Atrás quedó el triunfalismo fogoneado por el derroche clientelístico y los globos amarillos repletos de éxitos ficticios, lluvias de inversiones y pobreza cero. Las grandes movilizaciones callejeras contrarias a la reforma previsional del mes de diciembre han sembrado las semillas de un cambio en la relación de fuerzas entre el gobierno y la oposición. En pocos meses, el vendaval que en las PASO anticipaba una tormenta perfecta hoy se ha convertido en un huracán que amenaza al gobierno y sus políticas.

Un huracán es la peor de todas las tormentas posibles, la más violenta y destructiva. En su centro existe un ojo rodeado de negras paredes cilíndricas que atraviesan el grueso de la tormenta. En este ojo prevalece la calma y se vislumbra un cielo azul y sereno. Paradójicamente, este es el punto neurálgico de violentos procesos que giran caóticamente a su alrededor. Fuertes vientos centrípetos chocan contra alocadas bocanadas  de destrucción centrifuga. Ambos fenómenos generan un progresivo estrangulamiento del ojo del huracán y la destrucción de todo lo que encuentra a su paso. Hoy Macri y su gobierno están acurrucados en el ojo del huracán que asuela al país. Desde allí vislumbran la salvación en el paraíso celeste del FMI, que aparece como la única vía que permitirá  reflotar los globos amarillos del “sí se puede”, del “todos juntos podemos”, encaminando al país hacia la reelección de Macri en 2019. Ocurre, sin embargo, que el gobierno está cada vez más estrangulado por el abrazo mortal del nudo gordiano: las fuerzas centrípetas del endeudamiento externo y la fuga de capitales sumadas a la violencia centrípeta de la corrida hacia el dólar y la consiguiente inflación desmadrada. Estas turbulencias negras jaquean a la columna vertebral  de la “apertura al mundo” de Macri: el tarifazo.

¿Cómo se llegó a esta situación? En sus dos años de gestión este gobierno ha provocado un acelerado endeudamiento externo y enormes transferencias de ingresos desde los sectores más pobres del país hacia los más ricos. Hoy, el rápido empobrecimiento de la mayoría de la población coexiste con un déficit fiscal dominado por el peso creciente de los intereses de la deuda. Habiendo eliminado las retenciones a las exportaciones y disminuido el aporte tributario de grandes contribuyentes y corporaciones, el gobierno ha intentado domar el déficit fiscal aumentando el endeudamiento externo y la carga impositiva de la población, destruyendo el salario real y disminuyendo las pensiones, las jubilaciones, la asignación universal por hijo, etc. Esto ha dado lugar a una dinámica perversa que potencia la ruptura del tejido social y la vulnerabilidad del país ante los cambios en la coyuntura financiera internacional. Esta dinámica genera una creciente dependencia del endeudamiento externo, un endeudamiento que en lugar de impulsar la inversión productiva y la generación de empleo alimenta la especulación financiera y la fuga de capitales. En efecto, las altas tasas de interés han atraído a capitales golondrinas a una bicicleta financiera de corto plazo comprando las LEBACs y otros títulos del BCRA. Así, a través de la liberación total de los movimientos de capitales y del seguro de cambio otorgado por un dólar planchado, el gobierno ha asegurado a los capitales golondrina ganancias extraordinarias, de una magnitud inédita en el mundo.

La contrapartida de esta especulación ha sido la conformación de una bomba de tiempo que amenaza con destruir a nuestra economía. En efecto, la continuidad de la bicicleta financiera depende tanto de las circunstancias que prevalecen en el mercado internacional como de las condiciones de estabilidad política local. Un aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal norteamericana impulsará la salida de los capitales golondrina en búsqueda de ganancias en condiciones menos riesgosas. Esta salida también puede ser motivada por un aumento del riesgo en el mercado local. Hoy la masa de dinero invertida en esta especulación supera a la base monetaria y equivale aproximadamente al total las reservas del BCRA, reservas que son producto del endeudamiento y en su totalidad no son de libre disponibilidad. Esto explica que en el caso de una masiva salida de los capitales invertidos en la especulación financiera, las reservas del BCRA no alcanzarían para parar la corrida hacia el dólar.

Desde diciembre, y alertados por los cambios ocurridos en el tope inflacionario propuesto por el gobierno, los capitales golondrina comenzaron a liquidar sus tenencias de LEBACs y otros títulos del BCRA. Esta situación derivó en una fuga hacia el dólar que en las últimas semanas se transformó en una verdadera estampida alimentada por la suba de las tasas de interés de la Reserva Federal, y por otros factores entre los que se incluye el deterioro de la imagen presidencial ante el cuestionamiento popular del tarifazo. Esta estampida, la más grande ocurrida en la historia del país, logro que en muy pocos días el BCRA quemara el 8% de sus reservas para detenerla. Hoy la corrida continúa imparable y amenaza la renovación del 60% de las LEBACs el martes 15. En un contexto de fuerte restricción del crédito externo y de síntomas que anticipan el cimbronazo en la integridad de las cadenas de pago, el gobierno ha recurrido al prestamista de última instancia: el FMI.

