Los incendios en Delta del Paraná, y Rosario cubierta de humo, prendieron nuevamente las alarmas sobre el riesgo que corren los humedales en la Argentina. Puntualmente, sobre la necesidad de una legislación que a la vez que los proteja, formule un marco para la producción. Tanto el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, como la provincia de Entre Ríos avanzaron con causas penales contra los productores agropecuarios responsables de tamaño crimen ambiental. Pero para entender cómo es que no tenemos una ley, Tiempo se comunicó con Julián Monkes, experto en Ciencias Ambientales de la UBA, quien trabaja con productores en la zona núcleo forestal del Delta del Paraná y estudió los dos procesos legislativos que no lograron convertirse en ley. Monkes explica la necesidad imperiosa de una ley de humedales que contenga a todos los actores además de los debates en torno a la definición misma de humedal.

Además de explicitar la importancia de los humedales como grandes almacenadores de carbono, Monkes también señala que se trata de un ecosistema muy variado, que no se limita a la gran falla geológica que recorre la llanura chaco pampeana, sino que incluye a los salares de Jujuy y las turberas de Tierra del Fuego. También, por supuesto, surgió la discusión sobre “qué significa producir de manera sustentable en las islas”, es decir, sobre el modelo productivo y la soberanía alimentaria. Por eso, para hablar de los pormenores del recorrido parlamentario de los humedales, es necesario hablar del fuego. “Porque los humedales son ecosistemas muy frágiles, y disturbios de gran magnitud, pueden perjudicarlo de un modo definitivo”, detalla. 

"Los incendios son una práctica agropecuaria –incluso recomendada– para la renovación de los pastizales, pero para que esto suceda, se requiere una solicitud y su posterior aprobación y control. Sobre todo cuando nos referimos a ecosistemas en donde esa práctica sea viable. En las islas del Delta del Paraná hay muchas zonas conservadas y el riesgo de que se dañe el ecosistema es más que preocupante. Más allá de la obvia afectación de la flora y la fauna que el fuego consume en su tránsito, también se afecta al suelo. Porque después del fuego, que deja el suelo descubierto, puede venir una lluvia que lava toda la materia orgánica al tener la superficie expuesta. Puede afectar por todos lados, por eso la quema tiene que ser un proceso muy controlado, regulado, y que no provoque daños irreversibles", responde ante la consulta sobre la práctica de la quema y los peligros que conlleva para los humedales.

–¿Por qué son tan frágiles?

–Los humedales son ecosistemas frágiles en el sentido de que pequeños cambios pueden alterar estructuralmente las condiciones biofísicas. Por ejemplo, si vos le ponés una barrera muy alta a esta tierra que se inunda regularmente, esa modificación en el ciclo hidrológico cambia la estructura del suelo, la flora y la fauna que habitan esos lugares. Y no están fácil romper esa barrera y que se vuelva a inundar. Fundamentalmente por el ciclo hidrológico: el humedal es humedal gracias a las inundaciones que le dan sentido.

–¿Cuál es importancia del humedal dentro del escenario diverso de la Argentina?

–Los humedales ocupan según algunas estimaciones hasta el 22% de la superficie argentina. Pero son ecosistemas muy heterogéneos, desde las turberas en Tierra del Fuego, pasando por los salares de altura de altura de Jujuy hasta el Delta del Paraná, que es el más grande, y que no sólo es un gran reservorio de biodiversidad, sino que, sobre todo, está muy cerca de grandes centros urbanos. Todos los humedales tienen un efecto de “esponja”, es decir, que proveen un servicio de mitigación de inundaciones al absorber el agua, lo que impide que se inunden las ciudades que están aguas abajo. Las modificaciones que estamos viendo, los incendios o los grandes diques para la producción de soja y ganadería reducen esta capacidad de mitigación. La parte que técnicamente llamamos de pajonales absorbe mucho dióxido de carbono, eso en términos del efecto invernadero es muy relevante. Entonces son varias contribuciones, que en el caso del Delta se potencia por esas dos características, su extensión y la cercanía con los centros urbanos.

