“Las mujeres siguen teniendo un papel predominante en las llamadas tareas de cuidado, partimos de esa hipótesis”, dice Nidia Marsero, trabajadora social de la Oficina de la Mujer. “Ahora iniciamos otro estudio para determinar si igual cantidad de varones y mujeres se presentan a los concursos, y un primer dato, en el caso de cargos de camarista, muestra que siguen siendo más los varones, aunque uno hubiera imaginado lo contrario”, agrega la especialista. El panorama que pinta, y que se refleja en las estadísticas recolectadas en los últimos cinco años, se corresponde con los resultados de la “Encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo” realizada por el Indec, difundida esta semana, que confirma que el trabajo doméstico no remunerado es esencialmente realizado por mujeres y que ellas, además, le dedican más horas de su día que los varones. Incluso los divorciados o separados, que sí asumen algunas de estas tareas, le dedican la mitad del tiempo que las mujeres. Ese patrón de uso del tiempo se reproduce en la población más joven incluso. La sensación que queda es que una cosa es lo que se proclama o se defiende como ideal, y otra cosa es lo que sucede en la práctica.

Los cambios culturales son sumamente lentos y así lo reflejan los números de la Justicia también, donde se observa una tendencia muy leve –pero existente– a la inserción de mujeres en los cargos más altos. Entre 2011 y 2013 se incrementó un uno por ciento en cortes, cámaras y juzgados. Desde 2009 se suman uno a dos puntos más en el mejor de los casos. Aunque en los juzgados bajó un punto la cantidad de juezas en cinco años. Existen siete cortes provinciales que carecen de mujeres entre sus miembros: son las de Chubut, Corrientes, Formosa, La Rioja, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero. En el resto, en promedio, el 78 por ciento de los integrantes son varones. Las únicas donde son más las ministras que los ministros son las cortes de Santa Cruz y de la Ciudad de Buenos Aires. El estudio señala que de un total de 26 cámaras nacionales, siete están compuestas exclusivamente por varones (Córdoba, Mendoza, General Roca, Bahía Blanca y Mar del Plata, la Cámara Federal porteña y la Cámara Nacional Electoral). Una deducción, con cierta lógica, llevaría a suponer que el proceso de integración de las mujeres a los puestos más altos está condenado a ser lento porque los cargos son vitalicios en el Poder Judicial y el recambio lleva su tiempo. Sin embargo, el estudio señala que la tendencia no necesariamente es elegir mujeres. “Resulta significativo –dice un extracto del informe– que, a excepción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en la que se incorporó una camarista respecto del año 2012, en las otras cinco cámaras donde se realizaron incorporaciones, todas las personas seleccionadas fueron varones. Un caso extremo constituye la Cámara Federal de La Plata, que pasó de ocho a catorce miembros pero continúa habiendo una sola camarista mujer.” Agrega que, al revés, ninguna cámara dispone de menos de un cincuenta por ciento de mujeres en el personal administrativo.

“¿Cerró la fábrica?”

En busca de generar modificaciones en los estereotipos de género tan arraigados (que no sólo son capaces de determinar cómo se compone la estructura judicial sino, con frecuencia, el sesgo y contenido de los fallos) la oficina especializada de la Corte realiza un trabajo de hormiga, que incluye talleres donde se busca concientizar a todo el arco de trabajadores del sistema de Justicia y que ellos mismos elaboren propuestas. En esos encuentros, detalla Marsero, hubo relatos de mujeres que en las entrevistas de los concursos para ser juezas o camaristas se han topado con una pregunta recurrente, como si fuera determinante para su selección: “¿Piensa tener hijos (o más hijos) o cerró la fábrica?”, “¿Cómo se piensa arreglar si es jueza?”. “Y a las que sacaron muy buenas calificaciones les han llegado a decir que deben ser malas madres”, cuenta la trabajadora social.

“Existe una discriminación explícita en algunos casos y es frecuentemente naturalizada, incluso por las mismas mujeres que la sufren”, dice Marsero. “Los mecanismos de selección en apariencia son neutros, pero cuando uno ve en qué etapa de la vida está cada mujer que concursa, es evidente también que las que han tenido hijos, por ejemplo, quizá juntaron menos cartoncitos para sumar antecedentes que los varones, que pudieron hacer más cursos en cierta etapa. ¿Es una discriminación institucional? No. Pero es una desigualdad estructural. Algunas las vamos pudiendo revertir, otras las tratamos de visibilizar”, explica.

“Las actitudes discriminatorias se presentan también dentro de los equipos de trabajo. Las licencias no aparecen como un derecho sino como un privilegio, lo que ha derivado, por citar un ejemplo, en que el 50 por ciento de las mujeres no alcanza los seis meses del período de lactancia”, advierte. “La distribución cultural de roles familiares conlleva a la discriminación laboral de la mujer, pero también la de los varones que eligen o deben hacerse cargo de las tareas de cuidado. Es clásico que les pregunten, ‘¿por qué no se ocupa su esposa?’”, cuenta, basada en la experiencia de los talleres.

