco bajo amenaza de continuar detenidos.

Dos de los casos más graves fueron los de un nene de 12 años y otro de 14, que fueron retenidos por efectivos de la Policía de la Ciudad cerca de las 18:30 en la Plaza de Mayo acusados de arrojar piedras al personal policial. La madre de uno de ellos se enteró dos horas después, dado que la detención fue informada por el personal policial a la fiscalía a las 20:47. Durante ese tiempo estuvieron incomunicados y demorados contra una reja, con las manos atadas con precintos, junto a otros detenidos. En el legajo abierto tras esa notificación tardía se los acusó de “desobediencia y resistencia a la autoridad”.

Las detenciones como represalia a quienes registraban el accionar policial con sus teléfonos o reclamaban por la captura de otras personas configuraron otra dinámica sistemática del operativo. También el avance indiscriminado con disparos de estruendo, balas de goma y lanzadoras de gas lacrimógeno, lo que provocó afecciones respiratorias y heridas de postas de goma en el cuerpo, e incluso en la cara. Ana Martínez, de 22 años, se encontró con una escena así en la zona de Plaza Congreso cerca de las 18, cuando protestaba junto a su novio desde la Avenida 9 de Julio. Según su testimonio, grupos motorizados llegaron disparando, lanzando gases lacrimógenos y deteniendo manifestantes. En ese instante vio, desde la vereda, que una mujer que pedía ayuda a los gritos era forzada por un grupo de uniformados a subir a un móvil. Al voltear la mirada notó que un efectivo con la cara tapada le apuntaba con su arma. El disparo impactó en su boca, por lo que la suturaron con 4 puntos en el Hospital Ramos Mejía. Minutos más tarde y del otro lado de la 9 de Julio, Ana Vigna recibió un impacto de bala de goma en el pómulo derecho mientras acompañaba a un hombre a tomarse el colectivo. Según relató en televisión, efectivos de GNA disparaban “sin mirar a dónde estaban tirando”, y el que la hirió a ella se encontraba a unos 20 metros de distancia.

Entre las 20:30 y las 21:00 se registraron al menos dos hechos de violencia direccionada a fotorreporteros y trabajadores de prensa. Ambos tuvieron lugar en el marco de un avance de la PFA sobre manifestantes desde la esquina de Callao y Rivadavia hacia Rodríguez Peña. En ese contexto, el fotógrafo Marcos Sierras intentaba registrar una detención efectuada por un grupo de efectivos cuando uno de ellos –de rango jerárquico según indica su falta de uniforme antidisturbios– le fracturó la nariz con un bastón. Minutos más tarde, el cronista de Crónica TV Emanuel Herrera y su compañero Guillermo Lépore fueron alcanzados por disparos de balas de goma mientras cubrían el avance de las fuerzas sobre la vereda.

Quién las paga

Si el 12M fue un punto de inflexión por la gravedad de las lesiones de las víctimas y el desborde en el manejo político de las detenciones es porque se inscribe en una serie unida por prácticas sistemáticas. Forma parte de ella el caso de Matías Aufieri, abogado y militante del PTS que perdió la visión de un ojo por un impacto de bala de goma durante la represión del 1 de febrero de 2024. También las imputaciones de sedición y terrorismo, entre otros delitos, por parte del fiscal Carlos Stornelli a 33 personas que se manifestaban pacíficamente contra la media sanción de la Ley Bases en junio de ese mismo año.

A partir de las reconstrucciones del Mapa de la Policía, y tras los intentos de encubrimiento desde la investigación administrativa, el gendarme Héctor Jesús Guerrero fue citado a declaración indagatoria por el disparo que casi provocó la muerte del fotógrafo Pablo Grillo. Tras un proceso similar de acción colectiva, la Justicia identificó al oficial auxiliar Sebastián Emanuel Martínez, del Grupo Guardacostas (AGGU) de la Prefectura Naval Argentina (PNA), quien disparó a la cara al hincha de Chacarita, provocándole la pérdida de visión de un ojo. Ambos efectivos prestaron declaración indagatoria en las últimas semanas. Dada la contundencia del material probatorio, ambos podrían enfrentar consecuencias penales graves, incluyendo condenas a cárcel común. En una situación similar se encuentra Rivaldi, cuyo procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal en julio de este año, por lo que resta definir la fecha en que será llevado a juicio.

