Burguesía nacional y la matriz de fuga

Horacio Rovelli
Cuando Néstor Carlos Kirchner asumió la Presidencia de la República el 25 de mayo de 2003, planteó un capitalismo serio que implicaba la producción de bienes y servicios en el país con reglas claras de distribución del ingreso (paritarias libres con un mínimo de incremento salarial de inflación más dos puntos sostenía el Presidente).

La defensa del mercado interno, que las exportaciones de alimentos pagaran una retención que permitiera al Estado subsidiar la energía y apuntalar a las industrias para generar mayor valor agregado, que el Estado cumpliera su función de regulación de los mercados estableciendo claras reglas de juego por un lado, y de asistencia a los que menos tienen por el otro, cumpliendo cabalmente los principios constitucionales de “promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

Y veníamos de todo el horror de liberalismo más impiadoso, expulsando campesinos, cerrando talleres y fábricas, incrementando año tras año a los desocupados, empujando a la miseria y a la desesperación a parte considerable de la población, en ese marco es que Kirchner se pone al frente de un gobierno que avanzó inteligentemente, midió las relaciones de fuerza, cedió piezas del ajedrez del poder pero mantuvo firme el objetivo de que el país se ponga de pie por sus propios medios, utilizó el default anunciado por Rodríguez Saa para no pagarles a los acreedores y emplear esos recursos para apuntalar a un modelo de producción y distribución que se basó en nuestras ventajas naturales, a lo que le sumó el trabajo y el esfuerzo de nuestro pueblo.

La Argentina crecía y crecía la industria que se expandió a un promedio del 6,8% anual entre los años 2003 y 2011. Pero la burguesía local, la que opera en nuestra Nación, incapaz de comprender la situación y en lugar de invertir, prefirió hacer el juego que más conoce y que más practica: fugar capitales. De ese modo no se propuso sustituir insumos que se deben traer del exterior ante la mayor producción nacional, prefiriendo ensamblar, que es más barato y menos riesgoso que producir en el país. Si a eso le sumamos que la mayor actividad implicó mayor uso de energía que en gran parte se compra del exterior, la combinación de menor inversión, fuga de capitales y mayores importaciones tarde o temprano debían ser superadas con un nuevo reordenamiento por parte del Estado. Esto fue anunciado a fin del año 2011 y fue denominado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como “sintonía fina”, que consistía básicamente en hacer un seguimiento de los principales costos de producción de las principales industrias y de los principales productos del campo, a la vez de constituir un “mapa fiscal” que significa ver cuánto recibe en carácter de subsidio por desgravaciones impositivas, créditos blandos de bancos oficiales, tarifas reducidas de servicios públicos, etc., una empresa, y cuánto contribuye esa empresa con el Estado y con la sociedad.

El proceso de desinversión y fuga de capitales trató de ser compensado con políticas de seguir impulsando la demanda, que no hubiera estado mal si se hubiera realizado simultanea y paralelamente con las medidas de “sintonía fina”, que al no ejecutarse y ante la restricción de la oferta, genera un proceso inflacionario, que a su vez el gobierno trata de frenar con el retraso cambiario. Resultado, desde el año 2012 la formación bruta de capital cae en precios constantes, alcanzando el 5,6% en el 2014 y el país no crece.

Ante la falta de dólares para poder frenar la fuga y la presión sobre el tipo de cambio, el camino que se adoptó fue el de volver a los mercados de capitales, de allí que primero se le pagó la indemnización a Repsol SA, se reconoció y comenzó a pagar la deuda con el Club de París, se aceptaron los fallos del Ciadi, pero el rechazo a tratar el caso argentino por la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. el 14 de junio de 2014, y de esa manera convalidar la interesada interpretación del “pari passu” del juez Griesa, cercenó el retorno al sistema financiero internacional.

