Las tensiones en el frente cambiario y financiero son expresiones de un debate medular que recorre la historia económica local referido a las características del desarrollo. Es una cuestión ocultada por análisis de coyuntura confundidos entre deseos de fracaso político, ideología conservadora y realidad económica. El Gobierno ha tenido un mensaje elocuente sobre el objetivo de industrialización con más empleo e inclusión social, que puede exhibir en robustas variaciones positivas a lo largo de su ciclo político. Pero no ha tenido una estrategia articulada para enfrentar las consecuencias de ese crecimiento, teniendo en cuenta la existencia de una Estructura Productiva Desequilibrada (EPD). Esta se encuentra en la base del desarrollo nacional y se hace visible cuando irrumpe lo que se conoce como restricción externa. Esto es, la escasez de divisas para abastecer a esa industria demandante de crecientes insumos importados y el aumento del consumo doméstico por el alza de ingresos, que incrementa la compra de bienes suntuarios (autos de mediana y alta gama, electrónica de última generación y turismo al exterior).

Los autores advierten que la disponibilidad de suelo debe ser regulada por el Estado para satisfacer necesidades sociales y no dejar librada su utilización al sector privado, basado en los principios de la propiedad privada.

El Directorio de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) presenta el Informe Anual 2012, publicación que realiza desde 1994, año en que fue creada por el Decreto 766/94, y con el que se procura difundir las actividades desarrolladas por el Organismo durante este período.

Las Autoridades de Aplicación de medidas en casos de investigaciones por dumping, subvenciones o cuando se decide adoptar una medida de salvaguardia frente a importaciones masivas, son el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Secretaría de Comercio Exterior. En 2012 dichas Autoridades decidieron la apertura de 18 investigaciones (considerando producto-país de origen), correspondientes a casos originales y a revisiones de medidas impuestas en años anteriores y con vencimiento en dicho año.

Como comenté en otras oportunidades, la restricción externa es un problema estructural que debe tenerse en cuenta, dado el impacto negativo que posee sobre las reservas internacionales, entre otras cuestiones financieras, como lo ponen en evidencia los datos del Balance Cambiario del Banco Central (BCRA), que registra las operaciones con el sector externo que efectivamente se pagaron y cobraron en un período.

Se reproduce a continuación la versión castellana de un breve texto inédito de Edward P. Thompson escrito en el marco del Programa Historia y Sociedad de la Universidad de Minessota en el año académico 1987-88 con el título informal de “Reflexiones sobre Jacoby y todo eso”.

El working paper circuló fotocopiado entre los estudiantes del Programa y parece solicitado como comentario al entonces reciente bestseller de Russell Jacoby The Last Intellectuals: American Culture in the Age of Academe [Los últimos intelectuales: la cultura norteamericana en la edad de la academia].

El acuerdo firmado con el mayor enemigo de Estados Unidos desde la caída de la Unión Soviética, identificado como el “eje del mal”, es un sacudón en la geopolítica mundial de incalculables consecuencias. Lo que está en juego, además de la paz, es la continuidad del petrodólar, o sea la hegemonía de la moneda estadounidense.

Y un día, en la formulación de un proyecto de reforma del Código Civil, apareció un pequeño párrafo muy osado: “La propiedad tiene una función social y, en consecuencia, está sometida a las obligaciones que establece la ley con fines de bien común”. Esta referencia desató la respuesta de los sectores más recalcitrantemente rancios del liberalismo conservador decimonónico. Y, como no podía ser de otra manera, el diario La Nación volvió a ser la “tribuna de doctrina” y la usina ideológica que recuerda los episodios de nuestra historia que, a los ojos del presente, parecían superados.

Entrevista al economista y periodista Alfredo Zaiat. “En una muestra más de que la conducción política es la que define la política económica, el Gobierno decidió los cambios en función a la elección de qué camino implementar”.

APU: En principio, ¿cómo analiza los cambios en el Gabinete y los primeros anuncios en materia económica?

1 En el mensaje final de nuestro encuentro anual celebrado en agosto de este año hicimos mención de la importancia del destino universal de los bienes por sobre el derecho a la propiedad privada en la enseñanza social de la Iglesia. Destacábamos entonces que “los bienes para la vida no son de unos pocos, Dios los creó para beneficio común de toda la humanidad, como lo recuerdan los grandes santos de la Iglesia y los últimos papas. Por eso la propiedad privada no es un derecho absoluto: tiene límites, sobre ella pesa una hipoteca social (San Ambrosio)”.

La estructura de un país está configurada en gran parte por su institucionalidad jurídica. En este sentido es fundamental el Código Civil, que dicta y organiza las normas jurídicas sustantivas de derecho privado. Su articulado define una determinada forma de organización social y económica, que suele perdurar en el tiempo. Para calibrar su importancia, es bueno recordar la frase de Napoleón Bonaparte, que en su exilio decía: “Mi verdadera gloria no es haber ganado cuarenta batallas. Waterloo borrará el recuerdo de tantas victorias. Lo que nada borrará, aquello que vivirá siempre, es mi Código Civil”. Tenía razón: fue un instrumento fundamental en la estructuración de la sociedad burguesa del siglo XIX y su influencia aún perdura, ya que sirvió de modelo a otros códigos.