Con una inflación acumulada del 59,3 por ciento en los primeros tres meses de gobierno, y de 62 por ciento en el rubro “alimentos y bebidas”, la gestión de Javier Milei unificó un discurso celebratorio por tener cifras de aumento de precios que bajaron del 25,5 por ciento de diciembre al 13,2 por ciento en febrero. Sin embargo, la reunión del Ministro de Economía, Luis Caputo, con el oligopolio supermercadista y las grandes empresas alimenticias mostró la verdadera cara: los precios de los alimentos siguen fuera de control. La reacción fue del manual ortodoxo: se anunció la apertura de importaciones para alimentos de la canasta básica con el objetivo de bajar los precios.

Desde las organizaciones campesinas y cooperativas, desde la economía social, advierten que los precios de los importados no impactarán en empresas multinacionales que ya dominan el mercado nacional —de Arcor a Unilever—, pero sí ponen en peligro a los pequeños y medianos productores de alimentos frescos y elaborados; y en el largo plazo la soberanía alimentaria del país.

“La apertura indiscriminada de las importaciones es un modelo que fracasó en la dictadura con (José Alfredo) Martínez de Hoz, con Carlos Menem y Domingo Cavallo, y con Mauricio Macri. Es un modelo que apunta a exterminar a los pequeños productores y a las Pymes, y que en definitiva ayuda a la concentración. No viene a solucionar el problema de precios sino que lo viene a profundizar, genera más concentración y cartelización”, sentencia Juan Manuel Rossi, presidente de Fecofe, que agrupa a 58 cooperativas agrícolas ganaderas y productoras de alimentos elaborados en diez provincias. 

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Coincide con él Agustín Suárez, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Tierra (UTT), que reúne a más de 20.000 productores de verduras, frutas, ganadería y lácteos. “Aplican una receta clásica del liberalismo en una disputa que tienen con supermercados y grandes empresas alimenticias, porque no están logrando bajar los precios, pero esto le pega a los pequeños productores”, sostiene y marca “el cinismo” de un Poder Ejecutivo que habla de bajar los precios de los alimentos mientras en los últimos meses, vía devaluación y liberación de precios, incrementó los costos de producción con suba de insumos (dolarizados), combustible, alquileres y logística.  

“Esto desarma al sistema productivo y, además, van a seguir desapareciendo pequeños productores que producen alimentos frescos, que abastecen a la gran industria para su elaboración”, asegura Suárez.

Rossi le pone cifras a experiencias anteriores de apertura de importaciones en cientos de Pymes cerradas y miles de productores menos en los campos.  “Esta vez podría ser igual o quizá más violento por las características del Gobierno”, advierte el presidente de Fecofe.   

Lorena Putero, economista y coordinadora del área de Economía Popular del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) señala que la respuesta del Gobierno se basa en un lógica en la que se comprende a la inflación sólo como “un problema de competencia entre productores”, desconociendo la realidad del sector alimentario argentino donde existen empresas monopólicos u oligopólicas con capacidad de imponer precios tanto en la industrialización de alimentos como en la comercialización.

“En muchos sectores de la alimentación existen monopolios, abrirles la competencia es dejarlos competir contra ellos mismos. Las empresas alimenticias son las que imponen los precios; creemos que elegimos marcas, pero estamos eligiendo la primera, la segunda o la tercera marca de una misma empresa. Lo mismo ocurre con las grandes cadenas de supermercados. Son seis grandes cadenas, que se sientan en una mesa y acuerdan para poner los precios. ¿Cuánto efecto puede tener para bajar los precios la medida de aperturas de importaciones?”, puso en duda la coordinadora de CESO. 

Y advierte: “Lo que me preocupa es cómo va a impactar esto en los pequeños productores, marcas nacionales, cómo va a impactar en la producción de alimentos de la Argentina. Si empezamos a importar el tomate más barato, el arroz más barato, van a empezar a quebrar a nuestros productores y si quiebran perdemos soberanía alimentaria. Si perdemos la capacidad de producir nuestro alimentos, en el largo plazo, vamos a necesitar divisas para conseguir los alimentos para la población a precio de mercado internacional”. 

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La receta de liberar los precios en un mercado concentrado 

La decisión del Gobierno trascendió el martes por la tarde y la confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, un día después. El plan de apertura tendría los siguientes beneficios para los importadores que quieran competir con los precios locales: el Banco Central reducirá el plazo de pago de importaciones de alimentos, bebidas y productos de limpieza, higiene personal y medicamentos, a un plazo de pago en una sola cuota a los 30 días. Y se suspenderá por 120 días el cobro de la percepción del IVA  e impuesto a las ganancias.

