El gobierno macrista eludió en la OEA responder por el ataque a la Ley Audiovisual

El gobierno macrista eludió responder en Washington, ante una Comisión de la OEA, por las medidas que tomó por decreto para aumentar la concentración de medios y administrar a discreción el segmento audiovisual, lo que viola la Convención Americana de Derechos Humanos. La aprobación del decreto 267/15, con el cual el gobierno modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para favorecer a las empresas privadas, en especial el grupo Clarín, motivó el viernes 8 una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es parte de la OEA, y que puede hacer recomendaciones a los Estados o presentar casos ante la Corte Interamericana.

La audiencia fue gestionada por un conjunto de organizaciones sociales, universidades, sindicatos, cooperativas y pymes de la comunicación, encabezadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y agrupadas en la Coalición por una Comunicación Democrática, y con apoyo de la Defensoría del Público, que por su parte también se presentó ante la Comisión.

Las organizaciones explicaron cómo el decreto retira al país de la observancia de los parámetros internacionales en términos de libertad de expresión y derecho a la información, que está obligado a cumplir, ante lo cual una delegación gubernamental se circunscribió a una larga diatriba contra el gobierno concluido hace ya cuatro meses, pero no respondió ninguno de los puntos objetados.

La audiencia es solamente de una hora, por lo que no fue posible que los comisionados obtuvieran respuestas a sus preguntas, entre ellas dos dirigidas al gobierno sobre si contemplará o no la señalización sobre el aumento de la concentración mediática y la imposición de un organismo de gestión, el Enacom, en el que el Ejecutivo macrista se garantizó a sí mismo la mayoría absoluta.

Las audiencias son transmitidas habitualmente por el sistema de “streaming” y en el país la del viernes fue seguida en universidades, cooperativas, sindicatos y medios comunitarios que la transmitieron íntegra o parcialmente.

Desarrollo de la audiencia

Encabezó la audiencia el presidente de la Comisión, James Cavallaro, acompañado por el vicepresidente primero, Francisco Eguiguren, el comisionado relator para Argentina, Paulo Vannuchi, y el relator de Libertad de Expresión, Edison Lanza.

Al comenzar la presentación de las organizaciones, el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, explicó que los decretos macristas incluyeron la remoción de autoridades de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual sin los procedimientos legales previstos y la eliminación del Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual, organismo plurisectorial y federal que tiene atribuciones específicas en la gestión del sector.

Agregó que el decreto habilita la compra-venta de licencias, lo que reduce el pluralismo y la diversidad, y beneficia a los “grandes” actores de la comunicación en perjuicio de los menos poderosos.

Asimismo, Verbitsky aclaró que las eventuales imperfecciones en la aplicación de la Ley 26.522 no son motivo de la audiencia, en previsión de la postura que expresó luego la delegación oficialista, dedicada casi únicamente a atacar al gobierno precedente.

Le dio la palabra al docente de Comunicación Martín Becerra, quien fue asesor del diputado radical Marcelo Stubrin, uno de los directores de AFSCA, y que explicó que la concentración que habilita el decreto 267 se opone a la libertad de expresión, según los parámetros de la Convención. La decisión macrista agrava un problema que el país ya tiene, que es la concentración en canales de TV abierta y en el negocio de la TV paga.

Siguiendo la línea de Verbitsky, recordó que la audiencia no había sido convocada para juzgar la acción de gobiernos anteriores.

El abogado especialista en Comunicación Damián Loreti dijo que entre los estándares de la Convención y otros instrumentos se destacan ejes como la necesidad de autarquía de la autoridad de aplicación y las obligaciones para las empresas de la tv paga de cumplir con regulaciones sobre la oferta de canales, como la inclusión de los públicos, universitarios y comunitarios.

El decreto, agregó, va contra todo ello, así como contra la obligación de autarquía en el organismo llamado ahora Enacom, en el que el Poder Ejecutivo nombra cuatro miembros, mientras otros tres responden a las tres primeras fuerzas legislativas pero a quienes el gobierno puede remover por su cuenta y cuando lo desee.

Loreti dijo que el decreto retira del sector audiovisual a la televisión paga o cableoperadores y la ubica en el servicio de telecomunicaciones, eximiendo a sus empresarios de cumplir una serie de compromisos.