–Hubo dos intentos para legislar sobre los humedales, en 2013 y 2016, que perdieron estatus parlamentario porque la Cámara de Diputados no les dio tratamiento. ¿Podés contar un poco como fue eso?

–En 2013, se presentó el primer proyecto que fue aprobado en el Senado por unanimidad, pero sin debate. La versión taquigráfica muestra que el entonces senador Rubén Giustiniani (por el Partido Socialista de Santa Fe) presentó el proyecto y nadie hizo ningún comentario y así lo aprobaron por unanimidad. Luego pasó a Diputados y ya en la primera comisión, la de Asuntos Marítimos, se trabó, ni siquiera se discutió. Ahí quedó hasta perder estatus parlamentario en 2015. Al año siguiente, se presentaron varios proyectos que se terminaron unificando en uno que presentó en el recinto el senador Solanas. Ahí ya se produjo una discusión, por un lado, por el peso político de Pino y, por otro, porque había una oposición visible que se agrupó tras (el senador entrerriano del PRO Luis Alfredo) De Angelis. 

–El debate tuvo su  propio giro

-Sí. El debate se dio entonces entre sectores más proclives a la conservación y otros a la producción, sobre todo agraria. En ese debate se estructuró un nuevo proyecto con más consenso, no unánime, pero sí discutido y con cambios. Por eso cuando se traba nuevamente en Diputados, hubo más ruido. Luego de pasar por un par de comisiones, en 2019 se frenó definitivamente. Al ser año electoral, no tuvo lugar en la agenda política ni hubo mucha movilización social. Entonces, 2020 abre un escenario en el que tenemos, por un lado, un proyecto que si bien se cayó reunía un cierto grado consenso social, sobre todo con el sector del agro y, por otro lado, hay mucho movimiento en la sociedad luchando y pregonando por la preservación de los ecosistemas. Los incendios ponen de vuelta en agenda a los humedales, como pasó en 2008, cuando se empezó a discutir el primer proyecto. En ese momento el disparador habían sido los grandes incendios en Entre Ríos, cuyas cenizas llegaron inclusive a Capital Federal. Acá vemos un paralelismo entre los dos eventos que instalan en la agenda pública el tema de la conservación de los humedales, pero ahora con mucho más recorrido y más movilización social.

–Por ahora no hay un nuevo proyecto, ¿te parece que están dadas las condiciones para que se presente nuevamente?

–Hoy no hay nada concreto, nada redactado, sí se está discutiendo y parece que podría salir de cualquier espacio político. Juan Cabandié desde que asumió está señalando la necesidad de una ley de humedales, de modo que está muy instalado en la agenda política. Estoy convencido que en el corto plazo vamos a tener noticias, una vez que la discusión política cobre dinámica en el contexto del aislamiento. Además, hay un movimiento social y ambientalista que tiene los ojos puestos en la clase política para que impulse este tipo de medidas. Y, sobre todo, insisto, tenemos antecedentes que ya tienen cierto consenso en sectores de la producción desde 2016. Esto muestra un marco en el que hay grandes chances de un proyecto de ley, tomando ese segundo proyecto modificado.

–Siempre hay un después de la ley, donde muchas veces se juegan temas relevantes.