La receta ortodoxa responde a la fallida receta ortodoxa aplicada desde el inicio. La canciller, Diana Mondino, lo dejó claro a días de llegar a la Casa Rosada: “No se le puede fijar el precio a nada, ni a la lechuga ni al tomate ni al dólar (...) si alguien pone un precio muy caro, nadie les va a comprar. No hace falta tener demasiada educación para eso. Si no tiene plata en el bolsillo, no va a comprar cosas muy caras”. 

El mercado liberado y la licuación de los salarios eran la política del gobierno de Milei para bajar los precios. El mega DNU firmado el 20 de diciembre confirmó el camino: eliminó la Ley de Góndolas —que tiene por objetivo poner productos de pequeños productores en los supermercados—, la Ley de Abastecimiento —que tiene por objetivo controlar toda la cadena de producción de “necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población”— y avanzó sobre organismos como el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), donde se define un precio mínimo al productor, frenado por un amparo de los pequeños productores. 

La secretaría de Comercio, a cargo de Pablo Lavigne, avanzó con la eliminación de fideicomisos —como los que había para balancear los precios locales del aceite y el trigo—, el programa de Precios Cuidados y el Observatorio de Precios. En los tres meses de políticas ultraliberales, el rubro “alimentos y bebidas” marcó subas de 29,7 por ciento, 20,4 y 11,9, entre diciembre y febrero. El gobierno celebra la caída, pero se trata de cifras siderales. 

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Según las cifras del Indec, la suba en alimentos de febrero solo es superada por los meses cruzados por elecciones y devaluación: agosto (15,6), septiembre (14,3) y noviembre (15,7) del año pasado, pero en la serie histórica no se encuentran cifras de dos dígitos como las actuales.

Argentina marcó por tercer mes consecutivo el país con inflación más alta en el mundo y con los salarios, en dólares, más bajos de la región. Un informe de CNN hizo una comparación de precios y salarios entre Argentina y España; y mostró que los precios de la canasta en el país son más caros en dólares que en las góndolas ibéricas, con salarios un 900 por ciento más bajos. 

El ministro Caputo se reunió la semana pasada con las empresas de consumo masivo en busca de respuesta a la falta de "soluciones" vía el libre mercado. Las empresas citadas son el ejemplo del oligopolio en la industria de alimentos y la concentración de marcas. En alimentos elaborados —desde aceites a arroz, fideos, mermeladas o harinas— fueron convocadas Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas, Arcor, Unilever, Mondelez. En lácteos: Las Tres Niñas, Mastellone y Danone. En yerba mate asistieron Establecimiento Las Marías. En bebidas: Compañía Industrial Cervecera y Coca Cola, Nestlé y Quilmes. Y la empresa de frigoríficos Quickfood. Esta semana la reunión fue con otro oligopolio, el de los supermercadistas: Cencosud, Coto, La Anónima, Carrefour, Chango Más y Día. 

En las reuniones, según el comunicado oficial, se agradeció la liberación de los precios y la eliminación de controles, pero no se consiguieron promesas de baja de precios. En ese contexto, la Secretaría de Comercio comenzó a trabajar la lista de productos que recibirán los beneficios de importación. El vocero Adorni mencionó bananas, papas, carne de cerdo, café, atún, productos de cacao; pero la lista seguiría con otros productos lácteos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres y aceites.

“El supermercado va a vender productos nacionales o importados, mientras que las empresas alimenticias son corporaciones trasnacionales, por lo que hace relativo la apertura de la importación”, sintetiza Suárez a Tierra Viva. El presidente de Fecofe marca el rol que cumplirán las grandes empresas alimenticias si la apertura a las importaciones ocurre: “Van a aguantar, con la espalda económica y tecnológica que tienen, y se van a quedar con una mayor porción de mercado, tomando la de las Pymes que cierren sus puertas”.  

_{Foto: Prensa UTT}

Diego Montón, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra (MNC-ST), agrega otro punto sobre la apertura a la competencia internacional, señalando la “hipocresía o desconocimiento del sistema agroalimentario global”. “Los alimentos de los países Europeos son fuertemente subsidiados por la Política Agrícola Común (PAC), con miles de millones de Euros. En Estados Unidos por la FarmBill (paquete de medidas agrícolas) con miles de millones de dólares, y en China por planificación estatal. Es decir no hay libre mercado global, esto es un golpe para cooperativas y Pymes”, sentenció. 

La economista del CESO coincide con Montón al poner un ejemplo alarmante sobre lo que podría generar la política de apertura de importaciones con la soberanía alimentaria a largo plazo: Haití. En la década del noventa, el país caribeño accedió a bajar los aranceles a la importación de arroz proveniente de Estados Unidos —producido en Arkansas con subsidio estatal—, lo que terminó destrozando la producción nacional de arroz. En 2010, el ex presidente Bill Clinton pidió disculpas por impulsar esa política que “hizo que Haití haya perdido la capacidad de producir un cultivo de arroz para alimentar a su gente”. Ya en la década del 2000, la avanzada se reeditó con la llegada de Monsanto-Bayer con donaciones de semillas híbridas de maíz, para ingresar al país con sus insumos.

