"No es novedad para nosotros que las fuerzas manejadas por el gobierno de Chubut nos amenacen. Suelen circular patrulleros y camionetas a diario", advierte Jaquelin Marin. La joven integra la comunidad mapuche Pu Lof en el Departamento de Cushamen, en Chubut, que hace más de dos años reclama la restitución de territorios ancestrales. Desde entonces, cuenta Marin, “pasan y disparan tiros al aire, nos insultan a lo lejos”. Sin embargo, la represión que vivió junto a algunos de sus lamienes –hermanos y hermanas– “ha atravesado un límite”, asegura: “Hoy tenemos dos lamienes en gravísimo estado y otros tres detenidos en una unidad penal para delincuentes por defenderse de los abusos del Estado asesino”. El grupo de pobladores sufrió los golpes de la Gendarmería, el martes por la mañana, y la balacera con balas de goma y plomo de la policía provincial, el miércoles a la noche. El martes a la noche, la policía local persiguió a dos integrantes de la comunidad y a otras cinco personas que se habían acercado al territorio en solidaridad; los golpeó, les plantó pruebas en su contra y los detuvo. Recién ayer fueron excarcelados. Pese a la estrategia desplegada por funcionarios del gobierno provincial, que insistieron en descalificar a los pobladores acusándolos de “terroristas”, “peligrosos” para la ciudadanía chubutense, el Pu Lof se llenó de hombres y mujeres que se sumaron a la resistencia. “Es importante el acompañamiento para resistir la estigmatización y el cerco mediático. Le dicen al pueblo que nos tiene que tener miedo, pero el miedo lo infunde el Estado a través de su aparato policial”, concluyó otra integrante de la comunidad de Cushamen, Soraya Maicoñia.  

La comunidad Pu Lof, que reclama en el noroeste chubutense tierras en manos del grupo empresario italiano Benetton, recibió el primer ataque el martes a las 7 de la mañana. La guardia de la comunidad –dos varones al cuidado de cinco mujeres, cuatro niños y otros cuatro varones que descansaban– vislumbraron camionetas de Gendarmería en la ruta. Colectivos. Caballos. Finalmente contarían a más de 200 gendarmes y policías. “Le dijeron a la guardia que venían a despejar las vías de la Trochita y a identificar a quienes vivíamos ahí, pero los guardias contestaron que no estábamos dispuestos a dejarlos pasar después de que la provincia cortara la mesa de diálogo e incumpliera la promesa que le hizo a otra comunidad hermana”, contó Jaquelin. A los pobladores de Nahuel Pan les prometieron un nuevo tanque de agua a cambio de la liberación de unas tierras, promesa que las autoridades incumplieron.

Gendarmes y policías entraron igual. Los miembros de la guardia mapuche se desperdigaron por el monte. Más tarde, a tres de ellos los atraparían y los llevarían detenidos. Aún permanecen encerrados en la Unidad Penal 14, con prisión preventiva por los delitos de abigeato –hurto de ganado–, obstrucción de las vías y resistencia al arresto. “Entonces se la agarraron con nosotras, que estábamos con los niños en la ruca –la casa principal de la comunidad, en donde comen y comparten el tiempo–. Nos encerramos ahí, pero ellos tiraron la puerta abajo. Nos rociaron con gas lacrimógeno, con espuma de matafuego, nos sacaron de los pelos, le pegaron a un niño con un garrote en la cabeza, nos esposaron”, contó la joven. No sabían los pobladores que quienes intentaban acudir a sus pedidos de ayuda estaban frenados en varios retenes que las fuerzas de seguridad habían montado a 4 kilómetros a la redonda. Estaban aislados. “Recién cuando pudo pasar Fernando Radziwilowski –defensor público–, nos quitaron las esposas”, añadió Jaquelin. Era pasado el mediodía.

En paralelo a ese allanamiento, ordenado por el juez federal Guido Otranto, hubo otro, dispuesto por su par provincial José Colabelli. “Nos secuestraron 15 caballos, que son nuestros con papeles y todo. Los tienen detenidos en la comisaría de El Maitén”, denunció la joven.

A la tarde, cuando ya habían recibido ayuda de miembros de organizaciones vecinas y de comunicadores de medios comunitarios, decidieron ir a buscar a los animales que se habían perdido. Fueron dos miembros de Cushamen y otras cinco personas que se sumaron a la tarea en dos camionetas. Las fuerzas de seguridad los persiguieron por la ruta, a los tiros. Los encerraron en El Maitén, les pegaron y los llevaron detenidos. Ayer fueron excarcelados.   

“Fue una cacería”, resumió el abogado de los siete, Edgardo Manosalva, miembro de la APDH. “Los persiguieron a los tiros, los encerraron en la ruta, los terminaron cazando en el viejo hospital de El Maitén. Ahí les pegaron. Les plantaron bombas molotov en una de las camionetas. Uno de los camiones de la policía tiene impactos de calibre 22 que, creemos también, es prueba plantada”, explicó el abogado. Ellos también lo contaron ayer en una audiencia de control judicial en la que se evaluó su detención. El juez Hernán Dal Verne –que reemplazó a Colabelli, recusado por Manosalva– declaró legales las detenciones y ordenó liberar a los detenidos. La investigación seguirá. A ellos los acusan de abigeato y resistencia a la autoridad, aunque también se investigará el desempeño de la policía.

El tercer ataque

El tercer ataque fue el miércoles a la noche, cuando la mayoría de los pobladores y quienes se solidarizaron con ellos estaban atentos a lo que pasaba en los tribunales con los detenidos. “Éramos tan pocos como la primera vez. Nos despabilaron los tiros. Salimos de nuestras casas y nos acercamos a la ruta. Vimos a la Infantería que estaba disparando esta vez sin decir palabra”, graficó Jaquelin, que asegura que la represión duró 40 minutos: “Corrimos, metimos los nenes adentro de la casa. Mandamos mensajes pidiendo ayuda. Cuando los policías se fueron, los varones que estaban resistiendo comenzaron a bajar al pueblo, todos lastimados con perdigonazos”. Diez heridos en total, dos en muy grave estado.

Ayer, el jefe de la policía de Chubut, Juan Ale, excusó a los efectivos que dispararon balas de goma y plomo. “La policía fue atacada, resultaron tres empleados policiales de la Infantería con contusiones, se usaron postas para defenderse de los ataques con piedras”, declaró. En sintonía con el gobernador Mario Das Neves, su ministro de Gobierno, Pablo Durán, tildó a los miembros del Pu Lof de “terroristas” y “delincuentes”.

Fausto Huala, hermano del lonco Facundo Huala, tiene un hematoma en la cabeza producto de impactos de bala de goma, está en terapia intensiva. Emilio Jones fue operado de la mandíbula, que la tiene rota por otro impacto. Necesitará una prótesis que cuesta 50 mil pesos. Ambos están internados en el Hospital de Bariloche. También necesitan materiales para reconstruir la ruca: nylon, chapas, clavos, herramientas que la Gendarmería les robó como hachas, machetes, palas. “Nos robaron todo lo que pudieron. Cigarrillos, inclusive”.

Página/12 - 13 de enero de 2017