“Entre la OMC, el FMI y la UE se formó una troika de la desindustrialización”
En diálogo con El Economista, Andrés Tavosnanska ofrece su mirada aguda y crítica sobre el acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea.
Uno de los varios motivos y justificaciones detrás de la búsqueda del acuerdo con la UE es que Argentina tiene una economía cerrada (en términos relativos) y que, además, tiene pocos acuerdos comerciales más allá del Mercosur mientras algunos vecinos tienen accesos preferenciales a mayores porciones del PIB global. ¿Usted coincide con esa apreciación y, en tal caso, lo analiza como algo negativo que se debe revertir?
Sin dudas Argentina es un país que exporta e importa poco en relación al tamaño de su economía. Hay pocas economías menos abiertas que la de Argentina, entre las cuales se encuentran Brasil y Pakistán y todos acordamos en que es necesario exportar e importar más. El tema que se debate es cómo lograrlo. Los economistas ortodoxos suelen atribuir esto a las barreras a la importación que el país ha utilizado. Simplificando, plantean que levantando estas barreras se importará más, eso generará mayor competitividad al abaratar costos de insumos y maquinaria, y automáticamente eso permitirá exportar más. Sin embargo, la evidencia ha refutado esa idea numerosas veces. Por ejemplo, entre 2016 y 2019 se bajaron aranceles y eliminaron barreras paraarancelarias (como las Licencias No Automáticas y las DJAI), pero el crecimiento de las exportaciones fue muy bajo. Durante estos cuatro años crecieron tan sólo 2,5% anual (2,7% en 2019), muy lejos de las expectativas creadas por el oficialismo. Por otra parte, en 2018 se importaron US$ 65.400 millones, menos que en 2014, cuando había restricciones a la compra de dólares, DJAI y aranceles más altos. En 2019, las importaciones están cayendo otro 29%, lo cual podría llevarlas al nivel más bajo desde 2009. Esto muestra que el límite para las importaciones argentinas no lo ponen las barreras arancelarias y paraarancelarias, sino la restricción externa y, específicamente, el estancamiento de las exportaciones. Más allá de los vaivenes políticos, el país tiene un problema estructural: este año las exportaciones serán más bajas que en 2008, lo cual es un reflejo de que no hemos encontrado qué venderle al mundo ni a quien. En ese sentido, considero que el país tiene que exportar más productos agrarios, hidrocarburos, minerales y servicios, pero que con eso no alcanza para ofrecer un buen nivel de vida para 44 millones de habitantes. Por lo tanto, se necesita sumar a esto una base industrial considerable, que exporte al mundo, genere trabajo de calidad, invierta en investigación y desarrollo y sea un canal de transmisión de conocimiento hacia el resto de los sectores. Para lograrlo seguramente sea necesario, entre muchas otras cosas, hacer acuerdos comerciales con otros bloques y países. El tema es con quien se acuerda y en qué condiciones.
Entrando, ahora sí, un poco más en el acuerdo, y aun considerando que hay detalles varios por definir, ¿qué piensa de él y lo que lograron Argentina y el Mercosur? Nunca se sabrá si fue por más y no pudo o consiguió lo que quería, ¿pero es un buen acuerdo como puntapié de la negociación? ¿Se podría haber aspirado a más?
Primero que nada, cabe aclarar que la información con la que se cuenta para evaluar el acuerdo es muy poca, por lo que sólo se puede analizar los resúmenes que han difundido Argentina y, especialmente, la UE. Ese análisis deja la impresión de que es un acuerdo muy desfavorable para el país. Ha realizado incontables concesiones y obtenido muy poco a cambio. El Mercosur ha negociado durante décadas para conseguir otros resultados, como una cuota de exportación de carnes más alta, pero la UE se mostró inflexible y paciente. Con estas condiciones, hubiera sido mejor no firmar y buscar acuerdos con otros países o bloques comerciales que estén dispuestos a hacer una apertura más equilibrada. Los estudios de impacto que se difundieron muestran que Argentina pasaría a importar más y exportar menos. Este último resultado se da porque el incremento en la exportación de alimentos a la UE se vería compensada por la pérdida de participación de mercado en Brasil en manos de empresas europeas. Hasta ahora, el Gobierno no ha difundido nuevos estudios de impacto con resultados distintos que justifiquen haber firmado.