Desde la Federación Rural —que reúne a 30.000 pequeños productores en todo el país— también marcaron el contrapunto en un comunicado: “Esta medida, que otorga grandes beneficios a la producción extranjera, atenta contra nuestro trabajo y nuestra producción. Lejos de resolver la crisis alimentaria le otorga beneficios a los de afuera que no tenemos los que producimos en nuestro país” y agrega: “no garantiza la calidad y ni la cantidad suficiente de alimentos. Solo busca garantizar la rentabilidad de las grandes comercializadoras (supermercados) que están preocupadas por la caída de ventas en los últimos 60 días”. 

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La economía social, la alternativa soberana que los gobiernos no quieren ver 

“Las grandes cadenas de supermercados son monopólicos y le imponen condiciones a los pequeños productores, pero desde estas cadenas de comercializaciones de la economía social sí existen alternativas para generar competencia junto a pequeños productores, que generan trabajo y relación de productor al consumidor. Podría trabajarse con los almaceneros, con los mercados de cercanía”, marca Putero desde el conocimiento de coordinar el informe de seguimiento de precios de la Economía Social, que se realiza desde CESO junto a quince comercializadoras en el Gran Buenos Aires. 

En las últimas mediciones, realizadas en agosto y septiembre de 2023, tras la devaluación post PASO, la medición de CESO mostró que la canasta de productos de la economía social en agosto del año pasado fue un seis por ciento más barata que en supermercados y cinco por ciento más barata en septiembre. Además, la brecha se ampliaba con los precios de la Canasta Básica Alimentaria, donde las redes de comercialización de la economía social habían marcado una suba del nueve por ciento y los supermercados del 20. 

“Las redes de comercialización de la economía popular son contracíclicas. Cuando la inflación está en una escaladas, estos espacios retrasan esos aumentos, que finalmente los hacen porque si no funden, pero no van al mismo ritmo sino un ritmo más lento que los grandes supermercados y almacenes, porque tienen otros objetivos y porque existe una relación directo con los productores que les da capacidad de previsión”, destaca la economista del CESO a Tierra Viva.  

En ese sentido, Putero señala que en estas redes existe una puerta abierta para “democratizar y fortalecer otros mecanismos de comercialización”, que rompan con la cadena de las empresas industriales y supermercados que tiene el control de los precios. “El problema que existe es que no se los ve como actores económicos sino como organizaciones que hacen cosas nobles. Nosotros pudimos estudiar que con un poco de política pública y estructuras que los fortalezcan podrían ser actores que ayuden a hacer llegar a los barrios alimentos a mejores precios”, asegura la economista. 

_{Foto: Gisela Volá}

Algunas de esas políticas se desarrollaron en las gestiones anteriores como un programa de Mercados de Cercanía, que quedó eliminado con la eliminación del Ministerio de Desarrollo Social; pero que corrió la misma suerte que otras políticas derogadas por el gobierno de Milei (Ley de Góndolas o Ley de Abastecimiento). “Son herramientas válidas, que no se mostró que sirvieran para mucho, sobre todo en un gobierno como el anterior que no las utilizó, que tuvo una política muy liviana hacia el sector. Esas herramientas pueden ser válidas, pero deben tener una política macro, donde se apuntale y fomente, a través del crédito dirigido, a la industria nacional para la generación de trabajo y desarrollo”, asegura Rossi. 

 En ese sentido, otra cuenta pendiente del gobierno de Alberto Fernández fueron las políticas destinadas a la agricultura familiar, que quedaron con grandes deudas y que están siendo negadas por la actual gestión de ultraderecha. Los pequeños productores cooperativos y la agricultura familiar enfrentan problemas de base como precios de logística y habilitaciones, con regulaciones de sanidad pensadas para grandes cadenas o grandes productores. “Si se trata de una ley aislada del resto de otras medidas, como ocurrió con la Ley de Góndolas, no transforma nada. Realmente no se modificó el problema en el Gobierno anterior y fue la excusa perfecta para que digan que no sirve y sacarla”, analiza Suárez. 

“En los países serios, a los pequeños productores se los cuida, se los fortalece. Francia es famosa por cuidar a sus productores, y te vas de turismo por las pequeñas producciones y cuidan su soberanía alimentaria. Son cuestiones estratégicas, no tener alimento para tu población te puede llevar a endeudamientos y crisis a futuro”, resalta Putero y responde en la lógica ortodoxa del Gobierno: “Para ir a la competencia perfecta que ellos proponen, deben fortalecer a los pequeños productores para que puedan competir y no abrir las importaciones a empresas que ya controlan el mercado global de alimentos”.

_{Agencia TierraViva - 14 de marzo de 2024}