l Fondo Monetario Internacional (FMI) se enfrentó ayer abiertamente con Europa al amenazar con no participar en el tercer plan de rescate a Grecia si los demás acreedores no aceptan una quita o una moratoria.

Ese enfrentamiento estalló mientras el Parlamento griego debatía el acuerdo alcanzado entre el primer ministro griego Alexis Tsipras y los acreedores europeos, que finalmente fue aprobado con 229 votos a favor y 64 en contra. Hubo seis abstenciones.

Desautorizado por el comité central de su partido, Syriza, con una rebelión de una parte de sus propios diputados y de su equipo gubernamental, con la plaza Syntagma convertida en campo de batalla por los enfrentamientos entre anarquistas y fuerzas antimotines, Tsipras había amenazado con renunciar si no obtenía el respaldo de su propio bloque.

"No voy a tratar de hacer aparecer este acuerdo mejor de lo que es. Es difícil y sus medidas son muy duras", reconoció el primer ministro anoche ante el Parlamento en una inesperada aparición. "Tuve que elegir entre un acuerdo con el que estaba totalmente en contra, un default desordenado o el proyecto de Wolfgang Schauble de dejar el euro. Pero asumo todas mis responsabilidades", concluyó.

En el actual clima de extrema tensión, un estudio del FMI publicado anteayer fue interpretado como una clara crítica al acuerdo logrado el lunes pasado por la cumbre europea de Bruselas. El informe estima que la deuda pública griega es "insostenible", pues, en las actuales condiciones, llegará a 200% del PBI en dos años. Ese ratio es de 180% en la actualidad.

Para evitar esa situación propuso efectuar una quita o acordar otras medidas de alivio, como una moratoria para que ese país pueda lanzar un programa de inversiones para activar su economía y estar en condiciones de cumplir sus compromisos en el futuro.

"Los acreedores europeos deben reducir la deuda o dar a Grecia un período de gracia de hasta 30 años", volvió a decir ayer un funcionario del Fondo que requirió el anonimato. Y advirtió: "Todo nuevo plan debe responder a los criterios de nuestro organismo. Uno de ellos es la sostenibilidad".

La CE, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), respondió por la tarde que esas estimaciones eran exageradas y que, contrariamente a las afirmaciones del FMI, la deuda griega representará sólo 150% del PBI en 2022. La Comisión admitió la posibilidad de extender los plazos o acordar nuevos créditos, pero descartó todo recorte o anulación de la deuda.

La CE propuso además acordar a Grecia un crédito puente de 7000 millones de euros para que el gobierno de Atenas pueda hacer frente a sus compromisos financieros inmediatos, mientras llega el nuevo plan de rescate de 82.000 a 86.000 millones de euros en tres años acordado por la cumbre de la eurozona. En un bloque profundamente dividido, Gran Bretaña y Francia dieron ayer su apoyo oficial a la propuesta del FMI.

"El FMI está diciendo lo mismo que nosotros... no podemos ayudar a Grecia si mantenemos la misma carga de devolución de la deuda sobre la economía griega", comentó el ministro de Finanzas francés, Michel Sapin. El primer ministro Manuel Valls, por su parte, aseguró que la deuda será "aliviada" gracias a un "reperfilamiento", término que significa extensión de los plazos de pagos y disminución de los intereses.

"Es cierto que Grecia necesita aliviar su deuda", dijo, a su vez, el primer ministro británico, David Cameron, cuyo país no integra la zona euro.

En actitud defensiva, Alemania indicó que durante las negociaciones los acreedores conocían los datos mencionados por el FMI. El vocero del Ministerio de Finanzas dio a entender que era "posible" imaginar una prolongación de los plazos de pagos. "Técnicamente existe esa posibilidad", precisó.

"Es un elemento que se puede tomar en consideración" a condición de que no signifique una reducción "significativa del valor real [de la deuda] porque en ese caso sólo tendríamos una quita disfrazada", advirtió.

La canciller alemana, Angela Merkel, y su ministro de Finanzas, Wolfgang Schauble, se niegan a acordar toda reducción por razones ideológicas y porque la opinión pública es hostil a ese tipo de concesiones.

El FMI, que había sido denunciado por Tsipras como el "peor enemigo" de Grecia, aparece ahora como su mejor aliado.

Algunos observadores creen percibir la mano de Washington detrás de la iniciativa del Fondo. El presidente norteamericano, Barack Obama, que teme un acercamiento entre Atenas y Moscú, presiona con insistencia desde hace dos semanas a Europa para que "haga los esfuerzos necesarios" a fin de mantener a Grecia dentro de la zona euro. Además de su influencia política natural, Estados Unidos es el mayor accionista del FMI. En un clima de acusaciones mutuas, la crisis griega no sólo ha dejado de manifiesto las fracturas que atraviesan particularmente la zona euro, sino también las divisiones latentes entre los tres acreedores institucionales de Atenas (el Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea).

Fuentes allegadas al organismo financiero internacional basado en Washington creen que, después de abogar inútilmente durante meses a favor de una quita de la deuda griega, el FMI se decidió a hacer filtrar a la prensa ese informe explosivo que da razón a los argumentos del gobierno de Atenas. Ese informe incluso había sido presentado a los ministros de Finanzas del Eurogrupo antes de que se reunieran el sábado pasado para estudiar la posibilidad de un tercer plan de rescate a Grecia.