Una de las alternativas que el presidente Néstor Kirchner exploró en el año 2005, cuando junto a sus pares de la región le dijo no al ALCA en la ciudad de Mar del Plata, fue el de acordar con China planes de inversión y financiamiento. Con los tiempos que se toman los orientales, el mismo dio sus frutos diez años más tarde, justos para financiar la represa Cepernic y la que lleva su nombre en su provincia natal, a la vez de acordar swaps por un monto significativo que compensa con creces el goteo incesante de la demanda de dólares que a su vez el Gobierno les permite a los sectores de ingresos medios y superiores de la Argentina.

En el corriente año 2005 los más de 5.000 millones de dólares en yuanes que ingresaron del swap Chino, más otros 3.000 millones de dólares de nueva deuda que el Estado a través de la colocación de los Bonar 2024 y de títulos de deuda de YPF realizó, conforman un fuerte ingreso financiero que complementa y sustituye el menor superávit comercial esperado para este año.

El monto acordado con la República Popular China asciende al equivalente a 11.000 millones de dólares y, ante la impotencia de los fondos buitre y del juez Griesa, puede haber nuevas colocaciones de títulos de deuda si hiciera falta, con lo que la capacidad de crédito supera ampliamente las compras de divisas de este año eleccionario, paz cambiaria que es sellada con las altas tasas que los bancos reciben por colocar dinero de los ahorristas en el mismo BCRA a través de las Lebac, que le deja una diferencia de más de 3 –tres– puntos de interés y explican las fuertes ganancias de los bancos, por un lado, y por otra parte, que no empleen esos recursos para comprar dólares en forma masiva como lo han hecho tantas veces.
Altos márgenes de rentabilidad a los bancos por captar plata del público y prestarle al BCRA, y ante el menor ingreso esperado por la caída internacional de los precios de nuestras exportaciones, lento mecanismo de resolución de las Declaraciones Juradas de Anticipos de Importaciones (DJAI) que el importador en forma previa a la emisión de la Nota de Pedido u Orden de Compra debe informar a la AFIP con lo que en los hechos el importador no puede atender en muchos casos, sus obligaciones con el exterior.

Todo el mecanismo descripto es de corto plazo y se sustenta en la necesidad de garantizar la paz cambiaria en el fin del gobierno, pero es insostenible en el tiempo. Se torna necesario establecer nuevas reglas de juego que es tarea innegable de la nueva administración. Y acá sólo hay dos posibilidades, la primera y más simple es una brutal devaluación de nuestra moneda que haga caer fuertemente los salarios medidos en moneda dura, con lo que se reduce el mercado interno y con ello las importaciones y queda mayor saldo para exportar (la podemos llamar “volver a los ’90”). O se establece un acuerdo social con compromisos por escrito de producción y de inversión, con control y participación popular y estatal.

Y en esto, como lo demuestran los doce años del kirchnerismo, no podemos llamarnos a equívocos, las grandes empresas que operan en el país dependen más del exterior (sus ventas, su ganancia, las posibilidades de renta y de inversión) que del mercado interno. Para ellos los trabajadores son más un costo que un potencial demandante de sus productos (sea esto soja u acero), la fuerte extranjerización del sector, su interrelación con grandes organismos comerciales y financieros internacionales hace que propongan un Estado mínimo (en la dictadura se ufanaban diciendo achicar el Estado para agrandar la Nación) y altas tasas de desempleo como presión de las remuneraciones de los que trabajan. Como esas empresas no quieren pagar impuestos, quieren que ese Estado lo financien los trabajadores, de allí la cantinela permanente de reducir las retenciones o la justificación de las cuentas secretas en el HSBC o en el UBS de Suiza.

La otra alternativa es volver a los mejores años del kirchnerismo pero con la experiencia ganada, conociendo los “bueyes con que se ara”, con mayor control estatal y mayor participación popular, y para eso se necesita de la organización popular, de la decisión y del coraje para enfrentar a los que quieren un país para ellos solos. Esa disputa es la que se vive hoy en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia en forma clara y tajante, y, en nuestro país, en forma encubierta y solapada.

Miradas al Sur - 21 de junio de 2015