La situación crítica se resolvió en un mes, en un tiempo muy breve teniendo en cuenta los canales burocráticos del Estado, aplicando la Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, que reemplazó a la ley de Abastecimiento. Es un caso que revela por qué esta norma es motivo de resistencia por parte de grupos económicos concentrados y, a la vez, cuál es su utilidad para evitar abusos de firmas con posición dominante. Al mundo de la ortodoxia económica alimentado por el establishment tan preocupados por el aumento del gasto público, este caso lo pone en aprietos: la intervención estatal a través de esa cuestionada ley permitió un ahorro sustancial de recursos públicos, además de garantizar la provisión de una droga indispensable para el tratamiento del cáncer en un programa oficial de cobertura gratuito.

El Ministerio de Salud envió el 14 de mayo pasado una nota a la Secretaría de Comercio denunciando sobreprecios que le impedían comprar la droga cisplatino. Comercio emitió una resolución el 9 de junio comunicando a los laboratorios involucrados que por las facultades conferidas por la Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo fiscalizará el stock existente de esa droga en sus plantas. Además les comunicó que estaban obligados a presentar ofertas iguales o menores al precio de referencia establecido por la Sigen, hasta cubrir el abastecimiento del mercado y el pedido realizado por Salud. En caso contrario, iba a ser multadas. Esa resolución fue notificada a los laboratorios y al ministerio. Con ese documento oficial, el 11 de junio Salud convocó para la compra directa por urgencia a los laboratorios y dos de ellos (ambos nacionales) se presentaron el 24 de junio y ofertaron por el precio testigo, cubriendo el total de lo demandado.

El jueves último se efectivizó la compra. La fecha de entrega será en los próximos quince días. Sólo por esta operación que redujo el precio pretendido inicialmente por los laboratorios de 1.238.462 pesos al definido por la Sigen de 725.510 pesos, generó un ahorro para el Estado de 512.952 pesos para los próximos seis meses. Este es uno de los caso pero que se repiten en otras drogas que el Ministerio de Salud está interviniendo para garantizar el abastecimiento sin sobreprecios.

En los procesos de contratación de medicamentos para HIV, tuberculosis y cáncer los laboratorios ofertaron con sobreprecio. Se trata de medicamentos esenciales que se distribuyen a través de programas sanitarios nacionales a lo largo de todo el país. El comportamiento abusivo e injustificado fue tanto de los laboratorios extranjeros como de los nacionales. En el cuadro se observa un listado de medicamentos de diferentes programas del Ministerio de Salud (HIV y Banco de Drogas Oncológicas). Sobreprecios del 26 al 1317 por ciento respecto de los precios de referencia de la Sigen y de los de compras anteriores. Esas variaciones no sólo imposibilitaban legalmente a Salud la compra de esas drogas en esos términos, sino que además le planteaba un conflicto: tener que decidir frente al gasto desmesurado en un rubro (en este caso de medicamentos) sobre qué otra área o programas de salud recortar presupuesto. Para eludir esa disyuntiva, Salud apeló a la Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo. Con la resolución favorable, espera que el caso de la droga cisplatino actúe de disuasivo y discipline a los laboratorios. Si la resistencia persiste, todavía le queda otras herramientas de regulación: la importación de emergencia autorizada por desabastecimiento o por subas desproporcionadas de precios a través de compra directa, por ejemplo a laboratorios de India o China con precios muchos más baratos.

El 5 de junio pasado, los ministerios de Economía y Salud emitieron una resolución conjunta que dispuso una ampliación en la reglamentación para las excepciones en la inscripción en el registro de medicamentos de la Anmat, paso previo para la comercialización del producto (artículo 2 del decreto 150/192 que ordena la creación de ese organismo público). El ministro de Salud, Daniel Gollán, incorporó en las excepciones, además de por una situación de emergencia, las que emergen por subas desmedidas de precios o por desabastecimiento. Ante esa eventualidad, Salud puede comprar medicamentos que no están anotados en el registro o importando de países del anexo 2 detallados en ese decreto. La Anmat luego deberá realizar un control lote por lote para garantizar la calidad. Y si aún las firmas proveedores locales no alinean sus precios o normalizan el abastecimiento, queda la posibilidad de subir de categoría a India y China (los precios son mucho más baratos) del anexo 2 al 1 (alta vigilancia farmacológica) de ese decreto, donde están detallados los países donde los trámites de aceptación no superan de 2 a 3 meses frente al año promedio en el otro listado. Mediante una vía abreviada para la inscripción en el registro de medicamentos las operaciones se concretan con más facilidad incluso para la participación de licitaciones públicas.

En el cuadro que acompaña esta nota se presentan algunos de los medicamentos con los cuales el Ministerio de Salud ha tenido problemas en las últimas licitaciones públicas por sobreprecios. Sumando solamente estos casos, y de haberse aceptado los sobreprecios ofertados por los laboratorios, se habrían pagado 3.700.000 pesos de más.

Esta tensión por los precios expresa la confrontación del concepto de Salud como derecho o como mercancía. Son dos modelos antagónicos. La política oficial de medicamentos se enfrenta a esa situación reflejada en estos conflictos por precios. Para los laboratorios los medicamentos son una mercancía a la que buscan extraerle la máxima ganancia en la venta al público, y con las compras del sector público pretenden ampliarla aún más puesto que el Estado es el principal cliente.

El Ministerio de Salud invirtió en medicamentos aproximadamente el 25 por ciento de su presupuesto anual en 2014: casi 4000 millones de pesos. De ese monto, 2500 millones fueron destinados para la distribución a través de programas del Ministerio (por ejemplo, provisión gratuita de medicamentos esenciales, el Remediar y otros destinados a diversas enfermedades como el HIV y oncológicas). Dentro de estas compras el 95 por ciento fueron concretadas a laboratorios privados, de los cuales 74 por ciento son nacionales y el 26 por ciento restante extranjeros. Con el programa Remediar se cubrieron 38 millones tratamientos para diferentes patologías por año con un gasto de unos 450 millones de pesos, y 1000 millones de pesos fueron asignados para la provisión de medicamentos del programa Federal Incluir Salud. Además el Estado financió a través del PAMI prestaciones farmacéuticas por 15.821 millones de pesos en el último año.

Desde el 2003, la industria farmacéutica argentina ha crecido en forma sostenida alcanzando ventas de 35 mil millones de pesos en 2014, según un informe elaborado en el Ministerio de Economía. Durante los últimos doce años los laboratorios nacionales lograron describir un salto cualitativo y cuantitativo en su nivel de competitividad generando un aumento de casi 400 por ciento de sus exportaciones y una mayor participación en el mercado local. El sector farmacéutico ha sido uno de los más beneficiados por los créditos oficiales a tasa subsidiada denominado Bicentenario. A través de esta línea, entre 2010 y 2013 la industria obtuvo préstamos por 1043 millones de pesos. Además han recibido beneficios impositivos y subsidios.

En el campo de la salud, el acceso a los medicamentos es uno de los temas más críticos y por ese motivo la intervención estatal es un constante desafío para garantizar el abastecimiento por precio y calidad. En estos años se ha consolidado como una política de Estado para mejorar el acceso de la población a los tratamientos adecuados y oportunos. Los sobreprecios de los laboratorios afectan el despliegue de esa política y la ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo se ha convertido en una primera instancia para ordenar un mercado tan sensible.

Página/12 - 28 de junio de 2015