Pero las primeras divisiones habían surgido a la luz el 23 de junio, después de que el Eurogrupo, que reúne a los 19 ministros de la zona euro, presentó la propuesta de rescate que provocó la decisión de Tsipras de convocar a un referéndum.

El FMI había ignorado sus propias reglas para participar en los planes de rescate a Grecia de 2010 y 2012, pero ahora no parece dispuesto a renovar esa experiencia. Desde hace varias semanas, apela a los europeos a "aliviar" la enorme deuda de ese país, que llega a 320.000 millones de euros, para que resulte "viable"..

Rights Upon Future Offers es el nombre completo de la que tal vez haya sido la sigla más mencionada en la economía argentina durante 2014, la RUFO, cuya traducción castellana significa “derechos sobre mejor oferta futura”. Se trata, en efecto, del derecho que tenían los bonistas que aceptaron la reestructuración de la deuda –caída en cesación de pagos en 2001– a reclamar por una compensación en caso de que el país hiciera una mejor oferta de reestructuración a otro grupo de bonistas.

Argentina no pisó el palito de la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO) contenida en los contratos del canje de deuda en default de 2005 y 2010. Esa autoexigencia incluida en esas dos operaciones financieras expiró el último día del año que acaba de terminar. No hubo negociación oficial luego de la convalidación por parte del Poder Judicial estadounidense del fallo del juez Thomas Griesa, sentencia con una interpretación inédita y extrema del principio pari passu (igual trato a los acreedores).

“Apoyamos a países como Argentina que han tratado de reestructurar sus deudas, pero que después se encontraron con fondos buitre que los llevaron ante cortes en otros países y consiguieron sentencias que vuelven prácticamente imposible para ellos pagar, y los empujan a un nuevo default técnico.” El rechazo al accionar carroñero y el respaldo a la posición argentina fueron realizados la semana pasada por el primer ministro británico, David Cameron, al regresar de la cumbre de presidentes del Grupo de los 20 en Brisbane, Australia. Las declaraciones del mandatario inglés fueron difundidas a través del sitio web TheyWorkForYou.com, que reproduce los debates parlamentarios de ese país. El apoyo del conservador Cameron a la posición argentina se suma al amplio consenso exhibido en distintos foros internacionales como el G-77 más China y Unasur, las Naciones Unidas, la Asociación Internacional de Mercados de Capitales y el Fondo Monetario Internacional sobre la necesidad de limitar el accionar buitre.

Hay confusión acerca de la magnitud económica y el significado político de la deuda argentina. Por eso nos parece útil recordar en qué consiste ahora, como se enfrentó el problema y qué está en juego.

Hay quienes suponen que la deuda actual tiene una continuidad que se inicia en el proceso militar de 1976 a 1983; y que después, por sucesivas refinanciaciones se llegó a la deuda actual. Sería una sola deuda con actualizaciones.

A nuestro juicio, no es así: son cientos de deudas con miles de acreedores, que se fueron pagando y renegociando a través del tiempo, y que no pueden incluirse en una misma bolsa. Son absolutamente disímiles.

Como la economía es un espacio de disputa de poder, la construcción de expectativas es una de las trincheras más importante donde participan diferentes actores económicos y políticos.

El país atraviesa una compleja situación externa derivada de diversos factores, entre los cuales cobra gran importancia la negociación con los acreedores excluidos de los canjes de deuda previos. La resolución desfavorable para el país del litigio con estos actores ha llevado al Estado nacional a intentar salidas alternativas que permitan resolver la restricción externa, en el marco de las obligaciones contraídas por los distintos gobiernos democráticos que se han sucedido.

El gobierno afronta, por tanto, una disputa frente a diversos actores clave -económicos, financieros, políticos, judiciales - del capitalismo global.

El Ministerio de Economía cree que, en forma progresiva, el default se reducirá a los bonos emitidos bajo ley de Nueva York y confía en seguir sumando adhesiones en contra del fallo que favoreció a los holdouts. Por otra parte, los funcionarios entienden que la posibilidad de declarar en desacato al país, si se aprobara la ley de deuda soberana que desde hoy tratará el Congreso, es abstracta porque no se puede sancionar a un país.

Estamos en un “default” (cesación de pago) no porque no podamos pagar, sino porque la Justicia norteamericana no nos permite que les paguemos a los tenedores de títulos de deuda (Discount) que residen en los EE.UU.

La Argentina no declaró el default de su deuda y, por lo tanto, no está en default. Para comprobarlo es necesario leer el contenido y el espíritu de las condiciones establecidas en el contrato (indenture) del prospecto de la emisión de los bonos del canje de deuda. Al conocer las cinco situaciones consideradas como “eventos de incumplimiento” en ese contrato, y descubrir también la advertencia incluidas sobre los “riesgos de participar” de la oferta de canje, que no significa una categoría adicional para definir un default, permite precisar cuál es el estado en que se encuentra la deuda argentina regularizada en 2005 y 2010. Es una tarea técnica-jurídica, con una jerga propia de letrados, pero necesaria para navegar sin ahogarse en el mar de confusiones que deliberadamente han agitado, por razones inconfesables, especulación política, por confundir deseos con realidad o simplemente por escasa vocación por el rigor analítico, una influyente tropa de editorialistas de medios, líderes empresarios conservadores, abogados y economistas. Reiteran que Argentina está en default pese a que diariamente surgen evidencias de que ese acontecimiento no se produjo.