El ministro de Economía afirmó que permitirá al Banco Central "intervenir en situaciones de turbulencia" y recordó que el país está "renegociando su deuda, producto de una política pésima del gobierno anterior". Los detalles técnicos de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional.

La inflación global se ha tornado un problema persistente y la respuesta ortodoxa de los principales bancos centrales del mundo ha provocado una amenaza al crecimiento económico que, obviamente no toma en consideración al elemento humano sino las ganancias de las grandes corporaciones trasnacionales y la persistencia de un modelo económico que hoy reconocen como fracasado y perimido.

Según los legisladores del oficialismo, los fondos estimados que podrían ser alcanzados por la iniciativa son, según las estadísticas oficiales al 31 de diciembre de 2021, US$ 417.507 millones. De ellos se encuentran declarados ante la AFIP solo US$ 60.000 millones, según se desprende sobre el impuesto a los bienes personales de 2020.

Este diciembre se cumplen 20 años del estallido de la crisis social, política y económica que marcó el fin de la Convertibilidad y precipitó la declaración de la cesación de pagos de la deuda pública argentina. Hoy nuevamente estamos ante una situación de insostenibilidad y sobreendeudamiento que tiene embarcado al gobierno nacional en una renegociación integral de las obligaciones soberanas con sus diferentes grupos de acreedores.

El Fondo Monetario no es un banco comercial ni de inversión, y tampoco un fondo de inversión internacional. Es una institución multilateral controlada por las potencias, utilizada como herramienta de poder geopolítico para desplegar la estrategia hegemónica global de Estados Unidos, al tiempo de imponer un condicionamiento amplio (económico, financiero, social y político) sobre países endeudados. Existen disputas de poder a nivel local, pero también al interior del FMI que expresan las peleas entre fracciones del establishment estadounidense.