Si algo faltaba para que reconociera al aumento de precios como su principal problema, el dato oficial sobre la inflación de enero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires terminó de convencerlos. Al revés de la desaceleración de la que venían hablando los funcionarios e incluso algunas consultoras privadas, la Dirección de Estadística y Censos porteña sorprendió informando que el aumento de enero fue 4,1 por ciento, superior al 3,9 de diciembre y más del doble que la inflación registrada en noviembre.

Ya habían quedado descolocados el mes pasado, cuando la Dirección de Estadística y Censos de San Luis difundió que el índice de precios al consumidor de diciembre subió un 6,5 por ciento, impulsado por un salto de más del 10 por ciento en los alimentos. De esa manera, la inflación acumulada en esa provincia en el último bimestre del año pasado rozó el 10 por ciento, con un alza de casi el 14 por ciento en alimentos.

Cabe recordar que esos datos de CABA y San Luis tienen la particular relevancia de haber sido escogidos por las nuevas autoridades del Indec como los termómetros provisorios en materia de precios hasta tanto el organismo que conduce Jorge Todesca retome esa atribución. Lo hará mucho más rápido que los ocho meses anunciados originalmente, luego del torpe desplazamiento de la directora técnica del Indec Graciela Bevacqua, quien se resistió a las presiones políticas para apurar la reanudación del índice oficial. En opinión de Martín González Rozada, codirector de la maestría de Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella, “es imposible que en tres o cuatro meses se pueda publicar una medición creíble del Índice de Precios al Consumidor. Si queremos recuperar la confianza en las estadísticas públicas, lo mejor que nos puede pasar es que el Instituto trabaje, sin presiones políticas, para obtener un IPC”. Al margen del papelón oficial, y con las reservas del caso sobre la confiabilidad de las mediciones alternativas a las del Indec, los resultados de CABA y San Luis se parecen bastante a los del denominado Índice Congreso, el dato de inflación que la oposición al kirchnerismo difundía mensualmente como sustituto al del Indec, en base al promedio de las mediciones de las consultoras privadas. Los números que presentaron el lunes pasado un grupo de diputados entre los que no había nadie del Frente para la Victoria pero tampoco de Cambiemos, y en el que apareció Sergio Massa para ganar exposición una vez más, muestran que los precios subieron 3,6 por ciento en enero y acumulan un alza de casi el 10 por ciento en el último trimestre. A la luz de esos números, y considerando que a partir de febrero comenzará a reflejarse el impacto del aumento en las tarifas de electricidad, parece bastante poco probable que se cumpla el pronóstico de Alfonso Prat-Gay respecto de que la inflación de este año se ubicará entre el 20 y el 25 por ciento, y mucho menos la acotación que Mauricio Macri le hizo a su ministro diciendo que estaría más cerca del 20 que del 25 por ciento. Incluso una consultora que, como el caso de Elypsis, está observando que en las primeras dos semanas de febrero se desaceleraron los precios, está proyectando para todo el año una inflación del 30 por ciento. La aceleración de precios que ahora tanto preocupa es básicamente responsabilidad del nuevo gobierno. A la alta inflación inercial que recibieron la fogonearon con la devaluación, la quita de retenciones, y ahora con el aumento de tarifas. La consecuente pérdida de poder adquisitivo que hubo en los últimos cien días y la baja probabilidad de que de ahora en adelante el aumento de precios se acomode a las expectativas oficiales, son los dos elementos principales en los que se apoya el sindicalismo para reclamar aumentos salariales superiores al techo del 25 por ciento que implícitamente intenta establecer el Gobierno. En la Casa Rosada confiaban que las modificaciones que impulsarán en el impuesto a las Ganancias junto con alguna concesión financiera para las obras sociales, iban a lograr convencer a los dirigentes gremiales de que incorporen esos beneficios al calcular sus pretensiones y acoten el número del incremento salarial. La idea era que ese aporte fiscal atenuaría el aumento del costo laboral y el consecuente traslado a precios. En otras palabras, que le quitaría fuerza a la dinámica precios-salarios-precios. Hasta la semana pasada, en la Casa Rosada decían que “la fórmula es 24 más 6”, en referencia al objetivo de que los gremialistas acepten 24 por ciento de aumento salarial y reconozcan un 6 por ciento de mejora en el poder adquisitivo por reducción del impuesto. La fórmula podía llegar a funcionar con los sindicatos que nuclean a muchos trabajadores que están alcanzados por Ganancias, como por ejemplo camioneros y petroleros. Pero los últimos números han modificado la situación. No casualmente, el ministro de Educación Esteban Bullrich ofreció a los gremios docentes una suba promedio de 32 por ciento con aumentos en el salario inicial que llegan hasta un 40 por ciento a partir de julio, elevando considerablemente lo que María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta habían puesto sobre la mesa de sus respectivas paritarias docentes. Es una señal que conspira contra el objetivo de limitar los aumentos salariales en el resto de las paritarias, y por lo tanto es un factor que retroalimenta la carrera precios-salarios y confirma expectativas inflacionarias que van más allá del 25 por ciento. Frente a esta inflación de expectativas el Gobierno está reaccionando por dos carriles muy distintos. Por un lado, relanza la Comisión de Defensa de la Competencia y un sistema de información online de precios de supermercados que ya estuvo vigente durante el kirchnerismo, con los magros resultados conocidos. Eso es para la tribuna. En lo que verdaderamente creen es en la idea de que a la inflación se la ataca bajando el déficit y la emisión monetaria que lo financia. De eso se está encargando el más monetarista del equipo económico: Federico Sturzenegger. Desde el Banco Central está haciendo lo posible para reducir el ritmo de emisión. Por ahora no puede hacer todo lo que quisiera, porque el Gobierno está siendo gradualista en materia fiscal, y porque la capacidad de endeudamiento para cubrir déficit en lugar de apelar a la emisión sigue limitada, entre otros motivos por la falta de solución con los fondos buitre. Macri y Prat-Gay nunca prometieron bajar la inflación rápidamente. Plantearon una reducción progresiva para llegar en dos o tres años a niveles normales de un dígito. Por el momento, y por lo que se ve en el horizonte cercano, ni siquiera pueden desacelerarla.

Revista Veintitrés - 19 de febrero de 2016