Un duelo por la conciencia social
La frase del Presidente de la Nación referida a que “el tema de las tarifas es el centro de la batalla cultural” supone no solo la aceptación de la puja, de un enfrentamiento entre sectores e intereses en disputa, sino la existencia de una lucha simbólica, eminentemente política, por “ganar consciencias” y voluntades.
Es lógico que para Macri esta tirantez, que se expresa en el Congreso, las calles y en el humor social, suponga una pelea de fondo dispuesta a quebrar los diques de contención de lo aceptable socialmente. De esa lucha –y de las jubilaciones o de la reforma laboral— provendrá, conjetura el PRO, la base de una legitimidad apta para arrasar con el resto de las fortalezas sociales que se encargaron de edificar los trabajadores durante un siglo.
Admitir que se trata de una batalla supone reconocer contendientes, actores sociales que se encuentran en situación de antagonismo. Por supuesto que siempre existió este pleito, pero su asunción pública por parte del Presidente (subrayado con un latiguillo caro a la década ganada, —batalla cultural—), funda un escenario menos dependiente del maquillaje marketinero y, por lo tanto, más abierto a la confrontación política. El gobierno vio en los últimos meses deshilacharse su maquillaje a un ritmo paralelo al de su incapacidad de dar soluciones a los problemas que prometió superar.
La política incluye consentir la existencia de modelos contrapuestos, asumir que hay algo que los aparta: una fisura, una mínima hendija o una profunda grieta. La nitidez creciente de la acción gubernamental –ostensible por sobre cualquier disimulo u ocultamiento mediático— convierte los colores iniciales de su arco iris en un brutal contraste cromático fundido en blanco y negro, sobreexpuesto por rumores de impaciencia y cansancio irritado. Algunos han denominado esa discrepancia visceral que cíclicamente se pone sobre la mesa, a la vista de tod@s, como proyectos de país opuestos, como lucha de clases, o simplemente como el resultado de antagonismos epocales.
Lo cierto es que la contienda –siempre— termina por superar cualquier fraseología acostumbrada al ninismo (ni esto ni lo otro, es todo lo mismo) y se posiciona como una confrontación en el territorio de la política. Ese es el predio donde los latiguillos como “la unidad de los argentinos” y “los argentinos somos derechos y humanos” empiezan a ser insípidos. Donde las convocatorias a superar la grieta se transfiguran en antiguallas protoelectorales que dejan lugar a la irrupción de un conflicto dispuesto únicamente para reducir el valor de la fuerza de trabajo (eufemismo sustituido mediante el sambenito de costo laboral) y la capacidad de pelea de quienes no pueden valorizarse en el mercado financiero.
A grandes rasgos (estilizados), el conflicto se expresa en términos de quienes buscan que el capital (lo denominan inversiones) sea más rentable contra quienes pretenden compartir las mieles del desarrollo social en términos un poco más equitativos. Ese conflicto tiene superficies económicas, pero se entabla sobre bases y zonas culturales y simbólicas: se trata de convencer a grandes mayorías acerca de la indefectibilidad de unos aumentos de tarifas (cuyos beneficiarios son los más privilegiados). El macrismo intenta reinstaurar la creencia –un upgrade de Rodrigo, Martínez de Hoz, Menem y De la Rúa— sobre la inexistencia de alternativas por fuera del esfuerzo abnegado de los trabajadores. En una rapiña cíclica, la derecha argentina recurre desde los años ´70 a convocatorias sacrificiales que auguran un paraíso de crecimiento que nunca llega. El mandato neoclásico exige el costo ascético del sufrimiento como única garantía de acceso al reino de los cielos, donde no es posible diferenciar claramente —en su letra chica—, el inequitativo reparto de dicho sacrificio.