Daniel Badenes, de la Universidad Nacional de Quilmes y de RedCom, una de las entidades que agrupan a carreras de comunicación, dijo que el sector es agraviado por la exclusión de los organismos de gestión y amenazado porque, con la eximición de obligaciones a la tv paga, los canales universitarios pueden ser discriminados en un país en el que 83 por ciento de la población accede, por ahora, a ese servicio.

La presentación de los peticionarios se completó con Néstor Busso, de la Federación Argentina de Radios Comunitarias, quien reivindicó el proceso de participación que derivó en la Ley 26.522 ahora avasallada.

Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús, sintetizó una petición que, con más desarrollo y términos más amplios, fue dejada por escrito, para que la Comisión intervenga en pos de que el gobierno se apegue a los principios de la Convención Americana, que repare las vulneraciones ya cometidas a la libertad de expresión y que le pida a las autoridades que reciban a la Comisión en una visita oficial.

Posición oficial: críticas al gobierno anterior

La intervención de la delegación oficialista comenzó por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. El conjunto de las alocuciones, que tomaron el mismo tiempo que el de la contraparte, no contuvo una sola respuesta a las puntualizaciones sobre las violaciones a los estándares respecto de libertad de expresión.

Así, el funcionario se lanzó a una larga descripción de acciones con las que, según expresan habitualmente los medios dominantes en el país, el gobierno anterior violó la libertad de expresión. Citó el manejo de la publicidad estatal, un “aparato de propaganda política”, las cadenas nacionales y la existencia del “Fútbol para Todos”.

Luego sí entró al tema de la audiencia, para afirmar que el nuevo marco regulatorio de medios “está en pleno proceso de debate”, ignorando expresamente que el decreto 267 es una regulación de hecho, que modificó bruscamente a la anterior, aunque la llamó “reforma transitoria”.

Siguió Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, ex relator de Libertad de Expresión de la OEA, quien eludió el tema de la audiencia y volvió a las críticas al gobierno precedente, basándose en un informe de la Relatoría sobre 2015 que reprodujo casi textualmente afirmaciones hechas por los medios y periodistas opositores a Cristina Fernández de Kirchner, encabezados por Jorge Lanata, a quien mencionó al menos tres veces.

El director nacional de Datos Personales, Eduardo Bertoni, cuya presencia pareció justificarse únicamente en que también fue relator de Libertad de Expresión, defendió el argumento de que el proceso de convergencia tecnológica “forzó” al gobierno a modificar por decreto la Ley Audiovisual y la de Argentina Digital, a las que además criticó.

Este funcionario prometió un “nuevo marco regulatorio acorde con el derecho” y dijo que se creó una comisión que elaborará un proyecto de ley acorde con los parámetros internacionales, pero no respondió a la señalación de que el decreto 267 ya los desconoce y, peor todavía, llegó al extremo de decir que la “discusión actual no tiene sentido”.

El jefe de Enacom, Miguel de Godoy, funcionario acusado de acciones corruptas en el manejo de la publicidad estatal cuando era funcionario de Macri en la ciudad, se limitó a defender la “convergencia”, tema que no estaba en discusión en la audiencia, y a prometer que el gobierno convocará a todos los sectores para dialogar.

Intervención de los comisionados

Por parte de la comisión, habló primero Paulo Vannuchi, relator para Argentina, quien se limitó a contestar acusaciones que lanzó en su contra el diario oficialista La Nación y a explicar que la audiencia no es un ámbito de decisiones.

El primer vicepresidente, Eguiguren, dijo que no quedaba tiempo para que las preguntas que tenía para hacer fueran respondidas por las delegaciones. Así, exhortó a tomar en cuenta que en la materia en cuestión se deben considerar los derechos del emisor así como los de los receptores, es decir el imperativo de que haya información plural, amplia, y posibilidad de buscarla y recibirla.

Para los derechos de los receptores, amplió, la concentración es “dañina y contraria al derecho”, y dejó algunas preguntas: la postura de las partes sobre qué hará la nueva ley, “si es que algo hace”, sobre la concentración; la postura sobre la “doble” concentración, es decir la del sector audiovisual y la del sector gráfico, y más aún cuando hay propiedad cruzada -como la que padece Argentina-; la postura sobre la participación de la “sociedad civil” en la elaboración de la norma.