–Claro, el tema no termina ahí, porque después hay que hacer un inventario de humedales, que como vimos son muy variados, esa es una segunda discusión sobre cómo los definimos y mapeamos. La ley es una condición necesaria, un paso importante, pero desde allí se abre un nuevo escenario de disputa. Si algo vemos al estudiar políticas ambientales, es que la movilización social es la que termina garantizando el control y la buena conservación de los recursos naturales, más allá de las leyes y normativas. Entonces, necesitamos la ley ya, pero después vienen definiciones fundamentales. Yo no estoy en contra del fuego controlado ni de la agricultura, pero discutamos sobre cómo llevar a cabo esas prácticas en los humedales. Esto que está pasando es escandaloso, no puede haber 3000 focos de incendio y que los habitantes de Rosario se vean cercados por el humo que afecta directamente su salud. Para esto tenemos que discutir las bases de qué significa producir de manera sustentable en las islas, hay formas de producción que no necesitan químicos, que no son de gran extensión pero que son viables en un sistema de humedales. Entonces hay que llegar a eso, trabajar con instituciones como el INTA, como Prohuerta y demás para poder pensar una nueva forma de vincularnos y de producir en las islas que no requieran estas prácticas tan dañinas.

-Mencionaste humedales de altura de Jujuy, ¿Son los salares que conocemos? Porque allí se está explotando para la extracción del litio, y hubo una gran reacción en las asambleas populares por los pasivos ambientales fuertes que  hay en la provincia.

–Exacto, los salares de altura son humedales. Y fijate que el primer proyecto que presenta Pino no hacía referencia a los salares de altura y, sin embargo, una senadora de Jujuy pide explícitamente que se incorpore un artículo para que se quiten de la normativa a los salares de altura. Producto de la negociación para sacar la ley, se incorporó el artículo 14 que explícitamente excluye a los salares de altura. Ahí está claramente el lobby minero operando.

–Volviendo a lo que planteabas antes, hay cierta complejidad en el escenario local, que incluye  el desmonte que no para y el continuo avance de la frontera agropecuaria sin que haya un correlato en la producción de alimentos, sino más bien de commodities.

–Sí, esto es fundamental, discutir qué, para qué y para quién producimos en el país. Porque soja y carne sobran, porque rinden económicamente, pero hortalizas y frutas faltan, se produce poco en relación con las necesidades para alcanzar una alimentación saludable. ¿Por qué no se impulsan programas para favorecer estos cultivos sin la necesidad de usar químicos, en lugar de seguir fomentando el avance de la soja y la ganadería? Discutir el modelo de desarrollo es también un punto clave para entender cómo nos revinculamos con el ambiente y, básicamente, cómo hacemos para no destruirlo.

–Esto vuelve la hoja sobre la soberanía alimentaria que quedó sobre el tapete cuando el presidente anunció la expropiación de Vicentín...

–Sin dudas, la intervención y expropiación de Vicentín es una gran oportunidad para discutir la soberanía alimentaria; no un paso, sino una oportunidad. Que el presidente haya hablado de soberanía alimentaria es un hecho político que instala el tema como nunca antes, pero no es que Vicentín asegure la soberanía alimentaria, de hecho, afirmar eso es desconocer qué intereses tiene, qué tipo de producción fomenta o, por ejemplo, el rol que juega el interventor, que en este caso tiene un perfil orientado al agronegocio. Ahora, eso no quita que sea una medida a festejar, por el rescate a la empresa, por la importancia estratégica en la exportación y demás. Pero falta mucho para la soberanía alimentaria. Estrictamente falta fruta y verdura, entonces, cómo hacemos para producirlas en un país que se llena la boca con el latiguillo de que producimos comida para 400 millones de personas. Esto no es así, sino que se basa en las calorías de la soja y la carne que exportamos, sin contar que con esa soja se hace harina para el alimento balanceado de los cerdos en China, ni siquiera debería contarse como alimento. Argentina tiene un déficit en la producción de alimentos,

–¿Hay un momento en que los productores del Delta deciden sentarse a dialogar y plantear sus puntos de vista?

