PARAR LOS GOLPES Y EL ROBO A LAS y LOS JUBILADOS

El gobierno de Javier Milei ejerce sin cesar violencia económica e institucional sobre las y los jubilados, que sufren todas las consecuencias de su cruel política económica.

Los golpea al imponer la caída del poder de compra de las jubilaciones y pensiones, en la atención a su salud destruyendo el PAMI (Programa de Atención Médica Integral), negando el suministro de medicamentos, robando contribuciones a la ANSES para financiar despidos con un Fondo de Asistencia Laboral  (FAL) creado por una ley de modernización laboral anticonstitucional, enfermándolos por las carencias resultantes, comenzando por alimentos y remedios, apaleándolos cuando reclaman (anexos1/3).

LAS JUBILACIONES PUEDEN y DEBEN AUMENTAR AHORA

En septiembre de 2025, el presidente Milei y su equipo festejaron la falta de votos suficientes en la Cámara de Diputados para rechazar su veto a la ley sancionada por el Congreso de la Nación en julio de 2025 que impulsaba un reajuste del 7,2% de las  jubilaciones, el incremento del bono para las más bajas (de $70.000 a $110.000), la continuidad de la moratoria previsional para quienes no les fueron registrados por causas ajenas a su voluntad años suficientes de contribuciones, y la disminución a 60 años de la edad de retiro para el acceso de las mujeres, los beneficios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Sus argumentos fueron los repetidos: «no hay plata» y que el Congreso atentaba «contra el equilibrio fiscal». El cinismo argumental para pauperizar a los pasivos se hace en forma simultánea al vaciamiento fiscal y el endeudamiento público que claramente beneficia a una minoría, con la política de Luis Caputo y Javier Milei para que “hagan plata, evadan y fuguen divisas cuanto quieran” (anexo 2)

Era y es absolutamente falso y malversado el argumento que no es posible brindar el aumento aprobado entonces por el Congreso y luego vetado por el Poder Ejecutivo.

De acuerdo al estudio realizado en su momento por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC), el incremento propuesto representaría un 0,78% del PBI^[1]. La propia OPC calcula que un 40% de dicho costo fiscal podría ser financiado con la utilización de reservas ya determinadas para esos fines por el propio Presupuesto Nacional vigente en 2025.  El faltante resulta perfectamente absorbible con un mejoramiento de los ingresos fiscales derivado del cese de la intencionada política recesiva del gobierno que golpea la actividad económica, el empleo y -por ende- la recaudación previsional e impositiva, afectada también por la falta de acción del Gobierno de Milei ante la evasión y elusión impositiva.

EN LA EMERGENCIA

Como reclaman las y los jubilados en sus protestas, ya es momento de parar los golpes y los robos al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) dando prioridad, en la emergencia, a los siguientes puntos:

• Aumento de emergencia como mínimo del 7,2% de los haberes previsionales y bono de $110.000, actualizado por inflación
• Concomitantemente, con trámite urgente, se debe establecer un cronograma interanual de metas de aumentos tendientes a recuperar la proporción de los haberes previsionales respecto de los salarios, y a incrementar el poder adquisitivo del haber previsional teniendo en cuenta el costo de una canasta básica integral. Con una primera actualización a partir del 1ro. de Agosto de 2026.
• Derecho irrestricto al acceso integral a los servicios de salud de los adultos mayores, normalización del PAMI (Programa de Atención Médica Integral), y acceso a medicamentos sin cargo.
• Derogación de la anticonstitucional Ley 27.802 de “Modernización Laboral” que al precarizar las condiciones laborales afecta las contribuciones a la seguridad social, y anulación de la constitución del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que determina en el Título II de esa Ley – reglamentado por el decreto 408/26- sustrayendo aportes al SIPA.
• Continuidad de la moratoria previsional.

No es ocioso resaltar como han señalado las y los jubilados de la Multisectorial en Defensa de la Seguridad Social que –al decidir las medidas señaladas- “se debe tener en cuenta que el ingreso que percibimos lo gastamos en nuestro país, y no en especulaciones, que es nuestra manera de colaborar con el crecimiento y la producción en una nación donde dejamos nuestras energías.”^[2]

FINANCIACION

Como arriba decimos el costo fiscal del aumento determinado por la Ley 27791 y vetado por Milei, era estimado por la OPC en 0,78% del PBI. Este último según estimaciones del FMI ascendía a U$D 620.000 millones. Es decir que el costo anual aproximado del incremento  era de U$D 4.800 millones.

Ahora bien, la reducción de impuestos decididos por el Gobierno (retenciones, PAÍS^[3], Bienes Personales) ascendía 2,5% del PBI. Tomando esa referencia mínima, la pérdida fiscal anual por baja de impuestos es de: USD 15.500 millones

Esto superaba ampliamente -más de tres veces– el costo de comenzar a recomponer jubilaciones.

Es más, en lo inmediato, podía y puede encararse la eliminación de beneficios fiscales destinados a ciertos sectores económicos, conocidos bajo el concepto de “Gasto Tributario” estimado en 3,5% del PBI en la ley 27.798, de Presupuesto de la Administración Nacional 2026,  una cifra 4 veces mayor que el incremento negado a los jubilados.