La energía como territorio en disputa
La tensión política se desplaza a todos los campos, sobre todo porque plantea interrogantes sobre el devenir. ¿Cuán lejos nos encontramos del precipicio del 2001? ¿Son el mejor equipo? ¿Gobiernan para enriquecerse aún más? Estas preguntas invaden la cotidianeidad de colectivos sociales que no entienden mucho de la suba del dólar o de las LEBACs, pero sí comprenden las externalidades de la inflación y el incremento de las tarifas. Los empresarios del Foro por la Convergencia Empresarial, reducto condensado de uno de los dos lados del mostrador –aliados de la batalla cultural declarada por Macri— emergieron recientemente como adalides de la responsabilidad fiscal, a través de un documento justificador del tarifazo. [1] Entre las justificaciones manifestadas, demandaron “dejar de lado las especulaciones electorales y el afán de confrontar con el Gobierno”, como si la batalla planteada desde el Ejecutivo requiriese una rendición incondicional de quienes figuran del otro lado del mostrador. “Te declaran la guerra y te acusan de irresponsable cuando intentás defenderte”, murmuró un asistente a las reuniones de Comisión de la Cámara de Diputados, donde se trató la ultima semana el pedido para retrotraer los aumentos.
Algunos de los integrantes empresariales de la infantería cultural macrista exigieron, a través de un comunicado, “no apelar a recursos demagógicos que hagan retroceder en el camino iniciado”. El trayecto iniciado al que hacían referencia se traduce, en términos cuantitativos y sintéticos, a los siguientes guarismos ejemplificadores: [2]
- La factura mensual de gas –de consumo moderado— creció desde $158 a $1.234, entre 2015 y abril de 2018. Eso supone un aumento del 681%. [3]
- Desde comienzos de 2016 los servicios públicos, en el ámbito de la Ciudad y provincia de Buenos Aires, se incrementaron en un 920% en energía eléctrica y 683% en agua. [4]
- Un quinto (21%) del Salario Mínimo Vital y Móvil actual de $9.500 por mes se destina a pago del consumo de servicios públicos, monto que implicaba un 3 % en 2015. [5]
Su contraparte, en la llamativa repartija de los panes y los peces, puede plasmarse en el siguiente caso:
Pampa Energía, cuyo accionista mayoritario y CEO es Marcelo Mindlin, controla al grupo EDENOR, la Transportadora de Gas del Sur y otras empresas que intervienen en todas las etapas del proceso energético. Edenor es la distribuidora y comercializadora de electricidad más importante del país. Cuenta con el 20% de los usuarios de la Argentina y el 18% de la demanda total de electricidad. Registró en 2017 ganancias por 5.576 millones de pesos. [6]
La batalla cultural es un duelo por la legitimidad, la influencia y la imposición sobre la conciencia social. Tiende a impactar en forma diferencial –con mayor o menor eficiencia— sobre la base preexistente de creencias y la credibilidad que tienen los variados voceros (en estos casos políticos, economistas, CEOs, dirigentes sociales y periodistas) para con-vencer. El caso de Edenor/ Mindlin/Pampa Energía es paradigmático para develar los intersticios de una beligerancia simbólica que aún se expresa en territorios de la más absoluta credulidad, desconocimiento e impunidad: Mindlin es el presunto comprador de la empresa constructora de Mauricio Macri, adquirida por un monto de 770 millones de pesos, equivalentes a 44 millones de dólares, suma homóloga a la que blanqueó gracias a una ley promovida por su vendedor, el Presidente de la Nación. [7]
Uno de los apotegmas de los CEÓcratas es la eficiencia. En pos de ella se impulsan los incrementos de tarifas y los discursos sacrificiales. Pues bien, EDENOR, que concentra la demanda de un quinto de los usuarios argentinos, no se ha encargado de validar empíricamente las razones esgrimidas por Macri para justificar los tarifazos. El año que acumuló mayor cantidad de cortes eléctricos, según el informe de OETEC, coincide con el récord de sus beneficios. Los baches de suministro superaron largamente la etapa populista en la que había tarifas reguladas y subsidios. Los cortes (en miles) de 2017 son el peor registro desde 2011. En 2015 cayó al 6,1% la cantidad de cortes respecto de 2014. En 2016, la variación fue prácticamente nula. En 2017, (quizás) gracias a las ganancias extraordinarias, los cortes aumentan un 8,5%. [8]
Del sacrificio a la legitimación confesional
La antropología política describe desde hace 50 años los modelos de significación –elementos centrales de la batalla cultural— que se utilizan para hacer política. [9] Uno de ellos es la apelación a lo confesional, o a alguna forma de trascendencia que ubique la disputa en un lugar ajeno a la brutalidad de la áspera y desnuda expoliación. Es habitual que los poderosos fácticos apelen a un halo de legitimación sagrada a la hora de imponer sus elementales intereses materiales. Este es el caso del Foro por la Convergencia Empresarial que acudió presuroso en ayuda del gobierno, avalado por instituciones confesionales que le dan soporte y densidad religiosa a los insensibles tarifazos.