–Hay un cambio de época en 2016, los que hasta diciembre de 2015 se oponían a cualquier tipo de ley de humedales, el 2 febrero de 2016 –que es el día mundial de los humedales– sacaron un comunicado diciendo que se necesitaba una ley. Puntualmente me refiero a la Asociación Forestal Argentina, que nuclea a las grandes empresas del sector. Básicamente estaban diciendo que querían sentarse a discutir la letra de la ley. Ya no es que cuestionaban desde afuera, sino que vieron que tanto los sectores conservacionistas como el gobierno nacional de Mauricio Macri iban en esa dirección. En esa reconfiguración del escenario, se llegó a mayores consensos, que lograron que el segundo proyecto, el de 2016, fuera aprobado en la Cámara de Senadores. Esa discusión provocó que se cambiaran artículos particulares del proyecto, el proceso implicó llegar a consensos entre diferentes actores.

–¿Este consenso no afectó artículos nodales del proyecto? Pareciera que hay intereses fuertes y reacios a que el Estado ponga límites y controles.

–Yo creo que no se cambiaron cuestiones nodales, excepto la exclusión de los salares de altura, y ahí sí podemos ver el trabajo del lobby minero. Mi trabajo en la zona del Delta es con productores, y me parece que no hay una intencionalidad de destruir ecosistemas ni que no les importa el ambiente, creo que hay que problematizar esa mirada sobre el productor como seres malvados por naturaleza. Eso no es así, y a veces algunos sectores confrontan desde ese lugar, y ahí no es posible construir un diálogo para crear una ley que incorpore los intereses de los diversos actores. Dicho esto, cuando se abrió el proceso de diálogo entendieron que la ley en concreto no les iba a tirar los diques o impedir producir, sino que iba a discutir algunas formas y algunas normas. A partir de que se generó ese nuevo escenario de diálogo en el que entendieron por dónde iba la ley, y que no se trataba de hacer un gran parque nacional de todo el Delta, sino que establece un piso sobre cómo producir en el humedal. En 2013, los mismos productores te decían: “Me quieren tirar abajo los diques”, pero la ley no tenía ese espíritu. Las confrontaciones, las “grietas” que solemos armar, impiden entender el fondo de la discusión. Así que cuando se incorporaron a la discusión cambiaron su discurso. Ahora, cuando se apruebe el proyecto de ley, los grandes lobbies van a operar sobre la definición de humedal. Ahí viene la nueva gran discusión, y tiene mucha importancia por esto que hablamos de que según cómo lo definamos sería del 10 al 22% del territorio nacional. –Yo creo que no se cambiaron cuestiones nodales, excepto la exclusión de los salares de altura, y ahí sí podemos ver el trabajo del lobby minero. Mi trabajo en la zona del Delta es con productores, y me parece que no hay una intencionalidad de destruir ecosistemas ni que no les importa el ambiente, creo que hay que problematizar esa mirada sobre el productor como seres malvados por naturaleza. Eso no es así, y a veces algunos sectores confrontan desde ese lugar, y ahí no es posible construir un diálogo para crear una ley que incorpore los intereses de los diversos actores. Dicho esto, cuando se abrió el proceso de diálogo entendieron que la ley en concreto no les iba a tirar los diques o impedir producir, sino que iba a discutir algunas formas y algunas normas. A partir de que se generó ese nuevo escenario de diálogo en el que entendieron por dónde iba la ley, y que no se trataba de hacer un gran parque nacional de todo el Delta, sino que establece un piso sobre cómo producir en el humedal. En 2013, los mismos productores te decían: “Me quieren tirar abajo los diques”, pero la ley no tenía ese espíritu. Las confrontaciones, las “grietas” que solemos armar, impiden entender el fondo de la discusión. Así que cuando se incorporaron a la discusión cambiaron su discurso. Ahora, cuando se apruebe el proyecto de ley, los grandes lobbies van a operar sobre la definición de humedal. Ahí viene la nueva gran discusión, y tiene mucha importancia por esto que hablamos de que según cómo lo definamos sería del 10 al 22% del territorio nacional.

^{Tiempo Argentino - 19 de junio de 2020}