Es imprescindible que en estos primeros años del siglo XXI y en el marco del Proyecto Nacional y Popular en curso los sectores mayoritarios de la Nación afiancen su participación protagónica en la definición de los altos objetivos del país. No pueden estar al margen de fundantes cuestiones que hacen al conocimiento preciso de sus derechos fundamentales y a la Constitución. En tal sentido, cabe señalar que durante gran parte del siglo XX en nuestro país el contenido global de la Constitución no contó con la voz del pueblo. Al tema se lo tuvo como una cuestión inoportuna y fastidiosa, y además se creó la falsa imagen de que ocuparse del mismo es un esfuerzo inútil y que hay que dejarlo para otros tiempos y otras personas. Así, lo que se refiere a la Constitución fue postergado ante otras exigencias de la vida cotidiana. Por cierto, ello parte del falso dilema de encarar a la Constitución sólo como un instrumento jurídico y no entenderla como un elevado documento político que institucionaliza un Proyecto de Nación. También encubre la intención de marginar al pueblo en la definición de los objetivos y medios para realizarlo, en especial sobre las normas de política económica constitucional que los abarca. Esa actitud reitera la concepción elitista que durante el siglo XIX tuvo la definición del contenido de la Constitución escrita o jurídico-formal.