Entre todas las excepcionalidades que presentó la pandemia, el descenso de las emisiones de dióxido de carbono fue, sin duda, una de las pocas positivamente destacables: en 2020, las emisiones mundiales de dióxido de carbono experimentaron un descenso sin precedentes del 5,4%. Sin embargo, a partir de 2022 rápidamente volvieron a los niveles anteriores a la crisis sanitaria. Los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas subrayan la gravedad de la crisis climática y los escenarios futuros cada vez más urgentes a nivel internacional. Ante esta situación, se vuelve evidente la necesidad de una acción climática global para mitigar y adaptarse a sus efectos, especialmente en los países periféricos y entre los sectores vulnerables, que sufren las peores consecuencias en términos ambientales y de impacto territorial, pero también de empleo, pobreza energética y acceso desigual a las fuentes modernas de energía.

Para limitar el calentamiento global, una de las acciones más directas es acelerar la descarbonización de las economías, dado que este sector es responsable de más de dos tercios de los gases de efecto invernadero (GEI) totales. En este marco, la transición energética no es un simple término de moda, sino que se convirtió en un concepto de interés en los ámbitos político, académico y empresarial.

Un cambio de paradigma

Las transiciones energéticas no son un fenómeno nuevo. En el pasado presenciamos      cambios significativos en los sistemas energéticos, por ejemplo, durante las      revoluciones industriales, cuando el carbón reemplazó el uso de la biomasa primero, y luego el petróleo sustituyó al carbón. Lo que distingue a las transiciones actuales es el liderazgo global de instituciones gubernamentales y organizaciones internacionales para impulsar el denominado desarrollo sostenible, y ahora también, “verde”.

“Preocupan los esfuerzos insuficientes de los bancos multilaterales regionales para financiar las transiciones energéticas.”

Sin embargo, es importante comprender que las transiciones energéticas van más allá de un simple cambio de combustible o de avances tecnológicos en la generación de energía: no sólo se trata de cambiar una cigüeña petrolera por un panel solar. Implican transformaciones de paradigma: desde modificaciones en los estilos de vida de las personas hasta cambios estructurales en la producción y el consumo de energía. Además, se deben considerar las cadenas globales de suministro de bienes y servicios relacionados con las nuevas fuentes de energía bajas en emisiones.

De estas transiciones surgen, de hecho, carreras hacia la innovación de las tecnologías necesarias para liderar, no sólo la descarbonización para el año 2050, sino la competencia por conquistar los nuevos mercados globales que se abren a partir de las transformaciones de las viejas infraestructuras fósiles a las nuevas renovables. Por eso, los Estados de los países periféricos, dentro de ellos Argentina, no deben tentarse con asumir narrativas “neutrales” con lineamientos generales sobre cómo implementar sus transiciones energéticas. Éstos deben avanzar hacia la construcción de una perspectiva más compleja que vincule la descarbonización con una economía política de la transición que permita incrementar la producción local, la generación de empleos calificados y que, a largo plazo, contribuya a reducir las desigualdades en el acceso a los beneficios y el bienestar de estas fuentes de energía modernas.

La necesidad de construir nuevas perspectivas desde y para las necesidades de los países periféricos representa un desafío en el diálogo global con el mundo desarrollado, especialmente con Europa. Estos países son los que actualmente están buscando hacer mayores esfuerzos para reducir emisiones mientras que son los mayores responsables históricos del stock acumulado de las emisiones de dióxido de carbono desde el inicio de la revolución industrial, a finales del siglo XVIII. Esto se evidencia en una marcada ausencia en los debates sobre la transición energética global respecto a la necesidad de reducir la demanda energética en los países desarrollados, que son quienes más consumen energía per cápita (tanto en forma de electricidad y combustibles fósiles, como en bienes industriales y servicios). Esta omisión sugiere la falsa promesa de que el cambio climático se puede resolver reemplazando el consumo basado en combustibles fósiles por energías renovables al reducir las emisiones sin comprometer los estándares de vida actuales alcanzados por los países desarrollados.

El desafío “verde” del siglo XXI

La descarbonización de las economías plantea desafíos financieros que requieren un análisis exhaustivo de las oportunidades y riesgos asociados a los denominados activos varados. Estos activos, debido a su alto nivel de emisiones, están siendo cada vez más cuestionados por muchos gobiernos europeos, que instan a la comunidad internacional a detener su explotación y destinar esos recursos públicos a financiar actividades identificadas como sostenibles medioambientalmente. Un ejemplo de ello es la presión sobre las economías exportadoras netas de hidrocarburos para que abandonen la extracción de sus reservas y, en su lugar, inviertan en energías renovables u otras actividades de bajas emisiones para contribuir a la mitigación del calentamiento global. Asimismo, se han implementado impuestos verdes con el objetivo de desalentar actividades económicas con altas emisiones y se ha promovido la eliminación de subsidios a la extracción de recursos naturales no renovables. Los resultados fiscales implícitos en la transición energética, especialmente para economías exportadoras de materias primas, no está clara. La transición fiscal necesaria para avanzar hacia sociedades carbono neutrales al 2050 no ha sido debidamente cuantificada, lo cual es una tarea que las ciencias sociales de nuestros países deben encarar con urgencia, a los fines de lograr un debate público debidamente informado.

