Esa medida, a priori, puede facilitar su apropiación por parte de los buitres, que ya cuentan con fallo a su favor en el que Argentina fue sentenciada a pagarles unos u$s 1.300 millones de dólares, más intereses.

El juez, además, dio a Argentina un plazo de diez días para presentar un listado de la información relativa a este asunto que mantiene protegida por cláusulas como los privilegios entre cliente y letrado y dijo que en caso de incumplimiento esas protecciones quedarán sin efecto.

Griesa no avaló otro reclamo de los fondos Elliott y Aurelius, que buscaban que los potenciales embargos incluyeran fondos financieros de YPF y de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que estas entidades sean consideradas alter egos del país. En los primeros dos casos, según CGS&H, se trataría de sociedades con participación mayoritaria del Estado, pero protegidas por las leyes de resguardos de quebrantos según la legislación norteamericana; y, por lo tanto, inembargables por juicios de terceros, en este caso, los fondos buitre. En el caso del dinero del BCRA, un fallo de junio de 2012, por el cual se considera que el dinero de un país depositado en el sistema fi nanciero norteamericano es inembargable.

El juez anunció su decisión tras una vista que se prolongó durante más de tres horas y en la que dejó claro que, a su juicio, Argentina ha incumplido las decisiones judiciales que la obligaban a facilitar información sobre sus cuentas, propiedades y otros activos en EE.UU. y se ha obstruido el cobro de las cantidades que adeuda a los fondos que demandaron al país en Nueva York.

Griesa consideró por ello que las peticiones de los demandantes eran "razonables" en su intento por lograr información sobre activos con los que satisfacer las deudas.

"No tenemos otra opción que seguir encontrando activos, no vamos a renunciar", dijo el abogado del fondo NML Capital, Robert Cohen, que recordó que hasta ahora Argentina se ha negado a pagar las cantidades concedidas a su cliente por la Justicia estadounidense.

Los abogados de Argentina, mientras tanto, defendieron durante la vista que las sanciones no tienen precedentes e irían en contra de decisiones de otras cortes de EE.UU., en las que los fondos no lograron probar el carácter comercial de bienes que trataban de embargar.

En ese sentido, defendieron que el país no tiene en EE.UU. activos de carácter comercial e insistieron en que darle esa categoría a todos de forma generalizada no está justificado.

Así, solicitaron que, de imponerse castigos, estos fuesen más limitados de lo que pedían los fondos, algo que Griesa tuvo en cuenta en parte, al señalar explícitamente que los activos militares y diplomáticos están exentos y al no pronunciarse sobre los supuestos "alter egos".

La primer consecuencia directa de la decisión de Griesa es haber puesto en jaque mate las posibilidades para que el Gobierno pueda emitir de aquí a octubre un nuevo lanzamiento del Bonar 24 a una tasa de interés inferior al 12 o 13%.

En las próximas horas, los abogados de la Argentina tendrán que buscar argumentaciones legales disponibles para la defensa del país y la protección de la información, considerada privada y su petición una intromisión al derecho de propiedad avalado por las leyes federales de EEUU. el estudio que representa al país en Nueva York deberá rechazar el pedido, plantear un recurso directo ante la Cámara de Segunda instancia de ese distrito o evaluar qué documentación podría enviarse al magistrado. Una cuarta opción sería rechazar el pedido de apelación desde la Argentina, lo que iniciaría un conflicto con el país, ya que Griesa amenazó al estudio con sanciones directas a la firma si no cumple con su orden.

En tanto, desde el Ministerio de Economía reiteraron el caracter "extorsivo" de los holdouts y afirmaron que la audiencia "concluyó con un nuevo fracaso de los fondos buitre, que únicamente lograron una declaración del Juez sin ningún tipo de consecuencia práctica".

Ámbito - 12 de agosto de 2015