El país tiene una enorme deuda en moneda extranjera y sufre elevadas tasas de inflación. Sin embargo, contra lo que muchos imaginan, Argentina no rompe los modelos académicos de la teoría económica. Nuestra peculiaridad reside en la intensidad de los componentes que explican la inflación –inercia de la inflación pasada; excesos de demanda; aumento de costos– que entran en una dinámica compleja y difícil de controlar cuando superan ciertos umbrales.

La pauta de inflación oficial fue respetada inicialmente por los sindicatos, pero no por los empresarios. La suba de los precios fue corriendo la pauta de negociación salarial que comenzó en 30% en enero y hoy ya puede vislumbrarse que se encamina hacia los 40 puntos.

¿Cómo impactan los precios internacionales de nuestras exportaciones y el tipo de cambio sobre la mesa de los argentinos?

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La mitad de los trabajadores registrados tiene salarios que están por debajo del monto de la canasta de bienes y servicios para no ser pobre. Los aumentos por decreto frenan el deterioro pero, por ahora, no permiten una recuperación sostenida de lo perdido. La situación de los jubilados también es compleja. 

El saldo de la era Macri en términos de inflación no es el fracaso de medidas puntuales sino de toda la perspectiva ortodoxa, de reducir el IPC a un fenómeno monetario y desvincularlo de otras decisiones de política económica, como la regulación cambiaria y tarifaria.

Hacia fines del año pasado le preguntaron al jefe del Banco Central cuándo creía que la inflación iba a dar “cero coma algo”, y respondió: “En junio o julio”.

Mientras el Gobierno, la oposición blanda y la oposición dura debaten y votan sobre el preacuerdo con los fondos buitre y sobre el proyecto de ley que lo habilitaría, la inmensa mayoría de la población está atenta e intranquila por otras cuestiones. Según un par de recientes encuestas, la principal preocupación de la sociedad es la inflación, que por primera vez en muchísimos años desplazó del primer lugar al problema de la delincuencia e inseguridad.

El 10 de septiembre de 2015, en medio de la campaña electoral para las elecciones presidenciales de octubre del mismo año, se hacen públicas las declaraciones de uno de los referentes económicos del principal partido de la oposición (ahora gobierno), quien afirmaba que el tipo de cambio oficial requería una devaluación del 60%.