En efecto, la discusión financiera de la transición invisibiliza un aspecto crucial que, a menudo, los países desarrollados pasan por alto en las negociaciones climáticas internacionales: el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. El “pero” de este principio adquiere una importancia fundamental. Para abordar eficazmente el calentamiento global como un problema sistémico, todos los países deben comprometerse con la reducción de emisiones de largo plazo. Sin embargo, estos esfuerzos deben tener en cuenta no sólo la situación actual de cada país en términos de emisiones, sino también su contribución histórica al stock total acumulado en la atmósfera, contabilizándolas desde la primera revolución industrial hasta nuestros días. En esta línea, preocupan los esfuerzos insuficientes de los bancos multilaterales regionales para financiar las transiciones energéticas (1) y el incumplimiento sistemático de las promesas de financiamiento climático por parte de los países desarrollados hacia los países en desarrollo (2).

Estas situaciones refuerzan las desigualdades relativas frente a los efectos del cambio climático, especialmente en los países pobres y entre los sectores sociales más vulnerables, como mujeres y niños. En ese contexto, parece imprescindible incorporar una perspectiva histórica en la actual economía política del cambio climático que ayude a problematizar los esfuerzos financieros de las transiciones.

En América Latina, y particularmente en Argentina, debido a la limitada disponibilidad de financiamiento público, las transiciones energéticas han sido impulsadas fundamentalmente en base a una lógica de mercado, fundadas en subastas de precios contra la venta de energía en contratos garantizados. Por un lado, estos procesos propiciaron una importante movilización de recursos en estos mercados (mayoritariamente privados); por otro lado, es importante destacar que han generado pocos incentivos para que las empresas locales participen en las cadenas de valor de los proyectos de energías renovables. Esto resulta en una mayor dependencia tecnológica de los países en desarrollo respecto a empresas líderes en innovación en el sector de las energías renovables, reforzando la afirmación de que quien proporciona la financiación condiciona la tecnología.

No obstante, la dependencia tecnológica en el ámbito de la transición energética no es un desafío exclusivo de Argentina, sino de toda América Latina. En los últimos años, la Unión Europea, Japón y Estados Unidos han implementado políticas públicas agresivas que integran sus estrategias de descarbonización con políticas industriales y líneas de financiamiento significativas para el desarrollo nacional. Se destacan Japón y el Plan de Transformación Verde (GX), la promulgación en Estados Unidos de la Ley de microprocesadores y ciencia (Chip Act) y la Ley de Reducción de Inflación (IRA) promulgados en 2022, y el lanzamiento en 2023 del Plan Industrial del Pacto Verde Europeo, por mencionar sólo algunos proyectos. Estos países buscan promover la producción y el empleo local en las cadenas de valor de la economía verde, reducir la dependencia de la importación de bienes ampliamente utilizados en sectores económicos estratégicos (como el acero, el aluminio, el litio y el cobre), y disminuir las importaciones de bienes de capital, manufacturas de alto valor agregado y servicios esenciales necesarios para avanzar en la digitalización y descarbonización de sus economías.

En efecto, el logro de la neutralidad de carbono para 2050 en los países desarrollados está generando la oportunidad de revitalizar sus economías mediante un enfoque fuertemente orientado al proteccionismo (especialmente en su disputa comercial y financiera con Asia y especialmente China) y la implementación de políticas de desarrollo industrial que beneficien a sus empresas nacionales y promuevan el empleo local en las cadenas de valor de las energías bajas en emisiones.

Este enfoque no ha sido ampliamente adoptado en América Latina, en parte debido a la limitada financiación pública, en parte por la actual inserción dependiente en la división internacional del trabajo. Además, muchos países latinoamericanos, entre ellos Argentina, han dependido en gran medida de tecnología extranjera para avanzar en la transición energética, lo que ha limitado su capacidad para controlar el ritmo del desarrollo tecnológico y participar plenamente en las cadenas de valor de estas tecnologías. Sin embargo, aún es posible abordar estos desafíos y tomar medidas en la dirección correcta.

¿Cómo generar un desarrollo nacional?

Entonces, ¿existe un único modelo de transición energética? Aunque el objetivo consensuado sea reducir el uso de energías fósiles en el consumo de una sociedad, ¿se puede afirmar que existe un sólo camino hacia sociedades descarbonizadas?