Más números

La participación femenina general más alta en el sistema se plasma en los ministerios públicos de la Defensa, donde llega al 58 por ciento. Pero en la Procuración General es del 48 por ciento; en la Corte Suprema es del 44 y en las cámaras es el 29 por ciento. Es decir, en los últimos tres hay predominio masculino.

Dentro del abanico de jerarquías, la integración de mujeres y varones se empieza a equiparar en el cargo de secretarios o secretarias de cámara. En once jurisdicciones predominan las mujeres, en once los varones y en tres son pares. En los juzgados también hay paridad en las secretarías: un 51 por ciento de mujeres total. En la máxima categoría administrativa predominan las mujeres en las jefaturas de despacho con un 64 por ciento (excepto en Corrientes, Resistencia y Salta). Luego, hay 59 por ciento de funcionarias judiciales. Es visible, dice el reporte de la Oficina de la Mujer, la “disminución de la participación de las mujeres a medida que aumenta la jerarquía escalafonaria”.

En las justicias provinciales hay una gran concentración de mujeres en los cargos de secretaria de primera y segunda instancia: 65 y 66 por ciento respectivamente. En las secretarías de cámara las mujeres son el 53 por ciento y en la Ciudad de Buenos Aires son todas mujeres. En las secretarías de juzgados, el 55 por ciento son secretarias.

Todo el que conoce bien el funcionamiento judicial sabe que las secretarias y secretarios de tribunales son los que suelen hacer el trabajo duro, de recopilación y análisis de datos para los expedientes, y a menudo son los que redactan los fallos (aunque hay jueces que también lo hacen). El poder real lo concentran los jueces.

Otro plano donde se advierte una división por sexo es en la distribución de las mujeres según el fuero: “En Seguridad Social, Trabajo y Civil las mujeres representan entre un 44 y un 50 por ciento de la magistratura, mientras que en el otro extremo se ubican los fueros Criminal y Correccional Federal, Electoral y Penal Económico con un porcentaje de magistradas que oscila entre el 6 y 13 por ciento”.

Los porqué

Una investigación realizada en 2010 por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), llamado “Sexo y poder ¿quién manda en Argentina?”, pone de manifiesto que el escaso número de mujeres en los más altos cargos judiciales no escapa a la tendencia en otros espacios de poder. De casi 14.000 puestos de decisión relevados en los ámbitos económico, social y político, tanto en el nivel nacional como en los niveles provinciales, menos del 20 por ciento estaban ocupados por mujeres. En lo que respecta a los poderes del Estado, el Poder Judicial se encontraba en un segundo lugar, con un 21,1 por ciento, por debajo del poder Legislativo (30,6 por ciento), y por encima del Ejecutivo (9,2 por ciento).

“Hay organizaciones que responden a lógicas masculinas de trabajo. Esto puede explicar parte de las desigualdades. Pero se suman los factores culturales, vinculados con la tradicional división sexual del trabajo, con la idea del varón como proveedor y la mujer como cuidadora, y la desigual distribución de las tareas de cuidado, que recaen de manera mayoritaria sobre las mujeres”, señala Lucía Martelotte, de ELA. “Una de las consecuencias que las mujeres tienen es una doble carga de trabajo, y que debido a la necesidad de conciliar entre la vida familiar y laboral, se encuentran con diversas dificultades para acceder a posiciones jerárquicas. Es por ello que se emplea la metáfora del ‘laberinto del poder, las trayectorias laborales son fragmentadas, con dificultades de promoción’”, dice.

“Hay mandatos contradictorios que tironean a las mujeres pero también afectan a los varones”, añade Marsero. Cuenta que en los talleres de la Oficina de la Mujer, van surgiendo estrategias que cada quien intenta aplicar, que van desde la distribución de las tareas laborales hasta quién va a comprar un regalo de cumpleaños. También elaboran proyectos, como el que le han presentado a la Corte para equiparar la licencia con maternidad con la licencia por paternidad, un tema reglamentario aún no resuelto. Poner un “cupo femenino” en la Justicia, dice, tampoco sería la solución porque “no estamos aún en igualdad de condiciones”.

“El cupo femenino hada dado buen resultado en el ámbito del Poder Legislativo pero no ha dado resultado en el ámbito sindical, ya que la ley de cupo sindical no ha modificado significativamente el porcentaje de mujeres ocupando puestos de máxima decisión en esa área”, señala Martelotte. Ella propone apuntar a “modificar una cultura que espera que sean las mujeres quienes asuman las responsabilidades de cuidado, y muchas veces se autoimponen ese rol en forma prioritaria. Por lo tanto, pueden implementarse campañas desde el Estado que reconozcan la importancia de las tareas de cuidado y que promuevan la corresponsabilidad entre varones y mujeres, de modo de contar con una división más equitativa de tareas; además de generar una política pública para el cuidado de que no recaiga exclusivamente en las familias”.

Página/12 - 13 de julio de 2014