Entre los signatarios del documento del Foro figuran: la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, la AMIA y la DAIA. Consultado para esta nota, el padre Marcelo Ciaramella, integrante del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres, señaló:
“De ninguna manera los que nos decimos cristianos podemos estar a favor de un entramado de mentiras pergeñado con el único motivo de enriquecer a una minoría, condenando a las mayorías a la angustia y la pobreza. El proyecto de congelamiento de tarifas es urgente, pero es sólo un paliativo para frenar los efectos devastadores de esta política despiadada, mentirosa y agresiva. Es la misma lógica de la guerra, según el poeta Galeano: matar para robar”. Ciaramella agregó: “El gobierno se ha propuesto una brutal transferencia de riqueza hacia los sectores más concentrados de la economía que —en muchos casos— coinciden con sus propias empresas o las de sus amigos. Para tal fin han montado un relato falso y culpabilizador en el que la responsabilidad de lo que pasa es de los consumidores o del gobierno anterior. En nombre de la verdad nos hablan de una crisis energética inventada (si hubiera realmente crisis, ¿por qué dejaron caer la producción de petróleo?), estigmatizan los subsidios estatales —que en los países desarrollados son una herramienta política válida y frecuente— y desatan aumentos con una “urgencia” impostergable, en una especie de “vida o muerte”: o aumentan las tarifas o se frena el desarrollo. Y lo más grave de todo es que el “tarifazo” deriva en un deterioro inmediato del comercio o las Pymes, y se convierte en una angustiante espada de Damocles sobre el pueblo más humilde que tiene que elegir si compran alimentos o pagan tarifas”.
En referencia a los mismos avales confesionales, suscriptos también por la AMIA y la DAIA, el Colectivo de Comunidades Religiosas e Identidades Culturales por la Patria (integrado por cristianos católicos romanos y evangélicos, musulmanes, judíos e integrantes de pueblos originarios), manifestó su rechazo a quienes “se escudan en dichas identidades para disponer una afrenta feroz contra toda forma de solidaridad, compasión y fe en la comunión humana. Como integrantes de un colectivo en el que privilegiamos los valores de solidaridad y amor a los humildes, nos vemos en la responsabilidad moral de denunciar estas utilizaciones pseudo-religiosas que lo único que buscan es justificar el beneficio de quienes detentan hoy el poder económico y político”. Macri deberá asumir que la batalla cultural no tiene límites. También se entabla en zonas sagradas.
[3] http://www.eleconomista.com.ar/2018-04-peso-tarifas-salarios-quintuplico/
[6] http://www.oetec.org/nota.php?id=3202&area=1
[7] Verbitsky, Horacio, en: https://www.elcohetealaluna.com/tramparenciay https://bit.ly/2HTotlc
[8] Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo Soberanía y Seguridad Jurídica Popular. http://www.oetec.org/nota.php?id=3202&area=1
[9]. Balandier, Georges: Antropología política. Antrópolis, Buenos Aires, 2005
El Cohete a la Luna - 10 de mayo de 2018