Argentina enfrenta limitaciones para avanzar en la transformación sostenible de su matriz productiva. Estas incluyen restricciones comunes a los países latinoamericanos periféricos, como cuestiones tecnológicas, geopolíticas y productivas, así como desafíos específicos del país: falta de financiamiento internacional, dependencia significativa del gas natural en su matriz energética y restricciones estructurales relacionadas con la escasez de divisas que afectan su balanza de pago.

Es tiempo de que la descarbonización permita articular ambiente y producción en un modelo de desarrollo nacional para las próximas décadas.

Por esa razón, el diseño de políticas de transición energética en Argentina debe encontrar una difícil articulación y equilibrio entre las responsabilidades nacionales pero diferenciadas frente al cambio climático, la sostenibilidad ambiental a largo plazo y la distribución progresiva de los beneficios de las políticas de transición en términos de bienestar y reducción de las desigualdades energéticas. Como si fuera poco, estas políticas deben buscar ser un estímulo para dinamizar la inversión, la producción local y la generación de empleo genuino, tal cual lo están haciendo los países centrales a partir de sus recientes políticas industriales asociadas a la descarbonización de sus economías.

Avanzar en esta dirección presenta un desafío que a menudo no se tiene suficientemente en cuenta: la dependencia de la financiación externa para impulsar la transición y la ausencia de una política industrial vinculada a la economía verde deriva en una limitada creación de empleo directo en las energías renovables. Un informe publicado por la Secretaría de Energía de la Nación en 2018 (3) muestra que, en promedio, se emplean 2,6 trabajadores por cada megawat (MW) de potencia eléctrica adjudicado en la fase de construcción de proyectos y 0,36 empleos directos por cada MW en la etapa de operación y mantenimiento (O&M), lo que equivale a un empleo por cada 3 MW. Si se necesitan 5.000 MW de nueva capacidad para alcanzar el objetivo del 20% de electricidad suministrada por fuentes renovables en el año 2030 en Argentina, se generarían alrededor de 13.000 empleos durante el período de construcción (entre 18 y 36 meses meses), y menos de 2.000 empleos directos adicionales durante la etapa de O&M.

Esto confirma el supuesto de que, sin financiamiento público ni una política industrial que promueva la generación de cadenas productivas locales, es poco probable que se produzca una “revolución de empleo verde” en Argentina. Y este es uno de los desafíos centrales de la actual cuarta revolución industrial, motorizada por la digitalización y la internet de las cosas, que se funda en la robótica y la inteligencia artificial aplicada a los procesos productivos, los servicios y la logística.

Es fundamental incorporar esta dimensión en el diseño de los actuales planes de transición energética. Sobre todo porque para cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones al 2050 establecidos en el marco del Acuerdo de París de 2015, se está considerando el aumento de la capacidad renovable en la matriz eléctrica, el desarrollo de otros vectores energéticos de transición (como los minerales críticos asociados con la electromovilidad), la producción de hidrógeno verde (con energías renovables) o azul (basada en gas natural con captura y almacenamiento de carbono), los desafíos comerciales planteados por los reactores modulares pequeños como el CAREM, entre otros.

En resumen, además de la necesidad de reducir las emisiones, la transición energética puede representar una oportunidad para que Argentina implemente un plan de innovación y desarrollo productivo sostenible acorde a la dinámica propia del siglo XXI, se inserte de manera inteligente en las cadenas globales de valor de la economía verde, permita desarrollar entramados productivos locales que  generen empleo genuino, al tiempo que reduzca la desigualdad en el acceso a los servicios energéticos fiables, asequibles y modernos. Es tiempo de que la descarbonización permita articular ambiente y producción en un modelo de desarrollo nacional para las próximas décadas.

1.L.M., Galindo, B. Hoffman y A. Vogt-Schilb, ¿Cuánto costará lograr los objetivos del cambio climático en América Latina y el Caribe?, Documento de Trabajo, IDB-WP-01310, División de Cambio Climático, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2022.

2. OCDE, Aggregate Trends of Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-2020, Climate Finance and the USD 100 Billion Goal, OECD Publishing, París, 2022.

3. Secretaría de Energía, “Generación de empleo en energías renovables”, Documento de trabajo, Secretaría de Energía de la Nación, 2018. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/empleorenovable.pdf. Último acceso: 15 de junio de 2023.

Este artículo integra la serie 40 años de democracia, elaborada junto a la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales.

Ver otros artículos aquí.

- Esteban Serrani, Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Investigador del CONICET y Profesor de la EIDAES-UNSAM. En América Latina, es coordinador del Grupo de Trabajo Energía y Desarrollo Sustentable de CLACSO y del grupo de trabajo sobre Transición Energética y Cambio Climático de la International Development Economics Associates-Latin America (IDEAs-LAC).

^{Le Monde diplomatique, edición Cono Sur - julio de 2023}