Sin embargo, la historia de la destrucción del país no termina aquí. En efecto, en estos dos años el gobierno ha impuesto una total apertura de la economía a las importaciones, inundado el mercado interno con productos subsidiados, desarticulando la producción nacional y las economías regionales e impulsado el quebranto de las PYMES y un desempleo creciente. Asimismo, las altas tasas de interés y el dólar planchado han desalentado a la producción local y asestado un golpe mortal a las exportaciones.

Hoy la forma y magnitud del endeudamiento en dólares (una moneda que el país no emite) paralizan la producción e impiden generar con nuestras exportaciones los dólares que se necesitan para pagar los intereses de la deuda externa, que crecen de un modo potencial. Esta falta de dólares genuinos se agrava por la decisión del gobierno de dejar librada a la voluntad de los exportadores la decisión de liquidar las divisas y la oportunidad de concretarla. Así, hoy tenemos un déficit de la balanza comercial de magnitud inédita en los últimos treinta años y la deuda externa crece más rápido que nuestra capacidad de generar dólares con las exportaciones. En síntesis, este gobierno ha impuesto un modelo económico que destruye la estructura productiva, aumenta la vulnerabilidad de nuestra economía en un contexto internacional signado por el proteccionismo y la inminencia de una crisis financiera internacional, un modelo que destroza el tejido social e incentiva los conflictos sociales al provocar una inflación imposible de controlar.

En la Argentina de las últimas décadas la inflación ha estado estrechamente asociada a la puja entre diversos actores sociales por apropiarse de una mayor cuota de los ingresos. Desde un inicio, este gobierno identifico al “costo salarial” como la principal causa de la inflación e impuso un techo al aumento de los salarios. Si bien la mayoría de los salarios pautados en los convenios colectivos no han logrado reparar la caída salario real ocurrida en los dos últimos anos, la inflación persiste y desborda los límites que el gobierno intenta imponerle. Esto ocurre porque la estructura económica argentina es altamente concentrada y un grupo pequeño de grandes corporaciones (extranjeras y nacionales) controla monopólica y oligopólicamente los puntos neurálgicos de la producción, del comercio externo e interno y de las finanzas. Estas grandes corporaciones son formadoras de precios y transfieren sus “costos” y “expectativas de ganancias” a los precios de toda la economía. El impacto del poder económico de estas fracciones del gran capital se ha potenciado en los dos últimos años debido a la emergencia de dos factores nuevos. Por un lado, la desregulación total del mercado de capitales y la bicicleta financiera han atraído nuevos actores  al mercado financiero local. Los capitales golondrina han disputado con los capitales locales por la apropiación de una mayor tajada de la masa de ingresos y riqueza acumulada en el país. La respuesta de los grandes capitales locales a esta competencia por la apropiación de los ingresos ha sido sumarse a la bicicleta financiera y al mismo tiempo transferir a precios sus “expectativas” de obtención de una mayor renta monopólica. Al dolarizar los precios de los combustibles y de las tarifas públicas el gobierno ha intentado otorgar un poder de veto en la disputa local por la apropiación de ingresos a un reducido número de empresas vinculadas a las tarifas públicas y a los combustibles.

Las fracciones monopólicas han resistido a ultranza, transfiriendo a los precios los nuevos costos y reafirmando así las fuentes “naturales” de su poder económico. Esta política del gobierno en materia de combustibles y tarifas públicas no es resultado de su impericia, o de los planes de negocios de sus CEOs. Obedece a un intento de aggiornar la economía local a los cambios sísmicos que hoy ocurren en la fase actual de acumulación del capitalismo monopólico global y a los consiguientes cambios ocurridos en la geopolítica mundial. En un mundo donde se agotan los recursos no renovables de importancia estratégica para la reproducción de la civilización occidental, donde la acumulación se basa en la desposesión creciente de los ingresos de la población mundial y en la apropiación de la riqueza acumulada y de los recursos naturales a través de rentas monopólicas de diversa índole (productiva, financiera, inmobiliaria, comercial), no nos puede extrañar que la “apertura al mundo” de Macri pase por otorgar preeminencia al gran capital vinculado al control de recursos estratégicos para el crecimiento del país. Tampoco, que este proceso se acompañe por el enriquecimiento súbito de un reducido núcleo constituido por familiares, amigos, socios y entenados de los principales funcionarios del gobierno. Esto nos lleva al tarifazo, fenómeno que hoy ocupa el centro de la escena política no sólo por la resistencia del gobierno a mitigarlo sino también porque este fenómeno arroja un potente haz de luz sobre la estructura del poder económico, los objetivos que persigue el gobierno, y los negocios que trata de ocultar. A pesar de los esfuerzos del oficialismo por diluir la importancia del tarifazo, su iridiscencia se irradia a la inflación, ilumina sus causas y desgarra el velo del relato oficial al exponer el canibalismo que subyace al verso del “todos juntos podemos”.

