El Consenso de Washington está llegando a su fin. En un informe publicado esta semana, el Grupo de Expertos del G7 sobre Resiliencia Económica (donde represento a Italia) exige una relación radicalmente distinta entre los sectores público y privado para crear una economía sostenible, equitativa y resiliente. Cuando los líderes del G20 se reúnan el 30 y 31 de octubre para discutir sobre la manera de «superar los grandes desafíos actuales» —entre ellos, la pandemia, el cambio climático, la creciente desigualdad y la fragilidad económica— deben evitar caer nuevamente en los supuestos desactualizados que nos condujeron al desastre actual.

El Consenso de Washington definió las reglas del juego para la economía mundial durante casi medio siglo. El término se puso de moda 1989 —el año en que el capitalismo al estilo occidental consolidó su alcance mundial— para describir la batería de políticas fiscales, impositivas y comerciales fomentadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se convirtió en el lema de la globalización neoliberal y fue por eso atacado —incluso por las figuras más eminentes de sus instituciones centrales— por exacerbar las desigualdades y perpetuar la subordinación de los países del Sur global a los del Norte.

Después de escapar dos veces, por poco, de un colapso económico mundial —primero en 2008 y luego, en 2020, cuando la crisis del coronavirus casi hizo caer al sistema financiero— el mundo enfrenta ahora un futuro con riesgos, incertidumbres, agitación y una degradación climática sin precedentes. Los líderes mundiales tienen una opción simple: seguir apoyando a un sistema económico fracasado, o deshacerse del Consenso de Washington y reemplazarlo con un nuevo contrato social internacional.

La alternativa es el «Consenso de Cornwall», recientemente propuesto. Mientras que el consenso de Washington minimizó el papel del Estado en la economía y presionó a favor de una agresiva agenda de libre mercado, desregulación, privatización y liberalización comercial; el Consenso de Cornwall (que refleja los compromisos expresados en la cumbre del G7 en Cornwall en junio del año pasado) invertiría esos mandatos. Con la revitalización del papel económico del Estado, nos permitiría dedicarnos a implementar metas sociales, crear solidaridad a escala internacional y reformar la gobernanza mundial en pos del bien común.

Esto significa que para obtener subsidios e inversiones de las organizaciones estatales y multilaterales los beneficiarios estarían obligados a implementar una rápida descarbonización (en vez de una rápida liberalización del mercado, que exigen los préstamos del FMI para programas de ajuste estructural). Esto significa que los gobiernos pasarían de reparar —intervenir solo cuando el daño ya fue hecho— a preparar: actuar anticipadamente para protegernos de los riesgos e impactos futuros.

El Consenso de Cornwall también nos llevaría de la corrección reactiva de las fallas de mercado a la modificación y creación proactiva de los tipos de mercados que necesitamos para cultivar una economía verde. Nos llevaría a reemplazar la redistribución por predistribución. El Estado coordinaría asociaciones público-privadas orientadas a misiones para crear una economía resiliente, sostenible y equitativa.

¿Por qué es necesario un nuevo consenso? La respuesta más obvia es que el modelo anterior ya no produce beneficios ampliamente distribuidos, si es que alguna vez lo hizo. Demostró ser desastrosamente incapaz de responder con eficacia a los grandes impactos económicos, ecológicos y epidemiológicos.

Cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas adoptados en 2015 ya iba a ser difícil con los acuerdos de gobernanza mundial predominantes, pero ahora, después de una pandemia que llevó a las capacidades estatales y de los mercados más allá del punto de quiebre, la tarea se tornó imposible. La actual situación de crisis hace que un nuevo consenso mundial sea fundamental para la supervivencia de la humanidad en este planeta.

Estamos en el punto de inflexión de un cambio de paradigma que debió haber ocurrido mucho tiempo atrás, pero este progreso fácilmente se puede desandar. La mayoría de las instituciones económicas siguen rigiéndose por normas anticuadas que les impiden conseguir las respuestas necesarias para poner fin a la pandemia, ni que hablar de la meta del acuerdo climático de París de limitar el calentamiento mundial 1,5 °C respecto de los niveles preindustriales.

Nuestro informe destaca la urgente necesidad de fortalecer la resiliencia de la economía mundial contra futuros riesgos e impactos, ya sean agudos (como las pandemias) o crónicos (como la polarización extrema de la riqueza y el ingreso). Argumentamos a favor de una reorientación radical en nuestra forma de pensar el desarrollo económico: pasar de medir el crecimiento en términos de PBI, VAB (valor agregado bruto) o rentabilidad financiera a evaluar el éxito sobre la base de la consecución de metas comunes ambiciosas.

Tres de las recomendaciones más destacadas del informe están vinculadas con la COVID-19, la recuperación económica pospandemia y la degradación climática. En primer lugar pedimos al G7 que garantice la equidad en las vacunaciones a escala mundial, y que invierta sustancialmente en la preparación para pandemias y el financiamiento de la salud orientado a misiones. Debemos lograr que el acceso equitativo, especialmente a las innovaciones que se benefician gracias a las grandes inversiones y los compromisos de compra anticipada del Estado, se convierta en una prioridad.

Reconocemos que para esto será necesario un nuevo enfoque en la determinación de los derechos de propiedad intelectual. De manera similar, el Consejo de Economía de la Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud (que presido) enfatiza que se debe reformar la gobernanza de la propiedad intelectual para reconocer que el conocimiento es resultado de un proceso de creación de valor colectivo.

En segundo lugar, sostenemos que es necesaria una mayor inversión estatal para la recuperación económica pospandemia y compartimos la recomendación del economista Nicholas Stern de aumentar ese gasto al 2 % del PBI por año, captando así un billón de dólares por año desde ahora hasta 2030. Pero conseguir más dinero no es suficiente, la forma en que se lo gasta es igualmente importante. Se debe canalizar la inversión pública a través de nuevos mecanismos contractuales e institucionales que midan e incentiven la creación de valor a largo plazo en vez de beneficios privados a corto plazo.

Y en respuesta al mayor de los desafíos —la crisis climática— solicitamos un «CERN de tecnología climática». Inspirado en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, un centro de investigación orientado a misiones y centrado en la descarbonización de la economía concentraría la inversión pública y privada en proyectos ambiciosos, entre ellos, la eliminación del dióxido de carbono de la atmósfera y la creación de soluciones sin emisiones de carbono para sectores «de difícil mitigación» como el transporte, la aviación, el acero y el cemento. Esta nueva institución multilateral e interdisciplinaria funcionaría como catalizador para crear y modificar nuevos mercados de energías renovables y producción circular.

Estas son solo tres de las siete recomendaciones que hicimos para los próximos años. Juntas proporcionan el andamiaje para construir un nuevo consenso mundial, una agenda de políticas para regir el nuevo paradigma económico que ya empieza a tomar forma.

Está por verse si el Consenso de Cornwall se mantendrá, pero algo debe reemplazar al consenso de Washington si queremos prosperar en vez de simplemente sobrevivir en este planeta. La COVID-19 nos permite entrever los problemas trascendentales de acción colectiva que enfrentamos. Solo la cooperación y coordinación internacional renovada de las capacidades estatales ampliadas —un nuevo contrato social avalado por un nuevo consenso— puede prepararnos para abordar las crecientes crisis entrelazadas que nos aguardan.

Project Syndicate / 13-10-2021