Habla el relator especial

El relator especial de libertad de expresión, el uruguayo Edison Lanza, también se apartó de la temática de la audiencia, lo que resulta muy singular dadas sus responsabilidades, para congratularse por iniciativas mencionadas por la delegación oficial, como proyectos sobre “transparencia” en la información pública y manejo de la publicidad estatal, aspectos que no figuraban en la convocatoria.

Tras esta expresión condescendiente con el macrismo, Lanza expresó sin embargo que a la Relatoría le preocupan las medidas ya adoptadas, y sostuvo que el organismo regulador impuesto por el decreto, el Enacom, “no cumpliría” con los estándares internacionales.

Asimismo, sobre la necesidad de diversidad y pluralismo en los medios -una forma de expresar oposición a la concentración estimulada por el macrismo-, Lanza recordó que la Comisión y la Corte Interamericana, en varios pronunciamientos y actuaciones, expresaron reiteradamente su preocupación.

También dijo que retirarle a la televisión paga las responsabilidades del servicio audiovisual “puede afectar” los derechos de las audiencias, como el acceso a diversidad de emisores.

Última ronda de intervenciones

Finalmente, el presidente Cavallaro dijo que la Comisión “valora” la descripción hecha por la delegación oficial, y dio a ambas partes oportunidad para últimas intervenciones, muy breves.

Verbistky hizo notar que el gobierno “no contestó una sola pregunta” pues “el Estado habló solo del pasado, de un gobierno que ya no existe”. A esto De Godoy respondió con generalidades, eludiendo otra vez puntualizar sobre las impugnaciones expresadas. El presidente del CELS insistió en que la delegación gubernamental eludió respuestas e insistió en que “la concentración ya está en marcha”, pues el decreto está en vigencia. Dio paso a Osvaldo Francés, del sector de emisores Pymes, y a Oscar Nocetti, del cooperativo, quienes advirtieron sobre los peligros que recaen sobre el sector por las acciones del gobierno. Retomó la palabra De Godoy, con la promesa de dialogar con todos los sectores.

Repercusiones en el Congreso Nacional

La audiencia fue seguida en decenas de lugares del país y, entre ellos, en el edificio anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, con la presencia de los legisladores Remo Carlotto, Liliana Mazure, Cristina Álvarez Rodríguez y Eduardo Seminara, y dirigentes de varias organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática.

Al concluir la actividad en Washington tomó la palabra Néstor Piccone, quien consideró que la audiencia fue un éxito y destacó la solvencia de los peticionarios. Agradeció en especial la presencia de los diputados.

Carlotto, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, se puso a disposición de la Coalición. Destacó la falta de argumentos de la delegación gubernamental en la audiencia pero a la vez advirtió que el decreto 267 está siendo aplicado y logrando el objetivo del macrismo y su aliado principal, el grupo Clarín, de profundizar aún más la concentración.

Por ello propuso hacer un debate federal sobre la situación y dijo que la Comisión que preside está a disposición para colaborar con foros y reuniones.

Mazure manifestó el asombro de los diputados por el desempeño de la delegación oficial en Washington, pero advirtió que de todos modos el gobierno avanza con sus políticas y que cada día “nos da un golpe”. Propuso diagramar inmediatamente con la Coalición un esquema de trabajo en todo el país, una agenda de trabajo federal. “Todos los tiempos van en contra nuestra y en contra del pueblo”.

Seminara, quien dijo que los diputados estaban presentes en representación de todo el bloque del Frente para la Victoria, sostuvo que lo que está en disputa son “dos modelos de comunicación”. En evocación de lo dicho por los representantes gubernamentales, afirmó que podrá haber algunos acuerdos, pero advirtió que hay un límite constituido por “los derechos que están vigentes según los parámetros internacionales”. De ese límite, aseguró, “no nos movemos”.

Retomó la palabra Piccone, quien agradeció “a la Defensoría del Público, que trabajó mucho” para que la audiencia se concretara, y cerró Mariela Pugliese, presidenta de FARCO, quien exhortó a mantener y aumentar el compromiso con la comunicación democrática, mejorar la organización y ampliar la participación para “seguir en la lucha”.

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