El fin del Estado de Bienestar

Alfredo Grieco y Bavio
En el último cuarto de siglo, cuando el festivo 1º de mayo queda lo suficientemente alejado y enfriado, activistas, académicos y periodistas coinciden en un diagnóstico de retrocesos y en un pronóstico de malas perspectivas para los trabajadores del mundo cada vez más internacionalmente desunidos. En especial, en aquellos países del hemisferio norte cuya legislación laboral socialdemócrata o socialista había hecho de la dignidad del trabajador el fundamento de legitimidad de los regímenes y los gobiernos. El eje París-Moscú En Francia, el gobernante Partido Socialista ha propuesto a la Asamblea Nacional las leyes más neoliberales desde la Revolución Francesa: un nuevo código del trabajo, que dejará atrás para siempre los principios del Estado de Bienestar, si es votado y reglamentado.

El gobierno ha encontrado una resistencia feroz de los sindicatos y los ciudadanos, cuyo programa de lucha es intensificar las Nuits Debout, la ocupación nocturna de plazas y espacios públicos, en lo que amenaza con ser un riesgo para la seguridad nacional en un país que ha detentado este año el protagonismo de la catástrofe por los ataques de militantes del ISIS. Mientras esto ocurre en el París de François Hollande, en la capital rusa de Moscú, el presidente Vladimir Putin, ex espía de la KGB soviética, ha anunciado que será ley una política del gobierno por la cual cada ciudadano tendrá derecho a una hectárea propia, en calidad de usufructo. También el desempleo es una realidad creciente en el país más grande del mundo, que en los tiempos de la Unión Soviética, como todos los países del Segundo Mundo que lideraba, vivió con un sistema socialista de pleno empleo. La crisis del petróleo, y la baja de los precios de los hidrocarburos –como aquella de 1985 que precipitó la caída del Muro de Berlín en 1989– es un enemigo contra el que Putin lucha por medio de la ruralización de la economía.

A las armas, ciudadanos

En Francia, desde hace dos meses, las protestas en las calles contra la reforma laboral, que precariza el empleo en nombre de la flexibilización, son millonarias en número de manifestantes. Y amenazan con crecer. Los principales sindicatos y organizaciones estudiantiles desafían al presidente socialista Hollande, que afronta la mayor protesta social registrada en el país desde que llegó al poder en 2012. Los trenes paran casi a diario. En las jornadas de protesta con preaviso, uno de cada cuatro trenes de alta velocidad no hace su recorrido, y lo mismo ocurre en el 50% de los trayectos regionales. El sector público y las empresas participadas por el Estado son los sectores más afectados por cada movilización. Cuando los sindicatos del sector de prensa y gráficos hacen huelga, esto impide la llegada de periódicos a los puntos de venta. Le Figaro, entre otros, ofrece gratis a los lectores todos sus contenidos a través de la web.

La precariedad legal

El proyecto de ley, sin embargo, no será retirado por el oficialismo socialista. Manuel Valls, el premier francés de origen español, antes policial ministro del Interior, ha declarado a los medios que confía en que la Asamblea votará un gran texto legal “con buenas medidas”. El texto pulveriza de facto la ley del anterior gobierno socialista de Lionel Jospin, que fijaba la semana laboral en el límite de las 35 horas de trabajo. Desplaza a las paritarias para favorecer y privilegiar los acuerdos internos de cada empresa. Y favorece los despidos colectivos de las empresas, cada vez que a estas les resulten más redituables. Según el Palacio del Eliseo –la Casa Rosada gala–, estas medidas drásticas mejorarán drásticamente la creación de puestos de trabajo, porque aumentan la competitividad.

Protesta y paradoja

Las manifestaciones contra la administración de Hollande son las más multitudinarias y las más virulentas que haya conocido en su mandato. Ocurren cuando el presidente presenta su mayor flaqueza política y electoral. En las presidenciales de 2017, Hollande perdería en primera vuelta. Y el conservador Nicolas Sarkozy y la ultraderechista eurófoba Marine Le Pen se enfrentarían en el balotaje. En el contexto de las movilizaciones, y por falta de apoyo, Hollande tuvo que retirar sus más severas leyes antiterroristas. La negociación con los sindicatos llevó a algunas concesiones. Se retiró la medida más controvertida, que limitaba la indemnización por despido sin causa a 115 sueldos para un trabajador con 20 años de trabajo (en legislación actual, la indemnización es todavía de 25 meses en esos casos). El nuevo texto señala que los topes son indicativos, pero que los jueces del trabajo tendrán libertad para fallar en cada caso. Pese a este maquillaje, la Confederación General del Trabajo (CGT), el principal sindicato francés, o Fuerza Obrera (FO), la otra organización sindical más combativa contra el proyecto, insisten en que la ley debe ser retirada. Argumentan que resulta paradójico imaginar que facilitando el despido se crea empleo.

Revista Veintitrés - 5 de mayo de 2016

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