I.
Yo consumo. El pueblo es una operación política, una invención, un conjunto de actores y ciudadanos, pero también es un universo de consumidores e individualidades que presionan sobre la política. Que están ahí, exigiendo ampliar sus posibilidades. La subjetividad posmoderna, la individuación y su vinculación con el consumo se han transformado en un problema electoral, y también político. Es un dilema para todos los gobiernos. El mercado -no solo en su dimensión compra-venta- se ha metido en la cama de la política. En los últimos años, el consumo fue incorporado como política pública: ampliar el mercado interno, el empleo, el salario, etc. Pero poco fue pensado como condición de la subjetividad posmoderna y global. Como práctica donde se realiza lo privado y una identidad vinculada a éste. El consumo es el territorio social de la diferenciación, la jerarquización y un indicador social del ascenso. El momento de lo privado que acecha a lo público. El ciudadano-consumidor es un voto en sí mismo.

El propósito de esta nota es ampliar y profundizar la idea de desarrollo, tanto en el proceso de cambio social, político y económico como una reestructuración fundamental de valores y actitudes. Son reflexiones registradas en los esfuerzos de la CEPAL para sostener y dar sentido a los patrones de producción en diálogo con la equidad, la ciudadanía y la democracia , podríamos decir, es una actualización del desarrollo y por lo tanto, de los derechos humanos fundamentales.

Los acontecimientos políticos e intelectuales que han acompañado la crisis actual han “reactualizado” las complejas y tensas convivencias entre política y democracia, Estado y mercado, economía y sociedad. Buscar una nueva racionalidad, que no se base únicamente en objetivos económicos y sociales, sino también en objetivos éticos, es una afirmación que puede extenderse a la incorporación de una ética pública que reivindique la solidaridad como valor moderno, y pueda actualizar el concepto del desarrollo.

En artículos previos nos hemos referido a la necesidad de complejizar la matriz productiva argentina mediante un desarrollo tecnológico autónomo en el que el Estado ocupe un rol central. Estado productor y Estado promotor, liderando un conglomerado de pymes e instituciones del sistema nacional de C&T.

A partir de los años noventa, la corrupción se ha convertido en una cuestión socialmente problematizada en la Argentina. En efecto, el tema concita interés no solo en los medios de comunicación y en la ciudadanía, sino también en el propio ámbito científico. El presente trabajo analiza la vinculación entre neoliberalismo y corrupción. La hipótesis central es que la instalación de la corrupción en la agenda pública, así como la concepción particular que predomina sobre ella (centrada en la corrupción pública en desmedro de la corrupción privada), se encuentran motorizadas por el neoliberalismo.

Desde el punto de vista de la economía, el principal rol del Estado es establecer las reglas de comportamiento de todos los sectores de la sociedad, en una situación de la historia en que existen dos tipos de regulaciones, una generada por los mercados y otra establecida por el Estado (que lo hace en nombre del bien común), y si bien trabajan en forma conjunta, es el Fisco el responsable final al ser el depositario de la administración y, por ende, el que debe fijar las pautas y la estrategia de crecimiento económico y mejora del nivel de vida de la población.

En el sistema económico que vivimos, no es la ausencia de una capacidad objetiva que deba resolverse con el incremento de la riqueza, sino que es la consecuencia de una matriz de profunda desigualdad en la distribución, de ahí que es clave que el Estado, como guarda de los derechos sociales e individuales, articule modos de intervención en el proceso de producción y distribución del ingreso nacional para asegurar el crecimiento económico, con mejoras en la asignación de recursos y de gastos, y que a la vez preserve el medio ambiente, lo que se denomina desarrollo sustentable.

El objeto de análisis es el conjunto de actividades mediante las cuales los sectores populares garantizan su supervivencia en un contexto de globalización que ha empobrecido a grandes segmentos poblacionales en todo el planeta y generado una economía a tres velocidades por sus diferenciales de productividad. Se plantea que en este contexto las estrategias para mejorar la eficiencia de la economía, si no involucran a los sectores populares y tienen un fuerte apoyo estatal, terminan atentando contra ellos y sus posibilidades de supervivencia. Se debe estimular con políticas el aumento de la complejidad general de la economía y concomitantemente eliminar rentas especulativas de las otras velocidades al tiempo que se garantice un sistema de empleo y previsional que asegure ingresos dignos y protección a los miembros de la Economía Popular. El proyecto nacional ha avanzado en el sentido de lo planteado, pero los límites han estado dados por los problemas estructurales difíciles de superar. Se propone una serie de instrumentos de intervención del Estado generales y en las cadenas de valor para que a la Economía Popular no se le haga tan difícil su existencia.

Una charla abierta en la cual se ponen en duda todas las respuestas que la politología clásica de hace cincuenta años tenía para la Argentina. La clase política actual, ¿está efectivamente preparada para gestionar el Estado?

Los “linchamientos” concretos a los que hoy asistimos han sido precedidos por muchos años de linchamientos mediáticos. Se ha construido una otredad negativa desde los aparatos de formación de sentido común; la figura del delincuente subversivo que habilitó el silencio sobre los campos de concentración de la dictadura militar, ha sido reemplazada por la del “pibe chorro” el que supuestamente entra por una puerta y sale por otra. Pero la demagogia punitiva ha calado tan profundo en nuestra sociedad, capilarizando a todas las clases sociales (los vecinos organizados de Rosario son laburantes) que se han generado condiciones de enunciación para llamar justicia por mano propia a lo que claramente es homicidio calificado. Ahora, muchos se rasgan las vestiduras clamando por el Estado ausente, y los políticos en campaña utilizan oportunistamente el tema para posicionarse. Pero cuando desde el gobierno nacional se intenta hacer una reforma de la Justicia, hay quienes dicen que “se invade la división republicana de poderes”.

El punto más débil de la canasta familiar se muestra a la hora de la enfermedad. Mano a mano con la industria privada, el Estado promueve la fabricación de remedios en laboratorios oficiales, que no ponen por delante la ganancia.