Inclusive el Gasto Tributario sobre 16 proyectos aprobados por el Comité Evaluador del RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones)  que no se contabiliza ex profeso en la ley 27.798, y que rondaría los USD1.605 millones por año.

No es ocioso señalar, si lo vemos por los intereses devengados de la  enviciada deuda pública, éstos    -tanto en divisas como en pesos- equivalen aproximadamente a 5% del PBI anual, es decir USD 31.000 millones anuales. Con lo que se paga de intereses de esa deuda se podría financiar 6,5 veces la recomposición.

EN BENEFICIO DE LA ECONOMÍA NACIONAL

Es más, como señalan los jubilados, al ser mayoritariamente el destino del incremento del ingreso a los jubilados y pensionados el consumo interno, se genera un proceso multiplicador que se refleja en interacción con el consumo, que se define por su propensión marginal (esto es, cuanto crece el consumo si crece en una unidad del gasto Público). Si anualmente se incrementa el gasto público en 0,78% del PIB (que según estimaba la OPC suponía el aumento establecido por  la Ley 27791 vetada por Milei)  e inferimos conservadoramente que el 85% va al consumo,  esto implica una propensión marginal a consumir de 1/(1-0,663) quiere decir que se multiplica la inversión que se realiza en la economía nacional en casi 3 veces, por lo que además de crecer el PIB,  el Estado recaudaría por IVA y otros gravámenes al consumo un alto porcentaje de la mayor erogación propuesta.

Es decir el aumento sería no sólo en beneficio de los trabajadores jubilados, sin empleo y activos, sino también de la pequeña y mediana empresa en la que hasta el momento se genera más del 70% del empleo en el sector privado.

UNA REFORMA PARA LA VIDA DIGNA

Desde las grandes corporaciones económicas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que cogobierna en nuestro país, se insiste luego de las elecciones de octubre 2025, en reformas previsionales regresivas (anexo 4) que faciliten el ajuste fiscal, entre las que se cuentan: el aumento de edad jubilatoria, la eliminación de regímenes especiales, la vuelta a la privatización del sistema, o la no renovación de la moratoria previsional. De igual forma exigen un sistema tributario aún más regresivo que el actual, con impuestos más caros para más trabajadores, tal como consta en el capítulo “Argentina: temas seleccionados”, del último reporte del equipo técnico del FMI en relación al viciado acuerdo vigente del Fondo con nuestro país^[4].

Hay que frenar estas extorsiones, que rechazamos y deben rechazarse, poniendo en evidencia qué y quiénes impulsan, con propuestas concretas, más ataques a los jubilados, a los trabajadores  y a nuestra economía productiva.

Y en cuanto  a la situación de las y los jubilados, que consideramos en este documento,  es necesario abordar de inmediato la planificación de una reforma  justa e integral del sistema previsional que necesita garantizar una vida digna para los adultos mayores y ser universal dados los profundos cambios, entre ellos una mayor precarización, habidos en nuestra argentina laboral en los últimos cincuenta años.

Esos cambios son consecuencia tanto de políticas de ajuste neoliberal, desregulación, desindustrialización y primarización de la producción en nuestro país, como del impacto mundial de la innovación tecnológica en la organización del trabajo, que habilita nuevas modalidades de contratación y supervisión orientadas hacia la reducción de costos operativos, la concentración empresaria y de la renta.

En ese contexto, no debe olvidarse, que el  deterioro de los ingresos de las familias y la falta de empleo para los jóvenes, son causas importantes del decrecimiento de la natalidad que incide en el aumento de la proporción de adultos mayores en la población de nuestro país. Y que  cientos de miles de las y los jubilados se  ven obligados a trabajar en puestos laborales de menor estabilidad o informales, ante la insuficiencia de sus haberes jubilatorios, incidiendo en la distribución etaria del empleo.

La creación de empleo registrado, la formalización del que no lo está, y su justa “distribución” en la sociedad – con medidas como la reducción de la jornada laboral – exige avanzar en la transformación de la matriz productiva, la reconversión  y crecimiento de nuestra  industria. Este es el camino para alcanzar una seguridad social solidaria, pública y universal. Lo es también para una progresiva economía de los aportes asignados al sistema previsional solidario de reparto y la equidad tributaria.

Por último, una necesaria reforma del sistema previsional justa e inclusiva no puede hacerse sin una reforma progresiva del sistema tributario a la que nos hemos referido en nuestra propuesta “Para crecer  sin dejar a nadie afuera”  (anexo 5) como uno de los principales ejes de un plan común que aborde un cambio de rumbo drástico, que contemple metas, compromisos y estímulos regionales y sectoriales de mediano y largo plazo, centrado en el trabajo y la producción.

Como sostiene la Multisectorial de la Seguridad Social que se manifiesta todos los miércoles ante el Congreso: “Una sociedad se mide también por cómo trata a quienes trabajamos toda la vida. Y no hay democracia plena cuando millones de jubilados viven en la angustia permanente”.