Con el fin explícito de “aliviar” el déficit fiscal eliminando los subsidios, el gobierno ha dolarizado el precio de los combustibles y decretado aumentos de las tarifas públicas que en los dos últimos años representan 1.200% en el gas, 1394% en la electricidad, y 996% en el caso del agua. Así ha impuesto a la población el enorme esfuerzo de afrontar con sus bolsillos tanto los subsidios que supuestamente se eliminan como las ganancias extraordinarias de las corporaciones y sus futuras inversiones. A pesar de alguna intervención judicial en el 2017, el tarifazo sigue hoy su curso incontenible y cada vez es más evidente que no sólo la mayoría de la población no lo puede enfrentar sino que asesta un golpe mortal a buena parte de la producción nacional.

Mientras el gobierno impone este sacrificio a los ciudadanos, en 2017 las acciones de las empresas vinculadas a los servicios públicos y a la producción de energía han tenido ganancías superlativas. A pesar de reiterados pedidos de las organizaciones que nuclean a los consumidores, el país todavía desconoce la estructura de costos de estas corporaciones, sus ganancias reales y sus inversiones pasadas y futuras.

A la total falta de transparencia del tarifazo se suma la existencia de serios “conflictos de interés” entre muchos de los funcionarios del Ministerio de Energía y de los entes reguladores. Estos funcionarios, hasta hace muy poco CEOs de las corporaciones que hoy se benefician con el tarifazo, están de los dos lados del mostrador. En este contexto los dichos del Ministro de Energía –ex alto ejecutivo de una multinacional petrolera— en una entrevista reciente en la que reconoce que tiene el 84% de su patrimonio en cuentas bancarias en el exterior y que solo repatriará su dinero en la medida en que “recupere la confianza en el país”, constituyen un ejemplo —entre los múltiples casos de funcionarios con cuentas en paraísos fiscales—de la impunidad con que diariamente este gobierno vulnera la legitimidad institucional y los valores de la República.

Surgido de una coalición política que representaba a los sectores económicamente más poderosos y a sectores de las clases medias, llegó a la suma de poder político con legitimidad de origen. Un hecho inédito en la historia del país. Sin embargo, desde un inicio ha manipulado a las instituciones para lograr sus objetivos políticos y económicos. El blindaje mediático, la brutal represión de la protesta social, las contínuas “operaciones mediático-judiciales”, los aprietes a jueces, periodistas, sindicalistas y dirigentes de la oposición, son sólo algunos ejemplos del modo en que vulnera el Estado de Derecho y las libertades cívicas. Hoy se violan los derechos humanos, hay una desaparición forzada, proliferan los presos políticos y los fusilamientos por la espalda para reprimir la protesta social y los actos delictivos, se multiplican las prisiones “preventivas” de dirigentes de la oposición y los procesos judiciales a gusto e iniciativa del Poder Ejecutivo. Esto ocurre en un contexto político que anticipa las elecciones del 2019. La reciente intervención judicial al Partido Justicialista es otro ejemplo de manipulación institucional con el fin de fragmentar a la oposición y posicionar al gobierno ante  las futuras elecciones. Sin embargo, hoy está en juego algo más importante que un resultado electoral. Este modelo económico conduce al caos económico, al saqueo de nuestros recursos, al autoritarismo creciente, a la perdida de legitimidad institucional y a la intensificación de los conflictos sociales. El relato oficial y sus políticas conducen a un callejón sin salida, a un país inviable, a una creciente fragmentación social. Lo que está en juego entonces, es la paz social, la soberanía nacional y la democracia.

Hoy la calle constituye el principal escenario de la protesta social, un escenario vital para el cambio de la relación de fuerzas entre el gobierno y la oposición. De ahí la necesidad de potenciar la conciencia de los problemas que enfrentamos y la construcción de una organización que permita superar las divisiones y el canibalismo que hoy corroen a la sociedad, tanto en la esfera intelectual, como en la política y en la social. Así, es necesario impulsar un espacio organizado, una plataforma que permita la convergencia de intelectuales, partidos políticos, empresarios, sindicatos y movimientos sociales  con el objetivo de reflexionar colectivamente y de elaborar propuestas concretas para salir de la situación actual encaminándonos hacia la construcción de un país inclusivo, integrado, soberano y con plena vigencia del Estado de Derecho y de las libertades cívicas. Este camino, largo y difícil, no se agota en una elección. Es una vía que permitirá sortear los desencuentros del pasado y los múltiples intereses inmediatos, muchas veces divergentes, buscando sintetizar los puntos que nos unen y que permiten articular una alianza estratégica, herramienta indispensable para la construcción de un país más justo, solidario y participativo.

El Cohete a la Luna - 12 de mayo de 2018