Mientras tanto, la ministra Bullrich prepara una eventual salida de la cartera de Seguridad por sus altas chances de asumir como senadora nacional por La Libertad Avanza tras las próximas elecciones legislativas nacionales. Al igual que ella, los responsables del Comando Unificado, funcionarios intermedios y agentes involucrados en las cadenas de mando siguen sin enfrentar consecuencias penales. Frente a esto, los casos de Pablo y Jonathan demuestran que la individualización de los responsables directos de la violencia de las fuerzas de seguridad es un método eficiente contra los mecanismos de impunidad. Esta práctica colectiva cobra relevancia de cara a próximos episodios de represión, pero sobre todo al contrastarla con las estrategias de encubrimiento coordinadas entre los poderes estatales que han impedido la construcción de Justicia para las víctimas de la violencia policial ejercida con fines políticos. Estas obstrucciones se tejen entre faltas protocolares deliberadas de los agentes que deberían actuar como garantes del derecho a la protesta; complicidad corporativa en las investigaciones de sumario; y vaivenes judiciales producto de los cruces jurisdiccionales y de competencia entre tribunales y fuerzas represivas. Así lo demuestran los casos de Matías Aufieri y Beatriz Blanco.

El expediente de Matías fue abierto a inicios de febrero de 2024 y lleva meses sin avances significativos como consecuencia de la inacción del juez Julián Ercolini, quien se declaró incompetente casi un año y medio después. Antes, el fiscal Ramiro González había pedido la indagatoria de 18 agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas de la PFA y de uno de la Policía Montada. En vez de avanzar en esa medida para determinar quién le disparó a Matías, Ercolini consideró que ese día los efectivos actuaron como controladores de tránsito local, por lo que giró el expediente al fuero penal ordinario. Aunque el tribunal de apelaciones resolvió que Ercolini debe seguir al frente de la causa, el conflicto de competencias sigue dilatando la identificación del responsable directo y sus superiores al mando.

Por su parte, la causa de Beatriz empezó con deficiencias de procedimiento graves en favor del efectivo que le provocó las lesiones. El comisario de la PFA Romualdo Coronel confeccionó el parte en el momento de la represión, pero evitó individualizar al agresor. En cambio, consignó que la jubilada simplemente se encontraba tirada en el piso con un corte en la cabeza. Además, informó a la fiscalía de flagrancia a las 18:39, pese a que el hecho había ocurrido cerca de las 16:15. Estas omisiones fueron señaladas en la resolución de la jueza Andrade, quien se declaró incompetente sobre la cuestión de fondo por la participación de agentes federales. Finalmente, la causa fue enviada a Comodoro Py, donde la PROCUVIN había iniciado un expediente a nivel federal por lesiones que incluye el caso de Pablo Grillo, hoy a cargo de la jueza Servini.

La búsqueda de justicia para el fotógrafo continúa a pesar de los intentos de las fuerzas involucradas por ocultar pruebas y desligar responsabilidades internas. La primera maniobra de encubrimiento fue el cierre inmediato del informe iniciado el 17 de marzo por el Comandante de la Región I, Marcelo Porra Melconian, e instruido por el Comandante Mayor Adrián Barressi. Las declaraciones del propio Guerrero y otros cuatro gendarmes fue el único material considerado para concluir, dos días después, que el disparo que puso en riesgo la vida de Pablo fue un “hecho fortuito”, producto de la mala visibilidad y de la imprudencia de la víctima por ubicarse “en la línea de tiro”. Aunque el expediente fue reabierto en abril con nuevos pedidos de prueba, volvió a cerrar a los cuatro días con las mismas conclusiones. Dos de los efectivos que declararon son Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes, jefes del grupo SEI al que pertenece Guerrero. Las imágenes de ese día muestran que ambos consintieron y avalaron el accionar del gendarme imputado. Y en relación a la causa, Reyes debe explicar por qué la cámara Go Pro que llevaba en el casco “no fue activada”, tal como constata el informe aportado por GNA ante el pedido de ese material audiovisual. Esto se suma a que los videos aportados por Gendarmería —entre ellos el de la Go Pro que llevaba Kozak— presentan inconsistencias, baches temporales y fragmentación.

Ninguna de estas obstrucciones puede contrarrestar la reconstrucción incorporada al expediente a partir de la acción colectiva. El caso es paradigmático: Guerrero fue imputado a cuatro meses del hecho y tras el tercer pedido por parte de la querella, que esta vez estuvo acompañado del informe elaborado por el Mapa de la Policía.

^{Fuente: Mapa de la Policía - Septiembre 2025}