El Fondo Monetario Internacional está llevando a cabo una Revisión del Diseño y la Condicionalidad de los Programas, su primera evaluación importante desde 2019, antes de la pandemia del COVID-19. Dado que tantos países sufren desequilibrios macroeconómicos y una situación de sobreendeudamiento que están debilitando gravemente sus perspectivas de desarrollo, los lineamientos del FMI para el diseño de programas, si bien siempre han sido importantes, hoy cobran más relevancia que nunca.

La revisión del FMI debería abordar al menos tres aspectos fundamentales del diseño de los programas del FMI -con vistas a reformarlos a todos.

La primera es la condicionalidad de las políticas. Se supone que la financiación del FMI debe desempeñar un papel estabilizador, lo que significa que debería permitir la implementación de políticas macroeconómicas contracíclicas en países que no tienen acceso a otras fuentes de financiación. Nunca debería utilizarse para hacer frente a pagos de una deuda insostenible.

Las propias reglas del FMI establecen que, para acceder a los recursos del Fondo, la deuda de un país debe ser sostenible; de lo contrario, el país debe comprometerse a realizar esfuerzos para restablecer la sostenibilidad de la deuda mediante una reestructuración. La política del FMI sobre la concesión de préstamos a países en mora le permite al Fondo conceder préstamos mientras un país se encuentra en mora con otros acreedores, facilitando así el proceso de reestructuración.

Lo que no debería ocurrir es que la financiación del FMI respalde programas que incluyan políticas fiscales contractivas -por ejemplo, recortes en la inversión en infraestructura pública, educación y salud- mientras el gobierno sigue pagando deudas al sector privado o a otros acreedores que se niegan a proporcionar financiación para refinanciar dichas deudas. Esto se ha convertido en una tendencia preocupante en muchos países en desarrollo, tal y como se explicó el año pasado en el Informe del Jubileo del Vaticano para el papa Francisco. En los últimos años, la financiación multilateral destinada a los países en desarrollo parece haber favorecido una salida de fondos hacia el sector privado, en lugar de una expansión de la inversión nacional.

Los programas financiados por el FMI también deberían evitar futuros movimientos de capital desestabilizadores. Cuando no se regulan, estos flujos tienden a ser procíclicos en las economías en desarrollo, lo que a su vez alimenta la volatilidad y la incertidumbre respecto del tipo de cambio, socavando así la inversión. Y los préstamos del FMI nunca deberían utilizarse para financiar la fuga de capitales. Las regulaciones de la cuenta de capital desempeñan un papel claro a la hora de desalentar los flujos especulativos de “carry trade” y evitar el uso indebido de la financiación del FMI durante el período de estabilización.

La segunda característica del diseño de los programas se refiere a los planes de contingencia. Los programas se basan en hipótesis de referencia, pero la realidad es incierta y pueden producirse desviaciones significativas respecto de esas presunciones -más aún en un entorno global que se ha vuelto altamente impredecible.

El diseño de los programas debe proteger las inversiones críticas para el crecimiento a mediano plazo -lo cual es esencial para garantizar la estabilización a largo plazo y evitar la trampa de sucesivos programas del FMI destinados únicamente a refinanciar la deuda con el Fondo-. Las inversiones en conocimiento e infraestructura, en particular, han sufrido con frecuencia una parte desproporcionada de los recortes cuando los programas se ajustan tras no haber cumplido sus previsiones de base.

Debería haber planes de contingencia para ese tipo de circunstancias. Si bien un número significativo de programas del FMI no han tenido el “éxito” esperado, los programas pueden quedarse cortos respecto de sus objetivos por muchas razones, entre ellas un fallo en la ejecución, deficiencias en el modelo en el que se basa el programa o una nueva crisis adversa. Los planes de contingencia deben reflejar la causa del fracaso.

En lo que respecta a los planes de contingencia, el Fondo debería mostrarse especialmente sensible ante las políticas y los procedimientos que socavan los procesos democráticos y la rendición de cuentas -incluido todo aquello que denote una falta de transparencia y de divulgación completa de la información-. Por caso, el Fondo no debería llegar a acuerdos con un país -por ejemplo, Bolivia, por citar un caso próximo que podría ser relevante- y anunciar únicamente las políticas previstas en el escenario de referencia, mientras firma una carta de confidencialidad como parte del acuerdo con el gobierno en la que se estipula un aumento del impuesto sobre el valor agregado en caso de que los resultados fiscales sean inferiores a lo previsto.

La tercera característica del diseño de los programas que el Fondo debe abordar es la apropiación. Este es un criterio fundamental para los préstamos del FMI con acceso excepcional -es decir, los préstamos que superan ciertos límites-. Los préstamos del FMI comprometen a gobiernos sucesivos e incluso a generaciones. La apropiación debería implicar un respaldo político y social genuinamente amplio, y no limitarse a la anuencia -o incluso al compromiso- del gobierno de turno para implementar las políticas acordadas. Al fin y al cabo, el acuerdo del gobierno puede basarse en un cálculo de su propia supervivencia, más que en el bienestar a largo plazo del país. Hemos visto casos en los que la política también parece haber influido en los prestamistas, incluso el propio FMI.

Un posible criterio de apropiación sería la aprobación parlamentaria del acuerdo alcanzado entre un gobierno y el FMI. En una época marcada por el retroceso democrático, la transparencia, la rendición de cuentas pública y la apropiación hoy revisten una importancia especial.

En última instancia, el éxito del FMI debería juzgarse por el impacto de sus programas de financiación en la estabilización y la recuperación económica de los deudores en dificultades, así como en el bienestar de la población, incluidas las personas en situación de pobreza. El objetivo de los programas del FMI siempre debe ser mejorar los indicadores sociales y económicos de los países, no evitar los efectos adversos de un impago a corto plazo sobre otros acreedores -y menos aún influir en los resultados electorales nacionales.

^{Fuente: Project Syndicate - Septiembre 2026}