Compartimos el informe del Sexto Desayuno de Trabajo realizado por FIDE. El mismo hace un balance sobre los avances de la economía argentina en los últimos años.

Más de cien economistas de diversos países han dirigido una carta a los miembros del Congreso estadounidense, solicitando que actúen frente al fallo del juez Thomas Griesa de la Corte Distrital de Nueva York, que obliga a Argentina a pagar el 100% de la deuda y al contado a los acreedores que se negaron a renegociar los bonos; y mientras esto no suceda, le obliga al país a suspender los pagos regulares al 92,4% de acreedores que sí renegociaron. En la carta, los economistas advierten que el fallo puede afectar, no solo a Argentina, sino a los propios Estados Unidos y sus instituciones financieras, como también al sistema financiero internacional.

La regulación del sistema financiero constituye una materia pendiente a 30 años de la recuperación de la democracia. La legislación vigente fue aprobada por la última dictadura en 1977. Esa norma reemplazó a otra “ley” emitida durante otro gobierno de facto en 1969 que, a su vez, sustituyó a otra de 1957, también en años de dictadura. Desde 1955, la democracia argentina no se ha dado sus propias leyes en materia financiera. En cambio, esa tarea estuvo a cargo de la elite económica que implementó las modificaciones a través del brazo armado de las dictaduras del siglo pasado. La excepción fueron los ensayos durante 1973 y 1974.

“Hoy no existe sector en Estados Unidos o Gran Bretaña que esté dispuesto a enfrentar a los grandes bancos en el terreno político. Y los capitostes del sector financiero siguen gozando de tanto prestigio que todavía son convocados para manejar las finanzas públicas. Los políticos continúan dejando el supuesto saber en manos de estos individuos”, sostiene Johnson, profesor del MIT y coautor del libro “White House Burning” (Arde la Casa Blanca). El poder político de los grandes bancos en los países ricos es un problema porque prohija la toma de riesgos descontrolados.

En la economía mundial resoplan nuevamente vientos de burbujas especulativas que no hacen sino confirmar que el sistema financiero no ha aprendido nada de la crisis.

Lo que es que evidente es que los últimos seis años, los principales bancos centrales han triplicado los activos de sus balances dando cuenta de la importancia que tiene para el sistema capitalista la “salud” de la banca.

Leer el informe que la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) preparó para la junta militar en abril de 1978, nos lleva necesariamente a recordar aquellos aciagos días. Cabe aclarar que aquella ADEBA, integrada por bancos de capitales nacionales, se disolvió como tal en la década de los noventa; mientras que la actual ADEBA, si bien coincide en el acrónimo, posee un nombre y una conformación distinta.

El documento proponía a la junta, más que un modelo económico, definir las bases estructurales de un modelo de país.

La Comisión Nacional de Valores es una entidad autárquica con jurisdicción en toda la República Argentina. Fue creada por la Ley de Oferta Pública No. 17.811 (en 1968 durante la dictadura del Gral. Onganía) y su objetivo ha sido el de regular en la oferta pública, observando la transparencia de los mercados de valores y la formación de precios en los mismos, así como también la protección de los inversores. Sin embargo, su historia ha sido objeto de algunas observaciones y cuestionamientos por parte de inversores y empresarios, durante el período de la última dictadura militar; y por parte de la justicia durante el período democrático, a partir de la derogación de las leyes de impunidad en la Argentina.

El Congreso dio otro paso hacia un cambio en el sistema financiero con la ley de reforma del mercado de capitales. El nuevo esquema persigue aumentar la capacidad de control por parte del Estado sobre las operaciones bursátiles, sumar nuevas opciones de canalización de ahorro en pesos y desbaratar el imperio de las calificadoras de riesgo.

La demanda de EE UU a S&P pone en el tapete el papel desempeñado por el sector privado durante la crisis.

El acuerdo de precios. La semana pasada se llegó a un acuerdo con supermercadistas y tiendas de electrodomésticos, entre otros, para mantener los precios de todos los productos por un lapso de 60 días. En este marco, vale la pena avanzar en algunas cuestiones que se desprenden de las repercusiones del anuncio.

Una de las consecuencias de la financiarización de la economía desplegada desde los años 80 es el fuerte incremento de la deuda privada y sus silenciosos costos derivados de ese abusivo concepto que es la magia del interés compuesto, tema al cual dedicamos un largo post. El crecimiento exponencial de la deuda por la vía de los intereses ha llevado al mundo al actual colapso en cámara lenta que se sufre en todos los rincones del planeta. La deuda en mora de los créditos estudiantiles en EEUU llega a los 110 mil millones de dólares.