Hay algunas ideas circundantes, por ejemplo, que los europeos nos van a llenar de importaciones y desarticular el tejido industrial que no es enorme, pero tampoco es despreciable. ¿Es más un mito o una realidad posible si el acuerdo llega a prosperar en las complejas fases legislativas?
La industria es el sector que más ha perdido en el acuerdo, especialmente los rubros de mayor contenido tecnológico como químicos, metalmecánica, farmacéutica o automotriz. La industria recibirá de la Unión Europea una baja de aranceles en promedio de 4,2 puntos porcentuales. El impacto de esto es muy pobre y no llega a compensar el daño a la competitividad industrial que generó el Gobierno con la suba de retenciones, la baja de reintegros, el incremento de la tasa de interés o la suba de tarifas. A cambio, entrega reducciones de aranceles mucho mayores (de hasta 35 puntos porcentuales) y gran parte de las herramientas de política industrial que estaban a salvo de las múltiples prohibiciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Así, se quedará sin política arancelaria, se compromete a no levantar barreras técnicas o sanitarias, no puede usar Licencias No Automáticas, valores criterio, ni retenciones para desincentivar la exportación de materias primas sin valor agregado. Tampoco podrá dar trato diferencial en las compras públicas a empresas argentinas, ni desde el Estado ni las empresas públicas. Además, el país se compromete a acceder al Patent Cooperation Treaty, lo cual puede complicar la producción nacional de medicamentos y elevar su precio. A la industria nacional, que en la OMC le patearon la escalera, como dice Ha Joon Chang, ahora la encontraron en el suelo y le están acomodando las costillas con más patadas. Este acuerdo se complementa con el ajuste fiscal acordado con el FMI que está destruyendo el sistema nacional de innovación y dejando nulo espacio fiscal para las políticas de promoción productiva. Entre la OMC, el FMI y el acuerdo con la UE han logrado conformar una troika de la desindustrialización muy potente. No hay país del mundo que haya logrado desarrollar su industria en un entorno como este. Por otra parte, por más que la apertura sea gradual, resulta inverosímil pensar que la industria logre encarar un proceso de reconversión virtuoso cuando tiene casi 40% de capacidad ociosa, no hay crédito productivo, la inflación es la más alta en tres décadas, la presión impositiva es asfixiante y se reduce el gasto en investigación y desarrollo. Las empresas argentinas tendrían que incrementar la productividad a una velocidad inédita para competir con empresas que tienen niveles de ventas centenas o incluso miles de veces más grande, todo en el contexto más hostil posible. Es más probable que en lugar de reconversión, ocurra lo que dijo Gustavo Grobocopatel, es decir, que desaparezcan algunos sectores y se achiquen otros tantos. Esto no sería un problema si no fuera porque tanta destrucción viene acompañada por una muy baja creación de nuevos sectores. Los trabajadores así serán expulsados a sectores de menor productividad y remuneraciones, como ha venido ocurriendo en estos cuatro años.
¿Qué sectores de Argentina, en cambio, podrían llegar a verse beneficiados?
Los más beneficiados son la producción de carnes y granos, el complejo frutihortícola y la industria de alimentos y bebidas. El Gobierno agrega que los servicios también saldrían ganando. El problema es que los beneficios son muy pocos. El mejor ejemplo es en carnes, donde se consiguieron apenas 99.000 toneladas extras de cuota, lo cual, aún si nos correspondiera la mitad, permitiría subir apenas 9% las exportaciones. Es increíble desproteger la industria por esto cuando, en 2018, las exportaciones de carne ya subieron 78% sin necesidad de ningún acuerdo. Por otra parte, el acuerdo no dice una palabra sobre reducir los más de 400.000 millones de euros que la UE vuelca en subsidios mediante la Política Agropecuaria Común y ya avisaron que mantendrán una muy estricta política sanitaria y fitosanitaria, rubro en el que son líderes a nivel mundial. Aun dentro del modelo agroexportador o de supermercado del mundo que pregona el Gobierno no se justifica el acuerdo con la UE. Si condenar a la industria no se consideraba un problema, hubiera sido más razonable acordar con China y el resto de Asia, donde se encuentra el mercado de alimentos más dinámico del mundo y donde no adoptan las violentas prácticas proteccionistas que países como Francia usan para defender a sus productores agrarios.
El Economista - 5 de julio de 2019